Ingenuos

Aquí creemos que todos los demás son los ingenuos y manipulables. Lo son los indígenas que creen que les van a quitar sus tierras y les van a privatizar el agua, porque se lo dijeron algunos chavistas que nadie sabe como llegaron hasta la Amazonía sin ser vistos, y unos congresistas humalistas que se reunieron con 30 personas, cuando los decretos dicen lo contrario, y García nunca afirmó que las comunidades eran improductivas y que eso del medio ambiente y espíritu verde no era sino el nuevo discurso de los comunistas de toda la vida. Ingenuos también los ciudadanos de países mucho más desarrollados y educados que el Perú que también se creen que el gobierno está contra los amazónicos y que lo que hubo el 5 de junio fue una masacre decidida por el gobierno, tan mal ejecutada que costó la vida de muchos policías, y que le prestan credibilidad a las versiones de algunas ONG tramposas que inventan sucesos en el Perú y luego pasan por financiamiento.

Los únicos que no son ingenuos son los peruanos que votaron por segunda vez por Alan García, después del gobierno más desastroso de nuestra historia, y que lo hicieron porque se creyeron que al otro lado estaba el lobo antisistema dispuesto a comerse la libertad de prensa. Y que son casi los mismos que han venido respondiendo a las encuestas con eso de que García ha cambiado, por cierto antes de la intervención fallida en Panamericana y la catástrofe organizada desde la presidencia en el asunto de la selva. Son los no ingenuos que imaginaban que las ventajas del TLC, justificaban que nos metieran 92 decretos legislativos, sin consulta y debate de cara al país y sin considerar los intereses afectados, y que no iba a pasar nada después de todo ello. Y los que creyeron que García desató la muerte en Bagua, porque se jugaba algo decisivo, es decir nunca pensaron que a los pocos días retrocedería vergonzosamente.

Así que para establecer los grados de ingenuidad hay que tener mucho cuidado. Sobre todo ahora que se quiere investigar los hechos de la Selva y algunos que promueven esta iniciativa fueron los que votaron por el informe de las Casas del Alba.

18.06.09
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Derrota y derrotas

Derrota es lanzar la tropa contra el bloqueo indígena, provocando numerosas muertes y no poder quebrar la huelga amazónica en Yurimaguas y otros puntos. Y es también inventar la fórmula de la “suspensión de los decretos”, para evadir la derogatoria, y terminar ampliando el conflicto hacia la selva central, Andahuaylas y Sicuani. Esas son indudables derrotas, en las que se busca una cosa y se logra otra. Pero lo que hubo el lunes en Chanchamayo entre Simon y la dirigencia nativa es mucho más que eso. Es una rendición del gobierno que ya no resistía más la presión que había concentrado en su contra. Ahí el gobierno buscaba una tregua y fue a preguntar cuál era el costo para obtenerla.

Es el típico caso del general que se quedó sin estrategia, y entrega la plaza a cambio de un tiempo para volver a pensar lo que debe hacer para adelante. Muchos dicen que si iba a derogar para qué se demoró tanto, si hubiera podido evitar la sangre. Pero con la misma lógica se podría sostener que no debieron dictarse estos decretos que han provocado una ruptura histórica del APRA con la selva, ni escribirse los artículos del Perro del Hortelano que ahora suenan como el comienzo de todas las desgracias, y por ahí se llega al García que gana las elecciones y traiciona promesas, pasando a convertirse en el más neoliberal de los neoliberales. Paso a paso, García ha preparado el escenario de junio del 2009, en el que ha debido capitular ante las comunidades a las que despreció tantas veces.

Cuando uno ve que el PPC y los fujimoristas saltan hasta el techo por la manera como el gobierno abandonó en pocos días el frágil acuerdo de la “suspensión”, no puede menos que sonreír. ¿Es que no sabían de lo que puede ser capaz de hacer Alan García para salvarse? Pero los miembros de la bancada aprista en ominoso silencio hace 24 horas, sí saben de qué se trata. Por eso es que no hablan. Demasiadas mañosería y prepotencia se ha desplegado en estos días para que al final alguien como Simon les quite súbitamente el piso, y lo haga con la autorización de Alan García.
De todos los daños que el gobierno tendrá que empezar a controlar después de la difícil votación del jueves donde debe confirmarse la derogatoria, y que va a ser observada, paso a paso, por las comunidades en huelga en la selva y en la sierra, se encuentran el sistema de manejo de conflictos, las alianzas parlamentarias y la unidad del partido que se encamina hacia su Congreso.

Cada uno de estos elementos estratégicos, ha sido sacrificado a la cuenta de Alan García. Los que sentían que no podían ser gobierno sino colgados a saco de un fenómeno como García (incluye a Simon), tienen la oportunidad de aprender ahora que colgarse de García no permite tampoco la posibilidad de un gobierno serio por mucho tiempo.

17.06.09
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Punto de quiebre

Parecía que no podía haber peor fracaso que el que consiguió Alan García con la fallida intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión, que reeditaba la desastrosa historia de la privatización de la banca, pero el personaje ha demostrado que siempre puede superarse. Y es que nadie, salvo nuestro actual presidente, puede ser capaz de desatar un baño de sangre el 5 de junio para no derogar los decretos de la selva; suspenderlos siete días después; y terminar derogándolos al comienzo de la siguiente semana.

En esta insólita trayectoria el oficialismo del Congreso recurrió primero al no voto de la propuesta de derogatoria hasta el día de la matanza; a la reconstrucción de la triple alianza en reunión en la casa de Lourdes Flores para impulsar la “suspensión”, donde el PPC no quería derogar, los fujimoristas decían que sí querían hacerlo, y el APRA trataba de evitar que se notara su derrota; y terminó en medio de un perfecto desorden cuando Simon dijo en Chanchamayo que proponía la derogatoria después de dos meses de afirmar que este era tema del Congreso.

El resultado de todo esto es que tenemos un gobierno en el más dramático grado del desprestigio, y a una representación parlamentaria arrastrada por la caída del gobierno. La bancada aprista y sus dos aliados han salido tremendamente chamuscados de su intento por seguirle el paso a Alan García. El balance es que el presidente cuya soberbia puede impulsarlo a exigir el desalojo de una carretera en 24 horas luego de 55 días de bloqueos, con un brutal saldo de vidas que todavía no hemos terminado de contabilizar, y que se ha tomado otros diez para defender esa operación e insistir en la patraña que los nativos fueron los atacantes, puede de un momento a otro cambiar de ánimo y dejar a su primer ministro para que explique que sí se podía derogar, sin que se acabe el mundo. Aunque lo que sí parece estar acabándose es una forma de gobierno.

1606.09
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La huelga amazónica en el Perú y el gobierno de Alan García

¿Qué pasó en la selva peruana? ¿Cómo actuó el gobierno de Alan García?, ¿Por qué murieron tantas personas? ¿Qué ocurrió a la Policía? ¿Cómo queda el país después de la matanza? El artículo que presentamos intenta responder a estas y otras peguntas que se hace el mundo entero, anonadado por las trágicas noticias que llegan desde el Perú.

……

El miércoles 3 de junio en la noche, en el Consejo de Ministros, el presidente Alan García expresó entre adjetivos su malestar por la prolongación de los bloqueos en las carreteras de la selva y por la indecisión del ministerio del Interior y la policía de usar la fuerza para controlar la situación. La ministra Mercedes Cabanillas soportó la descarga y cuando pudo hablar indicó que dispondría el desalojo de los indígenas que bloqueaban la curva del diablo en la carretera Fernando Belaúnde, en el departamento de Amazonas, en las siguientes 48 horas.

Los jefes de la Policía fueron convocados a Palacio en ese mismo momento y notificados del acuerdo. Había que trasladar una fuerza especial a la ciudad de Bagua para iniciar el ataque en la madrugada del viernes. García retomó la conducción del Consejo y resumió los pasos que debían seguirse. La sesión se levantó sobre la media noche. El jueves 4 los congresistas del APRA iniciaron la fase política de lo que al día siguiente sería la batalla decisiva. Entre las 9 y las 9.15 am, aprovechando la demora de los congresistas nacionalistas que seguían coordinando su estrategia, el bloque de APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, impuso una votación sin debate que se derive la propuesta de derogatoria del DL 1090, a la mesa de diálogo del Primer Ministro que ya no funcionaba desde hacia varias semanas.

A las 10 de mañana del jueves ya se sabía que el oficialismo había vuelto a burlar a los amazónicos. Mientras tanto tres aviones Antonov de la Fuerza Aérea embarcaban 600 políticas de la dirección de operaciones especiales de la Policía. Llevaban fusiles Akm, cacerinas, granadas, bombas lacrimógenas, perdigoneras, etc. Esa tarde el batallón llegaría a una tierra que la enorme mayoría desconocía, para enfrentar a personas que tampoco comprendían. Pero la decisión era evidente: no usar los efectivos que ya estaban en la zona y que habían tenido contacto con los indígenas. En esta selección estaría la explicación de una parte importante de la tragedia.

Varias veces durante los días de la huelga, la Policía había conversado con los piquetes el retiro pacífico de áreas críticas como el puente Corral Quemado y otros, lo que se consiguió en todos los casos. En la altura, en la estación 6 de bombeo de petróleo, la patrulla de protección compuesta por 38 policías llevaba varios días intervenida por un gran número de nativos ante los cuales se rindieron para evitar enfrentamientos. Los Apus (jefes de comunidad) ordenaron retenerlos porque intuían un empeoramiento de las cosas. Tal vez creían que evitarían un eventual ataque mientras hubiera policías en poder de los indígenas.

A las 5 de madrugada del viernes sonaron los primeros disparos y bombas. Cientos de policías se dirigían hacia la curva del diablo donde los esperaban más de mil indígenas con lanzas, cuchillos y algunas escopetas. Por el aire llegaban dos helicópteros que descargaron una lluvia de bombas lacrimógenas orientadas a crear la confusión y dispersar al grupo principal. Las balas llegaban de varios francotiradores apostados en áreas elevadas que disparaban directamente al cuerpo. La confusión en el bloqueo fue inmediata y desató una atroz estampida de indígenas por la carretera. Pero mientras corrían cargando a sus heridos y sus muertos, las balas y las bombas los perseguían provocando un mayor número de bajas.

