Envenenando el debate sobre la privatización

De todas las historias mentirosas y escandalosas, tejidas para justificar las privatizaciones y los oscuros negocios que se organizan en torno a ellas, la más grotesca que conocía es la que ocurrió en julio de 2002, cuando el director ejecutivo de Proinversión, Ricardo Vega Llona, que venía de ser vapuleado por sus paisanos arequipeños tras el fracaso de la venta de las empresas eléctricas del sur, anunció al país que los servicios de desagüe de Lima Metropolitana estaban en vías de colapsar por falta de inversión, que el Estado no podía realizar, y que en resumen era eminente la quiebra del sistema, con consecuencias impresionantes: la ciudad podría verse inundada de aguas servidas, las redes de agua potable contaminarse y las casas sufrir rebalses de inmundicia. O sea si no se privatizaba Sedapal quedaríamos sumergidos en nuestra propia caca.

¿De dónde sacó el dato?, ¿por qué no se produjo el pronosticado Apocalipsis excrementicio?, ¿por qué Proinversión no se ocupó en que se hiciera uso del crédito y de los fondos de la empresa para desarrollar la alternativa de derivación de aguas servidas para la irrigación de las pampas de San Bartolo? Nadie tuvo nunca una respuesta. Al poco tiempo el director ejecutivo fue reemplazado y transferido a Devida, el programa antidrogas, donde también fracasaría en sus proyectos. Pero esa es otra historia.

Lo cierto es que en materia de alarmismo, Vega Llona acaba de ser superado por la denuncia del diario “El Comercio” sobre la presencia de arsénico en el agua potable que se distribuye en Lima. Ahora la disyuntiva es todavía más seria. O se privatiza, o nos envenenamos todos. Hace tiempo habíamos planteado la hipótesis que la nueva fiebre privatista de la familia propietaria del mayor conglomerado de prensa del país, esta vez dirigida contra la empresa de agua de la capital, respondía a intereses muy precisos de algunos miembros del clan. Hasta especulamos que la cantidad impresionante de obras de reemplazo de tuberías, muchas veces cambio de las cambiadas un año antes, asignadas a la empresa Graña y Montero, era un mecanismo para hacer la caja para que los angelitos de esta empresa (involucrada en las privatizaciones de Petroperú, Aeroperú y otras), pudieran ser los socios nacionales del futuro operador internacional de Sedapal (probablemente la Corporación Suez de Francia).

Tengo la impresión de que estamos en camino de confirmar nuestras sospechas. Tanta preocupación por los limeños sin agua del cono sur, le debe haber resultado sospechosa a muchos que no han visto equivalente interés por los pobres en otras materias, donde no se encuentra en juego la administración de casi dos millones de facturas, como las que produce Sedapal cada mes. Y ahora, además, con un inesperado espíritu de investigación científica, el diario y todos los medios asociados, van detrás del veneno que los burócratas de la empresa pública deben estar echando en gotero sobre el agua que procesan, seguro que para eliminar al resto y quedarse en su puesto privilegiado. El señor Cruz que acusaba de insensibilidad al 75% de los limeños opuestos a la privatización, denunciando el agua cara y contaminada que se les vende cada día, no tenía idea de que su pedido de enganchar a la red general, significaba sumarse al proceso de envenenamiento que estamos sufriendo los demás habitantes de la ciudad.

Parece evidente, sin embargo, que los males que sufre el agua del río Rímac, de dónde se extrae el recurso para su distribución en la capital, comienzan bastante lejos de la planta de tratamiento de la Atarjea, centro de operaciones de Sedapal. Hace años que CONACAMI, la organización de comunidades afectadas por la minería, denunció la actividad criminal de empresas que descargan sustancias tóxicas y venenosas en el río, en la zona de Casapalca y San Mateo. Pero que es lo que responden los privatizadores tipo “El Comercio”, sobre estas denuncias: (a) que son exageradas, (b) que los estándares de la OMS son sólo referenciales, (c) que se quiere perjudicar a la actividad minera. Curioso, ¿no? El mismo límite que es rebasado ampliamente por las mineras sin que se desate campaña para ponerles la mano, se pretende ahora trasladar a la empresa del agua, que debe lidiar diariamente utilizando la más alta tecnología, para contrarrestar la enfermedad del río que abastece Lima. Y a ella sí la denuncian, por el arsénico minero que se filtraría en sus procesos.

A Doe Run, en la Oroya, se le permite envenenar el aire, el río y la vida de las personas, los animales y la plantas, porque –pobrecita-, no le alcanza para invertir en los planes de adecuación ambiental exigidos por el Estado. Y esta empresa mantiene chantajeados a los trabajadores y a la población, con el cierre de sus actividades que aparentemente llevaría al abismo a la ciudad de la metalurgia. Todas las certificaciones demuestran que este es uno de lo casos críticos de contaminación que ocurren en el país. Pero “El Comercio”, está investigando a Sedapal, la misma empresa que desde mucho antes exigen privatizar, y les tiene sin cuidado la certificación internacional ISO 9001, que tiene la empresa y las inspecciones que el Ministerio de Salud y SUNASS realizan constantemente sobre ella. Por cierto, todas las respuestas que la empresa y el gobierno están dando a la acusación directa de envenenadores que les ha hecho el diario más influyente del país, son tímidas. Es que los burócratas insensibles de los que hablan “El Comercio” y Abel Cruz, suelen tener la mitad o más de su cerebro y de su escasa sensibilidad, atento de no romper palitos con los que podrían ser mañana influyentes asociados de la concesión.

Ya hemos vistos a muchos gerentes de empresas públicas convertidos en gerentes de empresas privatizadas. Pasando de burócratas a tecnócratas, igualmente ajenos a los problemas de la gente. Pero, en fin, aquí lo fundamental es que la carta más fuerte para la privatización ha sido jugada. Podría dar montones de datos sobre empresas privadas de agua en el mundo responsables de contaminación y baja calidad del servicio y demostrar que algunos remedios pueden ser peores que la enfermedad, real o supuesta. Pero dejemos eso para otro artículo. Exijamos ahora, a “El Comercio”, probar lo que ha denunciado y desmentir la prueba que Sedapal ha hecho ante los medios sobre la baja componente de arsénico en el agua de Lima, que no entraña peligro para las personas, y a definir, de paso, la cadena de responsabilidades concretas, con nombre propio, del supuesto intento de envenenamiento de la población.

Si no pueden probarlo, que asuman su propia responsabilidad, como un diario que no debe merecer credibilidad, porque no distingue los intereses particulares de sus propietarios, con las necesidades de la población a la que en vez de informar, desinforman.

25.05.05