martes, abril 30, 2013

El Estado subsidiario



Artículo 60- Pluralismo Económico
El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal
Constitución del Perú 1993

El PPC de Lourdes y el APRA de García, estuvieron entre los partidos que llamaron a votar por el No, en el referéndum para aprobar la Constitución del 93. Hoy, ambos son fieles creyentes, entre otras lindezas del llamado documento fujimorista, del concepto de Estado subsidiario de la actividad empresarial, entendida según el diccionario como ayuda que se presta a la otra parte es decir a la inversión privada.

Sólo una crisis endemoniada como la que afectó al Perú hasta entrados los años 90, puede explicar que se otorgase al Estado un rol tan vergonzoso y se le amarrara las manos como actor autónomo en la economía, muy a pesar de que en la primer línea del mismo artículo 60 se hablara de pluralismo. Visto desde el lado de la gran inversión, que usualmente es estatal o extranjera, el bendito artículo debía traducirse que sólo cuando las transnacionales no quisieran hacerse cargo de una actividad económica, por ejemplo hacer una carretera o un puerto, el Estado subsidiariamente debería reemplazarla.

Y eso es lo que hoy defienden el PPC y el APRA con un ardor que supera al genio fujimorista que legisló que en el Perú intervengan empresas estatales siempre que sean extranjeras, como ocurre en buena medida con Repsol. La tesis por supuesto es que el Estado peruano es adicto a la estatización así que si empieza por algún lado, al poco tiempo habrá multitud de empresas públicas sacando del camino al capital privado, y que Ollanta es una especie de chavista reprimido que si se le da la mano para intervenir en la economía lo hará hasta el cuello y usará los recursos que obtenga de esa aventura para la llamada reelección conyugal.

O sea estamos en pura política y en una especie de coletazo de la peor época de los años 90. Pero miren ustedes cómo será de defectuoso el andamiaje constitucional que nos dejó la dictadura que no sólo desmiente su proclamado pluralismo, sino que pretende que hay un mismo tratamiento legal para lo público y lo privado, cuando no lo hay. Y a pesar de que Petroperú esta fuera de los alcances del mamotreto del 93, porque existía anteriormente y tiene su ley orgánica y la más reciente, que apunta a su fortalecimiento, la DBA insiste en llevar el caso al Congreso en donde aspira estrangular a la principal empresa estatal.

30.04.13
www.rwiener.blogspot.com

lunes, abril 29, 2013

Las viudas de la Hoja de Ruta


Cuando los dueños del diario El Comercio decidieron contratar a Bayly para que hiciera de sicario mediático en la televisión contra la candidatura de Ollanta Humala, estaba a pocos días de dar a conocer la llamada Hoja de Ruta y del juramento de San Marcos con la presencia de Vargas Llosa. Pero ni una ni otra circunstancia los arredraron para seguir en la campaña de demolición que habían iniciado.

Para ellos sólo había una ruta y esa era la que expresaba la candidatura de Keiko Fujimori con su promesa de regreso a los años 90 y un solo juramento que era mantener invariable el programa neoliberal que ya lleva más de 20 años. Pero perdieron y entonces voltearon la cabeza y empezaron a repetir que ese Humala, al que de buena gana le hubieran colocado una bomba, era en realidad alguien que ya se había casado con ellos en la famosa hojita que ofrecía el respeto a los contratos, como dice Alfredo Bullard, el sábado en el diario decano, en la que le recomienda al presidente olvidar a su vieja amante, la gran transformación.

Pero el editorial del domingo va aún más lejos. A la fórmula presidencial de buscar un mayor equilibrio entre el Estado y el mercado y su remembranza a épocas en que hubo excesos de un lado y del otro, El Comercio contesta haciendo comparaciones de cifras, como si el desastre de los 80 fuera responsabilidad de las reformas de Velasco y como si el fujimorismo fuera la vía asegurada al crecimiento. En realidad vuelve sobre una supuesta oposición entre el Alan García del primer gobierno y los gobiernos que lo siguieron, y como si los votos que recibió Humala hubieran sido para repetir a Fujimori, Toledo y García II, cuando fue todo lo contrario.

La falta de respeto al electorado que representó el olvido del programa histórico del nacionalismo, sin consulta con los votantes, el partido o los equipo técnicos, y el continuismo económico a cargo de personal de confianza de los grupos de poder y los grandes medios fue saludado por la derecha como un giro propio de la democracia, cuando ellos sabían muy bien que tras de eso estaba la presión mediática y la amenaza del boicot económico. Así se inventaron un nuevo Humala y lo explicaron con la Hoja de Ruta, como si se hubiese tratado de la epifanía del candidato que se acercaba a la presidencia.