La prensa llegó al lugar de los hechos antes de las seis de la mañana y logró excepcionales tomas sobre el enfrentamiento, el ataque desde el aire, la multitud replegándose, los heridos y los muertos. Las radios, tanto las locales como las nacionales, transmitieron en directo lo que iba pasando y en poco tiempo ya había imágenes al aire sobre la violencia desatada. Ahí también reventaron las ciudades cercanas: Bagua, Bagua Grande y Jaén, donde muchos civiles salieron a las calles y provocaron graves disturbios, apedreando e incendiando diversos edificios oficiales y el local partidario del APRA. Igualmente quemaron diversos vehículos del Estado. La policía, por su parte, respondió a la turba con armas de fuego incrementando de esa forma el balance de muertos de la jornada. La reacción en las ciudades estaba cargada de espontaneidad e indignación. Es imposible ver ahí un mínimo plan de acción o alguna previsión de mecanismos de defensa para los manifestantes. Pero a esas alturas la policía ya no estaba para sutilezas.

En la mañana del 5 de junio, todo el Perú estaba convencido de una cosa: el gobierno quiso desalojar sin aviso y con suma violencia el bloqueo de la carretera y produjo reacciones entre nativos y policías. Las noticias que llegaban hablaban de más de veinte muertos indígenas y de alrededor de cinco policías abatidos. De pronto el presidente García apareció en el Proyecto Olmos en Lambayeque, donde había viajado más temprano el premier Yehude Simon, y como se suele decir en el Perú, le robó el micro y salió declarando que había habido un operativo necesario para restablecer el orden, con un bajo costo social. Pocas horas después el costo seguiría subiendo, las llamadas de autoridades, médicos, periodistas de la zona advertían de un escenario dramático. El gobierno empezaba a reconocer la gravedad de la situación y Simon hacía su primera conferencia de prensa informando que el saldo de la trifulca ascendía a nueve policías y tres indígenas muertos.

Esa noche los números fueron reajustados: doce policías y nueve civiles fallecidos, entre indígenas y pobladores urbanos. En el terminal aéreo de la aviación empezó un desfile de ataúdes que duraría hasta la noche del día siguiente y daba la sensación de aún mayor cantidad de policías caídos que los que realmente se produjeron. Ya estaba claro entonces que el gobierno había decidido una línea de información y confrontación política, en la que sorprendentemente la policía era la atacada y la que había sufrido las bajas por su excesivo afán dialogante, lo que por lo grave del resultado no podía tener otra explicación que una conspiración internacional. Pero aún las cosas iban a empeorar:
en la estación 6, en Imacita, la versión de la matanza de indígenas produjo una conmoción y un desesperado deseo de venganza en el grupo que mantenía retenidos a los 38 policías. Según se conoce los captores decidieron ejecutar a nueve policías en ese lugar, incluido el comandante de puesto y nadie sabe cómo fue que finalmente lograron huir los otros.

Esta matanza horrible es muy difícil de entender, sino se apela a la mirada que las comunidades de selva tienen de los agentes estatales que para ellas son invasores de sus tierras y en este caso, asesinos de sus hermanos. El gobierno tenía una responsabilidad respecto a la vida de estos efectivos, cuando lanzó la operación en la curva del diablo sabiendo que había un contingente de sus hombres en poder de los indígenas. Es verdad también que en este caso el choque cultural se transformó en una tragedia. Pero justamente porque pasó esto es que se puede decir que nadie podía influenciar las determinaciones de los indígenas, ya que nada podía ser más negativo para sus objetivos que esta carnicería sin sentido. Por cierto que esta es una valoración de opinión pública y efectos políticos que significa poco traducido a la lengua de los amazónicos.

El hecho es que el sábado 6 ya sumaban más de veinte los policías muertos y todos los medios, incluidos los que habían trasmitido los incidentes de forma directa a través de la versión de sus corresponsales, se cerraron en la historia oficial. No había ocurrido enfrentamiento alguno, la policía no había querido usar sus armas, los indígenas los habían matado cuando conversaban, la matanza había sido de uniformados, etc. A esto se salpicaba el mayor o menor autocontrol de los editores frente a los anatemas racistas que subsisten soterrados en el país y afloran en circunstancias como estas (el antecedente que me viene a la memoria es la matanza de periodistas en Uchuraccay en 1983, que llevó a titulares que hablaban de “salvajes”, como ahora). El clima político empezó a hacerse aplastante con el bombardeo mediático que eludía toda responsabilidad del gobierno en lo acontecido.

Esta resaca duró dos días, pero el lunes 8 se resquebrajó. El diario más influyente de Lima, el decano de la prensa, “El Comercio” editorializó reclamándole al gobierno reconocer sus propios errores y pidiendo la renuncia del Consejo de Ministros. A su lado otros diarios y algunos programas políticos de la televisión y la radio empezaron a recepcionar puntos de vista críticos, y a poner en duda aspectos del discurso oficial. A la disonancia de algunos contados medios de oposición (diario “La Primera” y estaciones radiales de provincias), le seguía ahora un distanciamiento de la llamada “prensa seria” que veía peligroso seguir operando como resonancia del gobierno aprista. Ese mismo día además se produjo la primera, y hasta ahora, única renuncia al gabinete de ministros. La ministra de la Mujer, Carmen Vildoso anunció su salida informando que se trataba de discrepancias en torno al manejo de la crisis de la selva y de su decisión de asumir su parte de responsabilidad por lo sucedido.

Tras este quiebre empezaba a surgir un intento postrero de diálogo después de 55 días de huelga en los que el gobierno ignoró el problema hasta el día 40, y generó una mecedora de reuniones infructuosas con el primer ministro los días siguientes, hasta que se impuso la lógica de la muerte. Entre el director de “El Comercio”, el Episcopado de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, estaba germinando un salvavidas político, que consistía en dar un medio paso atrás poniendo en “suspenso” algunos decretos (la figura no existe legalmente) y construyendo una mesa de diálogo de mayor amplitud, con nuevos actores. El premier Simon dio su apoyo a la propuesta y con ella quiso detener la renuncia de Vildoso, sin conseguirlo. A su vez el fujimorismo le entró al tema y detrás de ellos lo hizo Lourdes Flores. Pero llegaban tarde a un escenario crispado y polarizado. El presidente y los líderes del APRA acentuaban el ataque, las comunidades declaraban que era derogatoria o nada y los sectores políticos que habían apoyado a los indígenas se sentían obligados a seguirlos ante el riesgo de terminar rechazados.

La idea de que todos tenían que ceder algo en sus posiciones no encajaba en los acontecimientos. En las zonas donde continuaba la huelga, el sentimiento era de haber sufrido una larga burla que concluyó a balazos. Por otra parte, aún cuando la “suspensión” debería entenderse como una derrota política no explicitada del gobierno y como el fin de dos de los decretos más controversiales, los apristas insistían en decir que volverían a restituirlos, dando a entender que lo que menos les interesaba era un entendimiento. El miércoles 10 al votarse la suspensión la sensación que flotaba era que estábamos enfrentando posiciones extremas, cundo técnicamente hubiera podido decirse que la suspensión era nada más que otra forma de la derogatoria ya que regresaba a la situación anterior a la elaboración de dicha norma. Pero como serán las cosas que la votación no quiso hacerse sobre las posiciones que estaban en juego, sino a favor o en contra de la posición de la mayoría y esto desbordó el vaso para convertirse en una protesta activa de la bancada nacionalista que se negó a abandonar el hemiciclo hasta el día siguiente, para terminar con un tercio de sus miembros sancionados (escogidos arbitrariamente).

No había acuerdo, ni lugar para las salidas intermedias. Por eso el día 11 la protesta nacional convocada días antes no celebraba la suspensión, sino se enfocaba en denunciar la masacre contra los amazónicos y la necesidad de un cambio político, que para algunos todavía pasa por un cambio de gabinete, y para otros llega hasta la vacancia presidencial. Que ese día hubieran nativos selváticos desfilando en Yurimaguas, la selva central y otras localidades; campesinos serranos invadiendo el aeropuerto en Andahuaylas y pobladores de Puno, Moquegua, Huancayo, protestando a favor de los amazónicos; y chicos limeños negando a dispersarse en el centro de la ciudad a pesar de las nubes de las más apestosas e irritantes bombas; advierte de una conjunción que hasta hace poco se hubiera tomado por insólita. Nadie imaginaba a los universitarios sacando la cara por los indígenas, o a las poblaciones serranas tan cerca del sentimiento de la selva, o a campesinos quechuas y aymaras sentirse parte del mismo mundo que el de las comunidades nativas.

De algún modo era como si la parte que le faltaba a las protestas sociales se hubiera integrado y no sólo eso, sino que todos se sintieran indígenas y amazónicos, frente a un gobierno que había tratado de fomentar un racismo subterráneo y un desprecio profundo por el anacronismo y las creencias de los pueblos más olvidados de la historia nacional. El 11 de junio (en algunos lugares hasta el día 12), la protesta nacional nos remontó en la memoria nueve años hacia atrás. No había ocurrido efectivamente desde la marcha de los Cuatro Suyos el 28 de julio del 2000, que l ciudad de Lima fuera dominada por horas por manifestantes que no reclamaban nada específico para ellos, sino que se enfrentaban al gobierno de turno, porque entendían que no había otra manera de evitar un agravamiento de la situación.

El 11 de junio estaba a la vista que en el Perú se había abierto una nueva situación política, que la determinación del presidente de atacar a los nativos tenía mucho más que ver con la noción de autoridad del Estado que está en las entrañas de Alan García, que con la necesidad de pase de los camiones por las carreteras. La democracia post fujimorista había sido demasiado pusilánime, tal vez por deberle a las propias masas su existencia. Por eso Toledo retrocedió en tantas ocasiones, y el propio gobierno actual tuvo que firmar interminables actas con diversos gremios, para nunca cumplirlas. La mano dura le picaba a García desde hace tiempo.

Pero no ha ganado. Como se ve por todos lados. Peor aún, no han podido explicar porque una policía al ataque, con armas de tiro a distancia, tuvo tantas bajas frente a indígenas con lanzas y machetes. Tampoco han convencido a nadie sobre los muertos que se esfumaron después de las primeras vistas y despachos del conflicto, y por qué hay tantas familias que reclaman a sus hijos que no regresan. Todo está como una enorme espada de Damocles sobre la cabeza de un gobierno que se empeña en fugar hacia adelante.

No es una crisis, es la crisis, dirían los historiadores. Y lo más irónico es que García llego a ella empezando por una sistematización de su nueva filosofía en la que calificaba a las comunidades y muchos otros sectores como perro del hortelano, que no podía comer por la debilidad de sus medios productivos, pero no dejaban comer a la gran inversión que nos tocaba la puerta. Esta teoría ha sido destrozada por la vida, aunque su autor no quiera reconocerlo. Pero lo peor no él mismo, que ya no tiene remedio, sino a los que arrastra en su caída y no pueden contenerlo. Ese es quizás el mayor drama del Perú actual, la elección por miedo que se dio en el 2006: miedo a Humala, al chavismo, a cualquier cambio del modelo económico, le otorgo un excesivo poder a García para que salvase a los asustados. Ahora a quién hay que temer es al propio Alan García.

