lunes, mayo 25, 2009

El mal menor

Vargas Llosa levantó en 1990 la promesa de llevar a García a la cárcel si los votos del país lo colocaban en Palacio. Ya se sabe que García uso ese poder que tienen los presidentes en ejercicio, y varguitas se quedó con los crespos hechos y nunca llegó a ponerse la banda presidencial, y quién lo hizo en su reemplazo fue Fujimori. Por ese motivo el escritor vivió por lo menos una década atravesado por el odio a dos grandes enemigos. Y el 2001 no dudó que Toledo era su indudable candidato frente al mal mayor que representaba Alan García. Pero la historia tiene sus emboscadas, y en la segunda vuelta del 2006, don Mario se encontró en la disyuntiva del mismo García al que quería encarcelar por corrupto e irresponsable, frente a un Humala que representaba grosso modo la nueva corriente de izquierda en América Latina y de alguna manera los lazos con el chavismo, y que en cualquier escenario encarnaría el “mal mayor”

Hasta la primera vuelta esta situación de espanto era descrita como una decisión entre el cáncer y el sida. Pero el día mismo de la votación que descartó a Lourdes Flores, ya estaba resuelto que no había un gramo de duda en el voto por García. Toda la derecha unida habló de mal menor, narices tapadas, y Aldo M matizó la sensación de suicidio con la fórmula no se trata de un cáncer sino de una diabetes, con la que se puede vivir. Y así surgió, del peor escenario para todos nosotros, el mejor gobierno que podíamos haber esperado para nuestros intereses. Tanto que Alditus se mudó a Palacio para sus tertulias nocturnas y el escribidor hizo las paces públicas con su ex enemigo y no lo criticó tampoco cuando se jactó de sus poderes de manipular elecciones, y como compensación recibió la presidencia de la Comisión para un Museo de la Memoria.

Ahora Vargas Llosa ha sido encarado por una nueva hipótesis indeseable: ¿Y si la segunda vuelta es entre Keiko y Ollanta? Noooo… ha contestado Mario, no puede ser, los peruanos no pueden darnos el disgusto de tener que votar entre el cáncer terminal y el sida, entre la “peor corrupción de nuestra historia” y el chavismo. Y Aldo M, que algo por fin aprendió ha puesto el parche antes del chupo. Si bien Castañeda, Lourdes y Toledo, son un “mal menor” frente a la gordita y el comandante; que funcionen va a depender que sepan vender obras, apropiarse del centro y aprendan “algo de demagogia” (prometer lo que no se va a dar como Alan García, en vez de hablar de Popper en una plaza puneña, como hizo Vargas Llosa). Pero, si no pueden, las fichas cambian de sitio y entonces Keiko será el mal menor ante el nacionalista radical que no controlamos. Fácil.

Es la traducción política de la doctrina “seré liberal pero no cojudo” (ahora que gaste el Estado para salvar a los privados) y convertida en “seré de la derecha ilustrada pero no cojuda”, y si hay que volver a irnos con la familia Fujimori no dudaremos un minuto. El tema es cuánto demorará varguitas para abrazarse con su segundo enemigo y declarar a la prensa que lo que dijo antes son esas pasiones que se vierten en las elecciones.

Lo que el gobierno no dice sobre el DL 1090

En un comunicado del gobierno publicado en diversos medios (no en LA PRIMERA) se presenta la posición oficial sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090), cuya derogatoria debe resolverse en el Congreso en esta semana. Al respecto cabe anotar las siguientes observaciones:

1. El gobierno reconoce que los “procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas deben ser mejorados a través de la Mesa de Diálogo Permanente”, lo que supuestamente llevaría a cumplir finalmente lo dispuesto por el Convenio 169. Ocurre sin embargo que todos los decretos que afectan a la selva y los derechos indígenas ya fueron dictados, sin ningún diálogo o consulta, usando el amparo de las facultades especiales otorgadas para la implementación del TLC. Igualmente los cambios que ha podido hacer el Congreso a algunas de esas normas no han tomado en cuenta a las poblaciones afectadas. Y, en el extremo, el gobierno quiso legislar la propia forma de la consulta interfiriendo la democracia comunal (lo que fue derrotado el año anterior). En la actual huelga no se está discutiendo “futuras consultas”, sino el carácter inconsulto e inconstitucional de los decretos, entre ellos del 1090.

2. El DL 1090 no es, bajo ningún punto de vista, una medida aislada Forma parte de un paquete orientado a facilitar el acceso de inversiones privadas a la selva a través de concesiones, y que fue precedido por la serie de artículos de “El Perro del Hortelano”, que sustenta la ideología de esta ofensiva. El hecho que la Comisión de Constitución haya votado por su derogatoria como un primer paso, no significa que el cuestionamiento se reduzca al tema forestal y de fauna, aunque este sea uno de los dispositivos con mayor impacto sobre el medio ambiente y que por tanto debería ser del interés de todos.

3. El Comunicados del gobierno recuerda que en el Perú hay 15 millones de hectáreas protegidas (reservas naturales), pero esconde que la política de este gobierno ha sido la de ir reduciendo sus dimensiones de manera sistemática. Asimismo indica que de los 63 millones de hectáreas de bosques actualmente existentes se garantizaría la conservación de 55 millones, es decir que en el primer tramo el gobierno aspira a entregar 8 millones de hectáreas, como si eso fuera poco.

