Memoria de la Reforma Agraria
Crecí dentro de una generación que no tenía
dudas sobre que en el Perú tendría que haber una reforma agraria. No sólo se
trataba de la alucinante distribución de la tierra en la que un puñado de
propietarios acaparaba inmensos territorios y las mejores tierras, relegando a
las comunidades y campesinos a la condición de vasallos de los señores o arrinconándolos en
las zonas altas y sin calidad productiva, sino del enorme poder político que
emergía del control del campo que era un fuertísimo obstáculo para la
transformación del Perú en una sociedad moderna y democrática.
El tremendo dolor causado por siglos, desde
la colonia y la mayor parte de la república, nunca fue resarcido por un sistema
de dominación que se fundó a sangre y fuego, a través de múltiples despojos, y de
las decisiones de los poderes centrales para los que la miseria campesina era
parte del orden natural de las cosas. Eso fue así hasta que los movimientos
agrarios empezaron a extenderse por todo el país y a generar embriones de
revuelta. Oleadas de tomas de tierras empezaron a modificar un orden de cosas
que algunos imaginaban inmodificable.
A comienzos de la década de los 60, un
vigoroso movimiento de campesinos en el Valle de La Convención y Lares, en el
Cusco, impulsó la formación de sindicatos campesinos y estableció un programa
de reforma agraria decidido desde las bases. A eso, la prensa de Lima le llamó
“guerrilla” y convirtió a su dirigente emblemático, Hugo Blanco, en una especie
de Che Guevara de la ceja de selva peruana. En 1962, el gobierno militar que
reprimió a la organización campesina de La Convención y detuvo a Blanco
acusándolo de la muerte de dos policías que cayeron en un enfrentamiento con
los campesinos, y que además produjo la redada más amplia de dirigentes de
izquierda que recuerde la historia y los mandó al Sepa, fue también el autor de
la primera reforma agraria localizada en una sola provincia y que reconocía que
la única forma de contener el alza de las luchas campesinas era satisfaciendo
parcialmente las demandas de tierra.
Una anécdota de la época señala que los
hacendados de la zona de conflicto eran los que pedían ser incluidos en la
reforma del gobierno militar, ya que ella les permitía retener algunas de las
mejores tierras, antes que los sindicatos le aplicaran su propia norma que los
dejaría sin nada. En 1963, es elegido el arquitecto Fernando Belaúnde con un
discurso de reforma social, que incluía por cierto la transformación de las
estructuras del agro. Ganador en forma indiscutible de la votación, Belaúnde se
encontró enfrentado a una coalición parlamentaria entre el partido de los
hacendados y oligarcas y el APRA, que entre otros temas se planteó frenar la
presión a favor de la reforma agraria. Así el belaúndismo fue derrotado varias
veces en sus intentos en esta materia y fue bajando sus pretensiones de cambio
hasta convertirlos en inocuos.
Quién revise la prensa de la época verá que
frente a la reforma agraria, aún en sus visiones más moderadas, había una
oposición férrea, muy parecida a la que se puede apreciar ahora cada vez que se
proponen cosas mucho más sencillas como regular el consumo de comida chatarra
en los colegios, asegurar la difusión de artistas peruanos en la televisión y
la radio, o comprar los activos de una empresa petrolera que antes eran del
Estado y que están siendo mal administrados. La técnica del escándalo ya estaba
en uso en ese entonces con el mismo efecto paralizante que suele producir entre
los políticos débiles de carácter.
El
gobierno militar
En 1968, las Fuerzas Armadas desalojaron
del poder a Fernando Belaúnde, cerraron el Congreso apro-odriísta e iniciaron
un proceso de nacionalizaciones y reformas que cambió intensamente al país. La
nueva doctrina que llevaban los inspiradores del nuevo régimen asumía que sin
transformaciones profundas el país corría el riesgo de precipitarse en una
guerra civil y que uno de los puntos claves era el de la reforma agraria. Apenas
ocho meses después del golpe de Estado, el general Velasco pronunciaría su
célebre discurso anunciándole a los campesinos que el patrón nunca más comería
de su pobreza.
El remezón fue brutal. Más de 10 millones
de hectáreas de tierra cambiaron de propietarios en un corto tiempo y el
sistema de tenencia se convirtió en uno de los más democráticos de
Latinoamérica al contar con el mayor
número de pequeños propietarios viviendo de la agricultura. Frente a esta
gigantesca reforma, en la que sin duda se cometieron errores y excesos, como
siempre ocurre con los grandes hechos históricos, la única crítica que se
levantó en su momento es la que provino de sectores de la izquierda que
cuestionaban el excesivo control estatal sobre las empresas asociativas y
levantaban los reclamos insatisfechos de organizaciones comunales.
Con sus propios errores, la izquierda
aceleró el proceso de afectación, mientras la derecha callaba y no se atrevía a
protestar por lo que estaba ocurriendo. Los expropiados medianos, que perdieron
su capital con la reforma, nunca fueron defendidos por los que hoy hablan en
nombre de ellos. Los bancos y entidades financieras actuaron más bien como
lobos para arrebatarles los bonos que simbolizaban la deuda por sus bienes
expropiados, que se los compraron al precio más bajo posible para ahora
intentar cobrarlos a un valor muy superior con una formidable ganancia
financiera.
Un
debate ideológico
Periodistas de derecha han escrito en estos días que así se trate de la cantidad de miles de millones de dólares que sea, hay que pagarle el bono a sus tenedores (80% en manos de bancos y financieras), para con eso matar la reforma agraria y subrayar que esas cosas no deben hacerse. Es decir la ideología antireforma y antivelasquista sirve para justificar un traspaso brutal de dinero público a entidades que no tuvieron relación alguna con la tierra y las expropiaciones de hace 44 años. En esta trampa se quiere convencer al país que lo del 69 fue un abuso contra simpáticos propietarios a los que se les quitó su hacienda donde la agricultura florecía, para entregarla a personas que hicieron retroceder la historia.
Todo esto es una
apelación a la mala memoria. Y habrá que dar gracias a que este asunto
vergonzoso de los bonos nos permita volver a discutir lo que realmente pasó en
el país en los 60 y 70, que es lo que explica mucho de lo que está ocurriendo
actualmente.
21.07.13
www.rwiener.blogspot.com
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