La mañana en la que Nancy Obregón, Elsa Malpartida y otros
congresistas electos irrumpieron en el Congreso agitando contra la aprobación
del TLC con los Estados Unidos, yo estaba con Ollanta Humala mirando por la
televisión lo que estaba ocurriendo y pude comprobar cómo le entusiasmaba el
bochinche que estaba en pleno desarrollo.
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Lo que más les friega es que llevé a las
cocaleras al Congreso, anotó.
En los años siguientes este fue un tema recurrente. Después
de un primer intento de abrir diálogo con los campesinos productores de coca,
el gobierno de García se lanzó con todo a erradicar cocales, especialmente en
el Huallaga, y las congresistas cocaleras se convirtieron en figuras repetidas
de la resistencia a esas acciones. Y Ollanta el permanente acusado por
apañarlas.
Los años de García fueron a pesar de la erradicación, los de
una acelerada expansión de superficie sembrada de coca, producción y
exportación de cocaína, y ahora sabemos también, de un intenso reciclaje de las
mafias que entraban y salían de las cárceles a través de las gracias
presidenciales. Frente a esta situación, Humala ofreció incorporar a las organizaciones
de cocaleros a un diálogo por el desarrollo y aislar a las mafias.
Todo esto sonaba a herejía, en medio de la presión
estadounidense para insistir en reprimir a los pequeños productores y obtener metas
de hectáreas eliminadas, quemadas o rociadas con agentes químicos, generalmente
en las mismas provincias y distritos, mientras el negocio se expandía por otras
zonas del país, ingresando a la selva baja con grave daño ambiental.
Como en otros temas, las ganas de Humala de hacer cambios en
la política antidrogas le duró solo algunos meses. Luego nombró a una persona
de confianza de los Estados Unidos en DEVIDA y todo volvió a la
normalidad. Pero lo que no sabía el
comandante era que la policía, que había servido a García, estaba ya
investigando a su entorno cocalero, consciente que la madeja conduciría
finalmente a las razones por las que el candidato Ollanta Humala escogió a
estas acompañantes.
En el caso de la coca, el giro de políticas arrastraba
muchos más problemas que en los ofrecimientos incumplidos hechos a otros
sectores como los sindicatos o las comunidades campesinas, porque lo que aquí estaba
la cuestión era qué cosa es delito, es decir si producir y vender hoja te hace
narcotraficante, o si estos productores generalmente pobres deben ser sacados
de su situación marginal mediante políticas de diálogo y desarrollo.
Obviamente al triunfar la opción represiva, se cambiaba el
estatus de las cocaleras por más congresistas que hubieran sido (aún queda un
representante de este sector social en el parlamento) y resultaba posible que
se las investigara y chuponeara en secreto por su vinculación con una actividad
que de todas maneras se conecta con el narcotráfico y se desenvuelve en zonas
afectadas por la violencia. La acusación contra Nancy Obregón y Elsa
Malpartida, de la que sólo se conoce las versiones policiales que se filtran a través
de varios medios, pretenden que creamos que ya se probó lo que los
erradicadores venían diciendo y que muchos ya no aceptaban: (a) que los
campesinos cocaleros sean los que contratan y exportan la droga, incluso sin
mafias locales que intermedien el proceso; (b) que los dirigente cocaleros
habrían logrado el milagro de trabajar con las dos fracciones de Sendero
(Artemio y José) que son rivales irreconciliables.
Los policías están diciendo que con ayuda de arrepentidos y
grabaciones pueden probar estas dos afirmaciones, lo que está reventando ahora
en la cara de Humala, que está buscando la forma de decir que fue engañado y
sobrevivir en el intento. Hay quienes ya están diciendo que hemos ido demasiado
lejos y que hay que perdonarse los narcoindultos, la droga de Kenji, la amistad
de Lourdes con Cataño, las casas de la suegra de Toledo y las de Alan, etc.,
sino queremos que la conclusión nacional sea que todos nuestros políticos son
corruptos y narcos.
Pero esta invitación en sí misma delata que el concepto de
fondo es que toda investigación, por más seria que sea a desatar una
contra-investigación para después negociarla. Lo de Obregón por supuesto que
tiene que esclarecerse y el derecho de defensa también debe ejercerse, sobre
todo porque hasta ahora sólo ha habido una versión sobre estos hechos. Ninguna
transacción puede aceptarse en contra de la moral pública. Como tampoco se
puede callar ante el evidente chantaje que estamos viendo para sacarle más
ventajas a un debilitado presidente.
07.08.13
Columna de Wiener
Miércoles de Política Nº 6
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