Si para Martha Meier las esterilizaciones forzadas no
existieron y las denuncias e investigaciones que se han desarrollado sobre el
tema son mentiras de ONG (“¿En cuánto más mentirán?”), para Aldo Mariátegui que
se operaran, aunque fuese por la fuerza y el engaño, unas 350 mil mujeres
eliminando su capacidad reproductiva fue una maravilla (“0.005% y un fiscal
correcto”).
El mismo dictamen del fiscal Marco Guzmán Baca suscita en la
primera la conclusión de que todo el problema que hubo en los 90 fue el de
algunos médicos que de motu propio, es decir porque les dio la gana, hicieron
intervenciones no consentidas, provocando en algunos casos daños graves e
incluso la muerte de mujeres; y en el segundo un extraño entusiasmo por el
magistrado de marras que no se ha dejado llevar por la demagogia de los que
denuncian el programa.
Para la tía conservadora la mejor opción es negar los hechos
como lo hiciera Keiko Fujimori para las elecciones del 2011. Muy difícil de
explicar que una católica muy cerca del fanatismo, antiabortista aún en los
casos en que existe riesgo para la vida de la madre y enemiga de la píldora del
día siguiente y de los métodos anticonceptivos artificiales, encuentre como
explicar sus proximidades con un gobierno promotor de las ligaduras de trompas
masivas.
Ni siquiera la fórmula que usó Rafael Rey para bajar la
gravedad del caso: no fueron esterilizaciones contra la voluntad de las
mujeres, sino sin su voluntad, podía ser suficiente para tranquilizar a los actuales
directivos de El Comercio que se preparan para volver a tener a la hija del
dictador dentro de la baraja de sus preferencias el 2016. De ahí que la
resolución de un fiscal que dice que no tiene los elementos suficientes para
pronunciarse cobre el caso (pero que no citó a la mayoría de mujeres
denunciantes y a los funcionarios de la época), les parezca que ha zanjado
oficialmente el tema y ha brindado el argumento necesario para salir a la
batalla en el diario familiar y las redes sociales, con una beligerancia
sorprendente.
Pero entretanto en otro de los diarios que forma parte del
plural conglomerado de los Miró Quesada, un columnista que insiste en dárselas
de liberal hace cálculos tenebrosos. ¿Qué son 18 mujeres fallecidas por efecto
de mala aplicación de AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, que ya sabemos
no tenía nada de “voluntaria”)? A ver, 18 sobre 350 mil, es apenas 0.005%, o
sea nada. Algo así como si valoráramos el número de ejecutados extrajudicialmente
por el Grupo
Colina y el gobierno de Fujimori, sobre el número de
habitantes del país.
Aldo M además dice que las 400 mujeres que todavía se
movilizan reclamando contra los que les hicieron, son sólo el 0.11% de los
“beneficiados”, entonces a que tanta bulla si 349 mil 600 están contentas. Pero
eso como siempre ocurre con él, es un mero sofisma. Las mujeres que se quejan
son las que han podido sostener por casi 20 años sus protestas. Eso no dice
nada de si las demás se sienten bien con que las operaran a la fuerza sobre
cuantas callan por vergüenza, porque su vida familiar fue afectada o porque
simplemente se resignaron otra vez a su suerte.
Eso de que 99% sobrevivieron sanitas y están contentas con
que ya no se van a llenar de más hijos, no es sólo una malcriadez de aspirante
a niño rico, sino un paso a bastante distancia del liberalismo real, si se
entiende por ello el culto por la libertad individual. La reducción de la tasa
de crecimiento de la población por procedimientos forzados, tratando a las
mujeres pobres como ganado, abusando de su desinformación médica, está mucho
más próximo al fascismo que a cualquier ideal de vida libre. Hacerle el “favor”
a las familias andinas de evitar que se sigan llenando de hijos es bárbaro,
sobre todo si se le suma un sesgo de claro contenido racial acerca de porqué
estos métodos no se aplicaban en las grandes ciudades donde vive la mayoría de
la población.
Leamos: “Otra boludez es afirmar que el programa se enfocó
por “racismo” en campesinas indígenas. ¡Claro dónde más se iba a concentrar si era
el sector que más necesitaba de métodos anticonceptivos permanentes, dada su
pobreza para pagar temporales y evitar seguir empobreciéndose más con más hijos
no deseados”. Claro, este no era un programa de difusión de métodos
anticonceptivos y educación a las mujeres para que optaran por reducir la
natalidad a partir de una decisión consciente y libre. Ni siquiera era una
imposición autoritaria, como la de los chinos, que establecieron que las
familias no debían tener más de un hijo. En el Perú, de acuerdo al mismo Aldo
M, lo que hubo fue un sistema hacia los pobres del campo, a quién más habría
que esterilizar, basado en el costo de difundir anticonceptivos temporales.
Y eso de que se empobrecía con “más hijos no deseados”,
lleva a la pregunta de ¿no deseados por quién?. Porque de lo que se sabe muchas
familias campesinas tienen índices de natalidad elevados porque asumen que
varios de sus hijos no llegarán a adultos. Para cambiar esa realidad se
requiere mucho más que impedir a las madres seguir reproduciéndose. Cabe aquí
recordar que en el “Plan Verde”, documento militar que se preparó como parte de
una conjura golpista durante el primer gobierno de García y que se convirtió
luego en parte del compromiso entre Fujimori y los altos mandos militares se decía
con palabras parecidas a las de Aldo Mariátegui: “… ha quedado demostrado la
necesidad de frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico y urge,
adicionalmente, un tratamiento para los excedentes existentes: utilización
generalizada de esterilización en los grupos culturalmente atrasados y
económicamente pauperizados. Sin estas cargas innecesarias, se facilitaría el
acceso de grupos familiares débiles a ciertos niveles de bienestar”.
Así el periodista seudoliberal y los militares que inspiraron
el golpe de 1992, iban por el mismo camino de creer que la pobreza se reduce
frenando el crecimiento demográfico de los “excedentes” rurales. Pero volviendo
al punto inicial, no hay mejor desmentido a la posición de Martha Meier, que lo
que escribe con apasionamiento su amigo Mariátegui, que a su vez se roza con
las teorías militares sobre la pobreza como riesgo para la seguridad del
sistema. En lo que los dos no discrepan es en su creencia de que las políticas
de los 90, fue la que tenía que hacerse para tener un país en crecimiento. Y
para eso mejor mandar al archivo malos recuerdos como los de las
esterilizaciones.
08.02.14
Publicado en Hildebrandt
en sus Trece
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