4. El Comunicado reitera el supuesto constitucional que define la soberanía del Estado sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que en realidad es una argucia para contraponer las concesiones a grandes empresas, principalmente extranjeras, con los derechos de las poblaciones que habitan y trabajan en el lugar de esos recursos. Hacer prevalecer la “soberanía de conceder”, sobre los derechos pre- existentes de los pueblos, es la bases principal del actual conflicto, que el gobierno pretende hacer como que no existe.

5. El ministerio de Ambiente, dirigido por Antonio Brack, que es quién firma el Comunicado, ha devenido como otros organismos del modelo Alan García, en lo contrario de lo que se esperaba de ellos. En vez de representar la defensa y el equilibrio ambiental, y recoger la voz de los que sufren las consecuencias de la contaminación y depredación de la naturaleza, se ha convertido en otro “aliado de la inversión”, como se quiere de la Contraloría y esperarían hacer de la Defensoría y otras instancias.

25.05.09
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¿De quién es la selva?

Puedo discutir el concepto planteado en la pregunta lanzada al aire por Alan García y repetida por Rosario Fernández, Antonio Brack, entre otros: ¿es de loa nativos que han vivido ahí y construido sistemas de existencia desde tiempos remotos, y a los que el Estado les reconoce formalmente derechos de propiedad sobre amplios territorios?, ¿de los colonos y habitantes de las ciudades del oriente, que decidieron desarrollar su destino en la parte más olvidada y postergada de la nación?, ¿de “todos los peruanos” que debemos a la Amazonía, la bendición del clima y las lluvias, y los alimentos y otros bienes que nos prodiga?, ¿de las trasnacionales que la consideran una fuente de recursos naturales?

Todos estos intereses están presentes en relación a la selva y han sido base de conflictos y de la construcción de modos de convivencia. En la actual huelga de las comunidades indígenas se puede ver que todos los habitantes selváticos están unidos, incluido muchos empresarios que sienten que los derechos indígenas y ambientales son fundamentales para preservar la economía de la región. Y en el resto del país hay cada vez mayor solidaridad a esa causa. Y el gobierno, ¿en qué grupo de interés se alinea? Es obvio que para García y sus compadres la visión indígena es un obstáculo (perro del hortelano), las solidaridades sobran y, cuando son políticas o institucionales, son sospechosas de estar manipulando la supuesta ingenuidad de los pueblos (Simon).

La idea de que “todos los peruanos” podemos ser contrapuestos a la huelga amazónica, porque somos “los verdaderos dueños”, puede ser aplaudida durante una inauguración de una red de agua en un cono de Lima, pero todos sabemos que de esa aparente “propiedad” no se deriva nada, salvo que se esté invitando como dice Pizango a desconocer la que ya existe. Para el caso tanto la sierra como la costa, dejarían de ser de los que allí viven y trabajan y pasarían a “derecho de todos”, que no es sino la posibilidad del gobierno de asignar las tierras y los recursos a quién muestre la billetera más ancha.

A estas alturas creo que la Constitución del 93 definió a sabiendas el terreno del conflicto que ahora estamos viendo. No pudo eliminar los derechos comunales, pero les quitó las condiciones de protección; determinó una artificial diferencia entre la superficie y el subsuelo con dos propietarios; y estableció que el Estado no podía abocarse a la explotación de los recursos mineros y petroleros que eran suyos como reserva, sino que debía concederlo a las grandes empresas. Es por eso que los que se defienden del despojo invocan la Constitución y también los despojadores. Y lo que está definiendo el conflicto son las relaciones de fuerza. El Perú, entiende ahora mejor que antes que tras la resistencia de la selva y otros sectores a la rapiña neoliberal, se impone una nueva Constitución que redefina el Perú que la mayoría realmente quiere.

24.05.09
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miércoles, mayo 20, 2009

Vivir como liberal y gobernar como fascista

Entre Aldo y Jaime hay cada vez mayores afinidades. La última se refiere a lo “ignorante” que puede ser un rojo o rojimio, con respecto al fascismo, cuando lo que somos (chúpate esa), es liberales… Reviso algunas columnas recientes del director de “Correo” y trato de reconocer su liberalismo. Por ejemplo una que dice “Te disparan de un sitio, trazas tu círculo con compás del área donde pueden haberse desplazado y napalm nomás” (“Correo, 21.04.09), con lo queda resuelto el tema del VRAE.

Otra más reciente: “El gobierno no puede tolerar en absoluto estas bravatas de Pizango… ese incendiario ya debería estar detenido para ser procesado por sedición y que vaya a acompañar en Piedras Gordas a Antauro Humala… En cuanto a los bloqueos a las ciudades amazónicas, pues ya estuvo bueno. Ya es hora de que el Estado imponga el orden y libere a esos peruanos aprisionados por tribus intransigentes que creen que son las únicas dueñas de la Selva y no todos los peruanos, y que alucinan que el cielo y la tierra son de ellas” (Correo, 16.05.09) . Con lo que se acabaría la huelga amazónica.

