Nadie pensará que las personas cristianas de las parroquias
y los chicos de colegios religiosos que marcharon voluntaria u obligadamente en
la llamada “marcha por la vida” convocada por el cardenal Cipriani, pudieran
lograr tener algún efecto sobre las miles de mujeres que diariamente se someten
a operaciones de aborto en condiciones a veces seguras (cuando se tiene dinero)
o de alto riesgo, cada una por las razones que les son propias.
No sólo eso. Tampoco el gobierno actual estaba camino a
algún cambio significativo en el conjunto de prohibiciones que sigue pesando
sobre este tema y que lo convierte en una práctica clandestina, doblemente
peligrosa para la salud y la libertad de las mujeres implicadas. La actitud
conservadora de Humala y su temor a chocar con los poderes fácticos como el de
la Iglesia lo incapacitan para cualquier reforma, incluidas las que tienen que
ver con los derechos individuales y la libertad de la gente para decidir sobre
sus vidas y sus cuerpos.
Lo único en lo que la “marcha por la vida” podría influir es
en la anunciada protocolización del aborto terapéutico, que se refiere
exclusivamente a situaciones extremas en las que el embarazo amenaza seriamente
la vida y la salud de la mujer y por consecuencia del feto. Hace 90 años (¡!)
que se legalizó esta modalidad de aborto como recurso médico, y en todo ese
tiempo no se ha reglamentado su utilización dando origen a que las
instituciones de salud se limiten en aplicarlo.
Durante el gobierno de García se hizo el protocolo y se le
llevó a la firma del presidente, que no se atrevió a estampar la misma rúbrica
que usó para los narcoindultos. Por su parte, el presidente Humala y su
ministra de Salud siguen dando largas al asunto, anunciando nuevas fechas y
avances que finalmente no concluyen con el postergado reglamento. Se calcula
que la tasa de mortalidad femenina se incrementa en alrededor de dos por mil
por los obstáculos que existen para el aborto terapéutico.
La jerarquía de la Iglesia Católica y los jefes de otras
confesiones mantienen su oposición a esta medida porque temen que abra el
camino para legalizar el aborto en general. Por tanto bien podría decirse que
la “marcha por la vida”, tiene algo de marcha por la muerte, con tal que el
dominio eclesiástico-estatal- social sobre el cuerpo de las mujeres se
mantenga.
Que la mujer muera antes que se reglamente alguna forma de
aborto. O que la violada no haga sobre el feto, lo que el violador hizo sobre
ellas, o sea que aguante, como dice Vásquez Kunze. O, finalmente, que la mujer
no decida cuando tener o no hijos. Para eso se marchó el sábado y lo hicieron
los que no están en ninguno de los grupos señalados. Para que el Estado siga
acobardado en su obligación de respetar los derechos de todos, incluso de los
no religiosos.
24.03.14
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