A raíz de las dubitativas y no comprometidas declaraciones
del Nobel Paul Krugman, según las cuales podría entenderse que no hay problema
si el Perú se empeña en seguir viviendo de sus recursos naturales colocados en
el mercado exterior, que han sido celebradas
por ministros del gobierno Humala (que supuestamente tiene un plan de
industrialización) y por la gran prensa concentrada que propone para el país el
modelo Conga, me ha asaltado una pregunta: a saber qué tiene que ver toda esa
discusión de modelos y prioridades sectoriales con un conflicto tan agudo como
el que estamos presenciando con los mineros artesanales, informales e ilegales en
estos mismos momentos.
Curiosamente los que dicen que nuestro destino es minero y
nada más que minero, que imaginar una economía de transformación, aún aquella
que sirve para elevar el valor de los mismos recursos naturales extractivos
está demás, cuando en el mercado internacional nos los pueden pagar
directamente en estado bruto, se encuentran sobresaltados porque bajo ese mismo
impulso decenas y centenas de miles de personas están dedicadas a raspar la
tierra a lo largo y ancho del país para extraer minerales, especialmente oro,
que a través de una ruta compleja se transforman en exportaciones legales, con
gran beneficio para los intermediarios sobre los productores.
Si uno lee a la prensa concentrada desprenderá que lo que
desea realmente es que el Estado reduzca de ser posible a cero las pequeñas
minerías, muchas de las cuales existen hace tiempo asociadas a las comunidades,
y otras que han crecido con los altos precios internacionales, y que los
espacios donde se desenvuelven reviertan para su asignación a grandes empresas,
principalmente extranjeras. Algo de eso estaba presente en la ley de persecución
de la minería ilegal que se lanzó en el período de Conga, para decir que ahí
estaba el problema de la contaminación y el despojo al país, y que amalgamaba a
los artesanales (que no usan maquinaria), con los informales (que no tienen
títulos saneados), con los ilegales o delincuenciales que hacen gran y mediana
minería fuera de la ley y los que articulan mafiosamente entre lo formal y lo
informal.
Si el gobierno de Humala no ha podido avanzar demasiado en
aplicación de sus propias normas y ha dado señales equívocas de declarar
ilegales y delincuentes a los mismos que después llamaba a negociar, o de
variar constantemente los plazos, debe ser por un doble motivo. Primero, porque
este sector fue una de las brazos de su campaña y al presidente debe costarle
asumir la visión que sus tecnócratas le han impuesto. La mirada de miles
movilizados en un montón de regiones debe asustarlo sobremanera. La segunda,
porque la norma ciega de la etapa del gabinete Valdés, pretende ignorar que
esta pequeña minería va a existir mientras no haya otra cosa en que trabajar y
ganar decentemente. Por eso al final tienen que negociar con ella.
25.03.14
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