12.06.09
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El principio del fin

El sorprendente balance de Alan García sobre los acontecimientos de la selva es que se dialogó demasiado. A poco de que se cumplan dos meses de huelga amazónica que hasta el día 40 el gobierno aprista no quiso ver ni tratar, y luego de haber sido testigos de que el “diálogo” del premier sólo produjo un acta de intenciones que ha servido como arma de denuncia de la supuesta intransigencia de Pizango, mientras el presidente y sus secuaces insistían en declarar que no aceptarían el reclamo de los indígenas quitándole todo sentido a las conversaciones, uno puede concluir que para García el diálogo siempre fue demasiado.

Más parece que su posición de fondo era que a estos perros del hortelano, extremistas, comunistas internacionales, que bloqueaban carreteras y agitaban sus lanzas habría que haberlos echado con la Policía mucho antes del 5 de junio. De su molestia por el retraso en el uso de la fuerza hay ahora bastantes versiones que indican que dos días antes del ataque en la curva del diablo, García zarandeó a Cabanillas para que le liberara la carretera a cualquier costo, en el mismo tono en que ordenó alguna vez a Mantilla recuperar en el más corto tiempo el control de los penales. Y ha sido el presidente en persona el que ha liderado la operación “aquí sólo han muerto los policías”, que ha negado a los pueblos indígenas sus propias víctimas y ha pretendido imponerle al país la visión de que el agresor que tenía todo el poder de las armas, era realmente el agredido.

“Demasiado diálogo”, es además una orientación para lo que está ocurriendo después del baño de sangre, cuando la huelga sigue vive y hay puntos claros de bloqueo en varios lugares del país, principalmente Yurimaguas. Significa que el nuevo intento de Simon de buscar a la iglesia y a la defensora del pueblo para integrar una mesa, y la “suspensión” de los DL 1090 y 1084, están realmente en el aire porque un loco autoritario continúa suelto en plaza. En la peor crisis y cuando todos se dan cuenta que el gobierno tiene que retroceder para evitar que haya un empeoramiento dramático, García no sólo insiste en meter su bocota sino en presionar para que Aidesep quede fuera de la negociación (¿y con quién van a tratar finalmente?) y promueve y saluda la sanción de los congresistas nacionalistas.

Pura leña al fuego, que en el actual contexto puede entenderse como que García ve todavía una crisis aún más grave por delante y que le interesa ser visto como el ala dura que siempre dijo que para que dialogar y conceder, si nosotros tenemos los AKM. Nunca se ha escuchado al presidente reconocer que existen razones válidas en los pueblos indígenas o errores en el gobierno (más allá de la supuesta blandura dialogadora). Y todos sabemos que no va a haber decisiones finales al margen de su persona. Por eso es que cada vez son más los que concluyen que el problema es García. Pero García es todo el gobierno y en cierta forma es casi todo el Estado. Por tanto si la necesidad de hallar una salida tiene que ver con que el personaje no imponga una nueva decisión desquiciada, y no hay forma legal para colocarle una camisa de fuerza, lo que cae de su peso es que hemos entrado a una crisis terminal del segundo gobierno del APRA. Cuando en las calles se reclama la vacancia ya no suena a simple radicalismo, sino a sentido de sobrevivencia.

14.06.09
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Una nueva situación

Las calles de Lima en la tarde del último jueves parecían las del 28 de julio de hace nueve años. No sólo porque el aire se había hecho otra vez irrespirable por la cantidad de bombas: lacrimógenas, vomitivas, picantes y otras, lanzadas por nuestra siempre cordial policía, sino por la beligerancia con la que los manifestantes volvían a reagruparse e insistir en su protesta. Como en los cuatro suyos, los actores principales eran jóvenes universitarios, muchos de ellos de centros educativos privados, acompañados por intelectuales y artistas, y comités partidarios de los distritos.

No era, como otras veces, una conjunción de gremios que protestan cada uno por lo suyo y que quieren trasladar algún pliego hasta las oficinas del Congreso. Ni mucho menos una simbólica vuelta por la ciudad para que después no pase nada. El 11 de junio, ninguno de los movilizados estaba peleando por sí mismo. Todos estaban ahí por solidaridad con los amazónicos, pero sobre todo para ponerle un freno a Alan García antes que termine por desquiciar al país. Es decir era una movilización enteramente política, que ocurría en la Lima conservadora, o la que empezamos a apreciar así en el período del auge económico y del miedo al populismo redistribuidor.

Muchas veces se ha recordado que Lima definió la votación del 2006 a favor de Alan García, luego de votar por Lourdes Flores, que esta ciudad es la que más responde en las encuestas a favor del gobierno y la que mantiene encumbrado a Castañeda Lossio. Pero aquí es donde se decidió el fin del gobierno de Fujimori y donde acabamos de ver, más allá de las palabras, como se ha empezado a tambalear el de Alan García. Habría que estar ciego para no apreciar la jornada de lucha como un síntoma de nueva situación. Algo está claro: los sectores que han querido jugar de mediadores y apaciguadores esta semana, han llegado demasiado tarde; hay una brecha de sangre muy grande que no facilita la conciliación y hay una increíble soberbia autoritaria en el gobierno que sigue intentando aplastar y atropellar, eliminando cualquier credibilidad que pudiera ofrecerse a la política del nuevo diálogo.

Lo que se viene es una ola creciente por forzar cambios políticos que nos saquen de este entrampamiento. En este terreno es que se van reduciendo las opciones en tanto García evidencia que la sinrazón de su gobierno es su propia vocación autodestructiva. Si hasta lo que parecía imposible como es aquello de que un presidente tome en serio los consejos de Aldo M, ya muchos creen que está ocurriendo: haces un círculo y echas napalm, descargas la cacerina sobre los manifestantes antes que te ataquen, roqueteas, y después nos tomamos un trago. Necesitaba que alguien como tú lo dijera para sentir más autoconfianza.

14.06.09
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Se quebró el frente de la patraña

El paso de Vildoso por el segundo gabinete de Alan García y la cartera de la Mujer, es casi irrelevante, sobre todo porque se sometió a las presiones del Apra para no mover a sus cuadros de los puestos estratégicos del Foncodes y el Pronaa. Pero su renuncia es precisamente lo contrario de lo que la acusa Jorge del Castillo, que ha dicho que se trata de una “cobardía”. Porque el paso dado es fundamental para terminar de desmontar el frente de la patraña que armó el gobierno como respuesta a la dramática posición en que quedó metido después del desastroso resultado de la operación de desalojo de la carretera en Bagua.

Decía García este domingo durante la ceremonia de jura de la bandera que así como en la duda se favorece al reo, en la actual duda debía creerse al Estado y no a los terroristas y los organizadores de tumultos. Estaba señalando por cierto que respecto a la crisis de la selva y la masacre del viernes, el gobierno había conseguido meter la confusión, gracias a una gigantesca maniobra de desinformación y apoyándose decididamente en los medios, a los que Cabanillas pidió su ayuda directamente. La versión de la policía dialogante y los indígenas degolladores, de “una posible” ingerencia externa en la crisis y de los congresistas azuzadores, ha sido repetida de todas las formas. Pero lo que no terminaba de entenderse era qué era fue lo que desató el enfrentamiento y qué fue lo que hizo reaccionar a los nativos bajo la idea de que los estaban exterminando.

El lunes, un editorial del diario “El Comercio” reclamando la renuncia del gabinete y el reinicio del diálogo, acompañándolo de medidas de flexibilización respecto a los decretos de la selva, indicaba sin embargo que la dirección del viejo diario había decidido tomar distancia de la versión oficial y del intento de García de que el bloque de fuerzas que funcionó para su elección, volviera a operar esta vez para salvar al gobierno. Al decano, además, se le sumaron otros diarios y conductores de programas de televisión y radio. La duda empezaba a inclinarse para el otro lado, porque la posición de que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, que los muertos indígenas son una bicoca y que todas las versiones que vienen del lugar de los hechos son rumores sin fundamentos, se iba convirtiendo en insostenible.

Vildoso les ha dado la estocada. Con sólo decir que su renuncia responde a hechos políticos y dejar entender que discrepa con el manejo del gobierno, la ex ministra ha herido profundamente al gobierno. Ella que conoce como se fraguó el manejo de la crisis, ha dicho hasta acá nomás los acompaño. ¿Habrá otros renunciantes? Cada hora y cada minuto cuenta en contra de los que siguen dentro. En realidad ya no es sólo la credibilidad de un gobierno ensangrentado la que está en la mesa. Son los tres responsables de esta crisis los que están cada vez más cerca de la picota: García, Cabanillas, Simon. ¿Qué otros ministros estarán dispuesto a acompañarlos?

10.06.09
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El DL 1090 y sus graves consecuencias para la selva

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán…”

“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”

Alan García
El Perro del Hortelano
28 de octubre de 2007

Dicen que los críticos de los decretos legislativos, en particular del DL 1090, no han hecho sino pedir la derogatoria, sin fundamentar ni explicar sus objeciones. No ha sido así, pero para ayudar a entender lo que está en debate entregamos aquí un recuento de las críticas a este dispositivo.

Antecedentes

El antecedente general del DL 1090, es la ley fujimorista 27308, orientada a abrir la selva a las inversiones en explotaciones hasta de 5 mil hectáreas, dictada a finales de ese gobierno y que el gobierno de Toledo no empujó en su aplicación. En el 2007, García lanzó sus famosos artículos del “Perro del Hortelano”, donde uno de los principales perros eran los pueblos indígenas de la selva que conservaban tierras, ríos y madera sin explotar, basados en principios distintos a los del mercado.

El tercer antecedente es el Proyecto de Ley 840, llamado la “Ley de la Selva”, con el que se buscaba “poner en valor” los recursos selváticos a través de grandes concesiones (hasta de 40 mil hectáreas), que fue fuertemente criticado y se entrampó en el Congreso.

El problema de constitucionalidad

El DL 1090 es un regreso por la ventana de las medidas de implementación del TLC, de la cuestionada “Ley de la Selva”, pero esta vez aparece articulada con un conjunto de otras normas que agrava la tendencia a la concentración de tierras y a la alteración profunda de las condiciones de vida de la población selvática, en particular de las comunidades nativas.

