Extraña secuencia: el martes 28 de enero llegó procedente
del 35 Juzgado Penal para Reos Libres de Lima, una notificación señalando fecha
para el día 31 (tres días después y en las vísperas de las vacaciones
judiciales de febrero) para la lectura de sentencia en el caso que me siguen
junto con el director La Primera, dos apoderadas legales de LAP y la propia
compañía administradora del aeropuerto, por supuesta difamación, en realidad una
pretendida “difamación indirecta” ya que las abogadas en cuestión nunca fueron
mencionadas en ningún artículo mío o del diario.
Sin embargo, según me entero, a través de una nueva
notificación entregada el 18 de marzo, este caso ya había generado un incidente
al existir un informe del especialista de fecha 20 de enero señalando claras
omisiones en el texto de la proyectada sentencia, lo que dio lugar a que en ese
mismo día se dejase sin efecto la citación a lectura y se pusiese la causa a
cargo de una jueza distinta que deberá revisar lo actuado para emitir el fallo
correspondiente.
Sólo pregunto: ¿se cruzaron el juez Lugo Villafana y su
reemplazante, en sus respectivas decisiones?, ¿por qué siguió corriendo una
citación para lectura de sentencia, cuando esta ya estaba en revisión y había
otro magistrado para la causa?, ¿hubo presiones para forzar que saliera una
sentencia como fuera, en contra de los periodistas, lo que podría haber dado
lugar a los errores que ahora se señalan?
Un caso insólito: las abogadas Montes Morote y Pacheco Quesada, mantienen una querella
contra mí y César Lévano, porque según dicen al mencionar que el gerente de
seguridad de LAP estaba considerado en un proceso sobre narcotráfico se les
afectaba como trabajadoras. Aplican la ecuación de que denunciar a un
funcionario acusado por la Justicia (no por nosotros), implicaría que los demás
empleados podrían ser calificados como parte de una empresa de narcos. Una
deducción infantil, detrás de la cual se coloca además LAP como tercero civil acompañante
de la denuncia.
Lo obvio de este caso es que admite que LAP está detrás de
este, y de los otros dos procesos que sobre los mismos materiales de prensa se
abrieron en el año 2009, y que su preocupación es un asunto de “imagen”, que
contradictoriamente no ha querido llevar a la vía civil, sino que lo ha convertido
en demandas penales para afectar la actividad de la prensa. Como hemos dicho
otras veces la Segunda Sala Penal ya había zanjado en octubre del 2010, que la
investigación basada en textos fiscales y judiciales era legítima y que el tema
del narcotráfico de claro interés nacional. Sin embargo ha habido jueces que
han seguido adelante tratando de desmoralizar a la prensa independiente. Nos
alegramos que se vuelva a ver el caso antes de sentenciar. Es lo menos que
podía hacerse.
20.03.14
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