El presidente Humala se ha comportado de manera cuidadosa ante la noticia de la caída del último dirigente nacional senderista que había eludido la prisión y la muerte en los últimos treinta y dos años, y hay que felicitarse que ante el vencido haya insistido en dos ideas elementales: el respeto de los derechos humanos de los prisioneros (que a algunos les cuesta reconocer como una obligación del captor) y la invocación para hallar una salida de paz con los que aún continúan en armas.
El gobierno, por supuesto, se ha anotado una victoria inobjetable a pesar que las informaciones iniciales anotaban que la herida de Artemio se la produjeron sin combate, cuando estaba dormido, por un elemento que trabajaba para la policía y tenía expectativas de cobrar la recompensa que ofrece ni más ni menos que los Estados Unidos. Ahora mismo podría empezar a discutirse además si el prisionero seguirá en poder de los policías peruanos o los norteamericanos. No debe olvidarse que el primer lugar al que ha sido trasladado el prisionero es la base Santa Lucía construida por la DEA en Tocache.
Sin duda, el Artemio localizado el día de ayer en la selva es un fantasma de sí mismo, no sólo porque estaba herido y sin apoyo armado, sino porque ya hacía tiempo que daba vueltas por el Huallaga proponiendo una rendición negociada y haciendo pintas por la paz, porque sabía que su guerra ya estaba perdida. A esto los sucesivos gobiernos siempre contestaron que no negociarían con terroristas (a pesar de que si hubo negociaciones) y centraron esfuerzos en capturar a Artemio, como trofeo de guerra, sabiendo que era mucho más difícil acabar con el grupo que actúa en el VRAE.
Descabezada la fracción del Huallaga se ha dicho que se pueden producir varios desarrollos alternativos: (1) que los remanentes de Artemio se mantengan intentando hacer resistencia hasta su desangramiento final, con la posibilidad de que se armen alianzas de sobrevivencia; salvo que las palabras del presidente signifiquen algo más que una declaración y se inicien acciones para el desarme y reasimilación a la sociedad de los combatientes que dejan las armas; (2) que los narcos llenen el vacío formando su propio ejército con los soldados de Artemio y otra gente de la región, lo que podría acentuar una tendencia a la “mexicanización” del Perú que debe ser evitada; (3) que los del VRAE se extiendan sobre la zona que era de Artemio, haciéndose más fuertes y peligrosos.
Que el presidente Humala no se deje marear por lo que acaba de ocurrir y mantenga la serenidad del que está terminando una guerra que debió acabar hace tiempo, pero que algunos tenían interés en hacerla perpetua.
12.02.12
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domingo, febrero 12, 2012
Los días del Plan Cóndor
(1)
En el último capítulo del libro de Ricardo Uceda: “muerte en el Pentagonito”, uno se encuentra de pronto con la historia de los montoneros argentinos secuestrados y torturados en Lima para luego ser desaparecidos y asesinados en su país, en junio de 1980. Y la pregunta que emerge casi en forma inmediata es: ¿por qué está este tema al final y no al comienzo del libro, si todo lo que se relata en el resto del texto son las oscuras historias de los hombres que encararon la guerra sucia en el Perú que en los días del Plan Cóndor peruano recién estaban empezando?
Hay varias razones que hacen válida esta opción literaria: la primera y la más fuerte es que en esa parte del trabajo se trata, sin decirlo, del fin de la transición de varios de los oficiales de la época revolucionaria de Velasco a la condición de represores antisubversivos. Hay una escena en la que la montonera María Inés Raverta Gorrosteagui, es llevada en una camioneta y un coronel argentino empieza a golpearla cada vez más fuerte para sacarle información, hasta que el oficial peruano que viajaba en la parte del atrás grita basta, desenfunda su pistola y amenaza con disparar si no se detiene la violencia de la que era testigo. Entonces el argentino lo mira condescendiente y le dice: no se preocupe coronel, con el tiempo ya aprenderá como es esto.
El segundo motivo, parece ser precisamente contarnos como fue de duro ese comienzo de aprendizaje que se traduce en las sesiones de tortura en la Playa Hondable que los peruanos contemplaron sin poder hacer nada mientras veían destrozarse a lo que quedaba de los prisioneros que ya se sabía que iban a morir.
(2)
Versiones de los servicios secretos peruanos señalan que el día 15 de mayo de 1980, el dictador Rafael Videla se comunica con su par peruano Francisco Morales Bermúdez, solicitándole su apoyo para “trasladar de Lima a Buenos Aires” a un grupo de montoneros argentinos asilados en el Perú que actuaban como enlace con sus compañeros de Argentina y otros países sudamericanos. El general peruano ya se encontraba en el último tramo de su gobierno y su reemplazo, el arquitecto Fernando Belaúnde ya había sido elegido por una cómoda mayoría. Videla informó a Morales que el general Albano Arguideguy ccordinaría las operaciones, a lo que los peruanos respondieron nombrando al general Juan Schrot Carlín como su representante.
El grupo de coordinación se reúne y queda definido que de lo que se trataba era de interceptar un encuentro entre montoneros que llegaban de fuera con los que residían en el Perú, utilizar la tortura para obtener la mayor información de los que fueran detenidos y llevárselos finalmente por tierra hasta la Argentina donde el gobierno se haría cargo de ellos. Schrot, con el apoyo de Morales Bermúdez y del comandante del Ejército, Pedro Richter Prada, dispuso que se operaría con elementos del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano, bajo el mando del Coronel Martín Martínez Garay.
Dentro de la nómina de los militares destacados a la misión estaban el teniente coronel PE Oswaldo Hernández Mendoza, el capitán PE Morales Dávila y dos sub oficiales, a lo que se añadió un médico de sanidad militar capitán Césaro, que debía controlar que las torturas no produjeran desenlaces fatales sobre territorio peruano.
El día 7 de junio de 1980, llega a la base militar de Las Palmas, un avión militar, tipo Hércules, de bandera argentina, con cinco militares de esa nacionalidad y un prisionero montonero de nombre Federico Frías Alberga, que meses antes había residido en Lima y mantenido los contactos de su organización. Tras su arresto en Argentina fue torturado y obligado a informar sobre sus contactos en el Perú. Ahora era traído a nuestro país de manera clandestina para confirmar sus datos.
El mando del grupo estaba a cargo de coronel Juan Pablo Saa, al que acompañaban el teniente coronel Hugo Miori Pereyra y tres suboficiales, todos los cuales fueron alojados en el Círculo Militar. Dos días después el general Schrot conduce al equipo ante el presidente Morales Bermúdez en una visita de protocolo que tenía como finalidad asegurarse de que la operación tenía el amparo y las garantías del gobierno peruano. Luego de la cita, los argentinos y peruanos que eran parte del plan reubicados en la Playa Hondable al sur de Lima, donde hay un centro de recreo militar y ahí se inició la sesión de tortura sobre Frías para elaborar las direcciones y puntos de contacto de los montoneros en Lima.
El 11 de junio fue detectado el montonero Julio César Ramírez Olmos, en las cercanías de la Iglesia principal de Miraflores, en el Parque Kennedy. Pero Ramírez también percibió que venían a detenerlo y empezó a correr por la avenida Larco tratando de perderse entre la gente. Su fuga desesperada produjo sin embargo sospechas y la policía de vigilancia de locales lo detuvo por conducta sospechosa. En la comisaría Ramírez Olmos trataba de explicar su situación cuando llegaron sus perseguidores que se enfrascaron en una discusión con el policía que había registrado la detención. En medio del forcejeo llegó la voz del gobierno para que entregaran al detenido que finalmente fue llevado en marrocas a la Playa Hondable, donde los esperaba Frías y una sesión interminable de tortura.
El policía que hizo la detención de la avenida Larco no se quedó tranquilo con lo que había pasado y entendiendo de lo que se trataba se dirigió a la prensa a denunciar el caso, sin revelar su nombre. La noticia que empezó a filtrarse alertó a Roberto Cirilo Perdía, que era el objetivo principal de la operación por su condición de dirigente montonero y responsable de las finanzas del grupo guerrillero, el que cortó sus contactos y recurrió a amigos peruanos que le salvaron la vida.
