De cómo la empresa Lima Airport Partners ha perseguido a los periodistas que investigaron el tráfico de drogas a través del Aeropuerto Jorge Chávez y terminaron en manos de jueces que creen que investigar es difamar.
El 25 de febrero de 2009, la policía antinarcóticos fue
informada que de acuerdo al resultado de acciones de inteligencia previas un
“sujeto conocido como “gordo Jesús” estaba desplazándose a inmediaciones del
centro comercial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez… a bordo del
vehículo de placa de rodaje DQ-6436, color plomo portando armas de fuego, por
lo que al montarse vigilancia discreta, siendo aproximadamente las diez horas…
se ubicó a la citada unidad vehicular… a la altura de la cuadra 34 de la
avenida Elmer Faucett … (el) conductor… pretendió darse a la fuga , sin embargo se logró su intervención siendo
identificado como… Jonny Yesquén Huby… al que se le encontró… dos armas de
fuego… cuatro teléfonos celulares… Asimismo al efectuarse el registro del
vehículo se encontró en la maletera… dos maletas… hallándose en la primera 29
paquetes y en la segunda 30 paquetes… conteniendo clorhidrato de cocaína con
almidón con un peso neto total de 57
kilos con 850 gramos…”
“Al prestar su declaración preliminar el denunciado Yesquén
Huby… señaló que el sujeto conocido como “Primo” … (le entrega) las maletas conteniendo
droga y el vehículo en el que fue intervenido… a fin de que trasladara hasta la
puerta de loa empresa Gate Gourmet en las instalaciones del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, empresa encargada de abastecer alimentos al avión
de la compañía LAN vuelo 636 que partía a horas trece con treinta minutos con
destino al DF México… para lo cual realizó coordinaciones con el conocido como
”Monchi”, con el que acordó el pago de mil seiscientos dólares americanos por
cada kilo de droga. Dinero que sería repartido entre los funcionarios de
Aduanas, Policía Nacional, trabajadores de la línea aérea LAN y Lima Airport
Partners”.
Lo que usted está leyendo, estimado lector, son los párrafos
iniciales del auto apertorio de instrucción correspondiente al expediente Nº
2009-01108-0-701-JR-PE-6, emitido por el sexto juzgado penal del Callao y
suscrito por el Juez Fidel Gómez Alva el 2 de marzo del 2009, abriendo proceso
a 34 personas por delitos Contra la Salud – Tráfico Ilícito de Drogas, en las
modalidades de trasporte y acondicionamiento de clorhidrato de cocaína,
conspiración de personas para facilitar el tráfico de droga y omisión de actos
funcionales (policías y funcionarios públicos). El caso, por cierto, rebasaba
el límite de la nota policial al haberse producido durante el año anterior
(2008) varias capturas de envíos de droga en diversos países, en vuelos
procedentes de Lima, que habían sido materia de denuncias periodísticas, a las
que la empresa administradora del aeropuerto había respondido que no era su
responsabilidad porque su obligación era evitar amenazas contra los aviones y
los viajeros y no los contenidos que salían hacia el exterior.
Desde que se hizo la concesión, LAP declaró el área del
espigón internacional y de las pistas donde estacionan los aviones que realizan
vuelos al exterior, como zona fuera de control de las autoridades peruanas,
dificultando el trabajo de la policía, los fiscales y los jueces, aún en casos
de presuntos delitos o cuando la empresa era la demandada. Se creó un sentido
de extraterritorialidad que antes no se concebía y un problema crítico para la
lucha antinarcóticos.
El 8 de noviembre de 2008, el programa dominical Cuarto
Poder de América Televisión presentó un informe denominado “Aeropuerto Jorge
Chávez es una coladera de droga”, que hacía énfasis en el tráfico por vía aérea
y recapitulaba hechos del año que confirmaban la falta de controles. El
11.12.08, el periodista Herbert Mujica presentó una denuncia penal en la
fiscalía del Callao por la falta de acción de la empresa LAP ante el aumento de
los casos de narcotráfico procedentes del Perú que eran detectados en otros
países en aviones que habían despegado de Lima.
Con estos antecedentes, la captura del “Gordo Jesús” (Jonny
Yesquén), en febrero del 2009, era casi un desenlace anunciado de lo que ya se
estaba volviendo un sistema de salida de mercadería ilegal. El carro
intervenido con 57 kilos de droga y armas sin licencia, fue noticia los días
siguientes en los medios. Lo que nadie sabía era el grado de ramificación
criminal de la organización que sacaba la droga. Informes de inteligencia,
investigación fiscal e instrucción judicial establecieron que una banda como
esta no podía tener éxito si no contaba con la colaboración de “gente de
adentro”, lo que comprometería agentes de aduana, policías, trabajadores y
funcionarios de la administradora del aeropuerto y de las líneas aéreas en las
que se embarcaba la cocaína.
