miércoles, mayo 30, 2007

Después del desalojo

En medio de las conmovedoras escenas de policías cargando niños en sus brazos, supongo que rescatándolos de sus padres que querían hacer escudos con ellos, escuché a una reportera decir que los ocupantes de los terrenos de Santa Anita no eran tan violentos y agresivos como la imagen que se tenía de ellos. Y me pregunté: ¿quién construyó esa imagen? ¿Es consciente, la señorita, del papel que ha jugado la prensa frente a los comerciantes hoy desalojados?

Evidentemente los hombres y mujeres de Santa Anita, no tenían la menor preparación para defenderse y mucho menos responder a una acción policial masiva, y lo que estaban tratando de decir, en todo este tiempo de resistencia a salir, era que se trataba de un bolsón de gente sin alternativas de trabajo, vivienda y supervivencia, y no de rebeldes dispuestos a inmolarse por los hechos de Herminio Porras, que nadie sabe donde andará. Pero la bulla de los medios no dejaba escucharlos: usurpadores, invasores, delincuentes, cobardes, son algunas de las expresiones que se han escuchado en estos días, repetidas por reporteros de calle, que dan la impresión de no saber en qué país están viviendo.

Y ahora ellos mismos están impresionados por el “problema social” que se les presenta ante los ojos. Más de dos mil familias, con sus niños, pernoctando en los parques de Ate-Vitarte, a la intemperie, porque no tienen casas, abrigo, ingresos, alimentos para defenderse del frío y la inseguridad que existe en la ciudad. Mientras tanto el alcalde metropolitano sigue en su postura de atrincherarse con sus maquetas en el Palacio Municipal y de declarar que esa gente vaya a cobrarle a Porras por los pagos que le hicieron y que con él no es el asunto. Y el presidente, que ha sufrido viendo a los niños correr despavoridos de las bombas, apunta que a su gobierno no le correspondía sino lanzar a los ocupantes y que ojalá que Castañeda haga algo por ellos.

Sin duda, todos nos creímos, en algún momento, que estábamos ante la inminencia de una feroz batalla, en la que habría armas, explosivos, trincheras, niños escudos, y que todo esto traería un costo político para el gobierno, que sigue pisando huevos ante las crecientes protestas sociales. En un lado, unos nos preocupamos, válidamente, del daño humano que podía representar una avalancha de policías atacando a diez mil desesperados, dispuestos a no salir. Otros, empeñados en que no se cediera y no se reconociera a los comerciantes como interlocutores de cualquier diálogo; con lo que querían lanzar el mensaje que cuando se dicta una orden judicial contra gente del tipo de Santa Anita, ésta se cumple sin chistar.

Lo que no vale igual para todos, como se puede ver en los conflictos de propiedad (azucareras, medios de comunicación, mineros, terrenos de grandes almacenes, etc.), que se eternizan en querellas judiciales y ocupaciones por la fuerza; o cuando autoridades como el mismísimo alcalde limeño, al que ayer nomás Aldo M. lo emplazaba si creía que estaba sobre las leyes al desacatar mandatos judiciales y normas legislativas, y lo remataba con la siguiente pregunta “¿Con qué cara entonces reclama que expulsen a los invasores de Santa Anita si se comporta como Herminio Porras, zurrándose en el Derecho?”, lo que no ha impedido que “Correo” aplauda con las manos y los pies el desalojo, mientras Castañeda sigue en sus incumplimientos.

No hubo el enfrentamiento temido o deseado. Pero lo que ha quedado evidente es que la cosa no acaba en la expulsión a la mala de los vilipendiados ocupantes. Ahora aquellos que estaban resolviendo como podían la subsistencia de ellos y sus hijos, están bruscamente sin medios para hacerlo. ¿Quién responde? ¿El gobierno, la municipalidad, los jueces? ¿Es este un Estado de derecho, o un Estado donde sólo algunos tienen derechos?

29.05.07

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lunes, mayo 28, 2007

Libertad de prensa, qué maravilla

Por lo que dicen los medios peruanos sobre Venezuela, debemos concluir que aquí tenemos una libertad de prensa de la patada, de esas por las cuales hay que pelear y si es necesario morir. O sea, que si le quieren cobrar sus deudas a Genaro Delgado Parker o si le retiran la administración judicial “provisional”, que le permite controlar un canal del que hace tiempo no es propietario, y en el que hace lo que le da la gana, deberíamos marchar en las calles, llorar ante cámaras, traer a la SIP (a la CIDH no, porque ya una vez fue estafada por Genaro, que se presentó como víctima del despojo fujimorista, cuando era uno de los asiduos de la salita de reuniones de Montesinos). Y gritar muy fuerte por la libertad de prensa, que también encarnan Jessica Tapia, Álamo Pérez Luna y otros.

Y si a Ivcher no le siguen dando indemnizaciones por haber luchado por la democracia a partir de 1997, cuando se peleó con Fujimori y Montesinos (en el 92, apoyó el autogolpe y el 95, la primera reelección) y le recuerdan que al igual que Genaro, se deshizo de Hildebrandt en circunstancias que era peligroso mantenerlo en el aire; o si alguien se acuerda que ATV no ha resuelto su situación legal y sus dueños permanecen fugados; y si finalmente se esclarece que ni “El Comercio”, ni “La República”, han puesto un cobre para quedarse con América TV, y que tampoco pagan deudas; también tendríamos que sacar la cara por ellos, porque encarnan esa libertad maravillosa de la que gozamos y que componen Chichi Valenzuela, Rosa María Palacios, Althaus, Bayli, Magali, y otros que encarnan todo lo que el país piensa.

