La última del Congreso es haber nombrado a Martha Chávez
como coordinadora para los derechos humano.
Podrían anotarse aquí cien mil razones para argumentar el
siniestro sentido del humor de esta designación.
Pero lo que más sorprende es que la memoria de los tipos y
tipas con curul sea tan frágil como para olvidar en poco tiempo lo que pasó con
la repartija de julio.
Es que la indignación por la elección de Sousa para el TC y
de Freitas para la Defensoría, así como de varios nacionalistas que ganaban
lugar aceptando a los otros, tiene un sabor demasiado parecido a la entrega del
tema de los derechos humanos al ala extrema del fujimorismo.
Todos tenemos ahora derecho a especular sobre el retorno que
el partido naranja deberá hacer por este insospechado regalo. Pero también a
suponer que después del cachetazo de la noticia, el movimiento de protesta
contra esta nueva barbaridad parlamentaria va a ir en aumento hasta que se
caiga la decisión.
Parece cada vez más claro que la idea que muchos tienen del
Congreso es que sólo puede funcionar en base a repartijas. Que a Heriberto
Benítez, que era el responsable de derechos humanos del Colegio de Abogados, se
le ocurra que la Chávez puede hacer algo bueno en este campo, realmente eriza
los pelos y hace preguntarse: ¿qué está pasando?
Es obvio que en medio de la crisis de ineptitud y corrupción
del Estado, el recurso más fácil de los gobernantes y los medios es trasladar
la carga del desprestigio al Congreso donde los escándalos están más a la
vista. Eso ocurrió en 1992 y está ocurriendo en estos días. La gente común y
corriente ya no cree nada en esa institución, más allá de quiénes sean los
congresistas que provocan su molestia, y obviando por cierto las ineficiencias
y la corrupción de otros sectores del Estado en los que imperan los pagos bajo
la mesa, los contratos con trampa, el desvío de fondos públicos.
Pero si todo autoritarismo piensa en el fondo que el
parlamento debe morir para que no existan controles sobre el gobierno, hay que
admitir que congresistas como los actuales son aliados voluntarios o
involuntarios de los que reclaman que los manden a su casa. El caso Chávez es
una barbaridad que se suma a muchas
otras, sin contar las inconductas personales de una gran cantidad de
congresistas en funciones.
Cierto es que, por el lado bueno, se retoma el hilo de
vigilancia activa que se manifestó hace poco y que fue apagado con la confusión
del “diálogo”, que precedió al cambio de primer ministro. Si los que se movilizaron
contra la repartija vuelven a la calle, y lo hacen con mayor número y fuerza,
el país saldrá ganando y tal vez se vislumbre una alternativa más colectiva y
democrática a la crisis política.
04.11.13
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