Según afirma Oscar Ugarteche, en un
artículo denominado “La Nueva Corrupción”, publicado por la revista Nueva
Sociedad: “Quizás el mayor modo moderno
de corrupción sea la presencia de asesores y funcionarios remunerados por
empresas y estudios de abogados, a fin de asegurar que el ministerio y/o la
agencia del Estado que corresponda haga lo que ellos requieren para garantizar
una ganancia mayor a la empresa o empresas que representan”.
Y, a continuación, pone el ejemplo del
abogado del Banco de Crédito “prestado” al MEF para que ayude a redactar la Ley
de Bancos, que permitió obtener la cartera de clientes y de créditos de la
banca de fomento y bancos quebrados, antes que sus competidores. En el siguiente
capítulo de la historia el abogado regresa al banco, premiado con un alto sueldo
y créditos subsidiados. Y todo eso ha quedado como si fuera lo más normal del
mundo.
Otro caso es el de los abogados del Midland
Bank de Londres (posteriormente HSBC) y el Banco de Crédito convertidos en
asesores legales del MEF a comienzos de los 90, cuando empezaban a discutirse
las futuras privatizaciones. Estos profesionales llegaron en paralelo a la
formación del Peru Privatization Fund (PPF- Fondo de Privatización Perú), impulsado
por los dos bancos, con sede en Islas Gran Caimán, que entró agresivamente a
comprar papeles de deuda externa que sus tenedores daban casi por perdidos, a
precios irrisorios (un promedio del 10% del valor nominal).
Los letrados provenientes de los bancos
redactaron, sin embargo, la ley y los decretos complementarios que harían
posible canjear papeles de la deuda al 100% de su valor nominal durante la
venta de empresas públicas. Esto le permitió al PPF ofertar su stock de estos
documentos a alrededor del 80% de su valor nominal (8 veces más)a los
interesados en participar en las privatizaciones. Se calcula que ese negocio
dejó una utilidad de más de 100 millones de dólares. Los abogados destacados al
MEF, dejaron luego sus cargos y volvieron a sus bancos.
El negociador peruano de la deuda de esa época era funcionario de
Opinvest, operadora de fondos internacionales que facilitaron las operaciones
reseñadas. En otras palabras, los gatos hacían a cada rato de despenseros. El
Estado estaba copado por dentro de agentes de los bancos.
Hoy tenemos que el presidente del Tribunal
Constitucional, que tiene que resolver un enorme pago de los bonos de reforma
agraria, es un ilustre abogado que ha servido 21 años al Banco de Crédito, que
por casualidad ha sido el principal comprador de estos papeles adquiridos a
precio de huevo y por los que ahora tiene demandado al Estado. Y cuando le
piden que se abstenga de decidir en este caso por simple decoro, sale al frente
a defender una autonomía que es difícil de creer. Cómo si no hubiera tanta
historia detrás de este tipo de situaciones.
12.07.13
1 comentario:
Que pena da el Perú, en manos de semejantes cuervos.
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