Y podríamos poner decenas de ejemplos de este liberalismo que imagina que bombardeando zonas pobladas se elimina subversivos y que ya estuvo bueno de tribus… Es el mismo que dice ¿qué hacen las Supa y Sumire en el Congreso?, o el que celebra a Chlimper cuando convoca a empresarios a sacar sus rifles para romper la huelga en los puertos. ¿Y qué es el espíritu fascista finalmente, sino el miedo del liberal a la irrupción social y la desconfianza ante los mecanismos normales del Estado, especialmente en situaciones de crisis, que hace inclinarse a la clase dominante hacia los recursos de excepción: aparatos de choque del fascio y Estado autoritario?

Aldo M y sus patrones lo hicieron con Fujimori y lo están repitiendo con García. Desde el periódico gritan vuélenlos, destrúyanlos, encarcélenlos, guerra sin cuartel, sin prisioneros. Y luego se van a la fiesta de despedida de Rey que se va a Italia. Porque ese el liberalismo que el gusta a Aldo, cócteles con soldados cuidando del orden. Sáquenme estas masas revoltosas de encima. Y si es necesario, como no, que el Estado intervenga, asigne más, dirija más, porque hay crisis, mientras las grandes ganancias queden protegidas. Seré liberal pero no cojudo, como dijo hace poco el ñaño.

Por eso cuando Aldo hace su pretendido recuento de las características que ha descubierto en el fascismo como fenómeno político, se olvida de dos detalles que el debe considerar casi sin importancia: el carácter profundamente anticomunista y antisocialista del fascismo (Italia, Alemania, España, Portugal, Chile, etc.) y el tema de la supremacía racial que está envuelto en el supuesto derecho de la elite para imponerse a los “ignorantes”. Y como siempre confunde ilustración superficial con conocimiento real sobre lo que se está discutiendo.

20.05.09
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lunes, mayo 18, 2009

Diálogo y soluciones

En el Perú hay, según la Defensoría del Pueblo, 250 conflictos vigentes, principalmente de orden ambiental y por el derecho de tierras, de los cuales 80 han alcanzado a imponer alguna forma de diálogo, es decir que la autoridad acepte que las organizaciones demandantes deben ser escuchadas.

Para llegar a convertirse en un conflicto con diálogo, se ha pasado necesariamente por alguna tensión de fuerzas, a través de la cual el conflicto ha empezado a hacerse visible y preocupar a las autoridades locales, regionales y de ahí a las nacionales. Antes del diálogo están los bloqueos, las ocupaciones de instalaciones de las empresas y otras medidas que la mayoría de los periódicos de Lima condenan regularmente.

Pero, como lo pueden atestiguar muchísimas experiencias, los que participan del diálogo no tienen garantizado nada. Debería haber otra estadística de los diálogos infructuosos a los que el gobierno entra por las circunstancias pero a los que no lleva nada para empezar a arreglar los problemas.

Hay una categoría más que son las actas. Cuando el conflicto es más duro y decidido finalmente la autoridad nacional firma un acta y se compromete a estudiar una salida a los puntos planteados, la que nunca llega. Lo han vivido los cocaleros entre el 2006 y 2007, los de Moquegua en el 2008, los indígenas en numerosas etapas de su historia.

Sólo el año pasado tuvimos un resultado que se diferenció de todos los anteriores. Fue cuando la huelga amazónica no se levantó a pesar de las amenazas, la militarización, las promesas de diálogo y los discursos de Alan García. Así sobre caliente se logró derogar dos de los decretos anti comuneros. Esa es la dinámica que algunos no entienden.

19.05.09
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La disputa de la selva

García debe creer que en el Perú nadie se da cuenta. Por eso es que puede decir muy suelto de carnes que no gobierna para intereses corporativos, refiriéndose, por supuesto, a los pueblos indígenas de la selva, para los que efectivamente no gobierna. Porque si hablamos de interés corporativo seguramente no nos estamos refiriendo al de los banqueros a los que el presidente ofrece garantías de estabilidad y continuidad política para su inversión, o al de los empresarios mineros y petroleros a los que defiende contra los reclamos de las comunidades, o a la Doe Run de La Oroya para la que intercede buscándole financiamiento mientras no la castiga por incumplir el PAMA, o la CONFIEP de la que ya parece presidente honorario.

Pero García va más lejos, y es por ello que en vez de ir a explicar ante Plus Petrol, Hunt Oil y demás petroleras de la selva, las mineras del Cenepa, los industriales de la madera, cómo su gobierno está sacando la cara por ellos, se dirige a los barrios pobres y periféricos de Lima a inaugurar obras a cambio de aplausos, y es ahí en medio de portátiles y necesidades donde plantea que la selva no es de los amazónicos, sino de todos los peruanos, específicamente de esa gente sin agua y sin pista que habita en Huaycán. ¿Es eso verdad? ¿Algo del derecho de todos, y de los pobres urbanos, está siendo afectado por los reclamos de los pueblos que vivieron mil años entre los ríos y los bosques del Oriente? Todos sabemos que no, y que la fórmula las comunidades son dueñas del suelo, y la nación del subsuelo, es un eufemismo, porque la única “nación” por la que se está batiendo García es la de las trasnacionales.

