El Perú de comienzos del 2001, que acababa de cerrar el
capítulo de Fujimori, era una sociedad herida por la mentira y el abuso del
poder. El empeño por permanecer en el poder arguyendo que sólo el sátrapa podía
evitarnos recaer en la violencia terrorista y en la crisis económica, se había
desenmascarado como un plan corrupto para saquear el Estado y mantener a la
mayoría de los peruanos en una condición de ciudadanos menores de edad, que
debían ser tutelados por un grupo mafioso que había copado las instituciones y
que tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas.
El país de los miedos que existió a lo largo de los años 90,
estaba lejos de ser exorcizado, como que Fujimori todavía tenía una alta
votación y el estilo autoritario de enfrentar los problemas se mantenía, como
se mantiene, latente en la conciencia de mucha gente. El gobierno de transición
de Paniagua fue el producto generado por una situación ambigua en la que el
dictador y su asesor huían, mientras el sistema político que habían construido
se ajustaba evitando los cambios dramáticos y donde la palabra más socorrida
del momento fue la de concertación o nuevos consensos.
Parecía que todos los asuntos pendientes podían resolverse a
través de una mesa plural de actores que buscarían transformarnos sin mucho
sacudimiento en un país más racional y menos enfrentado del que habíamos
presenciado en el último año del fujimorismo: la pobreza desatendida, los
derechos laborales, la política educativa, las grandes políticas estatales de
largo plazo y, por cierto, el balance del conflicto interno y las vías para
superar los traumas que deja la guerra. La Comisión de la Verdad anunciada por
Paniagua que definió sus primeros miembros, y que se echa a andar durante el
gobierno de Toledo que le agrega además el concepto “ y de la Reconciliación”,
quedando como CVR, era una expresión de un tiempo en que se creía que una
cierta racionalidad podía imponerse a los odios del período anterior.
La CVR se echa a
andar
Contra lo que suele señalar por parte de los críticos más
ácidos de la CVR, este organismo no fue una creación de la izquierda ni de los
“caviares” (los gobiernos de Paniagua y Toledo no respondían a esas
orientaciones), y en su composición se incluyó a un exrector universitario que
nunca fue izquierdista, que la presidió, un general de la aviación que había
estado ligado a los servicios de inteligencia, una exministra de Fujimori y
diversos intelectuales y activistas de derechos humanos. Nada que no se hubiera
visto en otras experiencias de investigación de períodos prolongados de
violencia.
Tampoco es verdad que tuvieran un diseño destinado a
“igualar” a la subversión armada con las fuerzas estatales encargadas de su
represión. El punto de partida de la CVR era que esta guerra, con sus trágicas
consecuencias, no habría existido si la organización política Sendero Luminoso
no hubiera decidido iniciarla y si los métodos que utilizó no hubieran sido tan
cruentos y despiadados. La idea era que si bien un orden social plagado de
injusticias y que recorta los derechos alimenta la violencia social, la
decisión de tomar las armas para enfrentar al Estado y a las Fuerzas Armadas
fue de los insurrectos, que en su mayoría han pagado con su vida o con la
cárcel lo que hicieron. Pero la CVR, fue más allá. Adoptó un punto de vista
para juzgar lo sucedido: el de las víctimas de la tragedia que fueron
arrastradas por la vorágine de la guerra.
Al hacer esto no podían dejar de remarcar que las fuerzas
del Estado actuaron muchas veces en contra de la población que aseguraban
defender. Al privilegiar el objetivo militar, abandonaron su obligación con los
derechos humanos, y cometieron diversos delitos: asesinatos, desapariciones,
violaciones, torturas, etc., como si el llevar el uniforme y las armas les
autorizara para arrasar. En la época de García y luego en la de Fujimori,
operaron además grupos especiales de agentes estatales para eliminar los que
entendían como soportes de la subversión: abogados, periodistas, dirigentes
sindicales y otros. La CVR concluyó que estos hechos no eran aislados, sino un
patrón de conducta que rigió en muchos momentos y muchos lugares.
Cuando se ve el rechazo exacerbado de algunos sectores hacia
esta mirada integral del proceso, es inevitable desprender que seguimos teniendo
dentro de nosotros personas que justifican las ejecuciones extrajudiciales como
usos de la guerra y las poblaciones masacradas como costos colaterales de las
acciones militares. Que creen además que están en guerra contra toda la
izquierda y que tumbarse el informe de la CVR es una de sus principales
batallas.
No hubo consenso
El Informe de la CVR está lleno de esfuerzos por salvar al
Estado y sus instituciones de la acción de sus propios miembros. Eso puede
discutirse pero estaba en la lógica con la que se formó. Los que van en contra,
representan a la corriente política-ideológica que parecía estar derrotada en
el 2000 y que luego ha ido volviendo a sacar cabeza y alcanzar puntos de
encuentro con varios sectores que antes se consideraban adversarios. No es que
hayan cambiado, porque su pensamiento es el mismo, como lo prueba lo que
escriben con motivo del aniversario de la CVR.
En realidad nunca hubo un consenso mínimo sobre lo que
fueron los años de la violencia política. Y si no se dieron resistencias cuando
se lanzó la idea y se hizo conocer a los miembros, es porque el Perú estaba
todavía muy removido y había muchas ganas de cambiar. Ese impulso acabó rápido.
El miedo volvió, incluso en los gobernantes: Toledo no apoyó transformar el
Informe en un instrumento del Estado, y los siguientes presidentes han andado
en cámara lenta respecto a las obligaciones estatales ante las víctimas de la
violencia.
Pero el Informe ahí ha quedado como para recordarnos que
tuvimos una oportunidad.
01.09.13
No hay comentarios.:
Publicar un comentario