En cambio María Inés Raverta Gorrosteagui no se enteró del riesgo que estaba corriendo y cuando acudió a siguiente cita fue intervenida por militares argentinos y peruanos que sin dar aviso a nadie se la llevaron a la Playa Hondable. Por su parte la señora Noemí Gianotti Godoy de Molfino, una de las madres de mayo que estaba en la lista de capturas, logró percibir que había una vigilancia sospechosa sobre su vivienda e hizo una llamada de emergencia al diputado electo Antonio Meza Cuadra. Era el 12 de junio. Y cuando Meza Cuadra llegó a la casa de Gianotti ya no estaba y todo en su casa se encontraba revuelto. Meza Cuadra denunció entonces públicamente lo que estaba pasando y con ese gesto detuvo la operación salvándose no menos de veinte montoneros que permanecían en ese momento en el Perú.
(3)
Frías no soportó la intensidad de las torturas a las que fue sometido que ya habían comenzado en Argentina antes de ser traído a Lima. El compromiso de que nadie moriría en territorio peruano no se había cumplido y el SIE recibió el oscuro encargo de desaparecer el cuerpo. El encargado fue el mayor Chavarry.
Los sobrevivientes fueron sacados del país en el Hércules que había traído a los secuestradores y torturadores que emprendió viaje con su carga hacía la Argentina. Presionado el gobierno de Morales Bermúdez para que aclarara su participación en la operación contra los montoneros, se justificó presentando el asunto como una acción del Ejército peruano contra subversivos extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país, los que habrían sido expulsados del Perú entregándolos a autoridades bolivianas de frontera luego de su traslado por tierra.
Esta historia era mentira. Sin embargo se mostraron documentos de expulsión y de ingreso al territorio boliviano. Se trataba de una especie de recibos que no llevaba firma de cancillería como se exige en estos casos y que años más tarde serían declarado falsos tanto en Bolivia como en el Perú. En realidad esta mentira internacional era una prueba irrefutable de la existencia del Plan Cóndor, porque sólo un convenio entre ejércitos podría explicar la cooperación y la voluntad de encubrimiento con la que actuaron los gobiernos involucrados..
Julio César Ramírez y María Inés Raverta Gorrosteagui, desaparecieron sin dejar rastro y se presume que murieron en la sala de tortura mientras se buscaba extraerles información sobre las cuentas de la organización subversiva ante el fracaso para atrapar a Perdía. Se afirma que como resultado de los brutales apremios surgió una versión de que las cuentas de los montoneros se hallaban en Madrid lo que explicaría el porqué llevaron hasta esa ciudad a la señora Gianotti de Molfino, con la finalidad de presionarla para establecer contactos en España. Sin embargo otra vez se les pasó la mano y acabaron con la vida de la mujer que ya había perdido sus hijos con la represión militar.
(4)
El 18 de julio, casi un mes después del regreso a Buenos Aires de los secuestrados, se alquiló en Madrid un departamento a nombre de Julio César Ramírez, nombre de uno de los montoneros detenidos en Lima y que era usado por un agente militar. Durante una semana, el departamento lució un cartel que decía “no molestar”. El día 24, una llamada anónima advirtió de la existencia de un muerto en la habitación que era el de la señora Gianotti de Molfino. Había estallado un escándalo mundial y el Perú estaba en el centro de las miradas porque aquí se había detenido a la mujer que ahora estaba muerta.
Faltaban cuatro días para el reinicio de la democracia en el Perú.
12.02.12
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Justicia psicológica
En estos días hemos comprobado que para algunos jueces la justicia debe castigar el perfil sicológico del acusado, antes que sus actos concretos. Es lo que ha pasado con la sentencia de Abencia Meza que se inspira en un informe que consigna que la personalidad de la folklorista es fría, agresiva y que no reaccionó adecuadamente a la noticia de la muerte de la que fue su pareja. Las demás pruebas son las versiones contradictorias de Mamanchura que al final no dejan sino la idea de un pobre diablo vengándose del despido de su patrona y embarrando con su crimen a todo al que podía alcanzar en la volada, y testimonios de personas que después de declarar contra la acusada iban afuera del tribunal para hacer barritas para que la condenen.
El caso tiene además relevancia porque el “perfil” a lo Abencia se repite con la chica Bracamonte, de la que se dice que es fría, soberbia y calculadora, pero a la que se la tiene dos años presa sin evidencias sólidas, junto a otra joven cuyas culpas son su relación íntima con la acusada y aparentemente haber recibido favores de ella. Y puede, si se quiere, extenderse el tema hasta lo que le ocurre a Rosario Ponce donde ni siquiera hay elementos para hablar de crimen, pero ya hay un juicio mediático y una fuerte corriente de opinión en su contra, lo que no augura nada bueno si el asunto llega al Poder judicial.
Puede decirse algunas cosas más: el famoso “perfil” que está siendo sancionado por la justicia, los medios y cierta tribuna que presta primera atención a estos temas tiene que ver con asuntos de género (suele ser una censura a determinado tipo de mujeres), de orientación sexual (lesbianas o demasiadas parejas y excesivamente explícita en contar sus experiencias) y de conducta ante sus juzgadores formales e informales (actuación fuera de libreto). Lo increíble es que el prejuicio contra estas mujeres fuera del patrón usual se refleja en otras mujeres incluidas juezas que son capaces de resolver que tal o cual manera de ser presume la culpabilidad respecto a un crimen determinado.
En las historia de las muertes de Miriam Fefer y Alicia Delgado, los ejecutantes son hombres que han confesado sus crímenes y precisado sus móviles. Pero los fiscales y los jueces no les creen. Mejor dicho les creen que son asesinos, pero no que mataron por decisión propia, sino que tuvieron un autor intelectual (como si se requiriera alguna planificación y dirección intelectual para agarrar a cuchilladas a alguien con un arma sacada de su propia cocina), y que ese autor o instigador seguramente es una mujer.
Normalmente no tengo ningún interés en temas policiales y penales, pero no puedo dejar de advertir el grado de indefensión que representa la existencia de una justicia psicológica en la que la censura social sobre cómo somos se traslada a la sentencia. Miren el barbarismo: el holandés sicópata que mató a la chica Flores para robarle y que admitió su crimen, recibe una pena inferior a la folklorista a la que no han logrado mover de su versión de que no tuvo que ver con la muerte de Delgado. Lo que está pasando nos amenaza a todos.
El poder de condenar concedido a los jueces, se ha vuelto un peligro para toda la sociedad y especialmente para las mujeres independientes.
12.02.12
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El caso tiene además relevancia porque el “perfil” a lo Abencia se repite con la chica Bracamonte, de la que se dice que es fría, soberbia y calculadora, pero a la que se la tiene dos años presa sin evidencias sólidas, junto a otra joven cuyas culpas son su relación íntima con la acusada y aparentemente haber recibido favores de ella. Y puede, si se quiere, extenderse el tema hasta lo que le ocurre a Rosario Ponce donde ni siquiera hay elementos para hablar de crimen, pero ya hay un juicio mediático y una fuerte corriente de opinión en su contra, lo que no augura nada bueno si el asunto llega al Poder judicial.
Puede decirse algunas cosas más: el famoso “perfil” que está siendo sancionado por la justicia, los medios y cierta tribuna que presta primera atención a estos temas tiene que ver con asuntos de género (suele ser una censura a determinado tipo de mujeres), de orientación sexual (lesbianas o demasiadas parejas y excesivamente explícita en contar sus experiencias) y de conducta ante sus juzgadores formales e informales (actuación fuera de libreto). Lo increíble es que el prejuicio contra estas mujeres fuera del patrón usual se refleja en otras mujeres incluidas juezas que son capaces de resolver que tal o cual manera de ser presume la culpabilidad respecto a un crimen determinado.
En las historia de las muertes de Miriam Fefer y Alicia Delgado, los ejecutantes son hombres que han confesado sus crímenes y precisado sus móviles. Pero los fiscales y los jueces no les creen. Mejor dicho les creen que son asesinos, pero no que mataron por decisión propia, sino que tuvieron un autor intelectual (como si se requiriera alguna planificación y dirección intelectual para agarrar a cuchilladas a alguien con un arma sacada de su propia cocina), y que ese autor o instigador seguramente es una mujer.
Normalmente no tengo ningún interés en temas policiales y penales, pero no puedo dejar de advertir el grado de indefensión que representa la existencia de una justicia psicológica en la que la censura social sobre cómo somos se traslada a la sentencia. Miren el barbarismo: el holandés sicópata que mató a la chica Flores para robarle y que admitió su crimen, recibe una pena inferior a la folklorista a la que no han logrado mover de su versión de que no tuvo que ver con la muerte de Delgado. Lo que está pasando nos amenaza a todos.