Veamos un caso: en estos días venimos aprendiendo gracias a los grandes medios que comerciante e invasor son palabras casi sinónimas; que, como en Irak, Santa Anita estaba llena de armas; que la ley se cumple sin dudas ni murmuraciones (pero el Alcalde de Lima es uno que no cumple la ley, ya que se niega a reponer a los trabajadores municipales sobre los que existe fallo definitivo para que vuelvan a sus puestos de trabajo); que no separarse de los hijos es usarlos como escudo humano; etc. Claro que la prensa se pregunta todavía, porqué los vendedores no querían hablar con ellos y los alejaban tirándoles piedras y otros objetos.

Algo parecido puede decirse de los jubilados de la ley 20530, de los cocaleros, de la población de Ancash que participó del paro de abril, de los comuneros de Majaz y Cajamarca enfrentados a las mineras, de los arequipeños opuestos a las privatizaciones, etc. Todos ellos deben tener un concepto especial de la libertad de prensa. Imagino lo que habrá sentido Humala del balance de Aldo M. sobre el papel de los medios en las elecciones del 2006, donde dice que vacunaron a la población contra el virus que representaba el populismo-fascismo-chavismo-izquierdismo del comandante nacionalista. Es decir para salvar la libertad de nuevos Chávez que pudieran aparecer por estas tierras, nos conculcaron la libertad de elegir a quién nos parezca, como la de tener la información adecuada de asuntos importantes de la vida nacional.

La televisora venezolana a la que el gobierno de Chávez le negó la renovación de la licencia, ateniéndose estrictamente a la ley de ese país, tiene una trayectoria parecida a la de sus pares peruanos y de otras partes del continente. Una de sus hazañas es haberse jugado al golpe del 2002, que pudo haber concluido en el asesinato del presidente, elegido democráticamente. Que Chávez se valga de una ley y no meramente de la fuerza, como ha sido en otras experiencias, es un elemento significativo de la crisis venezolana. Aquí, por supuesto, la ley no tiene que cumplirse de manera estricta; ya que, según palabras del observador de la SIP, habría un derecho superior, que sería garantizar la voz de un sector político, que dicho sea de paso tiene otras cuatro estaciones de televisión, a pesar de ser clara minoría en el país. La idea básica es que el poder oligárquico de los medios forjado en una historia de regímenes reaccionarios no puede alterarse, ni siquiera, cuando la ley lo hace posible. Ellos son y siempre serán la libertad de prensa.

Pensar que los medios pueden ser más democráticos, plurales, abiertos, cercanos a las demandas populares, es algo que jamás se han planteado los grandes medios de comunicación. Pero cuando los tocan –aunque sea en cabeza de sus pares venezolanos-, chillan hasta el cielo, como lo hicieron los banqueros en 1987, haciendo creer que la defensa de su propiedad y de su capacidad de manejar la información, es interés de todos nosotros. Y hay algunos que les siguen el juego.

28.05.07

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martes, mayo 22, 2007

Santa Anita

Los comerciantes del mercado Santa Anita ocupan, según el Juez, un terreno que fue invadido. Pero ellos no lo invadieron. Aunque como suele ocurrir en el país, los medios de comunicación, por ignorancia, pereza mental o perversidad, los han bautizado como los invasores.

Ellos, en todo caso, son ocupantes irregulares y víctimas de estafa de parte de los que les vendieron los puestos. Cuando el juez ordena sacar a los usurpadores, teniendo como fundamentación los hechos protagonizados hace muchos años por Herminio Porras y otros, no se refiere a los comerciantes.

Nadie está persiguiendo a los causantes de lo que se califica como delito. Pero sobre la mesa hay una grave amenaza: se exige a los comerciantes que retiren a sus hijos porque están en peligro de muerte, lo que significa que también sus padres y madres lo están. El desalojo no es un trámite, es una guerra preanunciada.

En otro plano de la vida nacional tampoco se persigue a los narcotraficantes. Y por comodidad o estupidez se llama lucha antidrogas a la persecución de los campesinos que siembran hoja de coca.

Es el mundo al revés: la gente pobre y trabajadora que vive y trabaja en los bordes, es culpada por el estado de ilegalidad en que se desenvuelve gran parte de la sociedad peruana.

¿Cuántos terrenos y mercados están en situación de posesión que se discute ante los tribunales?, ¿qué va a pasar cuándo se resuelva echar a tanta gente?, ¿se responderá simplemente que hay que cumplir las sentencias y se entrará a sangre y fuego?, ¿no es necesaria alguna política del poder para no aumentar la desocupación y la desesperación de la gente?

Además, lo más peligroso que puede existir es García hablando de autoridad, disciplina, tolerancia cero y otros conceptos que en su caso arrastran recuerdos ominosos. A lo que hay que agregar un Castañeda que no está entendiendo el país que tiene al frente, cegado por las encuestas que hablan de una apoyo que ya esta cerca del 100%.

Santa Anita es una prueba a todos nosotros.

Yo siento que he mantenido demasiado silencio en estos días de inminente desalojo y me doy cuenta ahora que se está jugando una carta decisiva en este mercado y que la situación puede girar en un sentido u otro según sea el desenlace de los acontecimientos. Si el gobierno puede imponerse por la fuerza, al costo que sea, es probable que piense que así debe encarar futuros desafíos sociales.

Pero también puede encontrarse con una resistencia que no pueda sobrepasar o que lleve a la pregunta de si era necesario recorrer el camino de la violencia.

Lo que es impresionante es que no se haga nada por establecer un diálogo y por tomar en cuenta el punto de vista de los comerciantes.

Cuando empezaba este drama, “Correo” publicó un editorial de su director que llevaba como título: “Echar a patadas a Herminio”

Y tal parece que esto es lo que todos debemos creer. Que la policía va a entrar a sacar al traficante de terrenos que ahora se escuda detrás de unos niños. Pero Porras no está detrás de los muros. Y los niños están con sus padres, que si son echados sin alternativas perderán su trabajo, su dinero y el futuro que tenían para ellos.

¿Alguien entrará en razón antes de que ocurra una tragedia?