La Constitución del 93, que sigue vigente en gran medida por la traición de Alan García a sus promesas electorales, definió esa esquizofrenia de “los dos niveles”, que en buena cuenta quiere indicar que como no se puede sacar de la tierra a los que están sobre ella, se entrega derechos sobre lo que está debajo, que terminarán en enormes tajos (Majaz), en pozos contaminantes, cadenas de tubos, campamentos de operaciones, que llevarán a la contaminación desertificación, alteración de las condiciones de vida, cumpliendo finalmente con expulsar a los que estaban sobrando. Más aún la Constitución fujimorista priva al Estado de participación empresarial en estas explotaciones, por tanto está definiendo que esto es asunto de capitales privados, principalmente extranjeros, en propiedad del supuesto derecho de “todos los peruanos”, versus comunidades preexistentes y en riesgo de ser despojados.

Digámoslo de una manera más directa: hay un marco constitucional de protección de la tierra y los derechos comunales, y otras normas del mismo rango que los entregan a la voracidad de las grandes empresas extranjeras. Lo que está garantizado allí es un conflicto, que está tendiendo a resolverse a favor del gran capital por el papel que viene jugando el Estado, por lo menos desde 1990. La rebelión amazónica indica como está creciendo la conciencia social sobre lo que está en juego. García lo sabe. Por eso lanzó la tesis del perro del hortelano. Estaba preparándose para una guerra, que ya ha comenzado.

18.05.09
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Diálogo e insurgencia

La declaratoria de insurgencia de los pueblos amazónicos, que incluía el desconocimiento de Alan García como su presidente, modificada a las 24 horas por intermediación de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, muestra en toda su dimensión la fragilidad social e institucional de nuestro país y el grado de inconciencia en el que se mueve el gobierno y algunos de los miembros más influyentes de su entorno. La insurgencia era una manera de responder a la emergencia y militarización de los territorios indígenas con un todo o nada. Pizango anunciaba que ya no iban a creer en mesas de diálogo y otras mecedoras, y que sólo se allanarían si es que se cumplía el único punto que está en la agenda de la lucha: la derogatoria de los decretos legislativos que afectan los derechos de propiedad sobre la tierra de las comunidades y el entorno natural en el que desarrollan su existencia.

El riesgo era muy alto porque el resto del país que está reaccionando en solidaridad con el reclamo amazónico viene muy atrás de ellos. En primer lugar las poblaciones grandes y medianas de la selva donde la mayoría de las organizaciones, no sólo las de bases, sino las cámaras de comercio, las entidades profesionales y la Iglesia, han expresado no tener duda sobre la justeza de las demandas, pero no se ve que estén apuntando a un disputa más política con el poder. Ni que decir del resto del país y especialmente de la esta Lima bombardeada por la M de Aldo todos los días. Esto debe haber pesado en el ánimo de los dirigentes que decidieron un medio paso hacia atrás y aceptaron los buenos oficios de la defensora.

Pero los dilemas del Estado no eran menos peliagudos. Ciertamente, García es el que determinó la orientación de ignorar la huelga indígena por 35 días, pensando seguramente que su ascenso en las encuestas lo hacía menos vulnerable. Por eso encargó a Simon y a Velásquez Quesquén huevear a Pizango y a los dirigentes de Aidesep, cada vez que vinieran a Lima. Hasta que todo se les escapó de las manos. Habrá que esperar la próxima encuesta nacional para ver que le pasó a García en la selva y otras regiones. Pero lo fundamental es que mientras el presidente y el premier batían tambores de guerra contra los amazónicos insurgentes, otros espacios del Estado, como la Defensoría veían un extremo peligro con final de tragedia, con consecuencias impredecibles. Ahí también ha habido movidas aceleradas, antes que lleguemos a un baño de sangre.

Los márgenes de García son limitados, porque sabe que hoy hay una clara mayoría nacional contra los decretos legislativos y su política de remate de la selva. La sensatez advierte que el camino para no gravar el conflicto es la derogatoria y la disposición para corregir toda la decretocracia del año pasado con la participación de los sectores involucrados que no fueron consultados. Pero al otro lado de la acera también hay voces que reclaman detener a Pizango, despejar las carreteras a tiros, tirarse a Aidesep. El siguiente paso le corresponde a Alan García.

17.05.09
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miércoles, mayo 13, 2009

Una guerra civil

La selva se incendia. Y una vez más la opinión limeña se mueve de espaldas a lo que ocurre dentro del país. Revísese los titulares de los diarios para ver cuántas veces han destacado los hechos de la huelga indígena y si en algún lugar han tomado en serio sus reclamos. Estoy escribiendo en un diario que es una excepción en ese cerco de silencio, pero que obviamente no puede cambiar una correlación de información tan aplastante. Por eso el conflicto está en la comprensión de la gente como una serie de datos aislados: un puente tomado y luego desalojado, a costa de numerosos heridos que se ocultan; un campamento petrolero ocupado por los indígenas, y ningún motivo claro para tales desórdenes.