El poder de condenar concedido a los jueces, se ha vuelto un peligro para toda la sociedad y especialmente para las mujeres independientes.
12.02.12
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sábado, febrero 11, 2012
La marcha y el presidente
Ayer debe haber sido un día de sentimientos encontrados para el presidente Ollanta Humala. En la mañana despertar con la noticia de que DATUM ya le da 58% de aprobación, apenas dos puntos del simbólico 60%, y con posibilidades de que hacia el fin de semana CPI y APOYO lo lleven más arriba, y en la tarde encontrarse con una marcha multitudinaria con representantes de las provincias movilizadas sobre la capital, y del pueblo de Lima solidario con la lucha cajamarquina contra el proyecto Conga.
Seguramente Favre, Valdés y Castilla, deben haberle insistido en qué no hay razón para alarmarse ya que 8 mil o 10 mil manifestantes son poca cosa en una ciudad de 7 millones y en un país de casi 30 millones. Pero conociendo a Ollanta estoy seguro que este debe haber sido uno de los momentos más amargos de su gobierno. La razón es simple: esta ha sido la primera vez que se arma en términos prácticos el frente del 30% que le hizo pasar a la segunda vuelta y que quedó de lado en sus decisiones posteriores.
La Marcha del Agua que algunos despistados habían ninguneado antes de tiempo afirmando que una movilización de mil personas desde el norte era un fracaso de los organizadores (como si fuera fácil juntar gente para recorrer la costa en una semana), se convirtió en un gigantesco abrazo de Lima con los pueblos del interior. Una victoria política de los que hasta hace unos días se daban por los derrotados. Y si hay alguien que debe haber entendido el significado de lo que ha pasado es el presidente Humala.
Los marchantes de esta semana hicieron un recorrido pacífico ciudad por ciudad sembrando la idea de que no debemos dejarnos avasallar por el poder de las trasnacionales. Si uno ve lo que significó cada uno de esos encuentros y los que ocurrieron en el sur del Perú antes de la partida de sus delegaciones concluirá en que ciertamente ha habido un país movilizado contra los excesos de la minería exigiendo un cambio de política ahora, que implique a los proyectos que ya dejaron firmados los anteriores gobiernos.
A partir de aquí estamos en un nuevo escenario para el desarrollo de los conflictos socioambientales que ya no son ocurrencias distantes y esporádicas sino un sentimiento de una nación que no quiere convertirse en un campamento minero. Después de la escalada de avisos que quieren convencernos que Yanacocha y sus congéneres nos pagan tantos impuestos que alcanzan para pagar la educación, o la salud, o las carreteras o la represión, según uno escoja, la marcha representa, aún sin proponérselos, una respuesta de dignidad: preferimos el agua limpia y vivir de nuestro trabajo, antes de ver desaparecer las lagunas, los cerros y los bosques a ritmo del tajo abierto.
Ollanta ya lo sabe: le podrán contar que la marcha es pro senderista porque cogieron una bandera roja que era de Patria Roja; o que hay un complot de la izquierda; o que vamos a Conga y después todo se calma; pero lo que no va a poder sacarse de encima es que esos que estaban ayer en las calles lo llevaron al primer plano de la política y esos que tratan de tranquilizarlo para que no hayan nuevos virajes son los que conspiraron cinco años para cerrarle el paso. Tal vez sus nuevos aliados lo ayuden a gobernar con el timón a la derecha. Pero los otros son los que han marcado la política nacional en el último período.
11.02.11
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Seguramente Favre, Valdés y Castilla, deben haberle insistido en qué no hay razón para alarmarse ya que 8 mil o 10 mil manifestantes son poca cosa en una ciudad de 7 millones y en un país de casi 30 millones. Pero conociendo a Ollanta estoy seguro que este debe haber sido uno de los momentos más amargos de su gobierno. La razón es simple: esta ha sido la primera vez que se arma en términos prácticos el frente del 30% que le hizo pasar a la segunda vuelta y que quedó de lado en sus decisiones posteriores.
La Marcha del Agua que algunos despistados habían ninguneado antes de tiempo afirmando que una movilización de mil personas desde el norte era un fracaso de los organizadores (como si fuera fácil juntar gente para recorrer la costa en una semana), se convirtió en un gigantesco abrazo de Lima con los pueblos del interior. Una victoria política de los que hasta hace unos días se daban por los derrotados. Y si hay alguien que debe haber entendido el significado de lo que ha pasado es el presidente Humala.
Los marchantes de esta semana hicieron un recorrido pacífico ciudad por ciudad sembrando la idea de que no debemos dejarnos avasallar por el poder de las trasnacionales. Si uno ve lo que significó cada uno de esos encuentros y los que ocurrieron en el sur del Perú antes de la partida de sus delegaciones concluirá en que ciertamente ha habido un país movilizado contra los excesos de la minería exigiendo un cambio de política ahora, que implique a los proyectos que ya dejaron firmados los anteriores gobiernos.
A partir de aquí estamos en un nuevo escenario para el desarrollo de los conflictos socioambientales que ya no son ocurrencias distantes y esporádicas sino un sentimiento de una nación que no quiere convertirse en un campamento minero. Después de la escalada de avisos que quieren convencernos que Yanacocha y sus congéneres nos pagan tantos impuestos que alcanzan para pagar la educación, o la salud, o las carreteras o la represión, según uno escoja, la marcha representa, aún sin proponérselos, una respuesta de dignidad: preferimos el agua limpia y vivir de nuestro trabajo, antes de ver desaparecer las lagunas, los cerros y los bosques a ritmo del tajo abierto.
Ollanta ya lo sabe: le podrán contar que la marcha es pro senderista porque cogieron una bandera roja que era de Patria Roja; o que hay un complot de la izquierda; o que vamos a Conga y después todo se calma; pero lo que no va a poder sacarse de encima es que esos que estaban ayer en las calles lo llevaron al primer plano de la política y esos que tratan de tranquilizarlo para que no hayan nuevos virajes son los que conspiraron cinco años para cerrarle el paso. Tal vez sus nuevos aliados lo ayuden a gobernar con el timón a la derecha. Pero los otros son los que han marcado la política nacional en el último período.
11.02.11
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Macartismo delirante
En momentos en que todo el mundo saluda el carácter pacífico de la marcha por el agua que ha recorrido medio Perú esta semana hasta llegar a Lima, y la reconoce como parte del ejercicio de un derecho democrático; un diario azul de corazón pardo, presenta el día de ayer una carátula según la cual de lo que se trata es de una: “Marcha Pro Senderista”, porque en ella se habría producido el decomiso policial de una “bandera con la hoz y el martillo”.
Obviamente se trata de un delirio macartista que eleva a la primera página lo que el director de ese medio escribe editorialmente todos los días. Pero hagamos un esfuerzo extremo por tomar en serio al señor García Miró. La bandera, como se sabe, no era de Sendero Luminoso, sino de Patria Roja, y el símbolo de la hoz y el martillo es el símbolo común de los partidos comunistas en todo el mundo, que trata de representar la alianza de la clase obrera (martillo) y el campesinado (hoz).
Nadie ha prohibido hacer uso de esta simbología porque Sendero Luminoso trató de apropiarse de ella, por tanto la acción del policía era ilegal y abusiva, posiblemente fundada en la ignorancia de tantos años de oír la famosa frase televisiva sobre los “trapos rojos con la hoz y el martillo”, que de vez en cuando aparecen en el Huallaga o el VRAE. El que no puede argüir ignorancia y es más bien sospechoso constante de mala fe, es García Miró que todos los días construye complots comunistas apropiándose del país, pero que a su vez niega que la marcha del agua sea significativa y que la izquierda sea importante en el país.
Pero la mentira no acaba allí. ¿Por qué una bandera portada por un individuo va a definir el carácter de toda la movilización? Cualquiera sabe que el movimiento cajamarquino es plural en sus expresiones políticas y de masas, en el que participan comunidades enteras sin diferencias políticas. Ya se ha usado el argumento de vincular el movimiento contra Conga a Patria Roja, el MRTA, el padre Arana, etc., tratando de obviar la fuerza regional de la movilización.
Decirle pro senderista a la marcha porque encontraron a un tipo con una bandera roja va, por supuesto, mucho más lejos que los juegos asusta muchachos que practica el director de Expreso. Es una definición de nuevos términos en la lucha ambiental-social contra la expansión indiscriminada de la explotación minera. El día en que se pueda decir que las resistencias que existen a proyectos mineros concretos impuestos sin consideración a los pobladores originales de las zonas de impacto, responden a intereses pro senderistas estarán abiertas las puertas para otorgarle un tratamiento de guerra. Y es obvio quiénes aplaudirían este desenlace.
