El rasgo más notable de la tiranía es la arbitrariedad. Y se
es arbitrario cuando se cree que el poder permite hacer lo que a uno le de la
gana: desde un favorecimiento indebido, hasta una venganza personal, pequeña o
grande.
Digo esto no para referirme únicamente a las dictaduras que
son arbitrarias por definición, sino a las democracias que se van volviendo
autoritarias. Por ello mientras se mantengan espacios de prensa libre habrá que
combatir sin pausa al pequeño tirano antes que se vuelva grande.
Miren no más el caso de García, que no sólo se burla de las
investigaciones que se le hacen y las anula gracias a un juez amigo, sino que
nos desafía diciendo que igual va a volver a ser elegido y borrará las huellas
de sus anteriores delitos.
Humala ha actuado con arbitrariedad cuando se deshizo por su
sola decisión del programa en torno al cual se desarrolló la campaña del
Partido Nacionalista y el frente de Gana Perú.
También cuando ordenó sumarse a la sanción contra el
congresista Diez Canseco para “castigarlo” por haberse separado del bloque de
gobierno, luego del viraje a la derecha del presidente.
Y está siendo arbitrario al mantener sin pensión alguna al
excongresista andino Juan Mariátegui, que era uno de los elementos de lustre de
la bancada nacionalista del 2006 al 2011, pero que por algún extraño motivo ha
sido despojado de sus derechos por las sucesivas mesas directivas del Congreso
durante este gobierno.
¿Le molestó a Humala que Mariátegui no aceptara ingresar al
partido cuando lo emplazó públicamente?, ¿lo consideró demasiado
independiente?, ¿le contaron alguna historia truculenta para indisponerlo con
él?
Casi ya no importa descubrir la causa. El hecho es que de
ocho congresistas del anterior período calificados para acceder a los beneficios
de la Ley 20530, a siete de ellos se les ha reconocido el derecho y sólo uno ha
sido excluido y peloteado durante más de dos años.
Los derechos pensionarios son, sin embargo, inviolables e
impostergables, porque afectan la vida de las personas y en especial de los
mayores. Por tanto no pueden estar expuestos a los caprichos, simpatías o
antipatías, de los gobiernos y los funcionarios públicos.
Son y punto. Por eso el Colegio de Abogados ha dado la razón
a Juan Mariátegui, en tanto ya fue clasificado en el 2006, como pensionista y
le aplicaron los descuentos durante cinco años. Más aún, era pensionista antes
de entrar al Congreso.
Entonces, ¿cómo puede ser posible que existan dudas sobre su
derecho y se pidan informes de abogados que han buscado enredar las cosas y
pronunciamientos de la ONP, para abrir una vía para mantener en suspenso
indefinidamente la pensión del profesor Mariátegui?
El tema ha sido abordado muchas veces por la prensa y
diversas instituciones, y el gobierno hace como que no tuviera tiempo para verlo.
Así es la arbitrariedad. Lamentablemente.
23.09.13
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