El fin de La Parada

 Todavía tengo en la memoria de los debates posteriores a que la Municipalidad de Lima lograse trasladar a la mayoría de mayoristas al Mercado de Santa Anita tras una fiera resistencia de dos días en la que participaron los bajos fondos de La Victoria, aparentemente contratados por los reyes de distintos productos que no querían moverse del viejo centro de abastos donde campeaba la insalubridad y la corrupción. Recuerdo que se decía que no importaba que finalmente se hubiese logrado el objetivo de poner en marcha unas instalaciones que llevaban décadas sin ocuparse, sino que en el primer intento la policía y la Municipalidad habían sido desbordados.

¿Por qué no calcularon la respuesta?, ¿por qué no llevaron policías suficientes?, ¿por qué dejaron que tumbasen al del caballo y le dieran en el piso? Improvisación, incompetencia y un montón de adjetivos más, para una operación que ningún alcalde anterior se atrevió a hacer, y que era reconocida como una necesidad para cambiar el rostro de la ciudad. Obvio que Castañeda y otros no se quisieron enfrentar a las mafias que dominan La Parada, a las miles de personas que tenían una forma de vida en ese mercado y a la población achorada de la zona, que sin duda no son la mayoría de los habitantes de los cerros aledaños, pero que si tienen fuertes núcleos organizados como se mostró en octubre del 2012.

El domingo se ha dado el paso final del caso La Parada, con la clausura del local donde todavía algunos vendedores se habían mantenido haciendo competencia a Santa Anita, en abierto desacato de la autoridad, con el soporte de jueces corruptos, uno de los cuales después de otorgar los amparos para evitar el cierre definitivo y ser expulsado del poder judicial, ha pasado a ser el abogado de los resistentes y su candidato . Claramente la estrategia para detener el proceso en marcha era enredarlo en recovecos judiciales. Y claro no faltaron los enemigos de Susana que volvieron a la carga: ya ven, no ha desaparecido La Parada.

Pero eso es justo lo que acaba de pasar en una acción que da todas las trazas de ser irreversible. Un fuerte cerco policial ha disuadido la intervención de elementos externos y evitado la violencia. Pero sorpresivamente se está hablando de llamar a la alcaldesa y al ministro del Interior al Congreso para que respondan por el despliegue “excesivo” de fuerza pública. O sea que querían que fueran pocos policías para que les peguen y los boten como la otra vez. Más aún, cierta prensa y algunos locutores de televisión se han hecho eco de la idea de que la acción debió notificarse y advertirse con anticipación. Para que se organice la respuesta. Y así dicen que lo que les preocupa es que se haga algo por la ciudad.  

04.02.14

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