20.05.0

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jueves, mayo 17, 2007

Secuencias

Primera Escena

Acto inicial: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anuncia que los republicanos se han allanado a reabrir los TLC negociados por la administración Bush que están pendientes de aprobación, entre ellos con el Perú, habiéndose aceptado introducir las enmiendas que los demócratas han venido exigiendo en materia laboral, ambiental, propiedad intelectual y otras , lo que significa que caen algunos de los mitos claves de este proceso: que no se podía tocar el texto principal, que los congresos y los partidos no gobernantes no podían intervenir en los contenidos y debían limitarse a votar por el sí o no.

Acto intermedio: En los días siguientes a la declaración de Pelosi, la Casa Blanca emite un informe sobre la situación de la política antidrogas en el Perú, que presenta la idea de un país en el que se incrementan rápidamente los cultivos para estupefacientes, la policía cede terreno al narcotráfico y personas vinculadas a esta actividad ocupan cada vez mayor número de posiciones influyentes dentro del Estado. Este es el informe más duro en muchos años. Durante el gobierno de Toledo, mientras el TLC iba sobre terreno llano, las opiniones eran superfavorables. Pero ni entonces había reales avances, ni ahora se puede hablar de un cambio que justifique tanto pesimismo.

Acto final: El presidente García hace un inesperado viaje a las bases contradrogas de la selva central, donde están instalados los agentes de la DEA. Con chaleco de agente erradicador y boina, el gobernante peruano hizo una inspección en varios parajes de la selva, probó helicópteros y aviones e insistió sobre el combate contra la coca en que está empeñado su gobierno.

¿Cómo se llama esta película? Perú es un peligro, pero miren el presidente que tienen, no sería tal vez conveniente acelerar lo del TLC para apuntalar a ese gobierno. .

Segunda Escena

Acto inicial: Se destapan los casos Canchaya y Menchola, congresistas de Unidad nacional que estaban siendo objeto de seguimiento durante varios meses por sabuesos periodísticos que habían recibido el dato de alguna fuente informada. Ahora la capacidad de negociación de la bancada derechista frente al bloque apro-fujimorista está profundamente disminuida. Pero ha surgido además la necesidad de que se sacrifique a miembros de otras bancadas para salvarle la cara a los lourdistas.

Acto intermedio: El poder judicial se acuerda de pronto del caso de los ocho parlamentarios nacionalistas que el 27 de junio del 2006, se manifestaron dentro del Congreso contra la aprobación a la mala del TLC, con el sustento de la mayoría saliente que había sido vapuleada en las urnas, con la complicidad de la bancada aprista. Se les acusa de violencia, pero la verdad es que lo que estas personas hicieron fue imponerse al intento de cerrarles el paso por elementos de seguridad que actuaron sin ninguna consideración por su investidura, por obvia indicación de la mesa directiva. Esa noche se quería mostrar una amplia mayoría a favor de las políticas de apertura que no se había manifestado en las urnas. Y haber hecho evidentes los desacuerdos, es lo que se está tratando de judicializar y convertir en supuesto delito.

Acto final (en desarrollo): el desafuero y sanción de los parlamentarios levantiscos conlleva el mensaje de que la mayoría considera un grave pecado meterse con el TLC. Es una posibilidad. Pero el partido de gobierno está estudiando otra opción: dirigir el golpe solamente a las congresistas cocaleras, lo que representaría un concepto diferente: recomponer el congreso sin representantes del movimiento de la coca, lo que a su vez sería una carta fuerte para la etapa última de aprobación del TLC en los Estados Unidos.

¿Cómo titulamos esta secuencia?

En el Perú se puede poner a la defensiva a la oposición y podemos desandar los cambios que se desataron con las elecciones de 2006, entre ellos la representación cocalera. En la mejor escuela fujimorista se está alterando la representación que emanó de las urnas por un juego de sobornos y sanciones. Un país virtual, apto para el TLC.

16.05.07

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martes, mayo 15, 2007

Is your baby

Como para estar a tono con el día de la madre, Toledo apareció en “La República” del domingo, revelando que, su amigo, el demócrata Charles Rangel, le había dicho la semana pasada que el TLC con el Perú, sobre el que discuten los dos partidos gringos en el Capitolio, era reconocido como su vástago, sin necesidad alguna de ADN.

Es una criatura a la que le van a realizar una urgente cirugía, implantes y otras variaciones, en gran parte por iniciativa del amigo de Toledo. Pero eso no importa; nuestro Pachacútec, siempre ha sido fiel a su máxima favorita: se aprueba sí o sí, que quiere decir que no tiene mucho significado si la contraparte genética es republicana o demócrata, lo que interesa es que se apruebe.

Toledo ha hecho además dos precisiones que van obviamente dirigidas al gobierno aprista: (a) que la cosa en Estados Unidos va a tomarse un poco más de tiempo, y que calcula una votación final para septiembre; (b) que ya no hay porque preocuparse tanto porque el texto reajustado entre a revisión del Congreso peruano, lo que significa una apreciación sobre la actual correlación de fuerzas que reduce sustancialmente los riesgos previos.

En resumen, que ya pasó la emergencia. Cuando se entrevió la posibilidad de que no hubiera gobierno de Lourdes (el único que se compraba enterito el TLC), la desesperación por cerrar, firmar, aprobar, se hizo extrema. PPK, saltó sobre los negociadores y en el peor momento de los desacuerdos dio por terminadas las negociaciones y aceptadas las más duras exigencias, con el argumento que aquí lo único que interesaba era el marco (la alianza política y el ancla económica) y no los contenidos, es decir los sectores concretos afectados.

Toledo, a su vez, quiso saltar sobre la primera vuelta presidencial que ganó Humala con una crítica abierta al TLC, trasladándose el día siguiente a Estados Unidos para convertir en noticia la rutinaria firma por los ministros de los dos países del documento ya cerrado. Y finalmente –con complicidad del APRA-, la mayoría parlamentaria 2001-2006, clausuró su lamentable trayectoria con un voto a la mala del TLC, a pesar de estar claramente vapuleada por las elecciones y carecer de toda autoridad real para embarcar al país en una aventura de largo plazo.