Sobre las violaciones constitucionales del decreto se pueden mencionar específicamente tres: (a) desborda ampliamente el marco de facultades otorgadas, legislando sobre asuntos no vinculados al TLC con Estados Unidos; (b) por su naturaleza abarca temas propios de una ley orgánica de recursos naturales, que sólo pueden ser aprobados directamente por el Congreso; (c) incumple el principio constitucional de respeto a los Convenios Internacionales, en este caso incumple el Convenio 169, OIT, que obliga a consultar toda decisión que afecte los territorios de pueblos indígenas. Un dato interesante al respecto es que la ley forestal colombiana fue derogada precisamente por no haber cumplido con este requisito.

Críticas al contenido

Pueden resumirse en tres puntos: (a) el DL 1090, recorta la definición de Patrimonio Forestal dejando fuera de protección a unas 45 millones has de tierras con capacidad forestal, es decir, el 60% de los bosques. (b) los recursos forestales se otorgarán por concesión privada, hasta por 40 años, en extensiones de hasta "40 mil hectáreas“. (c) finalmente se autoriza el cambio de uso original de las tierras, que podrán pasar a condición agrícola para formar plantaciones de cultivos especializados.

Estos problemas se relacionan además con los alcances de otros decretos como el 1064, que amplia el concepto de tierras eriazas y la capacidad del Estado de disponer de ellas en procesos de concesión, y el 1089 que fuerza un tipo de titularización de predios rurales que apunta a reducir los espacios comunales. El gobierno responde a las críticas insistiendo en que la selva es grande y que 55 millones de hectáreas quedaría protegidas como tierras comunales, reservas, parques y zonas de protección, y que “sólo” se busca afectar unos 8 millones de hectáreas. Esconde además el proceso de reducción sistemática de las reservas que se viene llevando a cabo para facilitar proyectos mineros y de hidrocarburos.

Otro tema de discusión es el de los recursos del subsuelo, que el gobierno arguye que por constitución le pertenecen al Estado, para entregarlos en concesión, y que las comunidades interpretan como una invasión de sus derechos. Es obvio que sólo en teoría se puede separar lo que está arriba de lo que se encuentra abajo, pero este intríngulis constitucional está sirviendo para desalojar pueblos de sus espacios ancestrales.

El DL 1090, implicaría un daño al 15% a los bosques de selva y un nuevo golpe al hábitat del mundo indígena. Basta ver las imágenes desoladoras de las plantaciones que varios grupos económicos, entre ellos la familia Romero, vienen haciendo sobre territorios de la selva baja. La esencia del problema es acentuar la ruptura de los equilibrios ecológicos y la relación hombre naturaleza, con consecuencias no sólo locales, sino nacionales y hasta mundiales. Puede verse al respecto los efectos de deforestación en el Brasil que abarcan superficies del tamaño de nuestro país.

La lucha contra el DL 1090 es enteramente principista y nada tiene de caprichosa. Y es evidente que no se resolverá sino con su derogatoria.

08.06.09
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Especialista en matanzas

Cuando Alan García ordenó la matanza de los penales, toda la prensa peruana dijo que se había realizado en “defensa de la democracia”. El presidente felicitó a todos los participantes y empezó un esfuerzo por atenuar la cifra de los muertos, mientras los soldados dispersaban los cadáveres en entierros clandestinos en cementerios informales en los alrededores de la ciudad. Pero unos días después se cayó la mentira y el presidente tuvo que retroceder y admitir que hubo asesinato de rendidos en Lurigancho y "excesos" de distinto grado. Ahí fue que lanzó su famosa declaración: se van ellos (los asesinos) o me voy yo. Y nadie se fue.

Después de la matanza de la selva, estamos viendo nuevamente a los operadores de García tratando de cambiar la realidad de lo ocurrido. La orden de Lima ha sido la de esconder los cadáveres y negárselos a sus familiares, mientras se informa de una cifra de nativos muertos que nada tiene que ver con los informes llegados de la zona de conflicto por los corresponsales de prensa, médicos y autoridades, ni con las fotos de los enfrentamientos. El propósito es decir que los masacrados fueron los policías, atacados suicidamente por los indígenas que con lanzas y flechas, se lanzaron contra 600 efectivos de la Dinoes armados con fusiles y granadas, respaldados desde el aire con helicópteros. Que la tropa hubiera llegado recién un día antes, en coincidencia con la maniobra de votación en el Congreso, seguro que era pura casualidad.

La mentira, como en el 86, tiene los pies cortos. Nadie, ni siquiera el PPC y los fujimoristas, parte de esta versión victimista. El gobierno ha vuelto a conseguir el aislamiento perfecto, y eso ha sido así porque los indígenas resistieron y la población de la selva se rebeló a la masacre. El incendio de los locales del Estado y del partido de gobierno simboliza este entierro del aprismo en el oriente peruano, cuyos parlamentarios de selva: Pastor, Zumaeta y otros, combaten ahora a sus adversarios atrincherados en Lima de donde difícilmente podrán salir. Ningún otro partido quiere pasar por esta suerte y algunos de ellos más bien tratan de sacudirse de su corresponsabilidad en haber obstaculizado el debate sobre los decretos legislativos cuya derogatoria reclamaban los indígenas.

Van a pasar los días y el gobierno va a terminar pagando sus culpas por la matanza de la selva. Entonces quedarán claras las órdenes de desalojar lo más pronto posible y con uso de los medios de guerra disponibles, lo que los generales interpretaron, como el 86, como una orden de matanza. Sólo que ahora el gobierno es mucho más débil del que había hace 23 años. El especialista en masacres que se escapan de las manos, debe estar sintiendo que en una semana (caso Panamericana, caso Bagua) echó a perder todo el trabajo de reconstrucción de su imagen y la de su gobierno desde su famosa maniobra de octubre de nombrar a Simon para tapar el caso de los petroaudios. Lo piensa, pero no tiene el margen para reconocerlo. Las mentiras de estos días son un salvavidas de un gobierno que naufraga. ¿Y ahora quién es el que se va?

07.05.09
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Gobierno y Congreso manchados de sangre

¿Qué tiene que suceder para que la bancada del APRA reaccione si casi 60 días de huelga amazónica apenas los llevaron a votar una postergación de las decisiones el día jueves, y si más de treinta muertos sólo les lleva a concluir que es “antirreglamentario” pedir una convocatoria de urgencia del pleno para resolver sobre la derogatoria del DL 1090?

Los intereses que el gobierno está defendiendo en los decretos de la selva deben ser sumamente poderosos como para que el presidente y el partido aprista hayan estado dispuestos a pagar un costo atroz para mantenerlos. No hay ninguna duda que García ha tenido en este caso (como en el de Panamericana) la voz cantante. Esto se puede probar en todas las idas y venidas del primer ministro y el presidente del Congreso con el asunto del diálogo, cuando la posición oficial seguía siendo que no había nada que derogar o modificar. Y en la actitud de la ministra del Interior a la que parece que le doblaron finalmente el brazo y la obligaron a reprimir.

Aquí nadie ha sido capaz de detener al autor del “Perro del Hortelano”, y cuando la selva ya estaba cubierta de sangre, lo que hizo el presidente es viajar súbitamente a Olmos, donde se encontraba Yehude Simon, para declarar a su lado soplando la responsabilidad por la violencia a los dirigentes de Aidesep. ¿Qué quiso hacer?, ¿impedir que el ministro hablara por su cuenta? En todo caso este ha sido el capítulo postrero de la penosa participación de Simon en el gobierno aprista. En el plano político hay también una gran cantidad de muertos por contabilizar.

La farsa del diálogo

Antes de la votación del jueves en el Congreso se sabía que formalmente había dos posiciones: los que declaraban la inconstitucionalidad del DL 1090, que eran los nacionalistas, Bloque Popular, UPP, Alianza Parlamentaria y el fujimorismo, y los que ratificaban los decretos (APRA y Unidad Nacional). Aparentemente había una mayoría para derogar y abrir una válvula de escape al alargamiento del conflicto amazónico. Pero lo que estaba en camino era una nueva e irresponsable maniobra oficialista. Ya una semana antes los fujimoristas habían evidenciado que su verdadera intención era no votar, ni a favor ni en contra. Para eso fue la maniobra de levantar la sesión por los “insultos” de Werner Cabrera y la otra que concluyó el día de ayer de postergar la decisión hasta el informe de la mesa de diálogo, ambas apoyadas por la bancada naranja que debe haber recibido alguna ganancia por este compromiso.

La hipocresía del diálogo llegó así a sus extremos. Porque mientras se negaban a resolver el punto planteado por las comunidades, en nombre de que el diálogo llegue a su fin, el gobierno estaba preparando los destacamentos de Dinoes que irían a sembrar la muerte en Bagua y otras localidades, es decir iban a “resolver” el problema a sangre y fuego, de manera de salvar los decretos legislativos. Apristas, fujimoristas y lourdistas son corresponsables de haber llevado a la situación hacia un desenlace sangriento, esto a pesar de que con el peso de los muertos los aliados del gobierno hayan empezado a tomar sus distancias.

Represión

Mientras se masacraba a los nativos y se desataba el caos en la selva, en Lima, el secretario general del APRA, Mauricio Mulder pedía la captura del presidente de Aidesep Alberto Pizango, y Aurelio Pastor comparaba los hechos de Bagua con la toma de la Comisaría de Andahuaylas en el año nuevo del 2005, lo que no era sino una manera provocadora de alentar la persecución contra los dirigentes. Más aún, atrincherados en Lima, los líderes apristas echan dedo contra los nacionalistas y la izquierda.

Pero el que dictó los decretos legislativos que son repudiados por las comunidades, los que han impedido su derogatoria, los que han enviado policía, ejército, helicópteros contra nativos, es el gobierno del APRA encabezado por Alan García. Esto lo sabe toda la selva y los entiende la abrumadora mayoría del país. El gobierno ha querido ahogar en sangre la huelga amazónica. Pero los indígenas no se han rendido. Pobre y triste gobierno con las manos ensangrentadas.


HISTORIA

El 5 de Febrero de Alan García

En 1975, una huelga de policías desató saqueos en Lima, que el gobierno de Velasco reprimió con el ejército provocando más de cien muerto en Lima. Dos lecciones quedaron a la vista: (1) que el APRA aprovechó el escenario de desorden para enfrentar al gobierno y provocar la desestabilización política; (2) que la represión brutal genera un espiral de violencia que no se puede detener simplemente a balazos. Ayer la selva fue testigo de lo que se había dicho muchas veces: que los nativos iban a resistir hasta la muerte antes de ceder al gobierno. Pero no los tomaron en serio. El APRA ahora convertida en Estado quiso imponerse a sangre y fuego y lo que consiguió fue desatar el odio y la desesperación de los que se sentían atropellados, que hicieron realidad la insurgencia y el levantamiento del que tanto se había hablado. Y ahora hay muchos que se sorprenden por lo duro del enfrentamiento. Velasco no sobrevivió 6 meses a los efectos del 5 de febrero. ¿Cuánto tiempo le quedará a Alan García?


