Está prohibido investigar a LAP

Fue hacia mediados del año 2000, que valiéndonos de las páginas del diario  Liberación dirigido por César Hildebrandt, pusimos en alerta que se venía una privatización arreglada del Aeropuerto Jorge Chávez, para lo cual se había inflado maliciosamente el costo de la nueva pista de aterrizaje, para argumentar que el Estado a través de los ingresos de CORPAC no podía ejecutar la obra y se había frenado las inversiones más urgentes como la implementación de las mangas para el ingreso y salida de los aviones, que ya habían empezado a utilizarse en el aeropuerto del Cusco.

Dos años antes, cuando preparaba las condiciones para la re-reelección, Fujimori había anunciado el fin de las privatizaciones y se había quejado amargamente de haber sido engañado cuando le dijeron que las tarifas de los teléfonos, la electricidad y los combustibles bajarían rápidamente por efecto de la “mayor eficiencia” de la gestión privada. De esta forma se “salvaron” la Refinería de Talara, la Hidroeléctrica del Mantaro, Sedapal entre otras contadas empresas públicas. Pero, entonces, empezó a rondar la idea de concesionar infraestructura de transporte y qué mejor que el principal aeropuerto en el que no había que preocuparse de la suba de tarifas porque los que los usan son gente de dinero, que estaría seguro gustosa de pagar por un mejor servicio.

La trama de la concesión del Jorge Chávez empezó por el año 99, pero la crisis política el año siguiente enredó todas las cosas. Sin embargo, entre el tráfago de la nueva juramentación de Fujimori cuestionada por medio país, las promesas y la violencia de los Cuatro Suyos, ministros como Boloña, Bedoya Camere y Pandolfi, así como el privatizador multipropósito Dante Matellini, armaron un tinglado según el cual para justificar la concesión se aseguraba que no había dinero estatal, pero en la versión final de las bases se trasladaba el compromiso de pago por los terrenos expropiables (que era el gran gasto) a responsabilidad del Estado, lo que está relacionado con el hecho de que dicho proceso no haya concluido en 13 años y se haya transformado en un tremendo negociado con los antiguos hacendados que tenían los títulos de propiedad y en un despojo para los campesinos beneficiados de la reforma agraria.

El apuro de los últimos días trajo, sin embargo, dos fallas de origen a la privatización: la primera, que los consorcios empresariales que se armaron apresuradamente para entregarles la concesión se fueron cayendo uno a uno, hasta que se improvisó como recurso final a Lima Airport Partners, que tenía un registro vencido y no había podido otorgar poderes a su representante que firmó los papeles sin estar acreditado para hacerlo; la segunda, que el ministro saliente (Augusto Bedoya Camere), se “olvidó” de firmar la modificación de las bases del 23 de agosto del 2000, y tres meses después estaba dejando el cargo para que ingresara el gobierno de transición de Paniagua, cuyo ministro de Transporte, Luis Ortega Navarrete, no tuvo mejor idea que firmar en nombre de su antecesor con la fecha anterior, cuando aún no era ministro, acto que invalidaba todo el  proceso.

Los jueces que han tenido a la vista la denuncia sobre la nulidad del acto jurídico del contrato, se han lavado, sin embargo, las manos, argumentando que los únicos que pueden reclamar contra un contrato son las parte involucradas, en este caso el Estado o LAP (artículo 62 de la Constitución), y como ambos están conformes no procedería revisar el caso. O sea que se puede faltar a la ley, suplantar autoridades y firmar sin tener atribuciones, pero igual vale. Algo más: se puede presentar a una licitación como un consorcio de tres empresas, como se exigía en las bases, cumpliendo determinados requisitos (operador de primer nivel, constructora de prestigio mundial, un socio peruano), y antes de tomar el aeropuerto disolver el consorcio y reemplazarlo por una empresas registrada con el mismo nombre, cuyos verdaderos componentes se desconocen (los originales se fueron yendo), modificando en los hechos las bases de la licitación.

Una historia judicial

Haber puesto los ojos en las ilegalidades e irregularidades del contrato LAP y no dejarse subyugar por el tema del edificio bonito (que ha sustituido la obligación de construir la nueva pista) y de los premios internacionales, nos ha costado al periodista Herbert Mujica, al director de La Primera, César Lévano, y a quién escribe, una cadena de juicios por parte de los administradores de LAP y sus equipos de abogados, en los que jamás se han esclarecido los problemas señalados. El único argumento puesto en mesa ha sido que los temas investigados afectan la reputación comercial de la empresa y por tanto deben ser reprimidos. El caso extremo fue el pedido mediante acción de amparo  para que un juez prohíba la circulación de mi libro: “LAP un fraude en tres letras” (2005),que fue rechazado en todas las instancias y acogido (¿cuándo no?), por el Tribunal Constitucional, que ordenó abrir el proceso lo que no ha hecho ningún juez en cuatro años.

