miércoles, agosto 27, 2014

Gestión Castañeda 2015-2018


1.     Iniciado el cuarto año de gestión municipal de Solidaridad Nacional, se realizó por fin la tercera sesión del Consejo Metropolitano en lo que va de todo el período, con la ausencia del alcalde, que tampoco fue a los anteriores, pero que envío un video de su equipo de prensa en el que sale rodeado de chóferes de combis y mayoristas del nuevo mercado La Parada en La Victoria. Hay declaraciones de Rau Rau e Ida Ávila, pero no de Castañeda.

2.     En  la fecha del aniversario de Lima, otra vez el alcalde envía a través de sus asesores una grabación de su discurso leído después de su reelección en el 2006, asegurando que es plenamente vigente. En la Plaza de Armas se proyectan videos de Castañeda con pizarra acrílica explicando sus planes para Lima: la línea 2 del Metro hacia el Callao , la 6 (del monorriel) por la Universitaria y otras que se harán con la colaboración del supremo gobierno.

3.     El Proyecto Vía Parque Rímac que estaba previsto para concluir el 2015, ha sido postergado por tercera vez, y ahora concluirá a fines del 2018 o en la siguiente gestión de Castañeda. Se informó que los costos de la obra se han triplicado hasta el momento y que en aras de la transparencia se informará de nuevos incrementos.

4.     Se anunció que las deudas del municipio serían renegociadas para su repago en 10 años, y para los acreedores que quisieran recuperar su plata en menos tiempo se ofrecerán contactos con entidades dispuestas a comprar las deudas al cash por el tercio de su valor. Los gerentes del municipio orientarán a las empresas, por sus relaciones con los compradores de documentos financieros. Se dispuso de un fondo especial para pagar al 100% las deudas que hayan sido compradas en remate. Todo como estímulo a la inversión privada.  

5.     El Consejo Metropolitano aprobó un bono sobre el salario del alcalde, equivalente a un segundo sueldo por su esfuerzo de ponerse al frente de la región Lima Metropolitana, que es la misma del municipio metropolitano.

6.     Hoy se conoció el informe sobre el décimo paro de Orión y el caos creado en la ciudad con quema de carros, apedreamientos y otros. El gerente municipal Álex Kouri, anunció que  los buses azules ya no pasarán por la Arequipa, Javier Prado y ninguna otra vía. Se trata de un problema eminentemente social declaró a la prensa.

7.     La Comisión de Descentralización del Congreso, citó al alcalde para que explique diversos temas de costos de obras, retrasos y denuncias de proveedores. En su representación acudió Patricia Juárez, que logró durar media hora antes de irse declarando que la Comisión no era imparcial y que probablemente entre los congresistas había un pariente lejano de Villarán, por eso de los cruces de familias en las élites peruanas.

8.     Dentro de pocos días, el alcalde Castañeda cumplirá su principal promesa, que fue no hablar ni mostrarse en público durante  cuatro años. Ahora prepara su reelección.

27.08.14

martes, agosto 26, 2014

Ante la tercera votación de la “confianza”

A pocas horas de la tercera votación sobre la confianza al gabinete Jara, el gobierno sigue sin ofrecer nada, como si descartar un ministro claramente lobista, o solucionar la huelga médica, o presentar un proyecto para eliminar el aporte obligatorio de los independientes a las AFP, representara un gesto de debilidad ante la oposición parlamentaria, que no se pudiese conceder.

Algo curioso para un gobierno que todo el país percibe como incapaz de decisiones fuertes, y que ha retrocedido varias veces bajo la presión de los grandes medios y de poderosos grupos económicos. No está muy lejos aquel día en que Humala dijo que estaba pensando intervenir en la compra de activos de Repsol, y fue apabullado por los que convirtieron una posible operación comercial, en un renacimiento velasquista-chavista. Y hay varios ejemplos más.