Tanta angustia tenía como fondo político: (a) el temor a los nacionalistas que apuntaron en un momento a ser una opción de gobierno y que luego se perfilaron como un fuerte bloque parlamentario; (b) la desconfianza en García, por su estilo peculiar de gobernar para las tribunas, y por sus reiteradas críticas a la mala negociación toledista y sus referencias electorales a la necesidad de revisar el acuerdo línea por línea, palabra por palabra.

Todo esto ya pasó: Humala fue finalmente derrotado por una gran coalición para el salvataje del sistema y su bancada se quebró no sólo orgánicamente (nacionalistas y UPP), sino políticamente, cuando Estrada, Vega, Gutiérrez, Torres Caro giraron lo más lejos posible de los motivos de la campaña, para asegurarse las mejores relaciones con el gobierno.

Ni qué decir del riesgo García. Hoy ya se sabe que el histrionismo alanista permanece y a veces sube a tonos desmesurados, pero ha sido canalizado a aquellos temas que no afectan los negocios ni las relaciones con la gran potencia. Y sobre los compromisos electorales, el actual gobernante ha dejado bien claro que el problema no es que haya mentido a la gente sino lo sonsos que han sido los que llegaron a creerle.

De esto ya están bien notificados los empresarios, las derechas y el lobby pro-TLC, del que forma parte Toledo. Por eso es que ahora hay mejor manejo del tiempo y sobre todo ninguna preocupación sobre lo que pudiera ocurrir en un nuevo debate. No olvidar que en estos momentos lo que está a punto de ocurrir es la entrega de nueve congresistas a la justicia con ánimo de desafuero, por haber sido los actores principales de la protesta contra el caballazo de junio que dio por aprobado el tratado, sin debate y sin considerar los plazos de la otra parte.

Vamos a cumplir un año con las manos amarradas por dicha decisión congresal, que no permite al país moverse del documento toledista y que dio por ignorados el voto de 6 millones de peruanos por Humala y trampeados a buena parte de los votos críticos al TLC que fueron a García, mientras en Estados Unidos se ha seguido dando vueltas en relación al texto sobre la mesa, hasta que los demócratas consiguieron reabrirlo para enmiendas, que es el punto donde estamos.

De veras a quién debiera sancionarse es a los que pusieron al país en manos de los gringos, que nos llevaron a la política de los viajes presidenciales como si los discutibles encantos de Toledo y García fueran suficientes para superar las diferencias entre los partidos representados en el Congreso yanqui; de los encargados especiales (De Soto, Lermor) que se superponían uno al otro, y con la ministra despistada que se daba de tropezones con todo el mundo; de los titulares repetidos sobre la inminencia del TLC, que nunca se concreta; mientras el baby, ahora con madre sustituta no termina de nacer.

14.05.07

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Vacilándonos con el TLC

¡Ahora sí, se viene el TLC y con él la felicidad para los peruanos!

¡Qué importa si el mismo día los cancilleres chileno y ecuatoriano ratifican en público que están unidos frente al reclamo que el Perú plantea por el recorte de una enorme porción de mar territorial en la frontera sur, convirtiendo en un problema de tres, lo que era un tema postergado entre dos!

Son minucias, de acuerdo con nuestro distraído Canciller José García Belaúnde, que no quiere que nadie le robe la espectacular noticia de que por fin demócratas y republicanos tomaron el acuerdo de empezar a discutir las enmiendas que le harán al TLC en diversas materias.

Todo por la gestión del presidente García que con su encanto natural volteó a los más duros demócratas y los convenció que el Perú es el aliado que necesitan en esta parte del continente, que aquí los derechos laborales son de la pitri mitri, el medio ambiente se cuida a muerte, etc.

Claro, la ministra Araoz es un poco confusa cuando trasmite mensajes. Y es por su culpa que se nos enredan algunas cosas:

1. Que Estados Unidos reabre el tratado para incorporarle cambios en lo laboral, medio ambiente, medicinas y otros, lo que significará modificaciones al texto principal; pero Perú no reabre y agregará como anexos las modificaciones. ¿Va a haber un tratado en Washington y otro diferente en Lima?

2. Que recién cuando se sepa el contenido propuesto desde Estados Unidos, se establecerá si se pasa a debate del Congreso o se firma nomás. Sin saber qué contenido van a tener las enmiendas se las está dando por aceptados (como pasó muchas veces durante la negociación principal) y todo lo que preocupa al gobierno es como sacarle la vuelta al Congreso peruano en esta discusión, como ya lo hicieron con el texto original.

3. Que la negociación en cualquier caso será sólo sobre los puntos que Estados Unidos plantee, y no se introducirán cambios desde el Perú en otros asuntos, lo que crea una clara asimetría y viola el criterio básico de que nada estaba resuelto hasta que todo estaba resuelto, y que la reapertura de un punto equivalía a la reapertura de todos, que Estados Unidos usó a su favor en toda la etapa anterior. ¿Por qué sólo Estados Unidos puede hacer enmiendas y el Perú se impide hacerlas?

Esto, además, sugiere algunas preguntas elementales:

¿En qué cosa se sostiene tanto entusiasmo, abrazos entre gobernantes, declaraciones de prensa, titulares periodísticos, etc., si las cuestiones de fondo, las materias de la controversia entre los dos partidos de Estados Unidos, siguen sin tratarse?, ¿quién ha dicho y con qué sustento que va a ser fácil absolverlas en el debate del congreso estadounidense?

¿Cómo es que dice que los “malditos demócratas cedieron”, cuando lo que se ha cedido es lo que no quería hacer Bush: reabrir el tratado, meterle enmiendas, romper el procedimiento expeditivo del fast track (el Congreso lo toma o lo deja) e incorporar temas laborales y ambientales que no se quisieron discutir en los tiempos de la señora Vargo?, ¿no será que quién tenía que ceder y así lo hizo -por no tener mayoría en el Congreso- fue nuestro aliado Mr. Bush?

