lunes, marzo 30, 2015

La confianza quebrada en la Contraloría

La denuncia de que en la Contraloría se cobran comisiones para no ejercer labores de fiscalización, no es tan traída de los cabellos o lanzada con ventilador, como algunos piensan, porque existe un antecedente cercano del que seguramente el señor Khoury no querría oír hablar: a fines del 2012, bajo la actual gestión, se denunció al vicecontralor Oswaldo Yupanqui por actos dolosos referidos a la extorsión de un alcalde en Arequipa.

No sabemos ahora nada más que el vicecontralor fue destituido, pero no sobre los demás implicados en la red de corrupción, ni si se ha seguido la acción penal y con qué resultados. Nos preguntamos si el superior de Yupanqui, es decir el señor Khoury, está comprendido en el caso, ¿es testigo, investigado, inculpado?  Habrá seguramente ocasión para que el futuro Congreso revise la gestión de la Contraloría y se forme una opinión sobre cómo se manejó esta denuncia.

Estos hechos, intencionadamente soslayados para no mermar la autoridad de un órgano de la autoridad de la Contraloría, ha sido recordado en las recientes elecciones regionales, cuando la recién electa gobernadora regional de Arequipa hizo pública la desconfianza de la ciudadanía en el Contralor Khoury y la institución a su cargo. En otras regiones como el Callao o Cajamarca, la incredulidad se ha acentuado por razones casi opuestas: falta de control en un lado y ensañamiento con el presidente regional (hoy gobernador) en el otro.

Todo esto no significa sino una caída vertical de la credibilidad en el organismo que debería ser la garantía de honestidad y limpieza en todos sus actos. Precisamente, varias comisiones del Congreso, están verificando las omisiones del contralor Khoury en los casos más graves del período, lo que a su vez ha desatado una frenética carrera en el local de Av. 6 de agosto, para presentar más y más informes que acrediten que la Contraloría no andaba tan despistada y así lavarse la cara. Pero, tal parece que no existe sustancia que retire la suciedad acumulada.
 
Por ejemplo, ahí donde se discute sobre la actuación de los organismos internacionales en la supervisión de proyectos, la Contraloría no ha podido responder por qué no atendió el pedido de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) para revisar 100 licitaciones en las regiones, la mayor parte en Ancash (Caretas Nº 2336 del 20 de mayo del 2014).

Por todo lo dicho, debería subrayarse el contenido del artículo 25 de la Ley de Contraloría (27785), que indica que al Congreso al que le corresponde la fiscalización de esta entidad en el cumplimiento de sus funciones anticorrupción. Si no lo hace incurre en encubrimiento real.  Por tanto alguna instancia del Legislativo debe actuar de acuerdo a su mandato, tipificando si es que ha habido algo que se pueda llamar instancia permanente de control, muy bien remunerada mientras la corrupción estallaba en distintas regiones y organizaciones del Estado.  

30.03.15

domingo, marzo 29, 2015

La corrupción le ganó a la Contraloría

El señor Fuad Khoury lleva casi seis años al frente de la Contraloría General de la República, y según su propia declaración en este tiempo la corrupción le ha ganado la batalla y se ha extendido por todas partes.

La Contraloría ha crecido en gerencias, personal, locales, sueldos de sus funcionarios (los más altos de la administración pública), y bonos de productividad para sus informes que el contralor decide. Pero nada de esto ha logrado que la Contraloría vea los problemas que están ocurriendo frente suyo como el inflamiento de los costos de los megaproyectos, las obras sin estudios técnicos, las asociaciones ilícitas de autoridades con grupos mafiosos, entre otros.

La Contraloría siempre llega tarde para poner cifras y presentar informes que tenían guardados por cálculo político y o quién sabe otra razón. Recientemente se ha revelado que el Estado ha perdido el 70% de los arbitrajes a los que se sometió para resolver controversias en las contrataciones públicas y como consecuencia se ha tenido que pagar 1,128 millones de soles a actores privados en el período 2003-2013.

Pero ocurre que según la Ley de Contraloría, se indica que en estos procesos la institución “debe participar directamente y/o en coordinación con las entidades (involucradas)… para la adecuada de los intereses del Estado, cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes de éste (Art. 22, inc. o, Ley 27785). O sea que en esta hemorragia de dinero la Contraloría también tiene responsabilidad, y no sólo de contarnos la historia.

Presionado a responder por qué la Contraloría carece de iniciativa en la lucha anticorrupción, Khoury dice en entrevista a El Comercio del 19 de marzo de 2015, que él sólo tiene la función de auditar y que la auditoría en todo el planeta es posterior, es decir que tiene que se produzca el robo para después investigarlo. Esto, por cierto, en contradictorio con la Ley y con lo que el contralor ha firmado en su documento memoria “La Contraloría cuenta su historia”, que afirma que su encargo es el de supervisar el empleo de los recursos públicos y no el de constatar cómo se los robaron.