Ciudades cada vez más importantes como Yurimaguas, Quillabamba y Tarapoto, están siendo tocadas por la lucha y las organizaciones locales se están solidarizando con las comunidades que protestan. Pero al gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que mostrar su cara más dura: estado de emergencia, tropas de elite (las que no existen para el VRAE), atropello de la Marina de Guerra contra las embarcaciones indígenas en el río Napo. Y el ministro de Ambiente, declarando como si no conociera de qué se trata, que las riquezas del subsuelo no son de los amazónicos sino de “todos los peruanos”, es decir de las trasnacionales petroleras y mineras que son las que cobran el beneficio.

No hay duda que en esta confrontación entre la selva y el gobierno se refiere a las garantías que se pretenden extender a lo que pongan sus “centavos” en el Perú de acuerdo a la famosa declaración de Alan García ante los banqueros, y que significa que no habrá marcha atrás en los contratos y concesiones a la inversión extranjera, y eso incluye los decretos legislativos impuestos bajo la sombrilla de la implementación del TLC con los Estados Unidos, y que entre otros tantos abusos eliminan derechos de las poblaciones indígenas a sus tierras ancestrales y a la protección de su entorno natural. Existe, por supuesto, una relación muy estrecha entre la batalla de la selva y lo que se está disputando alrededor del caso Nadine Heredia que ocupa todos los espacios de la prensa.

En realidad se trata de eliminar política y mediáticamente a una parte del país, que se considera obstáculo para que el concepto del crecimiento económico, uso de los recursos naturales, derechos sociales y culturales, ejercicio de los derechos democráticos (una persona un voto), puedan ser manipulados para construir el país de las concesiones, de la no fiscalización del gasto público, de los refugiados de las “dictaduras de izquierda”, de Aldo M y Keiko Fujimori. El riesgo mayor es que se está sembrando tanto odio en función a este proyecto, que muy rápido se pasa de la invisibilidad, a la denigración y de ahí a la violencia represiva.

PD: jamás polemizaría sobre el peinado de otro hombre, ni se me ocurriría denigrar el trabajo literario y premiado de su hija calificándolo vulgarmente de “porno”, y tampoco me burlaría de una mujer a la que se ha venido persiguiendo durante una semana, aprovechando el día de la madre. Pero, en fin, cada uno sabe donde tiene la falla.

13.05.09
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lunes, mayo 11, 2009

Héroes de la democracia

En enero de 2006 se me ocurrió escribir una parodia sobre la situación política a la que denomine “Complot en Suramérica” y que consistía en una historia truculenta de reuniones en la embajada de Estados Unidos a la que acudían personajes del gobierno, banqueros y empresarios y medios de comunicación, y evaluaban el escenario político tras el ascenso de Ollanta Humala en las encuestas. Y ahí es donde decidían demolerlo por haberse convertido en un peligro para el sistema y entre otras cosas le encargaban a Ivcher sacar a Hildebrandt de la pantalla, a lo que el “mártir de la democracia”, contestaba preguntando por las reparaciones para su canal. Ya está todo arreglado Baruch, era la respuesta.

Aldo M, me escribió entonces para decirme que no había acuerdo entre los medios: ¿no ves la tremenda diferencia que hay entre ellos (¡)?, menos con el gobierno, y que su diario se ensañaba con Humala por pura convicción política. Pero la verdad es que varios de los puntos del complot imaginario se cumplieron puntualmente en los siguientes días. Y a raíz de eso mi texto empezó a circular fuera de mi alcance y hubo varias ocasiones en que periodistas me preguntaron como me había enterado de la reunión y sus acuerdos.

No quiero dármela de adivino, pero estoy seguro que Alditus está en estas horas creyéndose una vez más el salvador de la democracia, el único, al lado de una Chichi que exclama: ¿qué nos pasa?, para subrayar que ante el peligro de que el Perú llegue al gobierno un Evo o un Correa, “que no resistiríamos”, nadie estaría reaccionando. ¿Nadie? ¿Y cómo se explica la aparición de información personal de los Humala, saltando las prohibiciones del secreto bancario y tributario, y la aceptación de este recurso de “lucha política”, por la mayoría de la prensa y por las instituciones empresariales que deberían haberse indignado por la infidencia? ¿Cómo se entiende que el presidente escogiera una reunión de banqueros para avisar que impediría que un candidato sin garantías para la inversión gane las siguientes elecciones, y que el banquero mayor anunciara en los días siguientes su retiro y confesara abiertamente su contribución económica a las campañas políticas?

¿Cuánta inteligencia se requiere para comprender que en lo que estamos metidos es en un adelanto del calendario, con una nueva demolición del riesgo que les quitó el sueño hace tres años, y que Aldo M sigue siendo el único idiota que puede salir al frente de esta campaña como lo haría un cruzado de la edad media? Y, por si acaso, con el dato añadido, que para los que se portan bien puede haber una interesante recompensa.

PD: La Ortiga dice ayer que no hay que tomarlo literalmente. Que pedir a Hilaria Supa que pilotee o fabrique aviones es “metáfora”, que Marx era como cura, y que me pide que me quede contento. Y sostiene que esa es una “respuesta” a mi columna del domingo pasado. Que disculpe lo de viejo, porque todos vamos hacia ello, pero reblandecido es otra cosa.

