Nada ni nadie en qué creer

Los diarios han dado cuenta de los centenares de candidatos regionales y municipales que tienen condenas vigentes y han hecho como que les escandalizara una situación que parece caída del aire. El ministro Urresti y Jaime Antezana han ofrecido nombres de narcos metidos en la campaña. La ministra Omonte ha hecho su aporte con nombre de deudores alimentarios y violadores sexuales. Y ya se habla de una nueva legislación que restringiría el acceso de personas con vínculos con hechos delictivos a los procesos electorales.

Pero el Congreso que tiene que definir esa eventual ley, acaba de poner en la picota a uno de sus miembros, por impulsar, nada menos que con la cobertura de la “propiedad” de su madre de 80 años, una hostal en la que se practica la prostitución de menores. El tipo ya había sido “investigado” hace más de un año, con las mismas pruebas e igual mecanismo de defensa, y absuelto por el “ético” Lay y su comparsa. Ahora un remake del escándalo lanzado por televisión ha hecho que el partido fujimorista lo expulse como en un resorte y pida entregarlo a la justicia, mientras Lay anuncia parsimoniosamente que hará una nueva investigación.

En el actual Congreso ya se ha producido el desafuero del señor Urtecho que aprovechaba su condición de discapacitado para lucrar con el tema de las necesidades de las personas con limitaciones físicas y de paso recortaba sueldos de sus trabajadores para sus cuentas y las de su mujer. Hay, a su vez, dos congresistas suspendidos. Y varios otros que ya pasaron por esa situación. Pero lo mejor es que a Kenji le encontraron droga en su empresa y no pasó nada; a Velásquez Quesquén le han hallado nexos económicos con Orellana e ídem;  Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo tiemblan en un hilo por el asunto de Ancash, pero no caen; a Bedoya de Vivanco lo acusaron de intento de violación y nada; el “ético” Lay tiene acusaciones de corrupción en su iglesia y su partido; el fujimorista Melgar roba agua a los agricultores de Huaura, luz a las empresas eléctricas y tierras al Estado, pero la Comisión de Ética no ve el problema; Víctor Isla tiene varias novias en el Congreso y usaba el dinero de la presidencia para viajes de placer y no comprende dónde esta su falta.

En el Ejecutivo, ya sabemos, hay una intensa labor lobista que se desarrolla al amparo de las múltiples relaciones personales tejidas entre ministros y exfuncionarios del Estado que ahora representan a empresas. En medio de loas al mercado libre el país se ha vuelto una feria de favores a grupos de interés que está palmariamente reflejada en los recientes paquetes económicos de supuesta reactivación. El ministro Mayorga está en su puesto como un delegado de las petroleras, que no ve incompatibilidades en su tarea de ablandar las resistencias de los sectores de Ambiente y Cultura para que las nuevas inversiones ingresen sin los estudios de impacto ambiental que ellas mismas financiaban y aprobaban, y que ahora ni en eso quieren gastar. El ministro Castilla, por cierto, es el articulador de un Estado que diluye sus límites con el espacio privado. Y el presidente lanza un discurso el 28 de julio hablando de educación y salud, como si no se diera cuenta de lo que está pasando o no quisiera ver.

Por si todo lo dicho fuera poco, hay tres presidentes regionales presos, uno prófugo, varios con comparecencia y otros tantos bajo investigación. La sensación impuesta es que la descentralización ha devenido en una corrupción generalizada, mientras en Lima un exalcalde con probados vínculos con hechos de corrupción que están siendo aún procesados, al que el Fiscal de la Nación salvó de la denuncia, y del que se sabe era el campeón de las comisiones a los proveedores y constructoras, anda flotando en las encuestas y en el silencio más ominoso, mandando mensajes con sus allegados de que si gana volverá a hacer lo que hizo durante ocho años en que estuvo en esa función. ¿Cuántos mas que no son condenados o narcos visibles, están en la carrera para hacerse de las regiones y principales alcaldías? Un ejemplo elocuente es el de Waldo Ríos, tránsfuga filmado cobrando a Montesinos, que ya cumplió su condena y aparece primero en los sondeos nada menos que para el gobierno de Ancash. El otro es el de la banda de los chimpunes de Kouri-Moreno-Sotomayor, en el Callao.

¿No da todo esto la sensación de que algo muy malo se está viniendo sobre el país y que lo que se ha llamado ya delitocracia está desatada en el país. No hablamos aquí de candidatos presidenciales para centrarnos en lo que está pasando en este año 2014, pero ahí la cosa probablemente sea aún más grave. Descomposición total, crisis de instituciones, ausencia de partidos, se dice por doquier para tratar de interpretar este despelote. Pero ¿quién detiene lo que se descompone, reforma las instituciones o construye nuevos partidos? Nada indica que eso esté en camino en algún sentido. Al contrario, cada vez es mayor la distancia entre la política y la población, y el sentimiento de que toda la oferta de siglas y aspirantes está contaminada está cada vez más extendida. Lo que se dice de los candidatos, las autoridades elegidas y sus funcionarios de confianza hace que casi todas las personas con un mínimo de entereza y decencia rechacen meterse en el fango y queden excluidas de un sistema hecho solo para logreros.

El riesgo de que algún esfuerzo por adecentar la política y desfujimorizar un país que aún lleva las huellas de los noventa, concluya en una contraacusación de los que entienden que para salvar a la corrupción hay que hacer que todo el mundo sea visto como corrupto, es alto. Un buen ejemplo es lo que tuvo que vivir Javier Diez Canseco que sufrió en los dos últimos años de su vida una metralla inmunda e ignorante que partía del concepto de que podían igualarlo hacia abajo con sus principales enemigos y que con toda seguridad incidió en su enfermedad. Algo por el estilo ha sido el intento de colgarle el cartel de “ratera” a Susana Villarán con cualquier argumento. Así todos somos rateros, pero unos hacen más obras, o reinan el populismo más ramplón.

En realidad, el Perú está llegando nuevamente a un momento de ruptura. Toda la política de los últimos 25 años está viciada y no tienen capacidad alguna de autoreformarse, porque está ha estructurada para que los que participan de ella sólo se interesen en conservar sus posiciones y privilegios. Es evidente que en la polarización que se siente a la distancia, donde los intereses en juego no resultan conciliables, hay los que entienden que para corregir el podrido mundo de la antipolítica que nos trajo el autoritarismo de los 90, hay que ser aún más autoritario y elitista de lo que se ha venido siendo.

Es el discurso que está detrás de la concentración económica y mediática, de los que creen que el Perú todavía sigue en guerra y que sólo ellos pueden “salvarnos”, de los lobistas pro-grandes empresas que se reparten el país en nombre del crecimiento y del no crecimiento. La pregunta es si frente a ellos queda tiempo para levantar una alternativa democratizadora, de multitudes que despiertan a sus derechos y que no temen las consecuencias de enfrentar el viejo orden que nos asfixia. El futuro no se pinta bueno, pero mucho peor es cerrarle los ojos y creer que la lenta caída puede seguir para siempre.

25.08.14

Publicado en Hildebrandt en sus trece