lunes, marzo 24, 2014

Marcha para decidir sobre la vida de otros

Nadie pensará que las personas cristianas de las parroquias y los chicos de colegios religiosos que marcharon voluntaria u obligadamente en la llamada “marcha por la vida” convocada por el cardenal Cipriani, pudieran lograr tener algún efecto sobre las miles de mujeres que diariamente se someten a operaciones de aborto en condiciones a veces seguras (cuando se tiene dinero) o de alto riesgo, cada una por las razones que les son propias.

No sólo eso. Tampoco el gobierno actual estaba camino a algún cambio significativo en el conjunto de prohibiciones que sigue pesando sobre este tema y que lo convierte en una práctica clandestina, doblemente peligrosa para la salud y la libertad de las mujeres implicadas. La actitud conservadora de Humala y su temor a chocar con los poderes fácticos como el de la Iglesia lo incapacitan para cualquier reforma, incluidas las que tienen que ver con los derechos individuales y la libertad de la gente para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.

Lo único en lo que la “marcha por la vida” podría influir es en la anunciada protocolización del aborto terapéutico, que se refiere exclusivamente a situaciones extremas en las que el embarazo amenaza seriamente la vida y la salud de la mujer y por consecuencia del feto. Hace 90 años (¡!) que se legalizó esta modalidad de aborto como recurso médico, y en todo ese tiempo no se ha reglamentado su utilización dando origen a que las instituciones de salud se limiten en aplicarlo.

Durante el gobierno de García se hizo el protocolo y se le llevó a la firma del presidente, que no se atrevió a estampar la misma rúbrica que usó para los narcoindultos. Por su parte, el presidente Humala y su ministra de Salud siguen dando largas al asunto, anunciando nuevas fechas y avances que finalmente no concluyen con el postergado reglamento. Se calcula que la tasa de mortalidad femenina se incrementa en alrededor de dos por mil por los obstáculos que existen para el aborto terapéutico.   

La jerarquía de la Iglesia Católica y los jefes de otras confesiones mantienen su oposición a esta medida porque temen que abra el camino para legalizar el aborto en general. Por tanto bien podría decirse que la “marcha por la vida”, tiene algo de marcha por la muerte, con tal que el dominio eclesiástico-estatal- social sobre el cuerpo de las mujeres se mantenga.

Que la mujer muera antes que se reglamente alguna forma de aborto. O que la violada no haga sobre el feto, lo que el violador hizo sobre ellas, o sea que aguante, como dice Vásquez Kunze. O, finalmente, que la mujer no decida cuando tener o no hijos. Para eso se marchó el sábado y lo hicieron los que no están en ninguno de los grupos señalados. Para que el Estado siga acobardado en su obligación de respetar los derechos de todos, incluso de los no religiosos.  

24.03.14

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