Todos sabemos que a Javier Valle Riestra, sus compañeros de
partido lo tratan como una pieza suelta que puede disparar en cualquier sentido
sin que ellos se sientan necesariamente comprometidos por sus hechos o sus
palabras. Eso pasó cuando al tribuno se le ocurrió ser primer ministro por
algunos días de un Alberto Fujimori que ya se encaminaba a la re-reelección, y
cuando hizo una díscola campaña para que le permitieran renunciar al Congreso.
Parte de su singularidad son sus frases altisonantes en distintas
momentos contra diversos líderes apristas, incluido Alan García, sus pedidos de
amnistía para Antauro y Polay, y su insistencia algo confusa en la necesidad de
una Constituyente que restablezca la vigencia de la Constitución de 1979, con
la que no se sabe bien si apunta a un nuevo esquema constitucional, bajo los
consensos políticos-sociales existentes, o si pretende aún que la Carta de hace
34 años aún puede considerársela vigente.
Lo esencial es que Valle Riestra ha funcionado desde hace
buen tiempo como solitario disparador de temas polémicos y hasta se podía creer
que le gustaba estar a contramano del APRA oficial que hace rato se ha
consolidado como una corriente conservadora y un aliado sólido del fujimorismo que
no va a permitir que le toquen la Constitución de 1993. Pero con don Javier
nunca se sabe. Es lo que se podía ver esta semana en la conferencia de prensa
del partido de la estrella, celebrando más de la cuenta el fallo de la Sala
Civil que ratificaba la nulidad parcial de los actuados de la Megacomisión.
Se había subido al carro de la supuesta victoria de García,
lo que debe querer decir que se cansó de andar sólo, y aceptó la invitación de
la cúpula del alanismo que decidió masajear su ego. El hecho es que en Alfonso
Ugarte sabían que Valle Riestra haría su propia noticia. Y la hizo. Porque
ahora ya no bastaba con lo de la Asamblea Constituyente y la Constitución del
79, sino que le agregó que estas llegarían por vía de un “golpe
constitucional”, tramposa fórmula que ha sido usada en Paraguay contra Lugo, en
Honduras contra Zelaya y en Venezuela contra Chávez (2002).
Ninguno de sus compañeros va a hacer caso al veterano
tribuno en el lado en el que reclama acabar con la herencia constitucional de
Fujimori, porque para eso se requiere precisamente desfujimorizar la sociedad
peruana y sus partidos, y el APRA es uno de los que más ha caminado en la
dirección inversa. Pero la idea de una interrupción institucional, en la que
los golpistas reclaman la coartada de la “constitucionalidad”, es algo a lo que
el alanismo no le va a hacer ningún asco. El concepto ya había sido trabajado
hace una semana en las paginas de El Comercio y parece que cada vez escandaliza
menos. Don Javier sabía en que se estaba metiendo.
13.01.14
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