A medida que pasa el tiempo se hace evidente la forma
maliciosa cómo se preparó el aumentazo de los ministros y allegados y la manera
en que se ha ido manipulando las leyes para dar el zarpazo final. Acaba de
explicarlo el ministro Figallo ante el Congreso, recién viniendo de la CIDH, donde
fue a cumplir el encargo de Humala y los militares de negar las ejecuciones
extrajudiciales tras la operación “Chavín de Huántar”.
Ha anotado el ministro que el artículo 52 de la Ley Servir
de julio 2013, ha aprobado una categorización entre los “funcionarios públicos”
distinguiendo a los que ocupan cargos por elección popular, a los que son
designados y removidos en forma regulada (por ejemplo el Contralor, el Defensor
del Pueblo y otros), y los que llama de
libre designación y remoción, conocido como personal de confianza donde van
ministros, viceministros, secretarios generales y gerentes regionales y
municipales.
A todos estos se les ha sacado de la carrera pública y, con
excepción de los congresistas, se les ha colocado en manos del Consejo de
Ministros que es el que va definir sus remuneraciones por Decreto Supremo, de
acuerdo a su criterio, o más precisamente a la recomendación del MEF. Por
cierto que siguiendo una regla de buen gusto, los ministros escogieron empezar
por la categoría en la que ellos están incluidos, que es la de toda esa buena
gente que nadie eligió, lo que hace pensar que la Ley Servir no era para
ordenar al Estado como se decía, sino para sacar una ventaja legal para los que
tienen la manija.
Pero Figallo también ha hablado de la Ley de Presupuesto
2014, que fue el siguiente paso de la emboscada, ya que ahí se ha eliminado sin
mayores estruendos el límite legal que establecía que el tope de los sueldos
públicos era la remuneración del presidente. Como Humala parece dudar en
aumentarse, por las consecuencias políticas, Castilla vadeó el obstáculo y
legisló con el concurso de un Congreso distraído, para que los aumentos
ministeriales y otros sean a partir de ahora a entera discrecionalidad.
Ahora quién controla el abuso, si al Jefe de Servir, Juan
Carlos Cortés, que es el encargado de ordenar el sistema de remuneraciones, le
parece muy bien lo que ha pasado porque se ha empezado por el grupo más pequeño
(donde está él) y así es más fácil gestionar los cambios (¡!!), y el Contralor
Khoury, al que la Ley le ordena cuidar la legalidad y austeridad del gasto
público, se ha tragado la lengua porque él mismo, hace tiempo, rompió los topes
y se asignó 33,100 soles de sueldo, con 15 remuneraciones al año. ¿Con qué cara
intentaría de cumplir sus funciones?
Bien se ha dicho que en estas cosas del poder no sólo existe
la corrupción como violación de la ley, sino la ley corrupta para darle
legalidad a la corrupción. Este es un caso.
14.02.14
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