¿Habrá alguien que pueda explicar porque a “Correo” y al gobierno les parece un éxito que se fijen estándares laborales para el TLC, y consideran un crimen que se haga lo mismo con la ley general de trabajo?, ¿no será –digo yo-, que están pensando que firmando cualquier cosa, acá podrán hacer lo que les da la gana?

Como se ve hay todavía mucho mar de fondo en esto del TLC. Pero hay una enorme voluntad de imponerlo, avasallando al amplio sector interno que tiene serias objeciones a sus principales capítulos, generando una expectativa de inminencia de llegada de trascendentales cambios, y una idea subyacente que todo lo que se entregue para lograr tan buen acuerdo es justificable.

Ahí es donde entra el rollo específico sobre geopolítica que ha estado en el centro de las dos visitas de García a Washington. El Perú vendiéndose como el mejor aliado de Estados Unidos al sur de América y como premio recibiendo un TLC firmado y sellado por el Congreso.

Aliado, evidentemente, para contrarrestar el giro a la izquierda de la mayor parte de países esta parte del mundo. Lo que puede estar ayudando a provocar realineamientos entre nuestros vecinos, otorgando ventajas a Chile que hasta hace poco estaba casi aislado.

Y esas no son minucias.

11.05.07

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miércoles, mayo 09, 2007

Ley del Trabajo

El problema del proyecto de ley del trabajo es que protege a los trabajadores. Antaño nadie hubiera discutido que esa fuera la función de la ley: equilibrar hasta donde se puede las relaciones capital-trabajo que son esencialmente desiguales, garantizando derechos y defensas contra el abuso del que contrata sobre el que es contratado.

Pero ahora, el nuevo sentido común imperante indica que siendo que quienes tienen un empleo protegible son una minoría, toda intervención del Estado siempre producirá el efecto de que los empleadores no contratarán trabajadores nuevos, dejando a la mayoría sin oportunidad de emplearse.

Esto lo afirman abogados que se dicen laboralistas y que son al mismo tiempo asesores de las grandes empresas; lo repiten ex ministros de la dictadura que fueron promotores de las políticas de desprotección (flexibilización) de la década de los 90, y lo recogen políticos de estos días que están haciendo méritos como aprendices de globalización y periodistas siempre dispuestos al poder.

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El principio de que los derechos laborales son adversarios del empleo, ha sido establecido en el mismo momento en que se aplicaban políticas económicas con fuerte impacto negativo en el mundo del trabajo: achicamiento del Estado, privatización de empresas y servicios públicos con intensas racionalizaciones de personal, eliminación del mercado de actividades económicas vía apertura comercial (sustitución de producción local por importaciones), fusión o absorción de empresas, crisis de la pequeña empresa y la agricultura, etc., y se introducía una normatividad de flexibilización que favorecía el despido de trabajadores y su recontratación en modalidades más precarias: temporalidad, servicios no personales, subcontrata, services, empleo juvenil, etc.

Formalmente las primeras eran medidas necesarias para ajustar la economía y las segundas maneras de evitar que las rigideces del mercado frenaran la recontratación. El efecto real de todo esto fue, sin embargo, que el nivel de empleo general descendió, no se produjo una tendencia hacia la formalización y los salarios cayeron verticalmente, de manera coincidente con el ascenso de las utilidades. Nunca se probó la eficacia del principio de bajar derechos para dar empleo a esa mayoría de desempleados y subempleados a la que tanto había contribuido la política macro, pero sí se logró el efecto de concentrar el ingreso que nunca fue un objetivo reconocido.

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En los 90 estaba claro que a uno le recortaban la remuneración real, lo tenían a la puerta del despido, le incrementaban las horas de trabajo, no le pagaban las horas extras, carecía de vacaciones, le licuaban las jubilaciones, etc., y todo era por nuestro bien, porque después de todo éramos privilegiados que teníamos trabajo. Esta filosofía ha sobrevivido hasta nuestros días. Hasta el punto que hemos transitado por dos campañas electorales presidenciales, en las que sendos ganadores ofrecieron restituir los derechos conculcados cuando llegaran al poder para luego traicionar sus promesas.

La interminable negociación de las comisiones del Congreso y de las tripartitas impulsadas a nivel del ministerio de Trabajo, y las profundas contradicciones de las autoridades de la etapa democrática, son una evidencia nítida de los poderosos intereses que están en juego en el asunto. Cada gobierno empezaba convencido que había que “equilibrar” las posiciones de los patrones y trabajadores, que obviamente estaban muy desequilibradas. Pero de este punto de partida se iba pasando a la tesis de que la representación de los trabajadores no estaba “flexibilizando” lo suficiente para entenderse, como si el propósito fuese lograr un intercambio de flexibilidades y no la restitución de un estándar mínimo de derechos. Finalmente todo terminaba entrampado en el mismo punto donde está ahora: no hay acuerdo sobre el “derecho” al despido arbitrario de las empresas y sobre la obligación de reponer en su puesto al trabajador injustamente despedido.

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¿Por qué es tan crucial el tema del “despido arbitrario”? Claramente porque de él se desprende el carácter de la relación laboral. Si se puede echar al trabajador sin expresión de causa en un mercado en el que no hay fácil recolocación, se hace posible hacer aceptar cualquiera otra vulneración de derechos, incluido el de sindicalización, bajo riesgo de que a la menor protesta uno termina en la calle.

Esto no necesita ni decirse.

Numerosas inspecciones de trabajo han comprobado que muchos trabajadores se resisten a revelar sus verdaderos horarios de trabajo, el incumplimiento del pago de horas extras, el desconocimiento de las licencias por maternidad y lactancia, etc., porque saben que una vez que queden a solas con el empleador pueden ser despedidos.

