A escasos días de haberse enterrado al principal rival del
presidente regional de Ancash, César Álvarez, asesinado alevosamente en una
parada de viaje hacia Chimbote por sicarios contratados para eliminarlo, el
juez Alejandro Mena Quispe que tiene a su cargo el Juzgado Unipersonal Penal
Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa (¡tamaño nombresote!!),
condenó al periodista César Quino Escudero por haber supuestamente difamado al
mismo Álvarez en una portada de su revista El Observador, en la que alude al
enorme poder que ejerce en la región.
A fines de enero, apenas un mes y medio de su trágica
desaparición, Ezequiel Nolasco había denunciado, junto a su familia, otra
turbia decisión de la justicia chimbotana que absolvió a casi todos los
miembros de la banda que acribilló a su hijo político en el primer intento por
asesinarlo. Así, el amparo judicial contra el crimen se debilita en la medida
que crece el blindaje contra autoridades que parecen dispuestas a cualquier
cosa para retener el poder.
Ancash es una región con mucho dinero procedente del canon
minero y las actividades pesqueras, y en la que los índices de inseguridad
ciudadana han crecido aceleradamente. En poco tiempo se ha visto caer bajo las
balas del sicariato al alcalde Casma, al exalcalde de Huarmey, al fiscal
provincial de Casma, y a testigos importantes de estos mismos crímenes. La idea
es evidente: sembrar el miedo en la gente, resolver contradicciones políticas y
evitar investigaciones sobre corrupción a punta de balas.
¿Y qué hace el presidente regional para enfrentar la
violencia que aqueja a su pueblo? Que se sepa nada, salvo insistir en la
brillante tesis de que él no puede estar comprometido con los asesinatos
políticos, porque nada lo perjudicaría más en sus aspiraciones, que
involucrarse en ese tipo de temas. Un razonamiento sorprendente que permite la
cobertura suficiente para que se siga produciendo la la eliminación sistemática
de sus adversarios, y los jueces y fiscales sigan sin investigarlo.
Mientras tanto el juez Mena, da verdadera pena dirigiendo su
afán sancionatorio hacia la prensa pequeña e independiente, con lo cual se
vuelve a cumplir una regla perversa que se está repitiendo en el país, según la
cual los casos graves de sicariato, corrupción, narcotráfico, quedan muchas
veces sin resolver porque los jueces desestiman las pruebas y consagran la
impunidad, mientras se ensañan contra la prensa que denuncia estos hechos y advierte
de los responsables más probables con los recursos de la investigación
periodística.
Quino Escudero ha declarado que la sentencia no sólo amenaza
la libertad de expresión sino que instala un clima de persecución judicial
contra la prensa, ya que al hacer intocable a Álvarez pone en situación comprometida
a otros periodistas que también han sido denunciados como difamadores por el
presidente regional. Entretanto Álvarez tiene 150 denuncias por peculado,
malversación y abuso de autoridad. Y no le pasa nada.
24.03.14
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