Periodismo de investigación
Todo esto es el comienzo de la historia de la catarata de
juicios que LAP nos lanzó a los periodistas Cesar Lévano, Herbert Mujica y Raúl
Wiener, por la osadía de respaldarnos en el documento judicial antes citado y
de concluir en la misma hipótesis que lleva al juez Gómez Alva a iniciar el
proceso. Fue el principal denunciado, según consigna el juez en su resolución,
el que dice : “…igualmente intervendrían la denunciada Ana María Pedrera Ruiz
en condición de supervisora de seguridad de la empresa LAN y quién coordinaría
los turnos de los counters de seguridad cuando se va a hacer un envío de
drogas; … y el denunciado John Charles Kirch Jr., jefe de seguridad de Lima
Airport Partners, con el que coordinaría el denunciado Dianderas Castro para
los envíos de drogas en las diferentes modalidades…”
Para mayor aclaración, el tal Dianderas Castro, agente de
aduanas del aeropuerto era el ”Monchi”, que junto con “Primo” (Enrique Delgado
Marín), actuaban como jefes de la banda, al decir de Yesquén Huby, y le
facilitaron la droga y el carro. En concreto había una enorme veta informativa
detrás del caso y un asunto de indudable interés nacional, en el que las dos
empresas importantes comprometidas tenían la obligación de dar la cara. Hasta
donde se sabe, la chilena LAN, destituyó a su jefa de seguridad y la separó de
la empresa, señalando públicamente que daría todo su apoyo a las
investigaciones.
Por su lado, LAP encargó a su estudio de abogados favorito:
Benites-Forno-Ugaz, defender a su gerente de seguridad, consiguiendo
inicialmente que el denunciado pudiese llevar el proceso en libertad, por tener
un trabajo fijo (precisamente el que era materia de la acusación) y plantear un
paquete de denuncias judiciales contra los periodistas que habían indicado que
en las narices de la administradora aeroportuaria se hacían sucios negocios. El
26 de julio de 2009, a cinco meses de la captura de Yesquén Huby, el diario La
Primera publicó el informe de investigación titulado: “Red de narcotráfico en
el aeropuerto”, con la firma de Raúl Wiener, días después el director del
diario, César Lévano hizo un comentario sobre el mismo. Por su parte Herbert
Mujica citó en una nota que circuló en Internet, la investigación de Wiener.
Estos fueron los pretextos para la presentación de tres
demandas por difamación contra Lévano y Wiener, y otras tantas contra Mujica.
Un mismo texto, basado en un documento judicial, sobre un problema acuciante
para el país, y que hacía mención a muchos implicados, a dos empresas y a
varias instituciones estatales, sólo produjo molestia en LAP y sus directivos,
que elaboraron recursos presentados ante seis juzgados, para decir que el
objeto de lo publicado y las notas complementarias, era dañar su
“honorabilidad”. Ciertamente, ninguno de los denunciantes dependiente de LAP,
ni la empresa misma hicieron descargos públicos de los hechos denunciados, si
se trataba de un asunto de honor. No apelaron a su derecho de rectificación y
pretendieron ignorar en todo instante que eran ellos los que tenían que
explicar graves hechos y no los periodistas que habían informado lo sucedido.
Sin embargo, a pesar de ser todo tan evidente, la Justicia peruana que siempre
es capaz de superarse admitió todas las querellas y las fue resolviendo
erráticamente según el real entender o algo más, de los distintos jueces.
¿Quiénes eran los que demandaban?
Los procesos contra los periodistas Lévano y Wiener de La
Primera, basados en los mismos elementos de prueba: seleccionados por los demandantes:
el informe de investigación del 26.07.09, unas “pataditas”, y una columna de
César Lévano, de los días siguientes, han seguido la siguiente ruta: (1) Caso
Kirch, referido a la demanda del jefe de seguridad de LAP, que argumentó
haberse sentido difamado porque se le dio por integrante de una “red de
narcotráfico”, cuando todavía no se había probado su participación y al haber
sido posteriormente excluido del proceso, por lo que pedía prisión y una gruesa
reparación a Lévano y Wiener.
Al respecto, la Segunda Sala de la Corte de Lima, dictaminó
el 6 de octubre de 2011, en última instancia absolviendo a los demandados, que:
"Este Colegiado
considera que no se ha acreditado animus difamandi por parte de los querellados (Wiener y Lévano),
puesto que no se atribuyen calificativos que atentan contra el honor del
querellante (Kirch) sino que lo relacionan a hechos que constan en el auto de
apertura de instrucción con la finalidad de informar al público ante una noticia que era de
interés nacional, tal como se había detectado que se estaba enviando droga al
extranjero desde el Aeropuerto Jorge Chávez".
(2) Caso Salas, en el
que el exjefe de seguridad de LAP, que antecedió a Kirch, demanda a los mismos
periodistas con los mismos elementos probatorios, por una alusión que se hace
de su persona recogiendo una información de sus excompañeros de trabajo en
CORPAC de que también tendría antecedentes negativos. El demandante no era
parte de la denuncia principal sobre una red de narcotráfico, no obstante
pretendiese que se le había vinculado. Sin embargo la jueza de primera
instancia luego de declarar prescrita la causa contra Lévano, por razón de
edad, condenó a Wiener por estimar que había una intención difamante, a pesar
de que el único escrito presentado con su firma como elemento de prueba no
mencionaba el nombre del señor Salas.