El fin de una etapa

El 5 de junio de 2009 quedará en la historia como el día del fin de las ilusiones democráticas que se forjaron con la caída del régimen de Fujimori. Ilusiones que ya estaban muy debilitadas, es cierto, pero que existían bajo la forma de un cierto pacto implícito por el cual los gobiernos reconocían que el origen del régimen era la movilización popular y que los gobiernos no podían intentar aplastar a los movimientos regionales y sociales. Cuando García decidió que los decretos eran más importantes que la conservación de este relativo consenso social, cambió la naturaleza del poder. Ya no puede subsistir a partir de ahora más que con la fuerza. Una fuerza que realmente no tiene. Esa es la grave encrucijada que se vive en el Perú.

El estatizador fallido

Dicen que el señor Cabello no podía orientarse entre los salones vacíos, los documentos incompletos y el caos de trabajadores que circulaban dentro del local de la esquina de la televisión. Eso lo obligaba a depender del personal de confianza de gestión de Delgado Parker que eran los únicos que podían ayudar a tomar decisiones con un mínimo de realidad.

Este papel de fantoche es el mismo que cumplían los miembros de los directorios que Alan García nombró para los bancos luego de decretar la estatización de 1987. Aquella vez los interventores ingresaron también con apoyo de la fuerza pública y se apropiaron como no podía ser de otra manera del salón del directorio. Y de allí no pasaron.

Cuentan los que estuvieron allí que hasta para servirles un café los conserjes pedían autorización a los gerentes de los banqueros y las secretarias sacaban copias de todas sus comunicaciones para entregarlas a sus patrones. La estatización murió, sin pena ni gloria, en medio de estériles debates parlamentarios y maniobras con las acciones, al punto que nadie se dio cuenta cuando los interventores abandonaron su puesto.

Ahora el intento estatizador ha sido muchísimo más breve. Y el desinfle del señor Cabello ha batido numerosos récords. De veras no sé cuál podrá ser el futuro de este gentleman de la televisión criolla, del señor Velarde y de los invisibles integrantes del Consejo Consultivo que ahora andan diciendo que los pusieron ahí sin preguntarles. Lo que sí puede anticiparse es que esta ha sido el equivalente a una caída desde el piso treinta para Alan García.

Anteanoche, Fernán Altuve explicaba todo este enredo con una frase “Alan García no podía quedarse sin estatizar”. Yo agregaré que en este aspecto también el segundo gobierno supera al del primero, porque el papelón es mucho mayor.

04.06.09
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Estatización a lo García

Cuando oigo a García hablar del derecho de todos los peruanos, me pongo la mano al bolsillo porque siento que se viene un asalto. Lo último ha sido enterarnos que Panamericana Televisión no es de la familia Schütz, que mal que bien con todos sus pecados a cuestas tiene la mayoría de las acciones, y tampoco de Genaro Delgado Parker, que no es dueño de nada pero se maneja una pechuga inmensa, sino también del Estado por la deuda tributaria que mantiene, o lo que es lo mismo, de “todos los peruanos”, que somos los que pagamos impuestos.

Si esto fuera verdad, sería casi una versión criolla del socialismo del Siglo XXI. Si aplicásemos inmediatamente el mismo derecho a todas las empresas que en el Perú le deben impuestos al Estado, ¿cuántas requerirían un administrador como el señor Cabello? Y si nos refiriéramos solamente a los medios de comunicación donde muy pocos tienen su situación saneada, ¿qué pasaría con “Correo”, “Frecuencia Latina”, “ATV” y otras empresas insolventes por el estilo? Pero aquí nadie está alarmado por este brote estatista, e ilustres liberales, incluido un ex presidente de la Confiep, un abogado y un publicista de grandes empresas, están de lo más cómodos como consultores y garantes de la “libertad de prensa” en el medio intervenido, como si lo que pasara fuera de lo más normal.

Dice el señor Velarde que preside la Sunat, que la razón de su intervención se debe a que había un riesgo de que no pudiera recuperarse la inmensa deuda que Genaro había pateado sistemáticamente para adelante en los seis años de su administración judicial. Pero no explica porqué no quiso cobrarle antes, cuando hubiera afectado su gestión y seguramente hubiera tenido mayores esperanzas de recuperación. En otras palabras, ¿por qué lo hace cuando estaba en camino la instalación de una nueva administración a partir de la solución judicial y tenía la opción de empezar a negociar con ella? Más aún, ¿cómo es esto que Genaro sabía el domingo que Sunat pediría la insolvencia y que ya no pasaría por la vergüenza de tener que entregar la televisora a sus enemigos, lo que era presentado como un éxito postrero de sus maniobras; y al mismo tiempo desmantelaba las instalaciones y se llevaba todo lo que pudiera tener algún valor?, ¿no es evidente que todo estaba arreglado no para recuperar, sino para ayudar al ex broadcaster en su retirada?

Pero si algo desborda la paciencia es que encima de haber inaugurado el rol de una Sunat administradora a partir de sus deudas (que se impone a las funciones de Indecopi, a los derechos de otros acreedores, a la estructura empresarial y a los mandatos judiciales), el señor Velarde diga en medio de balbuceos que aquí no hay amenaza a la libertad de prensa, porque su institución ha nombrado para encargarse de eso, un comité consultivo integrado por destacadas personalidades. Acabáramos. Con razón el rumor que más se oye en estos días es que estos consultores libertarios dispondrían como primer jale del canal intervenido, el regreso de la Chichi a la televisión.

03.06.09
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Triple alianza contra la selva

El fujimorismo ha querido hacer oficial esta semana que no sólo es capaz de danzar en el elemental ritmo del baile del chino, sino que sus parlamentarios se mueven según las circunstancias. Para muestra, está Rolando Souza, uno de los pocos que no tuvo que aplicar ante Keiko Fujimori, pero que si lo ha hecho en la sesión del pleno del último jueves. Fue el único orador que el partido de la mafia había dispuesto para el tema de los amazónicos, y el vocero de una aparente posición pro derogatoria del DL 1090. Pero fue también uno de los primeros en dar su acuerdo a la moción-maniobra de Mulder, para que el debate se postergara para después que Simon concluya los trabajos de su mesa de diálogo y subcomisiones con la que se quiere huevear hasta el infinito a los pueblos indígenas. La verdad, como dice Pastor, es que mientras nacionalistas y apristas llevaban el peso del debate, los seguidores del condenado negociaban una “solución” a lo que formalmente su vocero ha condenado como inconstitucional y el Apra defiende como de plena constitucionalidad, y el momento de converger vino cuando Werner Cabrera pisó el palito de Del Castillo y les dio el pretexto extra reglamentario para suspender la sesión.

Es claro que si no había base para que la triple alianza APRA-UN-Fujimorismo, funcionara para un voto contra la derogatoria que incendiaría aún más la selva y sería un golpe muy duro a la candidatura de Keiko en las provincias, si podía haberlo para una postergación, que el gobierno imagina que debilitará la presión de la lucha, y Souza y compañía aprecian como el terreno para una mejor negociación. De Unidad Nacional (que a estas alturas no es más que PPC), hay que decir que ellos siguen creyendo que son los que dictan el programa y la ideología que está gobernando, por eso Bedoya de Vivanco suele cumplir el papel de abogado elegante (para decir sandeces como en la elección del Contralor) al servicio del APRA, cuya manera verdadera de debatir es la que mostraron Cribillero y Del Castillo. En este caso también, la derecha política encomendó a uno sólo de sus ponentes a decir en público que ellos votaban contra los indígenas y que la violación de la Resolución 169 de la OIT, era un asunto de legalidad y no de constitucionalidad, como si la Constitución del 93 y la del 79, no obligaran a cumplir tales convenios que no pueden ser alterados por ninguna ley.

El PPC tiene ya una historia de jugar el papel de segundón del poder: Constituyente 78-79, segundo gobierno de Belaúnde, Fujimori, Toledo, y ahora también con García. En realidad lo que ellos creen es que siempre se adelantaron a lo que después harían los gobiernos. Pero lo cierto es que fue al revés: ellos perdieron las elecciones porque su programa jamás ha sido votado por la mayoría de la población peruana y su amiste posterior con el poder se debe a que uno tras otro los gobernantes han traicionado lo que ofrecieron. Como diría Lourdes Flores, había que decir que las promesas no se podían cumplir, y a otra cosa. De esa manera el partido lourdista es el de los acompañantes de la traición política. Como el último jueves, cuando parecía que eran los únicos para los cuales el factor de la insurgencia selvática virtualmente no existía. Si sus votos son enteramente de Lima y de peruanos en el exterior, no tienen ningún interés en problemas indígenas y de regiones remotas. Y ya saben que nunca van a ser elegidos con su base social, pero que siempre serán el aliado del llamado realismo de gobierno.

31.05.09
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El mal menor

Vargas Llosa levantó en 1990 la promesa de llevar a García a la cárcel si los votos del país lo colocaban en Palacio. Ya se sabe que García uso ese poder que tienen los presidentes en ejercicio, y varguitas se quedó con los crespos hechos y nunca llegó a ponerse la banda presidencial, y quién lo hizo en su reemplazo fue Fujimori. Por ese motivo el escritor vivió por lo menos una década atravesado por el odio a dos grandes enemigos. Y el 2001 no dudó que Toledo era su indudable candidato frente al mal mayor que representaba Alan García. Pero la historia tiene sus emboscadas, y en la segunda vuelta del 2006, don Mario se encontró en la disyuntiva del mismo García al que quería encarcelar por corrupto e irresponsable, frente a un Humala que representaba grosso modo la nueva corriente de izquierda en América Latina y de alguna manera los lazos con el chavismo, y que en cualquier escenario encarnaría el “mal mayor”

Hasta la primera vuelta esta situación de espanto era descrita como una decisión entre el cáncer y el sida. Pero el día mismo de la votación que descartó a Lourdes Flores, ya estaba resuelto que no había un gramo de duda en el voto por García. Toda la derecha unida habló de mal menor, narices tapadas, y Aldo M matizó la sensación de suicidio con la fórmula no se trata de un cáncer sino de una diabetes, con la que se puede vivir. Y así surgió, del peor escenario para todos nosotros, el mejor gobierno que podíamos haber esperado para nuestros intereses. Tanto que Alditus se mudó a Palacio para sus tertulias nocturnas y el escribidor hizo las paces públicas con su ex enemigo y no lo criticó tampoco cuando se jactó de sus poderes de manipular elecciones, y como compensación recibió la presidencia de la Comisión para un Museo de la Memoria.