10-05.09
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viernes, mayo 08, 2009

El director de la orquesta

Dos son las preocupaciones principales del gobierno de García, a siete meses del escándalo de los petroaudios y poco más de dos años de su reemplazo. La primera se refiere a la administración de los recursos del llamado plan de estímulo o anticrisis, que serán probablemente los últimos recursos grandes a disposición del actual oficialismo, y que pretenden ser manejados con los menores controles fiscales posibles y sin riesgos de nuevos destapes incriminadores. La segunda, la garantía política, a los inversionistas que ponen sus centavos en el Perú y que temen que una combinación de crisis con desgaste del régimen de lugar a un cambio político y económico, que ninguno de ellos desea.

Todo lo que estamos viendo, bajo la forma de campaña electoral adelantada, regreso al clima político del 2006 y ataques a este diario, está relacionado con esos dos temas. En un lado ha reconstruido y solidificado la alianza con los fujimoristas y Unidad Nacional, para evitar investigaciones molestas como las de Rómulo León, Business Track, Forsur, SIS y otras, y está en camino la nueva agenda de investigaciones y condenas donde entran Nadine Heredia, los empresarios que apoyaron al nacionalismo, las Casas del Alba y otros. El contralor sin poderes y sin idea sobre lo que debe hacerse, que está representado en Fuad Khoury es parte de esa dimensión de la lucha política.

En perspectiva estamos volviendo a polarizar el escenario desde la derecha (como se hiciera en el 2005), lo que significa que a pesar de las encuestas, el repunte de Keiko, la hipótesis de la reelección, el peligro sigue siendo Humala, que equivale a la opción de que el Perú se realinee en la corriente progresista de América Latina. Hay que volver a demoler al comandante, aún cuando Álvarez Rodrich y Tafur sigan pensando que eso termina por beneficiarlo. Y para ello por supuesto no valen ideas. Por eso es que no soportan a “La Primera”, porque no se trata de un debate entre opciones, sino de evitar que los peruanos decidan libremente. “Vacunar” a la población decía Aldo Mariátegui, hace tres años.

Y hacerlo con ayuda de los banqueros, la SUNAT, el diario de los Agois, el APRA del parlamento, el fujimorismo y otros, a los que sólo puede concertar alguien que está en el lugar donde está sentado Alan García.

09.05.09
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miércoles, mayo 06, 2009

Repasando a las víctimas

Cuándo se supo que Alberto Fujimori finalmente había sido condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, y los secuestros de Gorriti y Dyer, saltaron las lágrimas de Keiko, la ira de Kenyi, los desmayos entre las mujeres de la portátil naranja, las angustias de Althaus, las mañas de Aldo M para oponerse a la sentencia y no parecer fujimorista, la preocupación de Dubois de que esto pudiera afectar el programa económico, etc.

Y ahí empezaron a aparecer abogados de nota que afirmaban que era una barbaridad la teoría del autor mediato, que podía interpretarse que todo lo que ocurrió dentro de la esfera del Estado en los 90 podía ser imputable a Fujimori, por ejemplo el robo de lapiceros, en alguna oficina de algún ministerio, y cosas profundas por el estilo; o que definieron el fallo como “ideológico”, es decir que sancionaba la opción anticomunista del régimen afín con la de los operadores del grupo Colina, pero no necesariamente alguna orden específica de actuación contra determinadas personas lo que supone que Rivas, Hermoza y Fujimori representaban algún pensamiento definido. Parecía, sine embargo, que el Perú iba a empezar a deslindar los límites de la responsabilidad de los tiranos, es decir si se pueden descargar de sus culpas por los hechos que se suscitan únicamente porque existe la tiranía y se garantiza la impunidad para que ocurran.

Pero de pronto la discusión cambió. Alguien dio la orden de desechar la defensa tipo Nakasaki basada en yo no sabía, yo di otras ordenes, me desacataron, no tengo idea de que era ese Colina, si los muertos no tenían nada que ver con la guerra para que iba a ordenar que los maten, etc.; y ordenó a su vez priorizar la busca de elementos que vinculen a las víctimas con la subversión (y que las condenen y las rematen después de muertas), y que demuestren finalmente que San Martín y el resto de su sala condenaron a Fujimori por la bagatela de matar terroristas, individuos a los que de todas maneras hay que eliminarlos para “salvar al Perú” (aunque muchas veces hayan terminado asesinando a Pedro Yauri por periodista o los campesinos del Santa por una disputa por tierras). Y esto es lo que se viene haciendo mediante la prensa y la Internet. Sí todos lo hacen (eliminar subversivos fuera de combate): la CIA, el Mossad, Colombia y otros, ¿por qué no también en el Perú?, ¿no somos acaso modernos y globalizados?

Que quede claro, nunca podrán probar nada contra personas a las que se les negó el derecho elemental a defenderse y a las que se asesinó por la espalda o a metralla pura; y más aún si se considera que los recursos de información que se están usando son de última categoría porque provienen de la actual Dircote (de la que podría contar mucho sobre sus “investigaciones” sobre los “vínculos con las FARC) y se apoyan en los más burdos sentidos comunes gestados en el período dictatorial y que fueron base de innumerables abusos: que todos los estudiantes internos eran senderistas, por el hecho de dormir en la vivienda universitaria; que cuando la detención policial no encuentra elementos para incriminar, establece una prueba para que años después se diga que “estuvieron detenidos, por lo tanto son terroristas”; que los jueces soltaban a los terroristas, o sea que los que salían después de un proceso eran inevitablemente culpables, lo que justifica eliminarlos para corregir a los jueces; etc.