En realidad no importa que la Marcha del Agua, como antes las paralizaciones en Cajamarca hayan cuidado evitar el enfrentamiento y respetar los bienes públicos y privados, a pesar de las tensiones, y que el gobierno haya respondido desproporcionadamente militarizando la ciudad y las zonas mineras. Eso no evita que aparezca un titular cargado de perversidad, que sugiere que ahora pro senderismo es defensa de las cabeceras de cuenca y las comunidades.
11.02.11
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Obviamente se trata de un delirio macartista que eleva a la primera página lo que el director de ese medio escribe editorialmente todos los días. Pero hagamos un esfuerzo extremo por tomar en serio al señor García Miró. La bandera, como se sabe, no era de Sendero Luminoso, sino de Patria Roja, y el símbolo de la hoz y el martillo es el símbolo común de los partidos comunistas en todo el mundo, que trata de representar la alianza de la clase obrera (martillo) y el campesinado (hoz).
Nadie ha prohibido hacer uso de esta simbología porque Sendero Luminoso trató de apropiarse de ella, por tanto la acción del policía era ilegal y abusiva, posiblemente fundada en la ignorancia de tantos años de oír la famosa frase televisiva sobre los “trapos rojos con la hoz y el martillo”, que de vez en cuando aparecen en el Huallaga o el VRAE. El que no puede argüir ignorancia y es más bien sospechoso constante de mala fe, es García Miró que todos los días construye complots comunistas apropiándose del país, pero que a su vez niega que la marcha del agua sea significativa y que la izquierda sea importante en el país.
Pero la mentira no acaba allí. ¿Por qué una bandera portada por un individuo va a definir el carácter de toda la movilización? Cualquiera sabe que el movimiento cajamarquino es plural en sus expresiones políticas y de masas, en el que participan comunidades enteras sin diferencias políticas. Ya se ha usado el argumento de vincular el movimiento contra Conga a Patria Roja, el MRTA, el padre Arana, etc., tratando de obviar la fuerza regional de la movilización.
Decirle pro senderista a la marcha porque encontraron a un tipo con una bandera roja va, por supuesto, mucho más lejos que los juegos asusta muchachos que practica el director de Expreso. Es una definición de nuevos términos en la lucha ambiental-social contra la expansión indiscriminada de la explotación minera. El día en que se pueda decir que las resistencias que existen a proyectos mineros concretos impuestos sin consideración a los pobladores originales de las zonas de impacto, responden a intereses pro senderistas estarán abiertas las puertas para otorgarle un tratamiento de guerra. Y es obvio quiénes aplaudirían este desenlace.
En realidad no importa que la Marcha del Agua, como antes las paralizaciones en Cajamarca hayan cuidado evitar el enfrentamiento y respetar los bienes públicos y privados, a pesar de las tensiones, y que el gobierno haya respondido desproporcionadamente militarizando la ciudad y las zonas mineras. Eso no evita que aparezca un titular cargado de perversidad, que sugiere que ahora pro senderismo es defensa de las cabeceras de cuenca y las comunidades.
11.02.11
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El regreso de la antipolítica
Como si se tratara de un rompecabezas bizarro, el primer ministro Valdés va colocando a través de frases insólitas la piezas de un sistema de gobierno que ya empieza a hacérsenos conocido. Primero definió diálogo como “o firman o me voy”, y se fue, aparte que inauguró el principio de que el gobierno decide con quién dialoga y que los que no han sido elegidos en elecciones no tienen derecho a participar (él no fue elegido en ninguna elección, sino designado en un complot contra el expremier Lerner).
Luego declaró que su gobierno era de la estirpe pragmática. Es decir que se sirve de lo que le funciona, y aproximó por su cuenta y riesgo a Ollanta Humala con el primer período de Fujimori, para después de las críticas de la prensa, precisar que Fujimori había sido un “buen gobierno, salvo el golpe de Estado”. Insistió con que la “gran transformación había quedado de lado y se mandó con lo de la teatralización de las víctimas de la violencia, que por una ultrajada (a veces de veinte soldados), la desaparición de un marido o un hijo, se ponen a llorar en público.
Y ahora estamos con lo de que la marcha del agua debe se “técnica y no política”. Si el objetivo era darle “coherencia” al gobierno lo que se ha logrado es una coherente incoherencia. Valdés tiene estilo fujimorista, pero su finura y sentido de oportunidad para las declaraciones lo asocian al general Artola de la primera época de Velasco. La gente que lo escucha se está volviendo a preguntar sobre los méritos de este comandante empresario que hacía buenos negocios en Tacna de los 90 y por eso está tan agradecido al gobierno de la época que le permitía ingresar autos usados sin pagar impuestos, y que era proveedor de cal de las canteras de su suegro, a la empresa Southern Perú y por eso cree que minería es “técnica” y agua es “política”.
Nada de esto, por supuesto, lo califica para ser el segundo hombre del Ejecutivo, y de su ejecutoria en el Interior tampoco se recuerda nada bueno ante de su actitud saboteadora en la negociación final sobre Conga cuando ya tenía en la cartera el estado emergencia. Probablemente el buen Valdés crea, sin embargo, que ese vacío de historia política y en su caso de gestión pública, son sus méritos, y que en compensación tiene la de exsoldado y empresario, es decir pragmático y no político.
Carlos Iván Degregori describió la década de los 90 como la de la antipolítica, teniendo muy claro que la aversión a los partidos y a los cuadros políticos no tecnocráticos, fue una excelente disfraz para pactar condiciones onerosas para el país en materia de contratos, facilitar la corrupción y la violación de los derechos humanos, que son heridas que hasta el presente no acaban de cerrar y nos dividen entre políticos que vienen de la antipolítica y los partidos que tratan de jugar el juego de la despolitización porque creen que es más popular.
La derecha que se burla diariamente de la supuesta poca preparación de los nacionalistas para gobernar, nunca objeta la calidad de primer ministro que ayudaron a instaurar luego del fin del gabinete Lerner. Felizmente Valdés es una prefiguración de lo que la reacción quisiera como cabeza de gobierno para los cinco años.
10.02.12
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Luego declaró que su gobierno era de la estirpe pragmática. Es decir que se sirve de lo que le funciona, y aproximó por su cuenta y riesgo a Ollanta Humala con el primer período de Fujimori, para después de las críticas de la prensa, precisar que Fujimori había sido un “buen gobierno, salvo el golpe de Estado”. Insistió con que la “gran transformación había quedado de lado y se mandó con lo de la teatralización de las víctimas de la violencia, que por una ultrajada (a veces de veinte soldados), la desaparición de un marido o un hijo, se ponen a llorar en público.
Y ahora estamos con lo de que la marcha del agua debe se “técnica y no política”. Si el objetivo era darle “coherencia” al gobierno lo que se ha logrado es una coherente incoherencia. Valdés tiene estilo fujimorista, pero su finura y sentido de oportunidad para las declaraciones lo asocian al general Artola de la primera época de Velasco. La gente que lo escucha se está volviendo a preguntar sobre los méritos de este comandante empresario que hacía buenos negocios en Tacna de los 90 y por eso está tan agradecido al gobierno de la época que le permitía ingresar autos usados sin pagar impuestos, y que era proveedor de cal de las canteras de su suegro, a la empresa Southern Perú y por eso cree que minería es “técnica” y agua es “política”.
Nada de esto, por supuesto, lo califica para ser el segundo hombre del Ejecutivo, y de su ejecutoria en el Interior tampoco se recuerda nada bueno ante de su actitud saboteadora en la negociación final sobre Conga cuando ya tenía en la cartera el estado emergencia. Probablemente el buen Valdés crea, sin embargo, que ese vacío de historia política y en su caso de gestión pública, son sus méritos, y que en compensación tiene la de exsoldado y empresario, es decir pragmático y no político.
Carlos Iván Degregori describió la década de los 90 como la de la antipolítica, teniendo muy claro que la aversión a los partidos y a los cuadros políticos no tecnocráticos, fue una excelente disfraz para pactar condiciones onerosas para el país en materia de contratos, facilitar la corrupción y la violación de los derechos humanos, que son heridas que hasta el presente no acaban de cerrar y nos dividen entre políticos que vienen de la antipolítica y los partidos que tratan de jugar el juego de la despolitización porque creen que es más popular.