Ahora Vargas Llosa ha sido encarado por una nueva hipótesis indeseable: ¿Y si la segunda vuelta es entre Keiko y Ollanta? Noooo… ha contestado Mario, no puede ser, los peruanos no pueden darnos el disgusto de tener que votar entre el cáncer terminal y el sida, entre la “peor corrupción de nuestra historia” y el chavismo. Y Aldo M, que algo por fin aprendió ha puesto el parche antes del chupo. Si bien Castañeda, Lourdes y Toledo, son un “mal menor” frente a la gordita y el comandante; que funcionen va a depender que sepan vender obras, apropiarse del centro y aprendan “algo de demagogia” (prometer lo que no se va a dar como Alan García, en vez de hablar de Popper en una plaza puneña, como hizo Vargas Llosa). Pero, si no pueden, las fichas cambian de sitio y entonces Keiko será el mal menor ante el nacionalista radical que no controlamos. Fácil.

Es la traducción política de la doctrina “seré liberal pero no cojudo” (ahora que gaste el Estado para salvar a los privados) y convertida en “seré de la derecha ilustrada pero no cojuda”, y si hay que volver a irnos con la familia Fujimori no dudaremos un minuto. El tema es cuánto demorará varguitas para abrazarse con su segundo enemigo y declarar a la prensa que lo que dijo antes son esas pasiones que se vierten en las elecciones.

Lo que el gobierno no dice sobre el DL 1090

En un comunicado del gobierno publicado en diversos medios (no en LA PRIMERA) se presenta la posición oficial sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090), cuya derogatoria debe resolverse en el Congreso en esta semana. Al respecto cabe anotar las siguientes observaciones:

1. El gobierno reconoce que los “procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas deben ser mejorados a través de la Mesa de Diálogo Permanente”, lo que supuestamente llevaría a cumplir finalmente lo dispuesto por el Convenio 169. Ocurre sin embargo que todos los decretos que afectan a la selva y los derechos indígenas ya fueron dictados, sin ningún diálogo o consulta, usando el amparo de las facultades especiales otorgadas para la implementación del TLC. Igualmente los cambios que ha podido hacer el Congreso a algunas de esas normas no han tomado en cuenta a las poblaciones afectadas. Y, en el extremo, el gobierno quiso legislar la propia forma de la consulta interfiriendo la democracia comunal (lo que fue derrotado el año anterior). En la actual huelga no se está discutiendo “futuras consultas”, sino el carácter inconsulto e inconstitucional de los decretos, entre ellos del 1090.

2. El DL 1090 no es, bajo ningún punto de vista, una medida aislada Forma parte de un paquete orientado a facilitar el acceso de inversiones privadas a la selva a través de concesiones, y que fue precedido por la serie de artículos de “El Perro del Hortelano”, que sustenta la ideología de esta ofensiva. El hecho que la Comisión de Constitución haya votado por su derogatoria como un primer paso, no significa que el cuestionamiento se reduzca al tema forestal y de fauna, aunque este sea uno de los dispositivos con mayor impacto sobre el medio ambiente y que por tanto debería ser del interés de todos.

3. El Comunicados del gobierno recuerda que en el Perú hay 15 millones de hectáreas protegidas (reservas naturales), pero esconde que la política de este gobierno ha sido la de ir reduciendo sus dimensiones de manera sistemática. Asimismo indica que de los 63 millones de hectáreas de bosques actualmente existentes se garantizaría la conservación de 55 millones, es decir que en el primer tramo el gobierno aspira a entregar 8 millones de hectáreas, como si eso fuera poco.

4. El Comunicado reitera el supuesto constitucional que define la soberanía del Estado sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que en realidad es una argucia para contraponer las concesiones a grandes empresas, principalmente extranjeras, con los derechos de las poblaciones que habitan y trabajan en el lugar de esos recursos. Hacer prevalecer la “soberanía de conceder”, sobre los derechos pre- existentes de los pueblos, es la bases principal del actual conflicto, que el gobierno pretende hacer como que no existe.

5. El ministerio de Ambiente, dirigido por Antonio Brack, que es quién firma el Comunicado, ha devenido como otros organismos del modelo Alan García, en lo contrario de lo que se esperaba de ellos. En vez de representar la defensa y el equilibrio ambiental, y recoger la voz de los que sufren las consecuencias de la contaminación y depredación de la naturaleza, se ha convertido en otro “aliado de la inversión”, como se quiere de la Contraloría y esperarían hacer de la Defensoría y otras instancias.

25.05.09
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¿De quién es la selva?

Puedo discutir el concepto planteado en la pregunta lanzada al aire por Alan García y repetida por Rosario Fernández, Antonio Brack, entre otros: ¿es de loa nativos que han vivido ahí y construido sistemas de existencia desde tiempos remotos, y a los que el Estado les reconoce formalmente derechos de propiedad sobre amplios territorios?, ¿de los colonos y habitantes de las ciudades del oriente, que decidieron desarrollar su destino en la parte más olvidada y postergada de la nación?, ¿de “todos los peruanos” que debemos a la Amazonía, la bendición del clima y las lluvias, y los alimentos y otros bienes que nos prodiga?, ¿de las trasnacionales que la consideran una fuente de recursos naturales?

Todos estos intereses están presentes en relación a la selva y han sido base de conflictos y de la construcción de modos de convivencia. En la actual huelga de las comunidades indígenas se puede ver que todos los habitantes selváticos están unidos, incluido muchos empresarios que sienten que los derechos indígenas y ambientales son fundamentales para preservar la economía de la región. Y en el resto del país hay cada vez mayor solidaridad a esa causa. Y el gobierno, ¿en qué grupo de interés se alinea? Es obvio que para García y sus compadres la visión indígena es un obstáculo (perro del hortelano), las solidaridades sobran y, cuando son políticas o institucionales, son sospechosas de estar manipulando la supuesta ingenuidad de los pueblos (Simon).

La idea de que “todos los peruanos” podemos ser contrapuestos a la huelga amazónica, porque somos “los verdaderos dueños”, puede ser aplaudida durante una inauguración de una red de agua en un cono de Lima, pero todos sabemos que de esa aparente “propiedad” no se deriva nada, salvo que se esté invitando como dice Pizango a desconocer la que ya existe. Para el caso tanto la sierra como la costa, dejarían de ser de los que allí viven y trabajan y pasarían a “derecho de todos”, que no es sino la posibilidad del gobierno de asignar las tierras y los recursos a quién muestre la billetera más ancha.

A estas alturas creo que la Constitución del 93 definió a sabiendas el terreno del conflicto que ahora estamos viendo. No pudo eliminar los derechos comunales, pero les quitó las condiciones de protección; determinó una artificial diferencia entre la superficie y el subsuelo con dos propietarios; y estableció que el Estado no podía abocarse a la explotación de los recursos mineros y petroleros que eran suyos como reserva, sino que debía concederlo a las grandes empresas. Es por eso que los que se defienden del despojo invocan la Constitución y también los despojadores. Y lo que está definiendo el conflicto son las relaciones de fuerza. El Perú, entiende ahora mejor que antes que tras la resistencia de la selva y otros sectores a la rapiña neoliberal, se impone una nueva Constitución que redefina el Perú que la mayoría realmente quiere.

24.05.09
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Vivir como liberal y gobernar como fascista

Entre Aldo y Jaime hay cada vez mayores afinidades. La última se refiere a lo “ignorante” que puede ser un rojo o rojimio, con respecto al fascismo, cuando lo que somos (chúpate esa), es liberales… Reviso algunas columnas recientes del director de “Correo” y trato de reconocer su liberalismo. Por ejemplo una que dice “Te disparan de un sitio, trazas tu círculo con compás del área donde pueden haberse desplazado y napalm nomás” (“Correo, 21.04.09), con lo queda resuelto el tema del VRAE.

Otra más reciente: “El gobierno no puede tolerar en absoluto estas bravatas de Pizango… ese incendiario ya debería estar detenido para ser procesado por sedición y que vaya a acompañar en Piedras Gordas a Antauro Humala… En cuanto a los bloqueos a las ciudades amazónicas, pues ya estuvo bueno. Ya es hora de que el Estado imponga el orden y libere a esos peruanos aprisionados por tribus intransigentes que creen que son las únicas dueñas de la Selva y no todos los peruanos, y que alucinan que el cielo y la tierra son de ellas” (Correo, 16.05.09) . Con lo que se acabaría la huelga amazónica.

Y podríamos poner decenas de ejemplos de este liberalismo que imagina que bombardeando zonas pobladas se elimina subversivos y que ya estuvo bueno de tribus… Es el mismo que dice ¿qué hacen las Supa y Sumire en el Congreso?, o el que celebra a Chlimper cuando convoca a empresarios a sacar sus rifles para romper la huelga en los puertos. ¿Y qué es el espíritu fascista finalmente, sino el miedo del liberal a la irrupción social y la desconfianza ante los mecanismos normales del Estado, especialmente en situaciones de crisis, que hace inclinarse a la clase dominante hacia los recursos de excepción: aparatos de choque del fascio y Estado autoritario?

Aldo M y sus patrones lo hicieron con Fujimori y lo están repitiendo con García. Desde el periódico gritan vuélenlos, destrúyanlos, encarcélenlos, guerra sin cuartel, sin prisioneros. Y luego se van a la fiesta de despedida de Rey que se va a Italia. Porque ese el liberalismo que el gusta a Aldo, cócteles con soldados cuidando del orden. Sáquenme estas masas revoltosas de encima. Y si es necesario, como no, que el Estado intervenga, asigne más, dirija más, porque hay crisis, mientras las grandes ganancias queden protegidas. Seré liberal pero no cojudo, como dijo hace poco el ñaño.

Por eso cuando Aldo hace su pretendido recuento de las características que ha descubierto en el fascismo como fenómeno político, se olvida de dos detalles que el debe considerar casi sin importancia: el carácter profundamente anticomunista y antisocialista del fascismo (Italia, Alemania, España, Portugal, Chile, etc.) y el tema de la supremacía racial que está envuelto en el supuesto derecho de la elite para imponerse a los “ignorantes”. Y como siempre confunde ilustración superficial con conocimiento real sobre lo que se está discutiendo.

20.05.09
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Diálogo y soluciones

En el Perú hay, según la Defensoría del Pueblo, 250 conflictos vigentes, principalmente de orden ambiental y por el derecho de tierras, de los cuales 80 han alcanzado a imponer alguna forma de diálogo, es decir que la autoridad acepte que las organizaciones demandantes deben ser escuchadas.

