Diez años han pasado y si el Informe Final de la CVR hubiera sido
escuchado es posible que fuéramos un país con menos odio y con mayor justicia.
En plan de homenaje, nuestro director hace un balance de un debate a los primeros
días del Informe del que fue protagonista.
Cuando Salomón Lerner Febres leyó ante el país las
conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación aseguró que del
resultado de sus trabajos se había establecido que la cifra más probable de
muertos durante el conflicto interno era 69,280, lo que lo convertía en el más
sangriento de nuestra historia, incluida la guerra con Chile.
Hasta ahí se había venido calculando un número de víctimas
mortales cercano a los 30 mil con un registro disponible y disperso entre el
Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora de Derechos
Humanos, de alrededor de la mitad de esa cifra. Era como decir que por cada
muerto con nombre, apellido y localización geográfica debería haber uno más del
que no teníamos noticia exacta.
La CVR obtuvo
testimonios propios en un trabajo impresionante de jóvenes registradores que
elevó la cifra de muertos identificados, en un consolidado de todas las
fuentes, a 24,600. Pero en las conclusiones del Informe el número, no estimado,
sino “más probable”, se multiplicó por
1.8, es decir cerca del triple sobre los registrados. O sea se sabría
más o menos la tercera parte de lo que ocurrió.
Más aún, en todos los registros previos la mayor parte de
las víctimas eran causadas por las fuerzas estatales (militares y policías), lo
cuál seguía un patrón similar al de otras experiencias y que derivaba de la
diferencia de poder de fuego de las fuerzas regulares respecto a las
irregularidades y a las acciones de arrasamiento con que se recuperan los
territorios. La CVR imputó sin embargo el mayor número de la victimas estimadas estadísticamente a Sendero Luminoso
en una relación tal que pasó a ser el principal perpetrador de actos con
resultado de muerte.
En fecha tan temprana como septiembre del 2003, hice
observaciones sobre los dos puntos de la estadística de la CVR que no me
convencían y discutí sus implicancias políticas que evidentemente tenían que
ver con la necesidad de asegurar que las conclusiones fueran asumidas por el
Estado como propias: (a) que recién se sabía de la gravedad de lo ocurrido; (b)
que las graves violaciones de derechos humanos que implicaban a agentes
estatales habían sido menores que las realizadas por los subversivos, lo que
por lo menos nunca fue definitivamente probado.
Tiempo después, aparecieron estudios estadísticos de
especialistas demostrando que el método empleado por la CVR había tenido
errores y desviaciones, y poco a poco la soberbia del 69,280, fue dejada de
lado. Claro que en el camino hubo una polémica mayor sobre las responsabilidades
políticas en la conducción de la guerra y la obligaciones del Estado hacia los
derechos humanos y las poblaciones en mayor vulnerabilidad en período de
conflicto armado, y que la DBA que se convirtió en enemiga mortal de la CVR
tomó el debate de las cifras como un pretexto para descalificar todo el enorme
trabajo realizado para construir una mirada más cercana a una parte crucial de
nuestra historia reciente.
Hoy
puedo decir que el Perú no estaba preparado para el debate que inicié, porque
una parte de los que tienen mayor poder no quería otra lectura de los veinte
años de la violencia que no fuera que esos casos se resuelven directamente con
el mayor empleo de fuerzas y con las consecuencias que traen siempre este tipo
de intervención represiva del Estado y que no hay nada que hacer como
prevención o reparación, y menos con removidas de la memoria histórica.
La
mirada propuesta por la CVR, proviniendo de una entidad con autoridad pública,
a la que después sus enemigos le han metido el nombre de “caviar”, extensión de
la ONG, conciliadora con el terrorismo, que son pura reacción hepática de los
que se sienten afectados por sus conclusiones, es la plataforma más progresiva
que se puede encontrar para interpretar al Perú de comienzos de nuevo siglo.
Por
tanto pudiendo discrepar con mis razones aquí señaladas con las cifras del
informe final y tener observaciones sobre el trato de otros temas específicos,
soy de los que celebra los diez años de ese valioso trabajo y comparte con los
familiares de las víctimas y gran parte de la sociedad peruana el
incumplimiento sustancial del Estado de sus compromisos por la pacificación, la
justicia y una digna reparación para los afectados.
28.08.13
Miércoles
de Política Nº 9
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