La derecha que se burla diariamente de la supuesta poca preparación de los nacionalistas para gobernar, nunca objeta la calidad de primer ministro que ayudaron a instaurar luego del fin del gabinete Lerner. Felizmente Valdés es una prefiguración de lo que la reacción quisiera como cabeza de gobierno para los cinco años.
10.02.12
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jueves, febrero 09, 2012
El Estado tiene dueños
Hay veces en que don Fritz “mil oficios” Du Bois da la impresión de ser una especie de guardián de la “pureza técnica” (algo de eso debe existir) de los cargos públicos, ante la acechanza continua de los dirigentes y militantes de Gana Perú que han ganado algunos lugares dentro de la maquinaria del Estado. Claro cómo van a estar “capacitados” los que ganaron las elecciones si durante más de veinte años la tecnoburocracia se repite a sí misma, como si fuera insustituible, y las grandes empresas y los medios de comunicación hablan de ellos como gestores naturales. En cambio si el nuevo funcionario viene del nacionalismo o la izquierda, entonces fijo que es un incapaz y está siendo beneficiado por el descarado clientelismo de su gobierno.
Pero el caso de DBA (2) tiene su singularidad. Ya que él mismo ocupó cinco cargos estatales varios de ellos en simultáneo y haciendo además de director de grandes empresas privadas a las que les convenía un jefe de asesores del ministro de Economía en su mesa de decisiones, y fue el encargado de manejar los llamados contratos secretos del PNUD mediante los cuales se pagaba salarios excepcionales treinta o más veces superiores al resto de la administración pública a los favoritos del régimen, dentro de los cuales estaba el propio Du Bois que hacía gestiones para su beneficio.
Claro que nadie debe pensar que había algo de incorrecto en todo esto. ¿No ven que los Du Bois, Aljovín, Blume, Zavala, Carranza, Castilla, etc., nacieron genios y fueron criados de una doble ubre: fujimorista y pepekausa, por lo que merecen siempre ser convocados para el Estado, los medios y las trasnacionales en forma indistinta y al mismo tiempo, y eso debe ser pagado con sueldos especiales y que el resto se jorobe para que el presupuesto de superávit al final del año? ¿O no es así?
Al principio del gobierno de Humala los Du Bois que hay en nuestra prensa decían que el presidente debía darles garantías a ellos, a la CONFIEP, al FMI, a la Telefónica, etc., manteniendo a Velarde en el BCR y poniendo a alguien como Castilla en el MEF. El presidente capituló a la presión creyendo que podía manejar las contradicciones. Hoy la cosa ha avanzado mucho más y se trata que el presidente de Essalud no puede nombrar ni a su personal de confianza; el jefe del CEPLAN no puede nombrar como asesor a un profesional que sufrió la represión de Pinochet en durante el golpe de 1973 (¿por qué habrá sido?); el presidente de la megacomisión no puede determinar quiénes serán sus asesores como ha sido la practica parlamentaria usual; Elsa Malpartida es calificada de senderista arrepentida (mismo Movadef) por coordinar un programa de barrios; etc.
Quiere decir que Ollanta ganó las elecciones pero el Estado es inmodificable, la tecnoburocracia intocable, y los sectores que decidieron la elección no aptos para servir ya no en una planilla secreta ni en los altos puestos del poder –que están copados por los de siempre-, sino en funciones de asesoría, apoyo, movilización social y otras. Y no vengan con que no saben, porque la mayoría aprende. El tema es si seguimos admitiendo ser un país con ciudadanos de segunda categoría.
09.02.12
www.rwiener.blogspot.com
Pero el caso de DBA (2) tiene su singularidad. Ya que él mismo ocupó cinco cargos estatales varios de ellos en simultáneo y haciendo además de director de grandes empresas privadas a las que les convenía un jefe de asesores del ministro de Economía en su mesa de decisiones, y fue el encargado de manejar los llamados contratos secretos del PNUD mediante los cuales se pagaba salarios excepcionales treinta o más veces superiores al resto de la administración pública a los favoritos del régimen, dentro de los cuales estaba el propio Du Bois que hacía gestiones para su beneficio.
Claro que nadie debe pensar que había algo de incorrecto en todo esto. ¿No ven que los Du Bois, Aljovín, Blume, Zavala, Carranza, Castilla, etc., nacieron genios y fueron criados de una doble ubre: fujimorista y pepekausa, por lo que merecen siempre ser convocados para el Estado, los medios y las trasnacionales en forma indistinta y al mismo tiempo, y eso debe ser pagado con sueldos especiales y que el resto se jorobe para que el presupuesto de superávit al final del año? ¿O no es así?
Al principio del gobierno de Humala los Du Bois que hay en nuestra prensa decían que el presidente debía darles garantías a ellos, a la CONFIEP, al FMI, a la Telefónica, etc., manteniendo a Velarde en el BCR y poniendo a alguien como Castilla en el MEF. El presidente capituló a la presión creyendo que podía manejar las contradicciones. Hoy la cosa ha avanzado mucho más y se trata que el presidente de Essalud no puede nombrar ni a su personal de confianza; el jefe del CEPLAN no puede nombrar como asesor a un profesional que sufrió la represión de Pinochet en durante el golpe de 1973 (¿por qué habrá sido?); el presidente de la megacomisión no puede determinar quiénes serán sus asesores como ha sido la practica parlamentaria usual; Elsa Malpartida es calificada de senderista arrepentida (mismo Movadef) por coordinar un programa de barrios; etc.
Quiere decir que Ollanta ganó las elecciones pero el Estado es inmodificable, la tecnoburocracia intocable, y los sectores que decidieron la elección no aptos para servir ya no en una planilla secreta ni en los altos puestos del poder –que están copados por los de siempre-, sino en funciones de asesoría, apoyo, movilización social y otras. Y no vengan con que no saben, porque la mayoría aprende. El tema es si seguimos admitiendo ser un país con ciudadanos de segunda categoría.
09.02.12
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miércoles, febrero 08, 2012
Elogio de la mermelada
Normalmente los diarios serios no comentan el avisaje de sus competidores y menos expresan molestia por las decisiones de los anunciantes. Si cabe alguna discusión sobre esto es acerca de los defectos de la concentración y sobre todo los tratos discriminatorios de la publicidad estatal. En este diario sabemos bastante de esas cosas.
Pero ese engreimiento de escolar acusete, de querer decirle a las empresas que no pongan avisos en un medio por supuestas diferencias de línea, encierra varios significados que no deben pasarse por alto: en primer lugar, porque supone que quién contrata no sabe su interés y a qué lectores desea llegar con su mensaje. Es casi como decirle tontas a las empresas que no saben en qué lugar ponen un aviso.
En segundo lugar, porque implica imaginar el avisaje como un premio o un castigo a la “línea” del medio. Así como LA PRIMERA “no merece” que los mineros le pongan aviso por apoyar la marcha del agua, así el diario del DBA debe “merecer” cuatro o más avisos diarios por sus posiciones contra el gobierno regional de Cajamarca y el movimiento ambientalista de esa región.
En tercer lugar, porque al personalizar indicando que algunos de este diario vamos a decir algo porque se publique un aviso contratado, es desnudarse con crudeza. En LA PRIMERA, por lo menos, la publicidad pertenece al campo administrativo y es un servicio que se brinda al cliente que así lo solicite. Ni el director, ni los periodistas tenemos relación con ese proceso, en otras palabras no escribimos para los contratantes.
La concepción de que la publicidad es un subsidio empresarial para que avancen proyectos a los que les falta consenso social es altamente peligrosa y dudo mucho que exista algún empresario que la suscriba públicamente. Pero precisamente el achoramiento periodístico consiste en decir abiertamente a quién quiero matar, destruir o revocar, y a quién voy a apoyar para que me ponga avisos y no lo haga con mis adversarios.
La parte bruta del concepto es imaginar que los lectores del medio no se van a dar cuenta de la falta de vergüenza que estas ideas suponen. Algo que es evidente es que nuestro diario es una anomalía del sistema de prensa peruano que algunos toleran levantando la nariz, mientras que otros por brutos y achorados no pueden amarrarse la lengua.
Les jode no que seamos humalistas, izquierdistas, radicales o lo que se les venga en gana, sino que expresamos a sectores populares que no tienen una voz propia, como pasó en Bagua y en mil otras ocasiones en las que el director del diario que no quiere que tengamos avisos, estuvo al lado opuesto pidiendo represión y que la mano dura de los gobiernos nos libren de protestadores, ambientalistas, comuneros y otros elementos premodernos.