El punto es, cómo explicar que un gobierno que hace concesiones groseras a los poderes fácticos, como entregarles el ministerio de Economía y Finanzas y el BCR, a lo largo de todo el período, se sienta tan afectado porque una mayoría política, hecha ciertamente de retazos, pero mayoría al fin, le exige producir cambios ministeriales casi obvios para votar por su primera ministra. A estas alturas pareciera que Humala está dispuesto a sacrificar a Jara, que ya está entendiendo que la lanzaron al sacrificio, antes que admitir que el Congreso le puede obligar a tales cambios.

Hay aquí un entendimiento del rol del presidente y del ejercicio democrático. Después de todo la Constitución de 1993, estaba concebida para un poder que controlaba el Ejecutivo, Legislativo y el resto de instituciones del Estado. Por eso, la dupla Fujimori-Montesinos tuvo que hacer la operación tránsfugas para jalarse votos a cuenta de dinero, para lograr una precaria mayoría que luego se derrumbó. En su fuga al Japón el otrora poderoso dictador aseguraba que no podía gobernar con el Congreso en contra. Todo esto se proyecta al presente: Humala consiguió una mayoría con Perú Posible, que aparentemente se sustentaba en la Hoja de Ruta, pero que en la realidad ha seguido todos los bandazos pragmáticos del presidente, mientras se desprendían cada vez mayor número de descontentos.

Actualmente, el tándem Gana Perú-Perú Posible ya no alcanza para hacer de la investidura un voto ritual como fue hasta el nombramiento de César Villanueva. Tanto Conejo como Jara han tenido que pagar el costo del aislamiento de los Humala-Heredia, que no pueden evitar el desprecio que les producen “los políticos”, tanto sus disidentes como sus adversarios, como si los votos del Congreso no expresaran correlaciones de fuerzas que deben ser tomadas en cuenta para cualquier determinación. Humillación ante la gran empresa y los grandes medios, ante los que se capituló sin la mínima pelea, traicionando el proyecto con el que se movilizó al país. Incomprensión de que la mayoría del 2011 ya no existe más, y que el método de prebendas también se agota.     

26.08.14

lunes, agosto 25, 2014

Nada ni nadie en qué creer

Los diarios han dado cuenta de los centenares de candidatos regionales y municipales que tienen condenas vigentes y han hecho como que les escandalizara una situación que parece caída del aire. El ministro Urresti y Jaime Antezana han ofrecido nombres de narcos metidos en la campaña. La ministra Omonte ha hecho su aporte con nombre de deudores alimentarios y violadores sexuales. Y ya se habla de una nueva legislación que restringiría el acceso de personas con vínculos con hechos delictivos a los procesos electorales.

Pero el Congreso que tiene que definir esa eventual ley, acaba de poner en la picota a uno de sus miembros, por impulsar, nada menos que con la cobertura de la “propiedad” de su madre de 80 años, una hostal en la que se practica la prostitución de menores. El tipo ya había sido “investigado” hace más de un año, con las mismas pruebas e igual mecanismo de defensa, y absuelto por el “ético” Lay y su comparsa. Ahora un remake del escándalo lanzado por televisión ha hecho que el partido fujimorista lo expulse como en un resorte y pida entregarlo a la justicia, mientras Lay anuncia parsimoniosamente que hará una nueva investigación.

En el actual Congreso ya se ha producido el desafuero del señor Urtecho que aprovechaba su condición de discapacitado para lucrar con el tema de las necesidades de las personas con limitaciones físicas y de paso recortaba sueldos de sus trabajadores para sus cuentas y las de su mujer. Hay, a su vez, dos congresistas suspendidos. Y varios otros que ya pasaron por esa situación. Pero lo mejor es que a Kenji le encontraron droga en su empresa y no pasó nada; a Velásquez Quesquén le han hallado nexos económicos con Orellana e ídem;  Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo tiemblan en un hilo por el asunto de Ancash, pero no caen; a Bedoya de Vivanco lo acusaron de intento de violación y nada; el “ético” Lay tiene acusaciones de corrupción en su iglesia y su partido; el fujimorista Melgar roba agua a los agricultores de Huaura, luz a las empresas eléctricas y tierras al Estado, pero la Comisión de Ética no ve el problema; Víctor Isla tiene varias novias en el Congreso y usaba el dinero de la presidencia para viajes de placer y no comprende dónde esta su falta.