Llevado el caso a la segunda instancia, el colegiado
reafirma la sentencia de cuatro años de prisión suspendida y aumenta la
reparación civil de 40 a 100 mil nuevos soles, como si tratara de un caso de la
mayor gravedad, atreviéndose a señalar: “…el
querellado no realizó la más mínima labor de verificación del dato obtenido de
fuentes muy relativas…”, lo cual es una suposición ofensiva que contrasta
seriamente con el reconocimiento que la sentencia del 2011, que los vocales
conocían, hace de la seriedad del trabajo de investigación realizado. En
resumen para un juez y una sala no había difamación, sino un caso digno de
investigarse, aún si se incurriera en errores o excesos, como se indica
explícitamente; pero para una jueza y otra sala, el objeto de la denuncia de La
Primera era perjudicar a Salas, aún en la nota en que no se da su nombre. Y eso
merecía la máxima pena. Este caso se
encuentra actualmente en apelación ante la Corte Suprema.
(3) Caso Montes-Pacheco, según el cual, dos apoderadas
legales de LAP, Milagros Montes Morote y Catherine Pacheco Quesada, se
presentan como trabajadoras afectadas por el daño moral que se habría inferido
a su empresa al informar de la presunta existencia de funcionarios que incurren
en delito de narcotráfico. Sin duda este es el proceso más disparatado en el
que se pretende que la posible inconducta de una persona que es tratada en la
prensa podría traer como consecuencia una mella a la honorabilidad de personas
relacionadas laboralmente, que además adoptan una representación de otros
trabajadores que no tienen cuando están actuando a cuenta de su empleador. No
cabe por donde se le mire la figura de la difamación indirecta, y el que
reclama debe probar que hay una intención en contra suya encubierta en el
derecho informativo. Si tal cosa no pasaba en los casos Kirch y Salas, mucho
menos podía haberlo con estas dos mujeres.
Tres jueces, sin embargo, han tenido en sus manos este
expediente, sin devolverlo a las querellantes que era lo que correspondía. Y
ahora, por lo que se sabe, el juez del 35ª Juzgado Penal de Lima, se propone
sentenciar en contra de Lévano y Wiener, en un fallo que debería convertirse en
un tema de toda la prensa peruana porque indica hasta donde pueden llegar
algunos jueces. Fíjense el punto al que estamos llegando: en estos momentos ya
es cosa juzgada que no hubo difamación contra Kirch, porque realmente fue
incluido en un proceso judicial. Pero parece haber un juez para el que haber
tratado este caso no “difama” al aludido, sino a las abogadas que trabajaban
con él. El mundo al revés.
Efectivamente ya es casi para reír que se puedan dar tantas
contradicciones como si no hubiera un concepto claro frente a un solo texto
informativo, unas notas de chismes y un comentario del director. Todos los
jueces han leído lo mismo y todos se han hecho conscientes que se trata de un
cargamontón porque eso figura en los expedientes. Pero igual, hay los que se
hacen los desentendidos sobre la intención real de lo escrito y respaldan la
posición de la empresa que ha hecho todo lo posible por convertir un caso de
narcotráfico en una persecución al periodismo con el cuento de que quieren
difamarlos.
¿Y a todo esto…?
Lo que más grotesco de esta historia, no es sin embargo el
maltrato que recibimos los periodistas por levantar noticias de indudable
interés público, y el riesgo de que una empresa extranjera que debería estar
atenta a brindar el mejor servicio y responder ante los requerimientos en el
cumplimiento de sus responsabilidades se sirva de los recursos que obtiene de
la explotación de la concesión a su cargo para acallar cualquier intento de
vigilancia sobre sus actividades, sino que ya se dejó de hablar de la droga
aeroportuaria y todo indica que los implicados en el caso Yesquén Huby han
salido libres de polvo y paja.
En nuestro país los jueces son más duros con la prensa que
investiga, sobre todo si el investigado es muy poderoso, que con los propios
narcotraficantes. No por gusto somos el país en que se condena a inocentes, se
mantienen largos procesos y al final se libera a narcos con mucho billete e
incluso tenemos expresidentes que se jactan de sus narcoindultos. Es por eso
que creemos que el caso LAP contra Lévano-Wiener, es realmente una línea que va
a marcar claramente la relación entre el Poder Judicial, la prensa, el poder
económico y el narcotráfico.
En todo caso en el diario La Primera hemos decidido decir
basta y salirle al frente a la prepotencia de LAP y al uso de la justicia
contra la libertad de expresión. Que nadie crea que nuestros periodistas están
solos. Y que nos doblegaremos en nuestra lucha por la verdad.
14.02.14
Publicado en tres entregas (versión completa)
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