Hay quienes creen que algunas noches, Alan García
sueña con los muertos de los penales de 1986 y se despierta agitado. Falta poco
para que se cumplan 30 años desde esos violentos acontecimientos que mostraron
la potencialidad destructiva del carácter de el dos veces expresidente.
Pero los muertos no descansan.
Tal vez por ello el Tribunal Constitucional ha
aprovechado un recurso de amparo de miembros del personal de la marina que
están procesados por el caso de El Frontón, para emitir una sentencia cuyo
interés principal no son los recurrentes y sus derechos presuntamente
afectados, sino el establecer una línea de resolución en el juicio que se
abrirá dentro de pocos meses.
Una afirmación en el sentido de que el resultado de
la operación para debelar el motín (los muertos) no fue producto de un plan
preconcebido… sino de excesos en el enfrentamiento… por decisiones y acciones
durante el desarrollo de los hechos; no tiene sentido en una instancia de
control constitucional, salvo que lo que se quiera decir es que por tener esa
jerarquía hay que aceptar sus particulares interpretaciones como si agotaran la
necesidad de pruebas.
Para reprimir el motín hubo un conjunto de decisiones
de gobierno, adoptadas directamente por el presidente que se mantuvo en
permanente contacto con los ejecutores para asegurar su cumplimiento. Entre
estas las más notables fueron: (a) la militarización de las cárceles,
transformando un problema de orden público en una acción de guerra; (b) la orden
de actuar con la máxima energía y con la fuerza necesaria, preservando en lo
posible la vida y la integridad de los rehenes; (c) la presión para actuar
rápidamente, descartando cualquier forma de asedio para obligar a rendirse a
los amotinados. Es la Justicia la que debe evaluar la relación entre estos
mandatos y lo que ocurrió. Pero el TC ya marcó una pauta.
Lo mismo pasa con el tema de la eliminación de
rendidos. El TC asegura que no es posible afirmar que haya habido una política
en ese sentido “en esos años”. Por ello presume que los fusilados después de la
rendición lo fueron por algún “exceso” de los militares y policías que
participaron de los hechos. Esta es una nueva fórmula para exculpar al gobierno
y al presidente por lo ocurrido. Más aún el juego del tiempo busca
implícitamente comparar los 80 con los 90, para distinguir la época de Fujimori
en que si hubo ejecuciones extrajudiciales por las que ya ha sido sentenciado.
Finalmente el TC habiendo fijado el camino por donde
deberán caminar los jueces, llega a su máxima pretensión cuando dice que
terminado el proceso penal, recién operarán las prescripciones sin posibilidad
de nuevos procesamientos. Es decir más allá de lo que finalmente se resuelva,
se podrá inmediatamente recurrir a la prescripción y más aún nadie podrá pedir
otro juicio sobre García aún cuando se haya acreditado su responsabilidad.
06.09.13
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