Pero aquí lo fundamental es que quienes están en esta orientación están adelantando opinión sobre la segunda instancia del proceso, dándola definitivamente por perdida. Porque fuesen lo que fuesen los muertos de Martin Rivas, el punto en el juicio era si Fujimori lograba desligarse de ellos, como representante de la “otra estrategia”, la que defendía los derechos humanos aún de los principales cabecillas. Pero todo indica que sus partidarios, especialmente los del diario negro, han concluido que están haciendo el ridículo con estos intentos de exculparse y perdiendo puntos en su trabajada imagen de duros y de “únicos que se atrevieron a enfrentar al terrorismo”. Por eso, fuera de la Dinoes, el lenguaje es más abierto.

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Alguien ha recordado que los jerarcas subversivos presos siempre son enjuiciables y que nadie se opondrá a que los condenen a las máximas penas, así no existan verdaderas garantías de debido proceso y los juicios se desarrollasen sin acceso público. Pero con los mandos medios y las redes sociales, no era lo mismo, porque era más difícil probar sus vínculos. Por eso era mejor sacarlos del camino a punta de balazos, y enviar mensajes no a la cúpula sino a los de su mismo nivel para que supieran lo que es el miedo. Se ha dicho que esa fue la lógica del juicio de Núremberg contra los nazis (y que los oficiales medios fueron eliminados por la culta Europa), y también la de Fujimori: encerrar a Gonzalo y diezmar a los gonzalistas, en el no tan culto Perú. Esta tesis se parece bastante a la que otros hemos desarrollado desde la orilla opuesta, cuando indicamos que había una política integral de romper los lazos entre la dirección y los destacamentos armados, eliminando a la gente de apoyo, lo que por extensión llegaba hasta personas no senderistas pero incómodas para la estrategia. Estro facilitó la captura de Guzmán y Polay, pero permitió la sobrevivencia de Feliciano. Artemio y José.

El resultado que tenemos es que detrás de este debate sobre muertos y repases, hay una verdad de fondo. El fujimorismo no puede desligarse de su entraña brutalmente autoritaria, a pesar de que ahora pase como uno de los partidos del sistema al lado del APRA y Unidad Nacional de Lourdes Flores. Y que tras la sentencia a 25 años ya no está peleando por la inocencia de su líder, sino por santificar sus delitos. A ver si ello ayuda a la candidatura de la hija, que es lo que parecen decirle las encuestas.

06.05.09
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lunes, mayo 04, 2009

“La Razón” quiere justificar crimen de La Cantuta

El diario “La Razón” sigue buscando la sinrazón para enfrentarse a la sentencia de la Sala Especial de la Suprema que condenó al ex dictador Fujimori. Y el tema sigue siendo: si demuestro que el profesor Muñoz y los 9 alumnos que fueron asesinados en julio de 1992, eran terroristas, la sentencia se caerá al suelo, porque se demostrará que estamos llorando por quienes no merecían seguir sin vida. Definitivamente, al director de ese diario le importa un cuerno el dato de que aún se hubiese tratado de posibles culpables de algún delito, el gobierno y sus aparatos de seguridad no tenían ninguna atribución para atentar contra sus vidas, entre otras tantas razones porque el asesinato de una persona indefensa elimina la opción de poder probar nada contra ella al privarla de su derecho a la defensa.

Pero, no importa. Ya Uri Ben Schmuel (director del nuevo diario del chino), ha escrito que a Martin Rivas y su banda habría que condecorarlos. Y ahí lo malo sería que fueran también unos inútiles como sicarios, porque eso iría contra su teoría de que el estratega Fujimori todo los calculaba al milímetro (como su viaje a Chile). Hace apenas dos semanas desempolvaron a un viejo ex profesor de la Universidad de Educación, que súbitamente saltó a la notoriedad con la “denuncia” que los estudiantes asesinados solían andar con el profesor Hugo Muñoz, como un aparente grupo de guardaespaldas (sin exhibir armas o medios de defensa). Nada más. A lo que agregaba el caso de una trabajadora administrativa muerta en 1991 y un dirigente de izquierda asesinado por Sendero en agosto de 1992, sin establecer ninguna conexión entre estos hechos y las víctimas de la masacre, siendo claro que el segundo caso ocurrió después de su muerte. Sin embargo “La Razón” publicó en tono triunfante “Si eran terroristas”

Andar con Muñoz, terminaba todo el debate e invalidaba la sentencia. Pero, como si faltaran argumentos, ayer el diario negro incorpora una nueva y definitiva prueba: un informe reservado de la Dircote ante el Congreso, de los últimos días, elaborado a pedido de misteriosos congresistas que andan tratando de saber la historia de las víctimas y no de los victimarios (¿Núñez?, ¿Giampietri?, ¿Alcorta?), y encargado a los mismos policías que andan buscando relaciones entre las FARC y los dirigentes de la izquierda y el nacionalismo, y que intentaron involucrar a la prensa opositora al gobierno en sus “investigaciones”. De ese documento “La Razón” concluye en su primera página que ya no hay discusión y “los 9 estudiantes y el profesor eliminados por grupo Colina eran miembros de Sendero Luminoso”. “Todos eran terroristas” afirma otra vez victorioso el heredero de la “prensa chicha”, induciendo al lector a creer que efectivamente la Dircote va a presentar la lista de actos de terror en que estaban involucrados “todas” la víctimas de Martin Rivas, “eliminadas” con un tiro en la nuca (¿se acuerdan del debate de Nakasaki sobre que “eliminar” no significa necesariamente asesinar?), quemadas y descuartizadas en Huachipa y posteriormente trasladadas en trozos a Cieneguilla.

