Cuando estaba estudiando el tema de la construcción de la
nueva pista para el aeropuerto me encontré con una situación que tal vez sea
útil para entender el problema de los bonos agrarios. Las tierras sobre las
cuales debía extenderse el Jorge Chávez correspondían a tres antiguas haciendas
(San Agustín, Taboada y Bocanegra) que habían pertenecido a lo más rancio de la
oligarquía limeña y que fueron afectadas por la reforma agraria de 1969 que
determinó que los yanaconas que las trabajaban se quedaran con las parcelas
donde habían permanecido por varias generaciones.
Allá por el año 1998, el almirante Matellini, presidente de
CORPAC, ordenó que se hiciese una valorización del área a expropiar (unos tres
millones de metros cuadrados o 300 has), utilizando peritos de la
Superintendencia de Bienes Nacionales, que concluyeron en una cifra de 50
millones de dólares. Se suponía que se pagaría alrededor de 166 mil dólares por
hectárea o 16 dólares por metro cuadrado de tierra agrícola, y que este dinero
serviría para que los agricultores aceptaran dejar sus terrenos. Poco después,
sin embargo, los principales estudios de abogados entraron en el caso,
arguyendo que a quién se debía pagar era a los antiguos señores que todavía
tenían sus tierras inscritas en registros públicos, mientras los campesinos se
habían registrado en la Dirección de Reforma Agraria que ya no existía.
Por tanto, un proyecto que requería de tierras tenía que
pagar papeles de quienes no eran posesionarios, y resolver luego como desalojar
a los que estaban realmente sobre el área a expropiar. Pero más que eso, los
abogados empezaron a discutir la valorización y en medio de las tensiones el
precio empezó a subir. Entonces las bases de la privatización del aeropuerto
fueron modificadas para que fuera el Estado y no el concesionario, el que
desembolsara el dinero por los terrenos y se los entregara al operador. Abierta
esta vía, el precio por la tierra empezó a crecer hacia los cielos llegándose
al final a pagar casi 200 dólares por metro cuadrado, de los cuales los
exhacendados separaron de 2 a 3 dólares por metro cuadrado para los campesinos,
incluidas sus viviendas.
Leo por estos días a tipos como Bullard en El Comercio o
escuchó a Adrianzén en RPP, decir que la reforma agraria fue un robo, ¿y cómo
calificarían lo que sucedió en el aeropuerto? Y no vengan con que no saben qué
va a pasar cuando se intente aplicar lo que ha dispuesto de manera groseramente
corrupta el Tribunal Constitucional con el voto dirimente de su presidente, que
por añadidura es un exfuncionario del Banco de Crédito, uno de los tenedores de
documentos de la deuda agraria. Fácilmente convertirán mil en 4 mil o 10 mil
millones, y los cargarán a la deuda externa o privatizaciones, y estrangularán
al país por muchos años. Entonces preguntaremos: ¿de quién fue el robo?
21.07.13
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