Porque LA PRIMERA tiene una llegada firme con una parte importante de la población peruana que ha sido además determinante en los más recientes eventos electorales, hay quienes tienen interés de anunciar con nosotros. No es un asunto de ideología, sino de mercado. Debería saberlo un pretendido discípulo de Milton Friedman.
08.02.12
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Pero ese engreimiento de escolar acusete, de querer decirle a las empresas que no pongan avisos en un medio por supuestas diferencias de línea, encierra varios significados que no deben pasarse por alto: en primer lugar, porque supone que quién contrata no sabe su interés y a qué lectores desea llegar con su mensaje. Es casi como decirle tontas a las empresas que no saben en qué lugar ponen un aviso.
En segundo lugar, porque implica imaginar el avisaje como un premio o un castigo a la “línea” del medio. Así como LA PRIMERA “no merece” que los mineros le pongan aviso por apoyar la marcha del agua, así el diario del DBA debe “merecer” cuatro o más avisos diarios por sus posiciones contra el gobierno regional de Cajamarca y el movimiento ambientalista de esa región.
En tercer lugar, porque al personalizar indicando que algunos de este diario vamos a decir algo porque se publique un aviso contratado, es desnudarse con crudeza. En LA PRIMERA, por lo menos, la publicidad pertenece al campo administrativo y es un servicio que se brinda al cliente que así lo solicite. Ni el director, ni los periodistas tenemos relación con ese proceso, en otras palabras no escribimos para los contratantes.
La concepción de que la publicidad es un subsidio empresarial para que avancen proyectos a los que les falta consenso social es altamente peligrosa y dudo mucho que exista algún empresario que la suscriba públicamente. Pero precisamente el achoramiento periodístico consiste en decir abiertamente a quién quiero matar, destruir o revocar, y a quién voy a apoyar para que me ponga avisos y no lo haga con mis adversarios.
La parte bruta del concepto es imaginar que los lectores del medio no se van a dar cuenta de la falta de vergüenza que estas ideas suponen. Algo que es evidente es que nuestro diario es una anomalía del sistema de prensa peruano que algunos toleran levantando la nariz, mientras que otros por brutos y achorados no pueden amarrarse la lengua.
Les jode no que seamos humalistas, izquierdistas, radicales o lo que se les venga en gana, sino que expresamos a sectores populares que no tienen una voz propia, como pasó en Bagua y en mil otras ocasiones en las que el director del diario que no quiere que tengamos avisos, estuvo al lado opuesto pidiendo represión y que la mano dura de los gobiernos nos libren de protestadores, ambientalistas, comuneros y otros elementos premodernos.
Porque LA PRIMERA tiene una llegada firme con una parte importante de la población peruana que ha sido además determinante en los más recientes eventos electorales, hay quienes tienen interés de anunciar con nosotros. No es un asunto de ideología, sino de mercado. Debería saberlo un pretendido discípulo de Milton Friedman.
08.02.12
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martes, febrero 07, 2012
El extraditable y el impresentable
“Correo” llamó hace algunos días a salvar al nonagenario que un juez argentino exige extraditar para esclarecer su participación en el plan Cóndor. Pero como Lévano es “ultra”, eso quiere decir que no importa que sea octogenario o que tenga una limitación física, que es por donde lo ha atacado siempre el director del periódico, a lo que agrega la repetición de esa historia de policías que imputa a supuestos zurdos” según la cuál el director de LA PRIMERA “teatralizó” una dolencia renal para evitar estar entre los deportados de 1978.
La versión ya fue desmentida, pero eso nunca es problema para el DBA principal. Como en la alusión que lo que se perdió Lévano fue “vino, parrillada y el Mundial de Fútbol”. Aquel que ha escrito que Velasco fue mucho más tiránico que FMB, porque lanzó chorros de agua a los jóvenes de Miraflores que protestaban por la expropiación de los diarios, ha dado a entender que ser obligado a visitar clandestinamente en marrocas y vigilancia militar la Argentina de Videla era casi turismo para rojos.
Los de Miraflores tienen ahora un monumento que les construyó un alcalde sobón a instancias de Aldo M, que parece haber olvidado que FMB era parte del gobierno de Velasco, en el que dirigió la política económica, votó por la expropiación de la prensa y ocupó el segundo puesto en el orden de prelación del régimen, hasta que intervino en el complot que lo llevó a la presidencia. Pero los de Jujuy eran “rojos”, aunque entre ellos estuviera Baella y dos almirantes, lo que quiere decir que no hay problema si la represión exagera un poco en el trato.
Lo importante es ver la relación entre la resolución del juez Oyarbide y la presencia de Lynch en la embajada peruana en Buenos Aires, Roncagiolo en Torre Tagle, Diez Canseco entre los deportados, la izquierda botada del gobierno, la CIDH persiguiendo a los Chavín de Huántar. Falta saber donde encaja el juez, en un país de tradición de autonomía real de la Justicia que fue una barrera a los abusos dictatoriales, aunque DBA debe creer que todos los demás tienen poder sobre su despacho.
DBA (2), ha sido más explícito todavía. En su periódico con número ha dicho que se trata de la contraofensiva de la izquierda cuando nos estábamos deshaciendo de ella, ya la teníamos saliendo del gobierno y con sus últimos cuadros contra la pared; en proceso de revocatoria municipal; soportando la andanada de los medios que vuelven a acusarla de conciliar con el “terrorismo”, etc. ¿Y, qué casualidad, aparece esta resolución que pone en primer plano al general del estado de emergencia de 1976-1977 (donde murieron casi mil personas por el simple hecho de caminar de noche), de la represión al paro de julio de 1977 (veinte muertos y casi 6 mil despedidos, con carta blanca para que las empresa boten a quién quieran, etc.)?
Es obvio que no es normal que la justicia, aunque sea la internacional, castigue al dictador felón, que nunca se peleó con Velasco, pero lo traicionó desde Tacna; que anunció la profundización del proceso e inició el retroceso; que se alió a la izquierda militar para luego botarla y perseguirla. ¿Alguien se ha puesto a pensar en la enorme responsabilidad que tiene este general en la profunda debilidad con la que se reinstaló la democracia en 1980 y en las crisis posteriores?
07.02.12
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La versión ya fue desmentida, pero eso nunca es problema para el DBA principal. Como en la alusión que lo que se perdió Lévano fue “vino, parrillada y el Mundial de Fútbol”. Aquel que ha escrito que Velasco fue mucho más tiránico que FMB, porque lanzó chorros de agua a los jóvenes de Miraflores que protestaban por la expropiación de los diarios, ha dado a entender que ser obligado a visitar clandestinamente en marrocas y vigilancia militar la Argentina de Videla era casi turismo para rojos.
Los de Miraflores tienen ahora un monumento que les construyó un alcalde sobón a instancias de Aldo M, que parece haber olvidado que FMB era parte del gobierno de Velasco, en el que dirigió la política económica, votó por la expropiación de la prensa y ocupó el segundo puesto en el orden de prelación del régimen, hasta que intervino en el complot que lo llevó a la presidencia. Pero los de Jujuy eran “rojos”, aunque entre ellos estuviera Baella y dos almirantes, lo que quiere decir que no hay problema si la represión exagera un poco en el trato.
Lo importante es ver la relación entre la resolución del juez Oyarbide y la presencia de Lynch en la embajada peruana en Buenos Aires, Roncagiolo en Torre Tagle, Diez Canseco entre los deportados, la izquierda botada del gobierno, la CIDH persiguiendo a los Chavín de Huántar. Falta saber donde encaja el juez, en un país de tradición de autonomía real de la Justicia que fue una barrera a los abusos dictatoriales, aunque DBA debe creer que todos los demás tienen poder sobre su despacho.
DBA (2), ha sido más explícito todavía. En su periódico con número ha dicho que se trata de la contraofensiva de la izquierda cuando nos estábamos deshaciendo de ella, ya la teníamos saliendo del gobierno y con sus últimos cuadros contra la pared; en proceso de revocatoria municipal; soportando la andanada de los medios que vuelven a acusarla de conciliar con el “terrorismo”, etc. ¿Y, qué casualidad, aparece esta resolución que pone en primer plano al general del estado de emergencia de 1976-1977 (donde murieron casi mil personas por el simple hecho de caminar de noche), de la represión al paro de julio de 1977 (veinte muertos y casi 6 mil despedidos, con carta blanca para que las empresa boten a quién quieran, etc.)?
