En el debate sobre las curvas de crecimiento de la economía
peruana y la posibilidad de recuperar los índices más altos (más de 8%), a
partir del incremento sostenido de la inversión y la ejecución del paquete de
proyectos mineros que está pendiente en el país, se ha hablado mucho de
confianza, de voluntad política y de persistencia en el modelo económico, dando
a entender que la llamada “desaceleración” (los últimos meses el crecimiento
anualizado del PBI se mueve apenas por encima del 4%), responde a creencias
subjetivas de los inversionistas, dudas del gobierno y mensajes errados sobre
la dirección de la economía.
Como nunca había ocurrido antes, el partido del expresidente
García, que aspira a regresar al poder en el 2016, se presentó al llamado
diálogo con el gobierno, en realidad con el primer ministro Jiménez, con un
documento en cuyo primer punto se subrayaba que no debía haber ningún cambio en
la orientación económica, como si creyera que el gobierno del presidente Humala
estuviera dudando acerca de eso. Pero lo
cierto es que todo lo que se dice sobre eventuales cambios, por ejemplo el
apoyo estatal para la industrialización que se mencionó en el discurso del 28
de julio, o la prioridad de la inclusión sobre el crecimiento, son meras
palabras, o intenciones sin ninguna iniciativa concreta. En septiembre, durante
el Congreso del empresariado minero en Arequipa, el presidente elevó a este
sector al nivel de motor original de la economía peruana del que dependerá que
mañana nos diversifiquemos económicamente o que podamos sacar a millones de
personas de la pobreza. ¿Por qué en el pasado no se logró eso?, es una pregunta
que el presidente no se plantea.
Pero si el APRA, quiere ser el principal abanderado de un
sistema económico que abrazó apasionadamente en los años del segundo gobierno
de García, después de haberlo criticado durante la campaña electoral por
egoísta y excluyente; los otros partidos no le van lejos, aunque puedan ser más
discretos en sus preferencias. El fujimorismo, como siempre, insiste en que el
modelo sólo funcionará bien si hay un Fujimori en el comando, y a eso le llaman
“liderazgo”. El PPC, Perú Posible y otros casi ven como natural que la economía
esté fuera de las discusiones políticas, porque de ella se encargan los
“especialistas”. Sólo la izquierda rompió la monotonía en este punto, con un
pedido de renuncia del ministro de Economía, para cambiar la política en este
campo, que por ahora no es más que un gesto que no conmueve al resto de la
clase política y que a decir verdad sólo expresa a los sectores más
radicalizados de los movimientos sociales.
Tal pareciera que efectivamente no hay alternativas en el
terreno económico y que pase lo que pase vamos a seguir las mismas pautas en
los meses y años que vienen. Pero dicho esto viene de inmediato la pregunta:
¿qué es lo que define y resume el llamado modelo económico que el Perú vive
desde hace un buen número de años y hasta donde es sostenible en el tiempo,
sobre todo en una mirada de largo plazo?
Elementos esenciales
La Constitución de 1993, declarada durante la campaña
electoral del 2011 como el verdadero programa fujimorista, pero convertida por
otros partidos en intocable y adoptada por el presidente Humala como una más de
sus concesiones al “realismo”, a pesar de haber rendido homenaje al “espíritu”
de la Constitución anterior de 1979, contiene algunos de los elementos
esenciales del orden económico que rige en el Perú desde hace veinte años:
· Proscripción de la actividad empresarial del
Estado; limitación de su participación económica a la “promoción” del empleo,
la pequeña empresa y otras, sin mención a la función reguladora u orientadora
en la economía, la priorización de sectores, la protección del trabajo, etc.;
liberalización total de la “iniciativa privada”, de manera que no pueda ser
limitada en ningún sentido; prohibición solamente de los “monopolios legales”,
es decir autorizados por ley, y no de los que se generan en el proceso
económico, restringiendo el control del Estado a evitar “abusos”. El efecto de
todas estas concepciones ha sido crear un desbalance de poder entre el mundo
privado y el poder estatal, donde el primero determina el curso económico de
acuerdo a sus intereses y a sus expectativas particulares de ganancia, como si
estas coincidieran con el interés común (artículos 58 al 61).
· Igualación del contrato privado con el público,
que contradice el supuesto de que el Estado no es un agente económico y no
podría transar sobre sus bienes y servicios en los mismos términos que lo hace
quién negocia sobre lo que es suyo. Bajo este método denominado de “contratos
leyes”, se convierte decisiones de órganos del Estado en “leyes” entre las
partes, e incluso se prohíbe su revisión por el Congreso, haciéndolos
irrevisable, aún cuando mediara ilegalidad o corrupción (artículo 62).