El problema es que ellos mismos asumieron que con controlar al presidente lo controlaban todo. Y ahora están empezando a preocuparse porque en algunos puntos sensibles su creación se le está empezando a escapar de las manos. Por eso Bullard le recuerda lo de las esposas y El Comercio grita contra los equilibrios. Cuando la regla debía ser todo hacia un solo lado.    

29.04.13

domingo, abril 28, 2013

El odio a Petroperú


La ley orgánica de Petroperú que regía durante el proceso de la privatización, señalaba de manera explícita que la empresa era “íntegramente de propiedad del Estado” y que sólo podía ser disuelta mediante ley expresa. Sin embargo, la venta sucia de la más grande empresa peruana se hizo amparándose en la norma general de privatizaciones (DL 674), sin ley que autorizara de manera directa afectar su patrimonio disgregándolo en unidades para su venta por partes.

Se sacó así el tema de la discusión del Congreso y se saltó la ley. Para efectos de forma la refinería La Pampilla se vendió como si fuera una empresa aparte (se le fabricó un estatuto y se emitieron acciones a su nombre), pero el vendedor siguió siendo la CEPRI de Petroperú, encargada de matarla por etapas. Hoy, cuando Repsol ofrece la misma refinería, envejecida y debilitada, los enemigos de Petroperú recuerdan que no se puede formar nuevas empresas públicas sino por ley.

Pero resulta que no se trata sino de un debate sobre si conviene recomponer el patrimonio productivo de una empresa existente, es decir más allá del aspecto político de la cuestión, esta es de una operación que debe ser vista desde el ángulo de la política de hidrocarburos que tiene como uno de sus brazos fundamentales a la empresa estatal del petróleo. Está a la vista que lo que no se quiere es que Petroperú se fortalezca y sea una empresa competitiva nacional e internacionalmente.

Este espíritu destructivo estaba presente en los 90, cuando los funcionarios del Banco Mundial que monitorearon la privatización, insistieron en que había que desaparecer hasta el nombre, asociado a las políticas de nacionalización y desarrollo energético autónomo que estuvieron en auge en países como el nuestro antes de que se iniciara la ola neoliberal y las grandes privatizaciones.

En pocas palabras: Petroperú evoca a Velasco. Y como está registrado en la historia hubo quienes se prestaron a apuñarla, no sólo desde las esferas del poder político y las consultorías bien pagadas, que sirvieron para liquidar los ingresos de la privatización. Hoy leemos a varios de esos actores regresar a sus viejas posiciones e insistir en lo retrógrado que es una empresa estatal con refinerías y grifos, cuando a cada paso vemos empresas también estatales ganando espacios en el país.

Lo que resulta más curioso, por decir algo, es la posición del APRA, que en los 90 era parte del Comité de Defensa del Petróleo en el que participaban Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco, Manuel Dammert, el general Rodolfo Robles, entre otros, y que trató de impedir la venta de las dos joyas de Petroperú: La Pampilla y el lote 8X de la selva. Hoy el APRA de García y Del Castillo se escandaliza de que se esté estudiando la posibilidad de recuperar la refinería.

28.04.13

sábado, abril 27, 2013

La privatización de Petroperú


Durante la campaña de 1990, el candidato Fujimori no sólo se comprometió al no shock, sino que también aseguró en la que sería otra de sus grandes mentiras: que no privatizaría Petroperú, empresa que definió como “de todos los peruanos”, que “ya sabemos quienes la comprarían” y porque su venta podría traer muchos males como el encarecimiento de los combustibles e “incluso desabastecimiento”. En 1992, el ministro de Energía, Jaime Yoshiyama, suscribió una carta cuyo texto había sido elaborado por el Banco Mundial, comprometiendo la venta fraccionada de Petroperú hasta la total desaparición de esa empresa.

Un año después otro ministro anunciaría un debate técnico para decidir el destino de Petroperú. Para entonces ya se habían vendido los grifos, la empresa del gas y los buques de carga, que eran altamente rentables. Pero aún así el ministro Hokama defendería ante un auditorio en pie de rebelión la decisión de trozar la mayor empresa del país en aras de crear un “mercado competitivo” de los combustibles. Fuera del auditorio en el que se dio este debate que el gobierno nunca escuchó, se recogían los resultados de diversas encuestas en las que la mayoría absoluta del país rechazaba la venta (en 1996, las cifras indicaban 65% de oposición a la privatización).

