¿A qué no saben a quién anda persiguiendo
el contralor Fuad Khoury, el que se colocó un sueldazo contra la opinión de
SERVIR y que viaja al exterior la mayor parte del año, y no tiene nunca ninguna
opinión sobre licitaciones, contratos y grandes gastos públicos?
Pues, obvio, al presidente regional de
Cajamarca, al que lo tiene en la mira desde que se inició el conflicto de
Conga, y como diría Alan García, lo quiere inhabilitar porque se proyecta a ser
nuevamente presidente regional y hasta tiene aspiraciones presidenciales.
Y, también obvio, a la alcaldesa de Lima, a
pocos días de una votación para recomponer el Consejo Municipal, poniendo en
duda el mayor activo que incluso sus enemigos le reconocen, que es su limpieza
en el manejo de los recursos públicos.
Transparencia dicen que es esto, los medios
que sólo por coincidencia son enemigos jurados de Santos y Villarán, a los que
no les extraña que al mismo Khoury y a su antecesor no les interesaran las cuentas
de la comuna capitalina cuando la dirigía Castañeda, sobre lo cual podrían
hablar muchos de sus proveedores.
Pero Khoury no sólo tiene un excelente
sentido de ubicación para investigar donde está el tema político, sino que
muestra una preocupación insólita por los intereses de contratistas privados.
Es lo que se deprende del “Proyecto de Ley 2533/2013-CG2, denominado
Anteproyecto de Ley que regula la Ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa.
Según esta iniciativa, al señor Khoury le
está preocupando que los municipios y las regiones recurran a ejecutar obras
con su propio personal y equipos, cuando existen tantas empresas privadas que
podrían hacerlo. Así como lo leen. Prohíbe que un gobierno subnacional realice
inversiones en infraestructura cuando tenga la capacidad de hacerlo y eso le
resulte más conveniente en términos económicos que recurrir a contratistas
privados.
En una interpretación singular del aliento
a la inversión privada, el señor Khoury ordena pagar más y dejar inactiva la
capacidad técnica de las municipalidades y gobiernos regionales, y por si las
moscas les retira la facultad de comprar maquinarias y equipos.
El fundamento para esta propuesta no deja
de ser además sorprendente: que se “han incrementado sustancialmente” las obras
por administración directa. Simplemente eso, no que haya ocurrido alguna
irregularidad, o si las obras han sido beneficiosas o no para la comunidad,
sino que caramba como puede haber tantas obras de este tipo, quitando
oportunidades a otros, aunque la construcción de infraestructura sea
precisamente una de las pocas funciones económicas que el Estado mantiene de
acuerdo a la Constitución (artículo 58)
Y una confesión: “actores vinculados a la
gestión pública” (¿sospechan quiénes son?) le han pedido que presente el
proyecto. O sea le piden hostilizar a tal o cual personaje que no es simpático
para el poder y gestionar una ley para intereses privados. Y él, cumplidito.
21.11.13
1 comentario:
Este Sr. Contralor es un “cumplidito” con la inversión privada cuando debería “contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social.” como dice ser la misión de la Contraloría General de la República del Perú.
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