Para llegar a convertirse en un conflicto con diálogo, se ha pasado necesariamente por alguna tensión de fuerzas, a través de la cual el conflicto ha empezado a hacerse visible y preocupar a las autoridades locales, regionales y de ahí a las nacionales. Antes del diálogo están los bloqueos, las ocupaciones de instalaciones de las empresas y otras medidas que la mayoría de los periódicos de Lima condenan regularmente.

Pero, como lo pueden atestiguar muchísimas experiencias, los que participan del diálogo no tienen garantizado nada. Debería haber otra estadística de los diálogos infructuosos a los que el gobierno entra por las circunstancias pero a los que no lleva nada para empezar a arreglar los problemas.

Hay una categoría más que son las actas. Cuando el conflicto es más duro y decidido finalmente la autoridad nacional firma un acta y se compromete a estudiar una salida a los puntos planteados, la que nunca llega. Lo han vivido los cocaleros entre el 2006 y 2007, los de Moquegua en el 2008, los indígenas en numerosas etapas de su historia.

Sólo el año pasado tuvimos un resultado que se diferenció de todos los anteriores. Fue cuando la huelga amazónica no se levantó a pesar de las amenazas, la militarización, las promesas de diálogo y los discursos de Alan García. Así sobre caliente se logró derogar dos de los decretos anti comuneros. Esa es la dinámica que algunos no entienden.

19.05.09
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La disputa de la selva

García debe creer que en el Perú nadie se da cuenta. Por eso es que puede decir muy suelto de carnes que no gobierna para intereses corporativos, refiriéndose, por supuesto, a los pueblos indígenas de la selva, para los que efectivamente no gobierna. Porque si hablamos de interés corporativo seguramente no nos estamos refiriendo al de los banqueros a los que el presidente ofrece garantías de estabilidad y continuidad política para su inversión, o al de los empresarios mineros y petroleros a los que defiende contra los reclamos de las comunidades, o a la Doe Run de La Oroya para la que intercede buscándole financiamiento mientras no la castiga por incumplir el PAMA, o la CONFIEP de la que ya parece presidente honorario.

Pero García va más lejos, y es por ello que en vez de ir a explicar ante Plus Petrol, Hunt Oil y demás petroleras de la selva, las mineras del Cenepa, los industriales de la madera, cómo su gobierno está sacando la cara por ellos, se dirige a los barrios pobres y periféricos de Lima a inaugurar obras a cambio de aplausos, y es ahí en medio de portátiles y necesidades donde plantea que la selva no es de los amazónicos, sino de todos los peruanos, específicamente de esa gente sin agua y sin pista que habita en Huaycán. ¿Es eso verdad? ¿Algo del derecho de todos, y de los pobres urbanos, está siendo afectado por los reclamos de los pueblos que vivieron mil años entre los ríos y los bosques del Oriente? Todos sabemos que no, y que la fórmula las comunidades son dueñas del suelo, y la nación del subsuelo, es un eufemismo, porque la única “nación” por la que se está batiendo García es la de las trasnacionales.

La Constitución del 93, que sigue vigente en gran medida por la traición de Alan García a sus promesas electorales, definió esa esquizofrenia de “los dos niveles”, que en buena cuenta quiere indicar que como no se puede sacar de la tierra a los que están sobre ella, se entrega derechos sobre lo que está debajo, que terminarán en enormes tajos (Majaz), en pozos contaminantes, cadenas de tubos, campamentos de operaciones, que llevarán a la contaminación desertificación, alteración de las condiciones de vida, cumpliendo finalmente con expulsar a los que estaban sobrando. Más aún la Constitución fujimorista priva al Estado de participación empresarial en estas explotaciones, por tanto está definiendo que esto es asunto de capitales privados, principalmente extranjeros, en propiedad del supuesto derecho de “todos los peruanos”, versus comunidades preexistentes y en riesgo de ser despojados.

Digámoslo de una manera más directa: hay un marco constitucional de protección de la tierra y los derechos comunales, y otras normas del mismo rango que los entregan a la voracidad de las grandes empresas extranjeras. Lo que está garantizado allí es un conflicto, que está tendiendo a resolverse a favor del gran capital por el papel que viene jugando el Estado, por lo menos desde 1990. La rebelión amazónica indica como está creciendo la conciencia social sobre lo que está en juego. García lo sabe. Por eso lanzó la tesis del perro del hortelano. Estaba preparándose para una guerra, que ya ha comenzado.

18.05.09
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Diálogo e insurgencia

La declaratoria de insurgencia de los pueblos amazónicos, que incluía el desconocimiento de Alan García como su presidente, modificada a las 24 horas por intermediación de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, muestra en toda su dimensión la fragilidad social e institucional de nuestro país y el grado de inconciencia en el que se mueve el gobierno y algunos de los miembros más influyentes de su entorno. La insurgencia era una manera de responder a la emergencia y militarización de los territorios indígenas con un todo o nada. Pizango anunciaba que ya no iban a creer en mesas de diálogo y otras mecedoras, y que sólo se allanarían si es que se cumplía el único punto que está en la agenda de la lucha: la derogatoria de los decretos legislativos que afectan los derechos de propiedad sobre la tierra de las comunidades y el entorno natural en el que desarrollan su existencia.

El riesgo era muy alto porque el resto del país que está reaccionando en solidaridad con el reclamo amazónico viene muy atrás de ellos. En primer lugar las poblaciones grandes y medianas de la selva donde la mayoría de las organizaciones, no sólo las de bases, sino las cámaras de comercio, las entidades profesionales y la Iglesia, han expresado no tener duda sobre la justeza de las demandas, pero no se ve que estén apuntando a un disputa más política con el poder. Ni que decir del resto del país y especialmente de la esta Lima bombardeada por la M de Aldo todos los días. Esto debe haber pesado en el ánimo de los dirigentes que decidieron un medio paso hacia atrás y aceptaron los buenos oficios de la defensora.

Pero los dilemas del Estado no eran menos peliagudos. Ciertamente, García es el que determinó la orientación de ignorar la huelga indígena por 35 días, pensando seguramente que su ascenso en las encuestas lo hacía menos vulnerable. Por eso encargó a Simon y a Velásquez Quesquén huevear a Pizango y a los dirigentes de Aidesep, cada vez que vinieran a Lima. Hasta que todo se les escapó de las manos. Habrá que esperar la próxima encuesta nacional para ver que le pasó a García en la selva y otras regiones. Pero lo fundamental es que mientras el presidente y el premier batían tambores de guerra contra los amazónicos insurgentes, otros espacios del Estado, como la Defensoría veían un extremo peligro con final de tragedia, con consecuencias impredecibles. Ahí también ha habido movidas aceleradas, antes que lleguemos a un baño de sangre.

Los márgenes de García son limitados, porque sabe que hoy hay una clara mayoría nacional contra los decretos legislativos y su política de remate de la selva. La sensatez advierte que el camino para no gravar el conflicto es la derogatoria y la disposición para corregir toda la decretocracia del año pasado con la participación de los sectores involucrados que no fueron consultados. Pero al otro lado de la acera también hay voces que reclaman detener a Pizango, despejar las carreteras a tiros, tirarse a Aidesep. El siguiente paso le corresponde a Alan García.

17.05.09
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Una guerra civil

La selva se incendia. Y una vez más la opinión limeña se mueve de espaldas a lo que ocurre dentro del país. Revísese los titulares de los diarios para ver cuántas veces han destacado los hechos de la huelga indígena y si en algún lugar han tomado en serio sus reclamos. Estoy escribiendo en un diario que es una excepción en ese cerco de silencio, pero que obviamente no puede cambiar una correlación de información tan aplastante. Por eso el conflicto está en la comprensión de la gente como una serie de datos aislados: un puente tomado y luego desalojado, a costa de numerosos heridos que se ocultan; un campamento petrolero ocupado por los indígenas, y ningún motivo claro para tales desórdenes.

Ciudades cada vez más importantes como Yurimaguas, Quillabamba y Tarapoto, están siendo tocadas por la lucha y las organizaciones locales se están solidarizando con las comunidades que protestan. Pero al gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que mostrar su cara más dura: estado de emergencia, tropas de elite (las que no existen para el VRAE), atropello de la Marina de Guerra contra las embarcaciones indígenas en el río Napo. Y el ministro de Ambiente, declarando como si no conociera de qué se trata, que las riquezas del subsuelo no son de los amazónicos sino de “todos los peruanos”, es decir de las trasnacionales petroleras y mineras que son las que cobran el beneficio.

No hay duda que en esta confrontación entre la selva y el gobierno se refiere a las garantías que se pretenden extender a lo que pongan sus “centavos” en el Perú de acuerdo a la famosa declaración de Alan García ante los banqueros, y que significa que no habrá marcha atrás en los contratos y concesiones a la inversión extranjera, y eso incluye los decretos legislativos impuestos bajo la sombrilla de la implementación del TLC con los Estados Unidos, y que entre otros tantos abusos eliminan derechos de las poblaciones indígenas a sus tierras ancestrales y a la protección de su entorno natural. Existe, por supuesto, una relación muy estrecha entre la batalla de la selva y lo que se está disputando alrededor del caso Nadine Heredia que ocupa todos los espacios de la prensa.

En realidad se trata de eliminar política y mediáticamente a una parte del país, que se considera obstáculo para que el concepto del crecimiento económico, uso de los recursos naturales, derechos sociales y culturales, ejercicio de los derechos democráticos (una persona un voto), puedan ser manipulados para construir el país de las concesiones, de la no fiscalización del gasto público, de los refugiados de las “dictaduras de izquierda”, de Aldo M y Keiko Fujimori. El riesgo mayor es que se está sembrando tanto odio en función a este proyecto, que muy rápido se pasa de la invisibilidad, a la denigración y de ahí a la violencia represiva.

PD: jamás polemizaría sobre el peinado de otro hombre, ni se me ocurriría denigrar el trabajo literario y premiado de su hija calificándolo vulgarmente de “porno”, y tampoco me burlaría de una mujer a la que se ha venido persiguiendo durante una semana, aprovechando el día de la madre. Pero, en fin, cada uno sabe donde tiene la falla.