En la misma entrevista, Fuad Khoury se queja del Ministerio Público y el Poder Judicial, como si ahí estuviera todo el problema, y concluye diciendo que está solicitando facultades para intervenir entidades públicas ante hechos de corrupción, que es una típica fuga hacia delante ya que ante sus propias inconsecuencias no se le ocurre otra cosa que reclamar más poder, que el propio El Comercio crítica editorialmente como una trasgresión al equilibrio de poderes.

El hecho es que el Contralor vive tratando de echar culpas hacia otra parte. Pero lo que es verdad es que no ha cumplido con la Ley que ordena que “el control sea apropiado, oportuno y efectivo,  para prevenir y verificar… la correcta, eficiente y trasparente utilización de los recursos del Estado…”, y eso tiene que ver con cómo estamos.      

29.03.15
www.rwiener.blogspot.com

El Contralor viajero

En eso momentos el contralor Fuad Khoury debería estar respondiendo por las acusaciones que recibió desde Bolivia en las que se indica que los funcionarios de su institución canjean por dinero la realización de investigaciones en los municipios del país, pero el aludido, como de costumbre, no está en el país. ¿Saben dónde está?

En París, como expositor de un Panel, la sede de la OECD (club exclusivo de las naciones de mayor desarrollo), cuyo objetivo declarado es “mejorar la gobernanza para promocionar la inversión en industrias extractivas en América Latina y el Caribe” y “discutir las recientes reformas de gobernanza y transparencia y los desafíos pendientes en el sector de extractivas… para promover y apoyar la inversión tanto doméstica como extranjera en el citado sector…”

Nadie recuerda que el contralor haya tocado siquiera de lejos estos complicados asuntos, pero él dice que viajan a exponer los resultados de auditorías de ingresos en proyectos de industria extractiva a nivel sub nacional, de lo que por supuesto nadie en el Perú estaba informado.

La “justificación” tiene que ver con que el señor Khoury sabe que está trasgrediendo la ley de Contraloría que explícitamente le ordena que “no puede ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la Constitución Política, en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y las norma técnicas especializadas que emita en uso de sus atribuciones.” Como es evidente nada en esta normativa autoriza al contralor a definir la política hacia las empresas extractivas, por lo que la referencia a las auditorias no es más que un nuevo intento de hacer encajar la ley en lo que más le conviene.

Este viaje es el enésimo del contralor peruano, que parece que más tiempo pasa en el exterior que en sus funciones. Para esta oportunidad nos notifica que sus gastos serán cubiertos parcialmente por el BID, sin indicación de cuánto es el monto, qué porcentaje del valor del viaje representa y qué rubros están a cargo de ese organismo internacional. Lo que si dice es que la Contraloría le ha girado la cantidad de 3,300 dólares, para complementar la bolsa de viaje para una exposición que debe haberse realizado el 26 de marzo, sin que el susodicho haya vuelto hasta ahora.

La resolución Nº 130-215-CG, emitida por el despacho del Contralor General, del 20 de marzo, encarga al vicecontralor, muy cercano al partido aprista, para que se haga cargo de la dirección de la institución desde el 23 de marzo y “en tanto dure la ausencia del titular…” ¿No les parece demasiada sinvergüencería? Viaja a un evento fuera de las responsabilidades a su cargo; le achaca al BID el gasto pero pide 3,300 para supuesto gastos no cubiertos sin decir cuáles son; parte tres días antes de la presentación; no fija fecha de retorno.

¿Qué se cree este señor?, ¿qué todos estamos contentos con los resultados suma cero de sus responsabilidades anticorrupción?     

28.03.15

viernes, marzo 27, 2015

El primer poder del Estado

La mayoría en el actual Pleno se ha convertido en una ruleta rusa. Todos creen que tienen la bala plateada y que con un agrupamiento entre distintas fracciones se puede lograr algún resultado, aunque después las alianzas sean otras.

En tiempos del primer gobierno de Belaúnde, con el APRA asociada con el odriísmo (el fujimorismo de la época)  haciendo una mayoría estable que le amarró las manos al gobierno, se usaba la fórmula de que esto era así porque el Parlamento era el primer poder del Estado que debía prevalecer.

Han pasado 50 años y estamos viendo una caricatura de la tragedia de los 60. En vez de una mayoría opositora que traba al Ejecutivo y que pone la nota más derechista en asuntos claves como la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, tenemos ahora una dispersión casi total, salvo el eje fujimorista que se mantiene y que hace soñar al APRA que juntando de aquí y allá podría dominar desde el Congreso con sus cuatro parlamentarios.