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Para graficar de que manera las estabilidades y protecciones contra el despido pueden ser negativas, el ex ministro fujimorista, Jorge González Izquierdo, pone el siguiente ejemplo: después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos algunas actividades económicas parecieron quedar heridas de muerte, como la aviación comercial.

Entonces se procedió a reducir sus costos a través de grandes olas de despido, que salvaron a las compañías y les permitieron recontratar personal algunos años después. ¿Qué hubiera pasado si el empleo estuviese protegido como se quiere en el proyecto de ley?, pregunta Gonzáles.

Pero no se da cuenta que su propio ejemplo lo delata, ya que lo que está sustentando es que las condiciones propias de una catástrofe de magnitud sean convertidas en permanentes. Todos los días son 11 de septiembre, según esta teoría.

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Los gremios empresariales admiten que es en la cuestión de la estabilidad o libre despido, donde se atracan todas las negociaciones sobre la ley de trabajo. Para salvar el impasse el presidente de la comisión del Congreso ha inventado una fórmula según la cual será el juez y no el trabajador, quién decidirá si habrá reposición o indemnización en caso se califique como injustificado un caso de despido.

Esta es la típica situación de quererse poner entre las dos partes. Y es tan débil el sustento de la idea que el propio Aldo Estrada está ofreciendo “flexibilizar” aún más su propuesta ante el pleno. O sea que la perspectiva es que caerá el mecanismo judicial sacado de la manga, y probablemente volveremos a lo que estábamos, al sistema según el cual el empleador puede echar al trabajador y convertir su eliminación en un asunto de cuánto cuesta sacárselo de encima.

Lo que obviamente no va a ser aceptado por los sindicatos y la de nunca acabar.

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Cuando el presidente de la república viaja a Estados Unidos entrevistarse con los congresistas demócratas lleva el mensaje de que en el Perú hay un amplio respeto de los derechos laborales, por lo que no habría razón en las observaciones planteadas en ese punto para la aprobación del TLC en el Congreso gringo. Esta posición se exhibe con la mayor caradura, a pesar de que quién hoy gobierna el país hizo campaña por un crecimiento económico con derechos, que era una obvia denuncia al tipo de crecimiento que se había impulsado bajo el anterior gobierno.

Sin embargo, sin haber hecho cambio alguno, y en medio del enredo de la negociación de la ley general de trabajo en los términos que hemos señalado, el gobierno Alan García aparece de pronto convertido en Toledo, asumiendo que el Perú no tiene nada que mejorar en asuntos laborales, porque para eso ya están firmados decenas de convenios de la OIT (muchos más que Estados Unidos), aunque no se cumplan y las normas internas los contradigan flagrantemente.

Esta posición que se presenta como “pragmática”, lleva un contenido básico: el Estado está representando los intereses empresariales que están dentro del TLC, y si es para eso no interesa mentir sobre lo que pasa en la realidad peruana (como si en Washington no estuvieran al tanto de los debates nacionales y las diferentes posiciones en juego). De aquí además que hayan tenido la pretensión de prohibir que otros puntos de vista se presenten ante los demócratas norteamericanos.

Si fuera el candidato García el que estuviera gobernando hubiera respondido seguramente a Levin o a Rangel, que justamente había un completo acuerdo en modificar el TLC de Toledo y Bush, para incorporar los derechos laborales, como había sido dicho en la campaña. Pero el presidente García es otra persona, que más bien observa el TLC como lo hacía PPK, Blume, Lermor y otros, como un reaseguro de que las leyes antilaborales quedarán tal cual y que querer cambiarlas en el futuro equivaldrá a tratar de salirse de lo pactado.

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En el Perú de los 90, los objetivos del régimen a través de las modificaciones de la legislación del trabajo eran los siguientes:

Abaratar el factor empleo dentro de los costos de las empresa que estaban siendo empujadas a salir al mercado internacional, debido a las debilidades del interno, exhausto bajo los efectos del largo ajuste;

Eliminar a la clase trabajadora como actor organizado dentro de las empresas (quebrar los sindicatos) y a nivel nacional (dispersarla en múltiples modalidades de contratación, rompiendo lo mecanismos de identidad y solidaridad);

Estos propósitos se aplicaron sin miramientos y constituyeron una derrota profunda de las organizaciones laborales, aspecto clave en la fundación del actual Estado neoliberal, cristalizado en la Constitución de 1993.

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El sueño capitalista peruano ha sido no aproximar a los más desprotegidos a los niveles de protección estándar, sino seguir el camino inverso de ir quitando protecciones en nombre de los que no las tienen.

Y no se diga que eso ocurre porque las empresas pequeñas (el gran universo de PYMES) no pueden contratar en condiciones de mínimos estándares laborales porque carecerían de capital para hacerlo. Estas empresas tienen una ley especial que minimiza derechos laborales y por lo que se ha visto tampoco ha hecho impacto en contrataciones masivas y formalización.

La reciente huelga minera ha desenmascarado la situación en el sector de punta, donde las utilidades anuales están bordeando el 80%. Y puede revisarse lo que pasa en la exitosa agroexportación peruana donde algunas formas de trabajo son del siglo XIX: enganche de trabajadores por terceros que se cobran el servicio con uno o dos jornales semanales del enganchado; ausencia de contrato de trabajo; despido de las mujeres embarazadas; cero sindicalización; etc.

También en las confecciones textiles para la exportación, donde una sola empresa sobre cerca de cincuenta, tiene sindicato reconocido (San Sebastián), y le están haciendo la vida imposible, mientras las condiciones en la que están el conjunto de los trabajadores de este sub-sector (en su mayoría mujeres) son tremendamente negativas: bajos salarios, jornadas alargadas sin pagos adicionales, hacinamiento, etc., a pesar del auge de las exportaciones de estos productos.

Algo por el estilo puede decirse de los servicios: bancos, eléctricas, Telefónica, etc.