El 25 de febrero de 2009, ocurrió sin embargo un hecho extremadamente importante en la historia de la privatización del Aeropuerto Jorge Chávez. Ese día, en el ingreso de la playa de estacionamiento se detuvo a un automóvil Mazda color plomo, que llevaba 29 paquetes con 57 kilos 850 gramos de cocaína y cuyos ocupantes estaban armados. Hasta ese día se habían detectado envíos en aeropuertos de varios países que no se sabían cómo salían de Lima. Las investigaciones policiales y fiscales determinaron que había una red de traficantes de drogas que tenía diversos cómplices en el sistema de controles del aeropuerto y las líneas aéreas y que hacían ingresar la droga junto a los alimentos para los aviones. El 12 de marzo, el juez Fidel Gómez Alva, del Sexto Juzgado Penal del Callao, abrió instrucción a 34 personas por este caso, incluyendo a los gerentes de seguridad de LAP y LAN.

Sobre este tema, logré obtener la copia de la acusación fiscal y la resolución del juez y publiqué el 26 de julio del 2009, el artículo de investigación “Red de narcotráfico en el aeropuerto”. Los periodistas Lévano y Mujica, también se ocuparon del tema, recogiendo mi información. Esto fue respondido por LAP, no con una investigación sobre las responsabilidades de sus funcionarios y un esclarecimiento a la opinión pública, sino con diversas maniobras para sacar a su gerente y otros implicados del caso, y con una catarata de juicios por difamación contra los periodistas mencionados.

Con relación a este asunto, Lévano y Wiener fuimos denunciados tres veces ante distintos juzgados: uno por el gerente de seguridad directamente implicado, que más tarde argüiría que como fue excluido del caso, nuestra denuncia quedaba desautorizada y eso nos convertía en difamadores; dos, por el exgerente que había sido aludido tangencialmente como que había tenido problemas anteriores dentro de una institución militar (las fuentes que informaron sobre este caso no quisieron dar su nombre como testigos); tres, dos apoderadas de LAP que se presentaron como ofendidas por nuestras informaciones, y que tenían como litigante asociado a la mismísima LAP. Los tres procesos tenían como base las mismas pruebas, es decir las tres publicaciones del diario La Primera, donde se trató el tema: un artículo mío, una columna de Lévano y unas “Pataditas”, y la misma argumentación jurídica. En todos los caso solicitaban una fuerte reparación civil y ninguno de los denunciantes recurrió al procedimiento de rectificación que tenían abierto si se consideraban afectados.

El hecho es que mientras el caso de las drogas se fue muriendo y tal parece que nadie fue castigado por ello ni se aclaró el papel de las compañías en los pases de la blanca por entre sus narices, los procesos contra los periodistas se alargaron por años, con resultados variados según los jueces. En mi caso, resulté absuelto de la denuncia del gerente de seguridad John Charles Kirch Jr., que los jueces desestimaron considerando que lo que había hecho era una legítima investigación periodística. Pero estoy perdiendo frente al exgerente Juan Salas, asunto donde los jueces de la Segunda Sala Penal para Reos Libres han considerado dolosa mi investigación, es decir deliberadamente hecha para perjudicar a una persona, con la que no me conozco ni tengo relación alguna. El tercer proceso aún no concluye en la primera instancia.

Una vez más estamos ante los estrechos límites entre la libertad de prensa (que implica el derecho a investigar e indagar sobre asuntos públicos) y la protección del honor de las personas. Como dice el fallo absolutorio sobre el caso Kirch, es posible que en el acto de denunciar un hecho grave como es el tráfico de drogas, se puedan cometer errores o excesos del periodista, que no son delito en tanto se pueda probar que había una motivación válida en la denuncia y por tanto no existía voluntad de lesionar o perjudicar a una persona determinada. Esto, por cierto, no siempre es valorado de la misma manera por cada juez.  Pero lo importante es que sí hubo droga y muchas personas implicadas. Un juez justo leerá los textos en ese contexto preciso. Pero también cabe separar una frase de lo escrito para condenar a la máxima pena posible y a una reparación civil fuera de mi alcance con claro ánimo de silenciar.

Estos son los dilemas que se dilucidarán finalmente en la Corte Suprema, donde también se volverá a plantear la vieja cuestión de si los periodistas independientes que valemos solo como personas individuales pueden hacer frente ante la Justicia al poder de las grandes empresas, que tienen el dinero y los abogados para perseguirte hasta que te canses. 

19.11.13

Publicado por

Hildebrandt en sus Trece