Humala piensa al revés. Cree que en la dispersión, el oficialismo, o lo que queda de él, puede lograr neutralizar los riesgos de un Legislativo adverso. Hasta último momento siempre es posible conseguir el voto salvador como se ha hecho en varias censuras. Para el actual presidente, el Congreso es una de esas cosas del llamado “Estado de Derecho”, que no se sabe para qué están, pero a la que hay que ser formalmente leal, maniobrando sobre ellas.

Alan García, por cierto, como siempre, está tratando de ir un paso adelante y ya está poniendo a este Congreso de las repartijas como el que debe decidir sobre los asuntos en los que el gobierno está jaqueado, como en los viejos tiempos: premier dizque que independiente, designación del jefe de la DINI (para que espíe a otros), etc. La idea de que está naciendo una nueva mayoría, es ilusoria en medio del gran desorden, pero el ego colosal no pierde la oportunidad para aparecer como casi gobernante.

El Congreso peruano tal como es hoy es una versión bizarra de lo que fue el poder congresal hasta 1992. Es una construcción chicha nacida de Fujimori, que, como Humala, no creía en estas cosas que discuten y se enfrentan, pero que la disfrazaron para cumplir con la presión internacional, mermando su capacidad de control de otros poderes del Estado, su dinámica de discusión interna y la calidad de sus componentes. De centro del debate político, que ahora son los medios de comunicación, pasó a prebenda que se reparte entre los compañeros de viaje de las campañas, y que luego se disgregan tristemente.

Pero, en fin, la votación sobre la censura a Jara, dependerá de muchos votos locos que pueden terminar apoyando o censurando a quién sea, de acuerdo a las negociaciones de último momento y a los cambios de estados de ánimo.

27.03.15

jueves, marzo 26, 2015

Si Ana Jara cayera…

A veces pienso en Ana Jara como un tapón en una situación política a punto de estallar. No  porque ella sea una estratega especialmente dotada, sino porque en unos tiempos donde se han cruzado las más fuertes acusaciones y nadie parece saber adónde pueden llegar las cosas, Jara es la única que puede dar la cara por el gobierno en todos los frentes.

Imaginemos que la censuran por el asunto de los “dinileaks”, con los que la oposición de derecha se ha abanderado asegurando que este es el gobierno de las persecuciones clandestinas y los espías espiados. ¿Con quién la reemplazarían?, ¿cuánto demoraría en el actual fraccionamiento político del Congreso, llegar a un acuerdo para un nuevo gabinete, si para darle la confianza a la actual primera ministra hubo que recurrir a un voto dirimente?

Y, tal vez lo más importante, ¿quién podría hacerse cargo del premierato en aguas tan movidas como las del fin de gobierno? Si nos atenemos al Ollanta que conocemos le tocaría recurrir a un personaje anodino que pudiese pasar la barrera congresal. Pero no estamos en los tiempos del cambio de Valdés a Jiménez, y es difícil que el gobierno, el APRA y el fujimorismo se pongan de acuerdo en algo, cada vez más cerca de las elecciones.

De alguna forma los censuradores juegan también con fuego, porque si lograran tumbar a Ana Jara, el gobierno podría responderles proponiendo un gabinete que no puedan aceptar y que en un segundo rechazo abrirían paso a una crisis constitucional que llevaría hacia la disolución del Congreso. Ese sería un gesto poco imaginable con la personalidad de Humala, pero uno nunca sabe.

Lo principal es, sin embargo, saber si estamos hablando en serio de una crisis de los 150 mil rastreados, que este gobierno seguía día y noche, no se sabe para qué (¿chantajearlos?, si no se chantajeó a nadie), y que ahora en vísperas de la censura habrían violado la oficina de Vitocho García Belaúnde y los teléfonos del PPC. ¿Es posible una organización de inteligencia tan bruta?

Parece ridículo pensar que un gobierno que consultaba hasta los ministros con la Confiep y las grandes empresas, estuviera preparando un plan contra la élite de la actividad económico. O que se rastreaba periodistas porque eran peligrosos, cuando la gran prensa no se peleó con el gobierno hasta el 2014 y los datos fueron recogidos hasta el 2013. En realidad, el gobierno y su “inteligencia” han sido sorprendentemente torpes. Y Humala se ha montado sobre un Estado podrido al que pretende ser leal, cuando lo que ha conseguido es una catarata de deslealtades.

Veremos lo que pasa con el gabinete Jara y como funcionan los actores políticos en una nueva crisis en el epílogo del gobierno Humala. Con los votos del Congreso como están, totalmente dispersos, cualquier cosa puede suceder.   

26.03.15