jueves, marzo 20, 2014

Dejan sin efecto lectura de sentencia contra Lévano y Wiener

Extraña secuencia: el martes 28 de enero llegó procedente del 35 Juzgado Penal para Reos Libres de Lima, una notificación señalando fecha para el día 31 (tres días después y en las vísperas de las vacaciones judiciales de febrero) para la lectura de sentencia en el caso que me siguen junto con el director La Primera, dos apoderadas legales de LAP y la propia compañía administradora del aeropuerto, por supuesta difamación, en realidad una pretendida “difamación indirecta” ya que las abogadas en cuestión nunca fueron mencionadas en ningún artículo mío o del diario.

Sin embargo, según me entero, a través de una nueva notificación entregada el 18 de marzo, este caso ya había generado un incidente al existir un informe del especialista de fecha 20 de enero señalando claras omisiones en el texto de la proyectada sentencia, lo que dio lugar a que en ese mismo día se dejase sin efecto la citación a lectura y se pusiese la causa a cargo de una jueza distinta que deberá revisar lo actuado para emitir el fallo correspondiente.

Sólo pregunto: ¿se cruzaron el juez Lugo Villafana y su reemplazante, en sus respectivas decisiones?, ¿por qué siguió corriendo una citación para lectura de sentencia, cuando esta ya estaba en revisión y había otro magistrado para la causa?, ¿hubo presiones para forzar que saliera una sentencia como fuera, en contra de los periodistas, lo que podría haber dado lugar a los errores que ahora se señalan?

Un caso insólito: las abogadas Montes Morote  y Pacheco Quesada, mantienen una querella contra mí y César Lévano, porque según dicen al mencionar que el gerente de seguridad de LAP estaba considerado en un proceso sobre narcotráfico se les afectaba como trabajadoras. Aplican la ecuación de que denunciar a un funcionario acusado por la Justicia (no por nosotros), implicaría que los demás empleados podrían ser calificados como parte de una empresa de narcos. Una deducción infantil, detrás de la cual se coloca además LAP como tercero civil acompañante de la denuncia.

Lo obvio de este caso es que admite que LAP está detrás de este, y de los otros dos procesos que sobre los mismos materiales de prensa se abrieron en el año 2009, y que su preocupación es un asunto de “imagen”, que contradictoriamente no ha querido llevar a la vía civil, sino que lo ha convertido en demandas penales para afectar la actividad de la prensa. Como hemos dicho otras veces la Segunda Sala Penal ya había zanjado en octubre del 2010, que la investigación basada en textos fiscales y judiciales era legítima y que el tema del narcotráfico de claro interés nacional. Sin embargo ha habido jueces que han seguido adelante tratando de desmoralizar a la prensa independiente. Nos alegramos que se vuelva a ver el caso antes de sentenciar. Es lo menos que podía hacerse.

20.03.14

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