Tal vez pensaríamos diferente si fuera que todos los que están teniendo éxitos dieran el ejemplo empezando a introducir un sistema laboral que se aproxime al de los países donde están instaladas las matrices de las empresas transnacionales o a los famosos rangos de los convenios de la OIT.

Pero eso no ocurre. Los que más se oponen a una justa ley de trabajo son los de los gremios que representan a la gran empresa.

¿Por qué será?


09.05.07

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lunes, mayo 07, 2007

Tesis sobre la situación política nacional

Primera tesis

• Hay una continuidad entre la votación presidencial en dos vueltas el año 2006, la elección regional-municipal de fines de ese año y el estallido convergente de protestas sociales y regionales en abril-mayo del 2007

Segunda tesis

• Lo que hay en común en cada uno de estos acontecimientos es lo siguiente:
– Desconfianza abierta de la población hacia el sistema y sus instituciones;
– No identificación de las mayorías con el “exitismo” económico del poder y convicción de estar siendo excluidas del reparto;
– Diferencia clara de actitud hacia la situación general entre Lima y las regiones;
– Participación decisiva del movimiento campesino y agrario en la lucha;
– Renovación constante de los liderazgos;

Tercera tesis

• Han caído dos mitos:
– Que el gobierno del APRA tiene gran apoyo y capacidad de maniobra, para mantener el control de la situación;
– Que no hay oposición al gobierno y al modelo económico;

Cuarta tesis

• El supuesto del “amplio sustento social” a García, es una visión limeña sobre los problemas del país. En la capital es donde mejor funciona la idea de que el modelo va a ampliar sus beneficiarios en el futuro y donde mayor es el miedo a los cambios bruscos.
El arte de la política de gobierno en los primeros nueve meses ha sido la de poner al país ante agendas que significasen un trastoque del eje de sus preocupaciones. El movimiento de abril-mayo ha puesto su agenda. El gobierno ha sido derrotado en esa disputa

Quinta tesis

• Las características de la oposición social actual están definidas en los siguientes puntos:
– Espontaneidad,
– Explosividad,
– Dispersión,
– Combatividad,
Nadie se está haciendo cargo del conjunto del movimiento. La oposición nacionalista sólo intermedia, los gobiernos regionales terminan al frente de su conflicto propio, los gremios se mantienen descoordinados.
Sin embargo hay muchos elementos que vinculan los problemas y que necesitan de una dirección que los haga explícitos. Hay además una exigencia de soluciones ahora, que refuerza lo que se había visto en el escenario electoral.

Sexta tesis

• Hay una plataforma popular que emerge de los recientes hechos sucedidos en el país:
– Un nuevo reparto presupuestal que favorezca las regiones y un nuevo sistema de control del gasto, dentro de las regiones, con participación social;
– Restitución plena de los derechos laborales conculcados, eliminación de los services y la intermediación laboral;
– Acuerdo nacional para resolver el problema de la hoja de coca, cese de la erradicación forzosa y apoyo estatal para vencer la pobreza agraria en los departamentos cocaleros.
– Puesta en agenda del problema fronterizo con Chile, trasladando el asunto al arbitraje internacional, desarrollo de un movimiento patriótico en la frontera sur.
– Revisión integral del TLC con EEUU, tomando en cuenta los intereses y necesidades que se encontraban afectados en la versión original.

Séptima tesis

• Las luchas de abril-mayo muestran que la cuestión del poder está en el centro de la crisis política, la gente no sólo quiere proyectos para el 2011, sino cambios ahora y ya está entendiendo que este gobierno no se los dará.

Mayo 2007

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jueves, mayo 03, 2007

Le pasaron por encima

García tiene, como no, un gran mérito en la algarada social de estos días.

No me refiero solamente a su contribución con el paro de los algodoneros piuranos que buscaron entrevistarlo en los días en que fijó su despacho en la ciudad norteña y no los atendió, mientras sí lo hacía con los agraciados empresarios que están adquiriendo, nadie sabe cómo, los terrenos ganados a través de los grandes proyectos de irrigación.

En ese caso se trajo un paro, de su nuevo estilo de gobierno descentralizado.

Pero con los huanuqueños ha sido diferente.

Aquí el antecedente inmediato es el acta de de Tocache, firmada, defendida y luego repudiada por el mismo gobierno.

Increíblemente en muy pocos días han cabido, en el mismo presidente y sus ministros, las siguientes posiciones:

- No hay política antidrogas, lo que hay son directivas procedentes de Estados Unidos.
- Sí hay políticas antidrogas del gobierno peruano, que consiste en tolerancia cero y en sentir vergüenza de ser tratado como un país productor de coca.

- No se va a seguir erradicando
- Se está erradicando más que nunca.

- No nos vamos a enfrentar a los cocaleros que son campesinos pobres.
- La chacra de Nancy Obregón produce 2,600 dólares por hectárea.

- No queremos enfrentarnos a los productores cocaleros, sino darles alternativas para reducir la producción de coca.
- Bombardear, ametrallar, pasar por encima del que se oponga.

Ahora estamos viendo el resultado de tanta coherencia.

El paro de Huánuco ya no es solamente cocalero, sino de toda la población. Y eso lo logró un gobierno que firma una cosa y luego desconoce su palabra, como si los acuerdos con el pueblo no fueran equivalentes a los que se suscriben con las grandes empresas.

En Loreto el gobierno ha conseguido que lo censuren por la falta de presupuesto educativo. Y la cola de este problema va hacia el Cusco y otras regiones.

La selva está resentida, además, porque el régimen que se niega a modificar el sistema tributario de las trasnacionales extractivas, si se atreve a meter mano a las exoneraciones ganadas por esta región para compensar su aislamiento.

Los mineros están en huelga desde el lunes y el gobierno que dijo que nadie acataba la medida, está negociando día y noche para hallar un acuerdo que levante la lucha.