Es obvio que no es normal que la justicia, aunque sea la internacional, castigue al dictador felón, que nunca se peleó con Velasco, pero lo traicionó desde Tacna; que anunció la profundización del proceso e inició el retroceso; que se alió a la izquierda militar para luego botarla y perseguirla. ¿Alguien se ha puesto a pensar en la enorme responsabilidad que tiene este general en la profunda debilidad con la que se reinstaló la democracia en 1980 y en las crisis posteriores?
07.02.12
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domingo, febrero 05, 2012
El dictador vuelve a la escena
Al general Morales Bermúdez algunos periodistas lo tratan como “presidente”, a pesar de su condición de doble golpista (primero echó a Belaúnde y luego a Velasco). Y la DBA ha ocultado cuidadosamente su pasado de jefe económico de la primera fase del gobierno militar, a pesar que según la versión predominante (incluido la del premier Valdés) ahí se hicieron los “peores experimentos” en la economía como la reforma agraria “confiscatoria” que entregó la tierra a los campesinos y la nacionalización de empresas extranjeras que se convirtieron en públicas, a los que se les culpa de la crisis posterior y el fujishock de inicios de los 90.
Varios hechos apuntalan la relación Lima-Buenos Aires de finales de los 70, entre ellos el secuestro, tortura, desaparición y muerte de montoneros detectados en el Perú y llevados de regreso a su país en una cadena de colaboración de militares peruanos, bolivianos y argentinos. Hace dos años la justicia italiana demandó a Morales Bermúez por la muerte de la señora Molfino, detenida en Lima y que apareció muerta en Madrid unas semanas después, pero Alan García se interpuso en el proceso de extradición afirmando que Morales era un demócrata de edad avanzada que no debía ser molestado. Con lo que además quedó desecho el argumento del acusado de que él se somete a la justicia, cuando lo que busca es que los presidentes de turno lo saquen de sus problemas.
El juez federal argentino Norberto Oyarbide que investiga las ramificaciones del llamado Plan Cóndor (articulación de las dictaduras del cono sur de Suramérica, bajo el paraguas de los Estados Unidos, para combatir internacionalmente a sus opositores), tenía que llegar por supuesto al punto del secuestro de los peruanos para finalmente a establecer el modus operandi de la dictadura de su país. Aquí los rojos resentidos pueden hacer casi nada. Como tampoco es un problema de la CIDH, que una senderista violada por la policía y torturada vaya en queja a los organismos de derechos humanos por los hechos bárbaros que ocurrieron durante la guerra interna.
En realidad los periódicos de la DBA podrán escribir lo que quieran para justificar la violencia del Estado aún en tiempos de “paz” como era 1978, o de conflicto interno, pero el mundo ya no está para tragarse las justificaciones militaristas. Y así como Pinochet pasó la humillación de ser detenido en Londres, Morales Bermúdez está viviendo ya dos requisitorias por crímenes inolvidables. Y eso que nadie está recordando los muertos del estado de emergencia 1976-1977 y de los paros nacionales.
05.02.12
El lenguaje de la verdad
Estos días hemos leído que la existencia del MOVADEF se la debemos a la CVR. ¿Cómo así? ¿No han leído que la Comisión de la Verdad trata a Sendero Luminoso como partido político? Entonces es lógico, los abogados de Guzmán fueron a pedir su inscripción en el JNE, y si no lo hubieran dicho entonces ni siquiera hubieran formado una organización y menos hubieran recogido firmas para inscribirla.
Más aún la CVR dijo que en el Perú hubo una guerra interna y con eso le dio argumentos a Crespo y Fajardo, que si no les daban ese dato seguro que hubieran dicho que aquí sólo hubo terror. Y así, sucesivamente.
Mucho se dice que como a los nazis, los seguidores del pensamiento Gonzalo deben ser excluidos del campo de la política legal por sus actos de genocidio. Pero resulta que nadie niega que el Partido Nacional Socialista era un partido y que lo que desató en Europa y otras partes del mundo fue una guerra, con intensos actos de terror, que dicho sea de paso no sólo fueron de ellos sino de sus contendores.
Gran Ilusión
El hecho es que las categorías partido y guerra son meramente descriptivas y sirven sólo para explicar que el fenómeno que estamos analizando viene de la política y no de la demencia como pretenden algunos, y que lo que afectó tanto a la nación durante doce años no fueron solamente la sucesión de actos de terror aislados, que dicho sea de paso tampoco fueron de un solo lado, sino el estado de enfrentamiento en que quedó colocada la nación y que hasta hoy subsiste a pesar de que no hay ningún coche bomba, ni torre volada hace muchos años.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue en esencia un intento de sacar al país de la lógica de guerra y de explicar lo que había pasado, lo que suponía instalar un lenguaje común entre sus miembros y trasladarlo a la sociedad.
La gran ilusión de la época era que poniendo el acento en que Sendero fue el principal perpetrador de violaciones de derechos humanos y el que causó mayor número de muertes (de acuerdo a los reportes obtenidos por la propia Comisión, que se diferencian de los de otras fuentes de información Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Coordinadora de Derechos Humanos), se ablandaría la resistencia para admitir que hubo un terror militar-policial y una estrategia equivocada de pacificación.
Descripción de la realidad
Para que esa intención fuera viable había que interesarse mucho en el lenguaje. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Perú en los 80 y 90? La CVR dice que fue un conflicto armado interno, que “constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia”. Cualquiera podría decir que esta era una mera descripción de una realidad, que trataba de llamar la atención de que una lucha entre peruanos pudo ser más dura que todas las guerras exteriores del pasado.
Pero ya sabemos que esta sola definición sigue siendo una especie de pecado original y una conciliación con el “terrorismo”. Casi se podría decir que el razonamiento DBA se estrenó con los documentos de la CVR. Y el resultado es evidente: el esfuerzo y el documento que debía ayudar a la reconciliación y hacer una memoria que nos permitiera mirar para adelante, se convirtió en un factor adicional de polarización. La CVR ha sido acusada de querer encubrir el terrorismo a pesar de sus fuertes conceptos hacia las organizaciones subversivas.
Pero en realidad no se trata de afectar a un señor Lerner, casi por encima de cualquier sospecha, o a los otros comisionados, sino de destruir el proyecto de buscar un texto de cierre de una etapa de nuestra historia. Es casi como insistir que la guerra no ha terminado y si no estás en nuestro campo, es decir del campo que ocupa el fujimorismo en condición de “vencedor del terrorismo”, entonces eres del otro lado un caviar terrorista.
Los que mataron menos
Es verdad que en ciertos momentos esto linda en la estupidez y se apoya en los razonamientos más primarios: imágenes de la violencia y de las personas afectadas (casi siempre en el área urbana) y preguntas geniales sobre si se puede calificar de partido político o actos de guerra la barbarie que estamos viendo.
Algo así como que los partidos no matan, aunque el fujimorismo lo único que se ha atrevido a decir a su favor es que “mató menos”, y que las guerras no son brutales como tantas veces advirtieron diversos generales para justificarse.
La DBA ha dicho que la CVR estaba fuera de tiempo porque aún no hay consenso sobre la guerra. Puede ser, si lo que se concluye es que la Comisión se conformó también en plena transición post fujimorista, cuando se creía que el país estaba preparado para cambiar de aire. No fue así. Y el ataque a la CVR es el fujimorismo que regresa.
05.02.12
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Más aún la CVR dijo que en el Perú hubo una guerra interna y con eso le dio argumentos a Crespo y Fajardo, que si no les daban ese dato seguro que hubieran dicho que aquí sólo hubo terror. Y así, sucesivamente.
Mucho se dice que como a los nazis, los seguidores del pensamiento Gonzalo deben ser excluidos del campo de la política legal por sus actos de genocidio. Pero resulta que nadie niega que el Partido Nacional Socialista era un partido y que lo que desató en Europa y otras partes del mundo fue una guerra, con intensos actos de terror, que dicho sea de paso no sólo fueron de ellos sino de sus contendores.
Gran Ilusión
El hecho es que las categorías partido y guerra son meramente descriptivas y sirven sólo para explicar que el fenómeno que estamos analizando viene de la política y no de la demencia como pretenden algunos, y que lo que afectó tanto a la nación durante doce años no fueron solamente la sucesión de actos de terror aislados, que dicho sea de paso tampoco fueron de un solo lado, sino el estado de enfrentamiento en que quedó colocada la nación y que hasta hoy subsiste a pesar de que no hay ningún coche bomba, ni torre volada hace muchos años.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue en esencia un intento de sacar al país de la lógica de guerra y de explicar lo que había pasado, lo que suponía instalar un lenguaje común entre sus miembros y trasladarlo a la sociedad.