Pero el gobierno no sólo ignoró a los técnicos y a la voz de la calle. Cuando empezaron a reunirse cientos de miles de firmas para un referéndum sobre la venta de Petroperú, el Congreso encabezado por Martha Chávez determinó que para este caso no cabía la consulta porque se trataba de una “materia presupuestaria”, como si no fuera un asunto eminentemente político y de diseño del desarrollo. En mayo de 1996, el ministro de Trabajo, Jorge González Izquierdo, por entonces militante del PPC, nombrado a la vez para el cargo de presidente de la comisión de las privatizaciones, COPRI, declaró que “Petroperú se venderá, le duela a quién le duela”.

Le iba a doler, claro que sí, a la población en sus bolsillos porque los precios de los combustibles volarían hasta el punto de indignar al propio Fujimori; al Estado, porque los ingresos que generaba Petroperú disminuyeron a un mínimo luego que se vendieron los campos petroleros y la principal refinería (La Pampilla) y eso que no llegaron a rematarlo todo porque dudaron y creció la oposición política y social al despropósito. Sufrió el país, porque el desarrollo petrolero quedó entrampado por la falta de inversiones que era el objetivo de la venta. Los pozos se han ido secando sin que se abran nuevos campos. Asimismo la refinería más grande del país ha envejecido y a Repsol no le queda sino venderla. La privatización no creo ni competitividad, ni mayor oferta petrolera, ni mejora tecnológica o ambiental. Pero aún sigue teniendo chillones defensores en muchos medios

27.04.13

viernes, abril 26, 2013

Los expedientes robados


Volvamos al tema de la labor fumigatoria que queda por hacer en Justicia, de acuerdo a las propias palabras del Dr. Enrique Mendoza. Revisando mis archivos me encuentro con otra historia sabrosa. Y es que en enero del 2010, cuando se discutía ante la Tercera Sala Civil de Lima la demanda por daños y perjuicios que debería corresponder a los accionistas de la empresa Pesquera Carolina, que fue capturada mediante procedimientos dolosos (se falsificaron documentos de Registros Públicos) y quebrada por malos manejos  por un grupo que respondía al Banco Wiese (hoy Scotiabank), los alegatos que fundamentaban la posición de los demandantes fueron robados del expediente.  Así como se lee, robados y desaparecidos, para que una mayoría de miembros de la Sala, con excepción de su presidente, pudieran obviar los argumentos de la defensa de los accionistas y votar bajo el extraño criterio que el daño a un bien económico (empresa) no equivale a daño a su propietario.

Estos hechos fueron investigados y sancionados por la OCMA, que señaló a un empleado de la Sala como el responsable convicto y confeso de la sustracción. Pero no fue más allá, lo que hubiera equivalido a plantearse quién salía beneficiado de esta operación mafiosa. Al quedar como un hecho caprichoso, en el que los papeles de un litigante son robados por robar, se permitió que al llegar a la casación en la Suprema, donde debía resolverse sobre la nulidad de una sentencia votada bajo las condiciones anormales, tres vocales, Víctor Ticona Postigo, Ana María Aranda Rodríguez y Ana María Valcárcel Saldaña, repitieran a sus subordinados ignorando los argumentos de los recurrente e insistiendo en la cuestión aparentemente de “fondo” de que el daño a la persona jurídica no afecta a la persona natural que es propietaria. Otros dos vocales, , Héctor Ponce de Mier y Francisco Miranda Molina, votaron sin embargo en discordia pronunciándose sobre lo que se les había pedido que era regresar el proceso a fojas cero (nulidad) por los delitos producidos.

¿Cómo es que tres entienden de manera distinta un pedido que otros dos? Increíblemente porque unos dicen haber votado antes de recibir los escritos de los apelantes y los otros sí toman en cuenta la precisión de la demanda. Este juego de de fechas aparentemente sin sentido no hace sino reproducir a un nivel más alto lo que pasó en la Tercera Sala y lleva a preguntarse, en vías de fumigación, qué es lo que hace que ciertos jueces apelen a este tipo de maniobras para entrampar y distorsionar procesos que a primera vista parecen muy claros en todos sus alcances. ¿No tendrá algo que ver que en este tipo de litigio una de las partes sea una empresa poderosa, como en este caso un banco (Scotiabank), que es el lado que nunca pierde? 

26.04.13