Pero ¿qué dice el informe secreto que ahora muestran y con el cual quisieran “eliminar” al juez San Martín? Aquí van las “pruebas” del mismo diario fujimorista: (a) menciona al profesor y ocho estudiantes, y no incluye información de Luis Enrique Ortiz Perea (hermano de Gisela Ortiz), porque no se ha localizado información sobre este último (entonces ¿cómo es que se dice que se trata de “todos”?); (b) indica tener antecedentes de intervenciones sobre el profesor y tres alumnos, y que en otros cinco casos lo que se sabe es que eran miembros de Comité de Internos (habitantes de la vivienda) y que eso los vincula al senderismo (¡!!); (c) los tres estudiantes que sufrieron detenciones, participaron en manifestaciones, donde no hubo actos de violencia, y fueron puestos en libertad por la misma Dircote por no haberse “encontrado… elementos de juicio suficientes que hagan presumir que se encuentre incurso dentro de los alcances de la ley que reprime al terrorismo”; (d) al profesor Muñoz, finalmente, le realizan varias investigaciones que concluyen en que “no hay evidencias ni elementos de juicio que hagan presumir su participación en el delito de terrorismo”.

O sea, “todos eran terroristas”. ¡Qué bestia! Sobre uno no hay datos, sobre cinco sólo se sabe que eran dirigentes de la vivienda y la propia Dircote libera después de investigar a los cuatro restantes y señala no haberles encontrado pruebas, pero Ben Schmuel afirma que esto demuestra que Fujimori, Montesinos y Martin Rivas no erraron al matar a los nueve. Pero quién sabe, si antes del diario negro, los analistas del Colina precisamente evaluaron con el mismo criterio, esas libertades y datos como los del profesor informante, para justamente decidir eliminarlos. Y quieren que la opinión pública se conmueva por el salvador del país que ordenaba matar a medianoche, y que ahora está condenado a 25 años de prisión por su autoría en estos crímenes. ¿No les da pena?

29.04.09
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Nivel

¿Usted volaría en un Boeing 727 piloteado por la Supa? Claro que no. Y tampoco en uno que vaya conducido por Andrés Bedoya Ugarteche o Aldo Mariátegui, entre otras cosas porque el primero de los nombrados demuestra de qué está hecho su cerebro al plantear la pregunta, y el segundo al publicar regularmente sus columnas, cuya única gracia es que cada vez inventa nuevos adjetivos para menospreciar la inteligencia ajena, cuando la suya produce pensamientos de la calidad del que sigue:

“¿Conoce de algún piloto de aerolínea que estuviese dispuesto a manejar un avión fabricado por la Supa?, ¿por qué tenemos nosotros que aguantar sus proyectos de ley?”

Y coincido que aquí el problema no es racial ni educativo. Es que algo le falla en la cabeza a este viejo, porque Hilaria Supa nunca ha palanganeado de piloto o fabricante, y en cambio el ario del Misti, si se considera columnista ilustrado y abogado, y en ambas profesiones, por más venidas a menos que se encuentren, es bien difícil encontrar a alguien que deduzca que para aguantar los proyectos de ley de un congresista este debe probar previamente que sabe fabricar aviones.

Y es que, gracias a una inolvidable carátula de Aldo, lo que no terminamos de discutir es de cuál es el “nivel” desde el que nos sentimos superiores a otras personas. Pero el problema, como ya lo he dicho, es otro. Es que el voto popular, que ya no es controlado por las elites como en el viejo sistema (que permitía que cada provincia fuera representada por sus gamonales y por los abogados de las empresas), da origen a una serie de expresiones desordenadas y diversas que como dice ABU con amargura, va in crescendo y ya nada se puede hacer para detenerlas.

Muchos critican a Ollanta Humala haber sido el vehículo para que arriben al Congreso Hilaria Supa, Sumire, Obregón, así como también los Torres Caro (abogado), Espinoza (policía) y varios otros. ¿Cuál es la parte de la representación que realmente debería preocuparnos?, ¿la de los representantes sociales, que tienen organizaciones de masas detrás, que expresan movimientos emergentes, y que en futuro llevarán al Congreso lideres amazónicos, representaciones barriales y sindicales?, ¿o los oportunistas, con educación y profesión, que se hacen elegir en un lado para sumarse al bando contrario cuando ya tienen el cargo y que Montesinos mostró un alto talento para reconocerlos?

Por las alianzas que hemos visto los últimos tres años y por lo que sostiene el diario “Correo” es más peligrosa la mala ortografía que el voto que se vende al mejor postor.

3.05.09
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