El Agua y el APRA

A estas alturas de sus 57 años ha descubierto Alan García que sin agua no hay democracia, o que agua puede traer votos, que en su caso viene a ser lo mismo. Ojalá hubiera sabido eso durante su primer gobierno.

Entre 1985 y 1990, la cobertura de Sedapal en Lima fue en promedio del 70% (actualmente es 91%), sin ninguna mejora respecto al quinquenio anterior. Pero le empresa elevó sus costos brutalmente por el abultamiento de la planilla y gastos improductivos. No hubo inversión para incrementar las reservas y aumentar la oferta de agua para la metrópoli. En esos años la capital recibió una tremenda presión migratoria por efecto de la violencia en la sierra, y la inoperancia gubernamental para ubicar a esta gente y dotarla de servicios incrementó el bolsón de marginados, al que hoy se suele recurrir con ojos de yo no fui, para ofrecerles soluciones mágicas frente a la desidia de todos los gobiernos, como si los que prometen, nunca hubieran sido gobierno.

También las empresas de provincias se deterioraron verticalmente en los cinco años del peor gobierno de nuestra historia. Así que hacia el final del gobierno, la santa solución de Alan García fue pasar la propiedad y gestión a los municipios, sin ningún financiamiento, con lo que terminó de hundirlas, porque los alcaldes, muchos de ellos también apristas, las convirtieron en fuente de empleos de favor, en caja chica, impidieron al actualización de tarifas para no perder votos, contrajeron deudas que no pagaron, etc. Al final estas empresas municipales medianas y pequeñas, descapitalizadas, desfinanciadas, burocratizadas, brindando pésimos servicios: agua por horas, de mala calidad, con baja cobertura, etc., quedaron listas como pera en dulce, para que Fujimori las incluyera en los paquetes de privatización de la década de los 90.

En un día inolvidable al APRA se le confundieron las cañerías y la gente recibió por los caños y duchas de sus casas, lo que normalmente debía recorrer las vías del desagüe. Este debe haber sido un récord en el mundo. Y es también un símbolo de cómo se puede convertir las cosas más nobles en su contrario. No sé exactamente que puede tener que ver la hiperinflación con excrementos en el agua, pero efectivamente ambas cosas se dieron juntas, como para terminar de aplastar el ánimo de los peruanos.

En los 2000, el APRA está nuevamente detrás del agua. En parte porque debe tapar las responsabilidades del agua. Porque de veras, cuando los alcaldes apristas que tanta mano han metido a las empresas municipales, ahora se vuelven privatistas como en Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, para mencionar sólo algunos casos, uno no puede evitar sospechar que hay afán de tapar manejos irregulares, echando la bola a otra parte. La privatización actual da la ventaja del borrón y cuenta nueva, al tiempo que permite créditos del BID de libre disponibilidad para las actuales gestiones y que arree el que viene más adelante.

A García le ha costado bastantes votos de primera vuelta sostener alcaldes y gobiernos regionales en ruta de privatización. Pero de pronto se encontró con el filón que la derecha creyó haber hallado: vender la idea a los más pobres entre los pobres, que sus carencias de agua derivan de la existencia de empresas públicas. Si los privados estuvieran en su lugar tendrían conexión inmediata, precios razonables, y los demás, no ellos, pagarían un poquito más. Este caballito que no le funcionó a Lourdes, lo ha tomado García pensando en casi un millón de personas que no son atendidas en Lima.

En el Plan de Gobierno del APRA 2006 se utilizar la siguiente fórmula para el programa de saneamiento: “Generar y garantizar el abastecimiento de agua potable a la población urbana y rural que hoy no la tiene, con participación de la inversión pública y privada”, donde nadie podría estar en desacuerdo en la finalidad de que todos tengan acceso al derecho humano al agua. ¿Pero cómo es eso de la “participación de la inversión pública y privada”, ¿son lo mismo?, ¿cuándo no hay una entra la otra? Y los grupos de interés que están buscando tomar las empresas de agua, ¿no existen? En la derecha la tragedia de los sin agua es un caballito de batalla para la penetración de las trasnacionales, con el argumento de que los pobres lo piden. Para el APRA hay que asegurarse que esos pobres se conviertan en votos, para luego con el poder en la mano negociarlos con las trasnacionales.

Dotar de agua es obligación del Estado, intransferible. Lo que no es lo mismo a no utilizar el concurso de socios privados para mejorar tecnologías de producción y gestión. Asumiendo además que nadie inventa agua. Para enfrentar los retos de Lima, se requiere política de agua: (1) incremento de las fuentes y las reservas; (2) descontaminación del río Rímac, reduciendo las descargas mineras y otros elementos contaminantes; (3) modernización de las plantas de tratamiento; (4) recursos públicos para la extensión de las redes como parte de las políticas de reducción de la pobreza; (5) nuevo sistema de gestión de Sedapal, con directorio autónomo y participación de la sociedad organizada, los técnicos y los trabajadores; (6) gerencia y personal ejecutivo, independiente del gobierno de turno; (7) tarifas balanceadas e igual número de horas de servicios para toda la población, tendiendo a las 24 horas de servicio continuo.

En provincias, estos mismos criterios deben adaptarse a la situación concreta, pasando por procesos de saneamiento, capitalización, des-endeudamiento, tecnificación, moralización de las empresas regionales y locales, estableciendo que su ámbito municipal de influencia no significa que la gestione el gobierno municipal de turno, sino que queden a cargo de directorios autónomos nombrados con criterios técnicos y participativos de todos los sectores involucrados.

Sólo así se puede hablar de agua para todos y de agua como derecho humano.

29.05.06