La gran ilusión de la época era que poniendo el acento en que Sendero fue el principal perpetrador de violaciones de derechos humanos y el que causó mayor número de muertes (de acuerdo a los reportes obtenidos por la propia Comisión, que se diferencian de los de otras fuentes de información Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Coordinadora de Derechos Humanos), se ablandaría la resistencia para admitir que hubo un terror militar-policial y una estrategia equivocada de pacificación.
Descripción de la realidad
Para que esa intención fuera viable había que interesarse mucho en el lenguaje. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Perú en los 80 y 90? La CVR dice que fue un conflicto armado interno, que “constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia”. Cualquiera podría decir que esta era una mera descripción de una realidad, que trataba de llamar la atención de que una lucha entre peruanos pudo ser más dura que todas las guerras exteriores del pasado.
Pero ya sabemos que esta sola definición sigue siendo una especie de pecado original y una conciliación con el “terrorismo”. Casi se podría decir que el razonamiento DBA se estrenó con los documentos de la CVR. Y el resultado es evidente: el esfuerzo y el documento que debía ayudar a la reconciliación y hacer una memoria que nos permitiera mirar para adelante, se convirtió en un factor adicional de polarización. La CVR ha sido acusada de querer encubrir el terrorismo a pesar de sus fuertes conceptos hacia las organizaciones subversivas.
Pero en realidad no se trata de afectar a un señor Lerner, casi por encima de cualquier sospecha, o a los otros comisionados, sino de destruir el proyecto de buscar un texto de cierre de una etapa de nuestra historia. Es casi como insistir que la guerra no ha terminado y si no estás en nuestro campo, es decir del campo que ocupa el fujimorismo en condición de “vencedor del terrorismo”, entonces eres del otro lado un caviar terrorista.
Los que mataron menos
Es verdad que en ciertos momentos esto linda en la estupidez y se apoya en los razonamientos más primarios: imágenes de la violencia y de las personas afectadas (casi siempre en el área urbana) y preguntas geniales sobre si se puede calificar de partido político o actos de guerra la barbarie que estamos viendo.
Algo así como que los partidos no matan, aunque el fujimorismo lo único que se ha atrevido a decir a su favor es que “mató menos”, y que las guerras no son brutales como tantas veces advirtieron diversos generales para justificarse.
La DBA ha dicho que la CVR estaba fuera de tiempo porque aún no hay consenso sobre la guerra. Puede ser, si lo que se concluye es que la Comisión se conformó también en plena transición post fujimorista, cuando se creía que el país estaba preparado para cambiar de aire. No fue así. Y el ataque a la CVR es el fujimorismo que regresa.
05.02.12
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sábado, febrero 04, 2012
Los engañados
A propósito de mi nota “Dos elecciones” (01.02.12), alguien ha repetido la cantinela que los campesinos engañados de los que hablo que en la segunda vuelta del 2011 habían creído sacarse el clavo de la anterior y de tantas otras derrotas, en realidad bien merecen lo que les ha pasado porque solo lograron el 31% en la primera vuelta y por tanto el candidato para seguir en la carrera tuvo que ceder su programa donde estaba eso de la conservación del agua, la revisión de los contratos mineros y otras.
Así que según este ilustrado parecer ganarle a todos los demás partidos y llegar a la vuelta definitoria no genera ningún derecho, y que son los que pierden los que consiguen la opción de colocar sus propuestas bajo el riesgo de ayudar a ganar al que llega en segundo puesto. Con eso se está diciendo que este es un sistema hecho para el trueque de principios por poder. Más aún, si se toma en cuenta que los que pactan son unas cuantas personas del lado de los partidos involucrados sin ninguna consulta con las bases o con los votantes de la primera vuelta.
En el caso específico de Ollanta Humala, la explicación de que se cambió de bando porque “solo tuvo 31% en primera vuelta”, que se escucha a cada rato, es aún más insostenible. De un lado porque él vivió cinco años antes la experiencia de convertir el 30% de primera vuelta en 47.5% de la segunda, teniendo un adversario con mucha más cancha política y de cualquier modo con menos resistencias que Keiko Fujimori, sin dejar su programa.
La pregunta cabe: ¿hubieran votado los electores de Toledo por la hija del dictador al que su líder ayudó a derrocar?, ¿qué fue lo que trajo al “cholo” a sumarse a la campaña de Ollanta?, ¿la “Hoja de Ruta” o el hecho de que sus bases se iban naturalmente al lado del comandante? Ciertamente todos podían entender que se hicieran concesiones y compromisos con el eventual aliado, pero no que se echase al tacho el programa entero para adoptar otro. O era, como dicen algunos, que la asesoría brasileña estaba incómoda desde el principio con el documento de “La Gran Transformación”, e inventó eso de sustituirlo, en vez de precisarlo, con una “Hoja de Ruta”.
En todo caso lo que estamos diciendo es que Ollanta no quería que los campesinos de Huancavelica, Cajamarca o el resto del país, su base popular y su propio partido, entendiesen el viraje por etapas que fue toda la campaña y que aún no termina. Por eso el discurso de “agua sí, oro no”, es de segunda vuelta aunque no figure en la “Hoja de Ruta”, o tantas veces que dijo en reunión de círculos de apoyo a su candidatura que la forma que estaba usando era la única para ganarle a la derecha, pero que después pondría de rodillas a sus enemigos.
Yo no creo que fuera la dinámica de las elecciones la que cambió a Ollanta Humala. Al revés, algún día se aclarará que la reubicación del candidato estuvo por delante de los episodios de la campaña y se justificó en ellos. El 31% que votó en primera vuelta y una importante porción del 20% que se añadió en la segunda fueron vulgarmente estafados. Y es normal que ahora pidan cuentas.
04.02.12
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Así que según este ilustrado parecer ganarle a todos los demás partidos y llegar a la vuelta definitoria no genera ningún derecho, y que son los que pierden los que consiguen la opción de colocar sus propuestas bajo el riesgo de ayudar a ganar al que llega en segundo puesto. Con eso se está diciendo que este es un sistema hecho para el trueque de principios por poder. Más aún, si se toma en cuenta que los que pactan son unas cuantas personas del lado de los partidos involucrados sin ninguna consulta con las bases o con los votantes de la primera vuelta.
En el caso específico de Ollanta Humala, la explicación de que se cambió de bando porque “solo tuvo 31% en primera vuelta”, que se escucha a cada rato, es aún más insostenible. De un lado porque él vivió cinco años antes la experiencia de convertir el 30% de primera vuelta en 47.5% de la segunda, teniendo un adversario con mucha más cancha política y de cualquier modo con menos resistencias que Keiko Fujimori, sin dejar su programa.
La pregunta cabe: ¿hubieran votado los electores de Toledo por la hija del dictador al que su líder ayudó a derrocar?, ¿qué fue lo que trajo al “cholo” a sumarse a la campaña de Ollanta?, ¿la “Hoja de Ruta” o el hecho de que sus bases se iban naturalmente al lado del comandante? Ciertamente todos podían entender que se hicieran concesiones y compromisos con el eventual aliado, pero no que se echase al tacho el programa entero para adoptar otro. O era, como dicen algunos, que la asesoría brasileña estaba incómoda desde el principio con el documento de “La Gran Transformación”, e inventó eso de sustituirlo, en vez de precisarlo, con una “Hoja de Ruta”.
En todo caso lo que estamos diciendo es que Ollanta no quería que los campesinos de Huancavelica, Cajamarca o el resto del país, su base popular y su propio partido, entendiesen el viraje por etapas que fue toda la campaña y que aún no termina. Por eso el discurso de “agua sí, oro no”, es de segunda vuelta aunque no figure en la “Hoja de Ruta”, o tantas veces que dijo en reunión de círculos de apoyo a su candidatura que la forma que estaba usando era la única para ganarle a la derecha, pero que después pondría de rodillas a sus enemigos.
Yo no creo que fuera la dinámica de las elecciones la que cambió a Ollanta Humala. Al revés, algún día se aclarará que la reubicación del candidato estuvo por delante de los episodios de la campaña y se justificó en ellos. El 31% que votó en primera vuelta y una importante porción del 20% que se añadió en la segunda fueron vulgarmente estafados. Y es normal que ahora pidan cuentas.
04.02.12
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