Hace algunos días se observó una extraña
unanimidad en los medios de prensa respecto a la injusta demora para la
aprobación de la pensión de retiro del exviceministro de Educación, Idel
Vexler, lo que sólo se puede explicar por una coincidencia básica: ninguna
diferencia política o personal entre los gobernantes de turno y la persona con
derechos pensionarios, puede justificar la retención de los pagos a quién le
corresponde.
La rapidez con la que respondió el ministerio
de Educación sirve para comprobar el poder de la prensa, especialmente cuando
el caso es sumamente notorio. También, hace muy pocos días el presidente del
Congreso, Fredy Otárola fue abordado durante una Conferencia de Prensa, por un
periodista que le inquirió sobre el caso del doctor Juan Mariátegui, que como
Vexler tiene derecho a pensión por sus años de servicio al Estado y su
condición de excongresista andino, y que ha cumplido más de dos años excluido
de un beneficio que sí han recibido por otros que estaban en igual condición
que él.
Aquí igualmente quedan de lado las
consideraciones políticas, por ejemplo que Mariátegui fue parte de la bancada
nacionalista en el período 2006-2011, representándolo ante el parlamento
andino, lo que podría suponer que el actual gobierno podría tener alguna
consideración especial a su persona. Pero no ha sido así y más bien hay la
sospecha de que algún malentendido ha enturbiado las relaciones generando
resistencias que duran hasta hoy. No importa, porque en un caso como este lo
único que debería discutirse es si la persona ha acumulado el derecho
pensionario y aplicarse automáticamente.
Por ello la respuesta que el presidente del
Congreso dio a la prensa en el sentido de que la situación de Mariátegui era un
asunto individual que se resolvería de acuerdo a ley, es marcadamente
insuficiente ya que hubo varios congresistas del período anterior que estaban
en una condición idéntica y a los que se
les asignó la pensión en forma automática, y hay otros que saldrán del actual
Congreso reclamando lo mismo: ¿cómo se resolverá en tales casos: aplicando el
reglamento existente y los precedentes, o individualizando a cada uno y
remitiéndolo a estudio de la ONP como se ha hecho con el Dr. Mariátegui?
La individualización de un solo caso
comporta discriminación y podría ser hasta ensañamiento si se supiera la causa
que lo motiva. En todo caso, se debe subrayar que la discusión sobre derechos
puede ser individual, porque se trata de personas concretas afectadas, pero es
también genérica y de principios porque los derechos se deben aplicar siempre
de la misma forma para situaciones que son iguales. El presidente Otárola que
hasta ahora parece vacilar en marcar la raya más profunda con su antecesor,
podría tomar este caso para dejar atrás pequeñas venganzas y mediocridades, que
hacen mucho daño a las instituciones.
29.10.13
www.rwiener.blogspot.com
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