· Igualación de trato entre la inversión nacional
y extranjera, y admisión de la jurisdicción de tribunales internacionales para
las controversias enmarcadas en tratados de comercio, que como se sabe se han
multiplicado, abarcando casi toda la actividad económica significativa. La
inversión nacional y extranjera no tienen limites de ingreso a ninguna
actividad de producción de bienes y servicios. Las divisas son libre uso o
acumulación. La protección al consumidor se expresa en el derecho de
información que deben tener sobre los bienes y servicios que existen en el
mercado (artículos 63 al 65)
· Los recursos naturales son del Estado, pero no
pueden ser aprovechados por él y se someten a contratos de concesión que
otorgan el derecho a los particulares. Bajo este criterio, las riquezas
naturales renovables y no renovables se convierten en uno de los temas básicos
de los contratos-leyes, a través de los cuales los privados se apropian de los
derechos del Estado sobre los recursos que entran en explotación (artículo 66).
· La propiedad es inviolable, y sólo puede verse
afectada por razones de seguridad o de necesidad pública (expropiaciones de
terrenos); la propiedad de extranjeros (empresas o personas), tiene el mismo
trato que la de nacionales. Los bienes de dominio público son inalienables e
imprescriptibles, pero pueden ser cedidos a particulares para su
aprovechamiento económico (artículo 70 al 73).
En una mirada de conjunto, el régimen económico que está
constitucionalizado en el Perú y que explica lo que ha pasado con la economía
peruana en años recientes es uno que es totalmente libre para la actuación de
monopolios y semimonopolios privados y extranjeros, amparados en tratado
internacionales; sin actividad económica o regulación estatal; que pactan con
el Estado como si sus bienes y derechos fueran de propiedad de quién firma en
su nombre y tuvieran libre disponibilidad; en el que los recursos naturales son
del Estado y no de las comunidades o los pueblos donde se localizan, y se
explotan a través de concesiones privadas; los capitales extranjeros están
doblemente protegidos, por los gobiernos de sus matrices y por el Estado
peruano que los trata como nacionales; una economía finalmente en la que nadie
recibe protección, ni lo nacional, ni la pequeña o micro empresa, ni los
trabajadores, frente al poder del gran capital.
Todo esto ha revertido en un crecimiento económico basado en
la extracción de recursos naturales; dirigido hacia fuera, es decir a mercados
exteriores; con alta concentración de la propiedad y el dinero; con derechos
ineficaces por falta de compromiso estatal; con un gran poder político de las
organizaciones empresariales. Esta realidad es la que no quiere ser cambiada, o
que gobiernos que ingresaron ofreciendo cambiarla, incluyendo el tema
constitucional, han demostrado una penosa impotencia para cumplir sus promesas.
Una coyuntura
irrepetible
El modelo neoliberal no apareció de la nada en los años 90.
Sus antecedentes internacionales son ampliamente conocidos y explican el giro
de la economía mundial desde fines de los 70, pero se tiene menos claro el
esfuerzo de varios gobiernos por asimilarse a ese proceso, bajo presión del FMI
y el Banco Mundial, en condiciones de alta inestabilidad económica y política,
y de gran resistencia social. El dato es clave porque lo que explica el triunfo
final de la propuesta y su duración de largo plazo son factores
extraordinarios, muy difíciles de volver a reunir:
a) Una circunstancia proclive a la “solución
autoritaria”, por la combinación de hiperinflación con violencia política, lo
que aceleró las decisiones y doblegó las resistencias;
b) Un “capital inicial” ara el ajuste y
reorientación de la economía, conformado por el stock de empresas públicas
privatizables, y fuentes de recursos y servicios concesionables;
c) Un contexto internacional excepcional de demanda
de materias primas que condujo a un boom de precios en el mercado
internacional, a una altísima rentabilidad minera y a un incremento sustantivo
de la recaudación;
d) En paralelo un ingreso masivo de capitales de
corto plazo por el diferencial de tasas de interés entre los bancos peruanos y
los de los países de origen, generando una fuerte liquidez en moneda extranjera,
contribuyendo a un tipo de cambio a la baja, abundancia de crédito interno y
aumento de las importaciones;
e) Rezago salarial, como efecto de la crisis
prolongada, la severidad del ajuste y la política deliberada del Estado y las
empresas de mantener salarios bajos para mejorar la competitividad
internacional de los productos nacionales, lo que se sostenía además en el
debilitamiento del movimiento sindical y la flexibilización de los puestos de
trabajo.
Con todo este piso se armó el modelo. Y se desarrolló el
crecimiento discontinuo de los 90 y el prolongado de 2002 hasta el presente. El
punto ahora, cuando la mayoría abrumadora de los sectores políticos que se
encuentran cerca del poder, actúan bajo el miedo de hacerse responsables de la
quiebra del “milagro peruano”, es saber si la variación en la mayor parte de
estas condiciones, tanto las internacionales como las nacionales, las
económicas y las políticas, va a hacer sostenible la ilusión del crecimiento.
05.11.13
Publicado en Actualidad Económica Nº 1 (tercera etapa)
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