En el Ejecutivo, ya sabemos, hay una intensa labor lobista que se desarrolla al amparo de las múltiples relaciones personales tejidas entre ministros y exfuncionarios del Estado que ahora representan a empresas. En medio de loas al mercado libre el país se ha vuelto una feria de favores a grupos de interés que está palmariamente reflejada en los recientes paquetes económicos de supuesta reactivación. El ministro Mayorga está en su puesto como un delegado de las petroleras, que no ve incompatibilidades en su tarea de ablandar las resistencias de los sectores de Ambiente y Cultura para que las nuevas inversiones ingresen sin los estudios de impacto ambiental que ellas mismas financiaban y aprobaban, y que ahora ni en eso quieren gastar. El ministro Castilla, por cierto, es el articulador de un Estado que diluye sus límites con el espacio privado. Y el presidente lanza un discurso el 28 de julio hablando de educación y salud, como si no se diera cuenta de lo que está pasando o no quisiera ver.

Por si todo lo dicho fuera poco, hay tres presidentes regionales presos, uno prófugo, varios con comparecencia y otros tantos bajo investigación. La sensación impuesta es que la descentralización ha devenido en una corrupción generalizada, mientras en Lima un exalcalde con probados vínculos con hechos de corrupción que están siendo aún procesados, al que el Fiscal de la Nación salvó de la denuncia, y del que se sabe era el campeón de las comisiones a los proveedores y constructoras, anda flotando en las encuestas y en el silencio más ominoso, mandando mensajes con sus allegados de que si gana volverá a hacer lo que hizo durante ocho años en que estuvo en esa función. ¿Cuántos mas que no son condenados o narcos visibles, están en la carrera para hacerse de las regiones y principales alcaldías? Un ejemplo elocuente es el de Waldo Ríos, tránsfuga filmado cobrando a Montesinos, que ya cumplió su condena y aparece primero en los sondeos nada menos que para el gobierno de Ancash. El otro es el de la banda de los chimpunes de Kouri-Moreno-Sotomayor, en el Callao.

¿No da todo esto la sensación de que algo muy malo se está viniendo sobre el país y que lo que se ha llamado ya delitocracia está desatada en el país. No hablamos aquí de candidatos presidenciales para centrarnos en lo que está pasando en este año 2014, pero ahí la cosa probablemente sea aún más grave. Descomposición total, crisis de instituciones, ausencia de partidos, se dice por doquier para tratar de interpretar este despelote. Pero ¿quién detiene lo que se descompone, reforma las instituciones o construye nuevos partidos? Nada indica que eso esté en camino en algún sentido. Al contrario, cada vez es mayor la distancia entre la política y la población, y el sentimiento de que toda la oferta de siglas y aspirantes está contaminada está cada vez más extendida. Lo que se dice de los candidatos, las autoridades elegidas y sus funcionarios de confianza hace que casi todas las personas con un mínimo de entereza y decencia rechacen meterse en el fango y queden excluidas de un sistema hecho solo para logreros.

El riesgo de que algún esfuerzo por adecentar la política y desfujimorizar un país que aún lleva las huellas de los noventa, concluya en una contraacusación de los que entienden que para salvar a la corrupción hay que hacer que todo el mundo sea visto como corrupto, es alto. Un buen ejemplo es lo que tuvo que vivir Javier Diez Canseco que sufrió en los dos últimos años de su vida una metralla inmunda e ignorante que partía del concepto de que podían igualarlo hacia abajo con sus principales enemigos y que con toda seguridad incidió en su enfermedad. Algo por el estilo ha sido el intento de colgarle el cartel de “ratera” a Susana Villarán con cualquier argumento. Así todos somos rateros, pero unos hacen más obras, o reinan el populismo más ramplón.

