Mañana, 28 de octubre, debe estar retornando a Lima,
procedentes de Beijing, China, el Contralor de la República, viajero frecuente
del Estado peruano, Fuad Khoury Zarzar, la secretaria general de Contraloría,
Carmen Salazar Lui Lam, el gerente central de Calidad y Desarrollo, Paco Aníbal
Toledo Yallico, y el gerente del departamento de Cooperación y Prevención de la
Corrupción.
Según las dos resoluciones firmadas por el señor Khoury, el
18 de octubre del 2013, el viaje de estos funcionarios fue de 7 días y
representó un gasto para el Estado de 29 mil 288 dólares, que lo autoriza el
Contralor, incluido su propio caso. Claro, uno se puede preguntar si son
necesarios cuatro funcionarios de alto nivel para atender una invitación a
participar en el XXI Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INCOSAI).
Y para eso Khoury se ha explayado en considerandos en sus
dos resoluciones dando 18 razones para que viajen sus tres subalternos y diez
para su propio viaje. Así, como la agenda del Congreso y diversas reuniones
paralelas tienen aparentemente que ver con las funciones de los funcionarios
seleccionados para hacer el largo trayecto, se justifica que se les incluya
como parte de la delegación. La pregunta inmediata es si de alguno de estos viajes
derivan beneficios para la acción de control y para la lucha contra la
corrupción.
El tema es precisamente que la Contraloría paga altísimos
sueldos a sus directivos, empezando por el señor Khoury (lo que es materia de
una investigación nunca culminada), y es una plataforma de viajes para sus
cargos directivos, pero su eficacia para descubrir los actos irregulares y
dolosos que se producen dentro del Estado, está en niveles mínimos. A decir
verdad, la Contraloría dispone de una información que podría poner en aprietos
a los titulares de numerosos organismos públicos. Pero se retienen los informes
y se demoran las denuncias, porque lo que existe es un método para negociar los
casos y evitar escándalos.
El Contralor es el personaje al que todos temen, pero que
finalmente no hace ninguna denuncia importante, a pesar de que todos pensamos
que estamos frente a un Estado podrido de corrupción, una de cuyas
manifestaciones más grotescas es el caso de los tres expresidentes con cuentas
con la Justicia. ¿Ha aportado la Contraloría un solo informe significativo que
ayude a los procesos contra Fujimori, Toledo y García?
Por todo ello es fácil derivar que cuando un responsable de
controlar los recursos públicos hace la vista gorda de lo que sabe que ocurre,
la mesa está servida para que a su vez el personaje se pueda subir el sueldo
contra las leyes y de toda su plana directiva, creando una élite privilegiada,
que además hace viajes a la China y adonde quiera, mientras se mezquina el pago
de sus pensiones a los extrabajadores de la institución, a pesar del mandato de
los jueces y de la Corte Internacional.
27.10.13
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