Es que según Coquito lo principal de la coyuntura es que ha entregado la concesión de Michiquillay a una gran empresa minera por más de 400 millones de dólares, aunque para hacerlo haya debido suplantar la representación de la comunidad con gente de fuera y obviar los informes ambientales y sociales que hacían necesario revisar el proyecto.

Por ahí ya están preparando otro conflicto.

Es decir estamos en pleno auge de inversiones y ganancias, y el gobierno cree que puede jugar con la impaciencia social y la exigencia de redistribución y participación que se está haciendo cada vez más generalizada.

Estas cosas le agarran de vez en cuando los nervios al grandote y truena alguna frase efectista.

Pero, como se ve, iba a pasar por encima de cocaleros y huanuqueños, piuranos y loretanos, mineros y chimbotanos, y lo que se ocurre en la realidad es que el gobierno está quedando cada vez más arrinconado y desorientado. Tanto que no puede siquiera restablecer el tráfico de vehículos por las carreteras.

Muy provocador el presidente.

Debe estar pensando ahora como fue que se echó encima tanta ira popular.

03.05.07

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El otro luchador por la democracia

Nos pasamos los cinco años de Toledo oyéndolo justificar sus excesos y los desbordes de su familia con el argumento que los que no se habían fajado por la democracia como él, no tenían derecho a criticarlo.

Ahora, Jorge del Castillo, pretende lo mismo. Cada error, patinadita o estupidez del gobierno, e incluso los negocios turbios del régimen aprista con la corrupción de los 90, se tienen que reconocer como hechos de buena fe, en tanto Coquito fue parte de las movilizaciones contra la dictadura.

¿Y qué estaban haciendo los demás en esa época heroica? ¿No es cierto que mientras el buen Jorge arriesgaba su cabeza, otros sembraban tan tranquilos su hoja de coca, enseñaban en la universidad o estaban cuidando un puesto de comando en alguna provincia perdida del Perú?

Me he puesto a pensar sobre Coquito el luchador y tengo algunas anotaciones:

No lo vimos, ni siquiera de cerca, en las marchas juveniles de 1997, cuando el movimiento de rechazo a la decisión del Congreso de destituir a los tres miembros del Tribunal Constitucional. Pero tampoco estuvo en la gran marcha de 1998 contra la re-reelección, que terminó con parte de la manifestación dentro del patio de Palacio de Gobierno.

No estuvo durante el paro de abril del 99, al que sumó incluso el alcalde Lima Alberto Andrade. Y nadie lo vio en la puerta del JNE, el 30 de diciembre de ese mismo año, cuando una multitud exigía que se tachara la candidatura fraudulenta del dictador.

Coquito recién aparece el 10 de abril cuando se discutía quién había ganado la primera vuelta y los candidatos que habían intentado dispersar el voto antifujimorista se movieron a proclamar el triunfo de Toledo, mientras las cifras oficiales iban aproximando a Fujimori al 50%.

La verdad histórica es que cuando la masa congregada al frente del Sheraton forzó a Toledo a unirse a ellas y marchar sobre Palacio, los dirigentes de los otros partidos, entre ellos el secretario general del APRA, Jorge del Castillo, se retiraron discretamente.

Todos los días siguientes, en la agitación de las calles y las provincias, en medio de las contradicciones del Pachacútec de Cabana, el APRA y Coquito desaparecieron de escena. Recuerdo jornadas durísimas en la Plaza de Armas de Lima, con la policía ensayando la eficacia de las nuevas bombas lacrimógenas de efectos prolongados, las vomitivas y otras maravillas tecnológicas.

Pero de Coquito, nada.

Claro, cuando él habla de la lucha contra la dictadura se refiere a que estuvo en el estrado del 27 de julio en el Paseo de la República, durante la parte light de la Marcha de los Cuatro Suyos. Con ello quería decir que no estaba de acuerdo en reconocer legalidad al tercer gobierno fujimorista, lo que no le impediría ocupar su curul en los días siguientes.

¿Qué impacto podía haber tenido la convocatoria a los Cuatro Suyos si se hubiera limitado a una presentacion de delegaciones de descontentos en la víspera de la nueva juramentación de Fujimori y si no se hubiera llevado adelante la lucha del día siguiente –ante la cual dudaron todas las dirigencias-, en la que el centro de Lima fue disputado entre la policía del poder y la población civil que reclamaba el fin del gobierno?

Los únicos indicios de la participación de Del Castillo en esta parte de la lucha fueron sus gestiones en diversas comisarías de Lima para liberar a los presos de su partido.

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Yo tengo un recuerdo más directo del hoy primer ministro durante la década de los 90. Acababa de concluir la redacción de mi libro “La Venta Sucia” (La privatización de Petroperú como fraude a la nación) y participaba de una reunión del Comité de Defensa del Petróleo, donde estaba presente Jorge del Castillo.

Faltaba dinero para la publicación y los participantes seguían tirando rollo sobre las bondades del libro y las atrocidades de la privatización. Entonces, del Castillo dijo que había que dejarse de tanto palabreo e indicar cuánto iba a poner cada uno y que él comprometía 200 dólares. Le siguió Tantaleán que ofreció lo mismo, el secretario general del SUTEP y otros.

Lo bueno fue que Coquito convirtió en concreta una discusión gaseosa. Lo malo es que ni él, ni Pocho, entregaron nunca lo que ofrecieron. Del APRA el único que contribuyó aunque parezca sorprendente fue Agustín Mantilla.

Con los años vine a enterarme que el dirigente aprista se había convertido en privatista a ultranza, el preinversión de su partido y el hombre de confianza de la gran empresa. Es el que dice que los contratos de los 90, incluido el de Petroperú, son intocables.

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Hay una secuencia lógica en todo esto. Del Castillo fue tan luchador democrático, como pudo ser adversario de las privatizaciones. Mucha palabra, muy poca acción real. Para pasar luego a la orilla opuesta.

Y todo en nombre de supuestos méritos pasados que nadie le puede discutir.

03.05.07

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