En realidad, el Perú está llegando nuevamente a un momento de ruptura. Toda la política de los últimos 25 años está viciada y no tienen capacidad alguna de autoreformarse, porque está ha estructurada para que los que participan de ella sólo se interesen en conservar sus posiciones y privilegios. Es evidente que en la polarización que se siente a la distancia, donde los intereses en juego no resultan conciliables, hay los que entienden que para corregir el podrido mundo de la antipolítica que nos trajo el autoritarismo de los 90, hay que ser aún más autoritario y elitista de lo que se ha venido siendo.

Es el discurso que está detrás de la concentración económica y mediática, de los que creen que el Perú todavía sigue en guerra y que sólo ellos pueden “salvarnos”, de los lobistas pro-grandes empresas que se reparten el país en nombre del crecimiento y del no crecimiento. La pregunta es si frente a ellos queda tiempo para levantar una alternativa democratizadora, de multitudes que despiertan a sus derechos y que no temen las consecuencias de enfrentar el viejo orden que nos asfixia. El futuro no se pinta bueno, pero mucho peor es cerrarle los ojos y creer que la lenta caída puede seguir para siempre.

25.08.14

Publicado en Hildebrandt en sus trece

Khoury ha actuado fuera de la ley

En una de sus coordinaciones, que tanto le gustaban cuando era presidente del Poder Judicial, el Dr. César San Martín se reunió en su despacho con el entonces Fiscal de la Nación “Tuco” Peláez Bardales y el contralor Fuad Khoury, para precisar los alcances de los informes que la Contraloría entrega al Ministerio Público para su procesamiento.

El Fiscal opinaba que los intentos de la Contraloría por tipificar los delitos y convertir sus informes en prueba pre-constituida, invadía los fueros de su organismo al obligarlo a tomarse un tiempo para ver si los delitos corresponden y hay pruebas suficientes. Durante la conversación, Khoury retrocede admitiendo que la acusación era potestad de los fiscales y que sus informes no podían por ello mismo ser pruebas, sin opinión del fiscal.

San Martín, entonces, zanjó el debate, aclarando que lo que quería decir el contralor encajaba perfectamente con el concepto de peritaje, que es elemento de referencia en unl proceso. De alguna manera, relacionado con esa conversación, en junio del presente año el congreso votó la Ley 30214, que corrige el artículo 201-A del Código Procesal Penal y redefine la naturaleza de los informes de control.

Textualmente la ley dice: “los informes técnicos especializados elaborados fuera del Proceso Penal, por la Contraloría General de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal… o cuando habiendo sido elaborados en forma simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradicción.”

En cristiano, significa que el contralor no acusa sino que presenta los resultados de su investigación que van a ser valorados por el fiscal a cargo del proceso, luego de recibir el contrainforme de la parte denunciada. Una pericia es un documento técnico y no político, pero la intención sin duda se distorsiona completamente cuando el Contralor, sale en conferencia de prensa con su vicecontralor (aprista) y su gerente de calidad (fujimorista) a repetir lo del informe Sifuentes que ya ha sido puesto en manos del Ministerio Público y agregarle denuncias adicionales en asuntos, a veces nimios, en los que no ha concluido la investigación.

La pregunta es si Khoury sabe que está violando la ley. Más aún porque la notificación dando plazo de tres días para responder a las denuncias llegó a la Municipalidad un día antes de la Conferencia de Prensa  sobre Lima, que dicho sea de paso nunca hizo para Ancash y otros lugares. Es más que obvio que el contralor ha sido empujado para abrirle otro frente a Susana en plena etapa electoral, y lo ha hecho sabiendo que tiene unos pasivos tremendos que podrían sacarlo del cargo en el que gana un altísimo sueldo y viaja con gran séquito casi todo el año. No por casualidad el vínculo del Congreso con la Contraloría lo tiene Solidaridad Nacional.

25.08.14