Cada vez que se plantea la pregunta: ¿y con
qué derecho el gobierno de Fujimori, a los pocos días del golpe de Estado,
congeló las pensiones de los jubilados de Ley 19990 y les fijó un tope máximo,
condenando a las personas mayores que habían trabajado y ahorrado toda su vida
a una eterna indigencia o a la dependencia de sus familiares más jóvenes?, la
respuesta ha sido una sola: porque no hay dinero en caja fiscal, y cumplir con
el compromiso de garantizar una pensión justa sobre la base de aportes del
trabajador y de los empleadores era secundario a la estabilidad fiscal y
monetaria.
El mismo argumento se usó para matar los
derechos de los afiliados a la Ley 20530, a los que ya no una dictadura sino un
Congreso de “demócratas”, los guillotinó cuando ya había empezado el
crecimiento económico, con la irrebatible fórmula de no había plata, que
significaba que si usted se privó de una parte importante de sus remuneraciones
para acumular para futuro, basta una frase, que ni siquiera es de disculpas, para
expropiarle su dinero. Lo mismo se ha hecho, además, con las pensiones
militares, bajo el gobierno de un comandante en retiro, introduciendo una
brecha insalvable entre la condición de activos y el personal en retiro.
Dicho todo esto, cabe preguntarse por esos
comentaristas que en las últimas semanas han dicho a propósito de la forzada
resolución del Tribunal Constitucional dándole plazos y fijándole esquemas de
pago al Estado en relación a la deuda agraria de hace 44 años, y que argumentan
muy sueltos de huesos que aunque le cueste al fisco o amenace la estabilidad
monetaria, lo que se debe tiene que ser pagado, si no fueron ellos mismos, o la
mayoría de ellos, los que justificaron y hasta hicieron campaña para que se
roben las pensiones.
¿De dónde sale la medida que señala que un
tenedor de un bono de reforma agraria tiene alguna prelación para ser tratado
distinto que personas que construyeron su derecho en base a su esfuerzo, o que
otros tantos que están a la espera de que se cumpla con fallos nacionales e
internacionales para pagos de remuneraciones, pensiones, indemnizaciones u
otros, adeudadas por el Estado, sobre todo si quienes así piensan saben que no
están hablando de los viejos propietarios de la tierra, casi todos muertos o
habiendo transferidos sus bonos a través del tiempo, sino de banqueros y fondos
internacionales que se hicieron de esos documentos cuando tenían un valor por
los suelos?
Es evidente que el neoliberalismo que
aparenta una supuesta objetividad y frialdad de mercado para cada una de sus
decisiones, oculta el hecho de fondo de que ellas se realizan en función a un
sistema en el que unos siempre ganan más y usan el Estado en su beneficio, y
otros siempre pierden y tienen que ajustarse a vivir como pueden.
03.08.13
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