13.05.09
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Héroes de la democracia

En enero de 2006 se me ocurrió escribir una parodia sobre la situación política a la que denomine “Complot en Suramérica” y que consistía en una historia truculenta de reuniones en la embajada de Estados Unidos a la que acudían personajes del gobierno, banqueros y empresarios y medios de comunicación, y evaluaban el escenario político tras el ascenso de Ollanta Humala en las encuestas. Y ahí es donde decidían demolerlo por haberse convertido en un peligro para el sistema y entre otras cosas le encargaban a Ivcher sacar a Hildebrandt de la pantalla, a lo que el “mártir de la democracia”, contestaba preguntando por las reparaciones para su canal. Ya está todo arreglado Baruch, era la respuesta.

Aldo M, me escribió entonces para decirme que no había acuerdo entre los medios: ¿no ves la tremenda diferencia que hay entre ellos (¡)?, menos con el gobierno, y que su diario se ensañaba con Humala por pura convicción política. Pero la verdad es que varios de los puntos del complot imaginario se cumplieron puntualmente en los siguientes días. Y a raíz de eso mi texto empezó a circular fuera de mi alcance y hubo varias ocasiones en que periodistas me preguntaron como me había enterado de la reunión y sus acuerdos.

No quiero dármela de adivino, pero estoy seguro que Alditus está en estas horas creyéndose una vez más el salvador de la democracia, el único, al lado de una Chichi que exclama: ¿qué nos pasa?, para subrayar que ante el peligro de que el Perú llegue al gobierno un Evo o un Correa, “que no resistiríamos”, nadie estaría reaccionando. ¿Nadie? ¿Y cómo se explica la aparición de información personal de los Humala, saltando las prohibiciones del secreto bancario y tributario, y la aceptación de este recurso de “lucha política”, por la mayoría de la prensa y por las instituciones empresariales que deberían haberse indignado por la infidencia? ¿Cómo se entiende que el presidente escogiera una reunión de banqueros para avisar que impediría que un candidato sin garantías para la inversión gane las siguientes elecciones, y que el banquero mayor anunciara en los días siguientes su retiro y confesara abiertamente su contribución económica a las campañas políticas?

¿Cuánta inteligencia se requiere para comprender que en lo que estamos metidos es en un adelanto del calendario, con una nueva demolición del riesgo que les quitó el sueño hace tres años, y que Aldo M sigue siendo el único idiota que puede salir al frente de esta campaña como lo haría un cruzado de la edad media? Y, por si acaso, con el dato añadido, que para los que se portan bien puede haber una interesante recompensa.

PD: La Ortiga dice ayer que no hay que tomarlo literalmente. Que pedir a Hilaria Supa que pilotee o fabrique aviones es “metáfora”, que Marx era como cura, y que me pide que me quede contento. Y sostiene que esa es una “respuesta” a mi columna del domingo pasado. Que disculpe lo de viejo, porque todos vamos hacia ello, pero reblandecido es otra cosa.

10-05.09
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El director de la orquesta

Dos son las preocupaciones principales del gobierno de García, a siete meses del escándalo de los petroaudios y poco más de dos años de su reemplazo. La primera se refiere a la administración de los recursos del llamado plan de estímulo o anticrisis, que serán probablemente los últimos recursos grandes a disposición del actual oficialismo, y que pretenden ser manejados con los menores controles fiscales posibles y sin riesgos de nuevos destapes incriminadores. La segunda, la garantía política, a los inversionistas que ponen sus centavos en el Perú y que temen que una combinación de crisis con desgaste del régimen de lugar a un cambio político y económico, que ninguno de ellos desea.

Todo lo que estamos viendo, bajo la forma de campaña electoral adelantada, regreso al clima político del 2006 y ataques a este diario, está relacionado con esos dos temas. En un lado ha reconstruido y solidificado la alianza con los fujimoristas y Unidad Nacional, para evitar investigaciones molestas como las de Rómulo León, Business Track, Forsur, SIS y otras, y está en camino la nueva agenda de investigaciones y condenas donde entran Nadine Heredia, los empresarios que apoyaron al nacionalismo, las Casas del Alba y otros. El contralor sin poderes y sin idea sobre lo que debe hacerse, que está representado en Fuad Khoury es parte de esa dimensión de la lucha política.

En perspectiva estamos volviendo a polarizar el escenario desde la derecha (como se hiciera en el 2005), lo que significa que a pesar de las encuestas, el repunte de Keiko, la hipótesis de la reelección, el peligro sigue siendo Humala, que equivale a la opción de que el Perú se realinee en la corriente progresista de América Latina. Hay que volver a demoler al comandante, aún cuando Álvarez Rodrich y Tafur sigan pensando que eso termina por beneficiarlo. Y para ello por supuesto no valen ideas. Por eso es que no soportan a “La Primera”, porque no se trata de un debate entre opciones, sino de evitar que los peruanos decidan libremente. “Vacunar” a la población decía Aldo Mariátegui, hace tres años.

Y hacerlo con ayuda de los banqueros, la SUNAT, el diario de los Agois, el APRA del parlamento, el fujimorismo y otros, a los que sólo puede concertar alguien que está en el lugar donde está sentado Alan García.

09.05.09
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Repasando a las víctimas

Cuándo se supo que Alberto Fujimori finalmente había sido condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, y los secuestros de Gorriti y Dyer, saltaron las lágrimas de Keiko, la ira de Kenyi, los desmayos entre las mujeres de la portátil naranja, las angustias de Althaus, las mañas de Aldo M para oponerse a la sentencia y no parecer fujimorista, la preocupación de Dubois de que esto pudiera afectar el programa económico, etc.

Y ahí empezaron a aparecer abogados de nota que afirmaban que era una barbaridad la teoría del autor mediato, que podía interpretarse que todo lo que ocurrió dentro de la esfera del Estado en los 90 podía ser imputable a Fujimori, por ejemplo el robo de lapiceros, en alguna oficina de algún ministerio, y cosas profundas por el estilo; o que definieron el fallo como “ideológico”, es decir que sancionaba la opción anticomunista del régimen afín con la de los operadores del grupo Colina, pero no necesariamente alguna orden específica de actuación contra determinadas personas lo que supone que Rivas, Hermoza y Fujimori representaban algún pensamiento definido. Parecía, sine embargo, que el Perú iba a empezar a deslindar los límites de la responsabilidad de los tiranos, es decir si se pueden descargar de sus culpas por los hechos que se suscitan únicamente porque existe la tiranía y se garantiza la impunidad para que ocurran.

Pero de pronto la discusión cambió. Alguien dio la orden de desechar la defensa tipo Nakasaki basada en yo no sabía, yo di otras ordenes, me desacataron, no tengo idea de que era ese Colina, si los muertos no tenían nada que ver con la guerra para que iba a ordenar que los maten, etc.; y ordenó a su vez priorizar la busca de elementos que vinculen a las víctimas con la subversión (y que las condenen y las rematen después de muertas), y que demuestren finalmente que San Martín y el resto de su sala condenaron a Fujimori por la bagatela de matar terroristas, individuos a los que de todas maneras hay que eliminarlos para “salvar al Perú” (aunque muchas veces hayan terminado asesinando a Pedro Yauri por periodista o los campesinos del Santa por una disputa por tierras). Y esto es lo que se viene haciendo mediante la prensa y la Internet. Sí todos lo hacen (eliminar subversivos fuera de combate): la CIA, el Mossad, Colombia y otros, ¿por qué no también en el Perú?, ¿no somos acaso modernos y globalizados?

Que quede claro, nunca podrán probar nada contra personas a las que se les negó el derecho elemental a defenderse y a las que se asesinó por la espalda o a metralla pura; y más aún si se considera que los recursos de información que se están usando son de última categoría porque provienen de la actual Dircote (de la que podría contar mucho sobre sus “investigaciones” sobre los “vínculos con las FARC) y se apoyan en los más burdos sentidos comunes gestados en el período dictatorial y que fueron base de innumerables abusos: que todos los estudiantes internos eran senderistas, por el hecho de dormir en la vivienda universitaria; que cuando la detención policial no encuentra elementos para incriminar, establece una prueba para que años después se diga que “estuvieron detenidos, por lo tanto son terroristas”; que los jueces soltaban a los terroristas, o sea que los que salían después de un proceso eran inevitablemente culpables, lo que justifica eliminarlos para corregir a los jueces; etc.

Pero aquí lo fundamental es que quienes están en esta orientación están adelantando opinión sobre la segunda instancia del proceso, dándola definitivamente por perdida. Porque fuesen lo que fuesen los muertos de Martin Rivas, el punto en el juicio era si Fujimori lograba desligarse de ellos, como representante de la “otra estrategia”, la que defendía los derechos humanos aún de los principales cabecillas. Pero todo indica que sus partidarios, especialmente los del diario negro, han concluido que están haciendo el ridículo con estos intentos de exculparse y perdiendo puntos en su trabajada imagen de duros y de “únicos que se atrevieron a enfrentar al terrorismo”. Por eso, fuera de la Dinoes, el lenguaje es más abierto.

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Alguien ha recordado que los jerarcas subversivos presos siempre son enjuiciables y que nadie se opondrá a que los condenen a las máximas penas, así no existan verdaderas garantías de debido proceso y los juicios se desarrollasen sin acceso público. Pero con los mandos medios y las redes sociales, no era lo mismo, porque era más difícil probar sus vínculos. Por eso era mejor sacarlos del camino a punta de balazos, y enviar mensajes no a la cúpula sino a los de su mismo nivel para que supieran lo que es el miedo. Se ha dicho que esa fue la lógica del juicio de Núremberg contra los nazis (y que los oficiales medios fueron eliminados por la culta Europa), y también la de Fujimori: encerrar a Gonzalo y diezmar a los gonzalistas, en el no tan culto Perú. Esta tesis se parece bastante a la que otros hemos desarrollado desde la orilla opuesta, cuando indicamos que había una política integral de romper los lazos entre la dirección y los destacamentos armados, eliminando a la gente de apoyo, lo que por extensión llegaba hasta personas no senderistas pero incómodas para la estrategia. Estro facilitó la captura de Guzmán y Polay, pero permitió la sobrevivencia de Feliciano. Artemio y José.

El resultado que tenemos es que detrás de este debate sobre muertos y repases, hay una verdad de fondo. El fujimorismo no puede desligarse de su entraña brutalmente autoritaria, a pesar de que ahora pase como uno de los partidos del sistema al lado del APRA y Unidad Nacional de Lourdes Flores. Y que tras la sentencia a 25 años ya no está peleando por la inocencia de su líder, sino por santificar sus delitos. A ver si ello ayuda a la candidatura de la hija, que es lo que parecen decirle las encuestas.

06.05.09
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“La Razón” quiere justificar crimen de La Cantuta

El diario “La Razón” sigue buscando la sinrazón para enfrentarse a la sentencia de la Sala Especial de la Suprema que condenó al ex dictador Fujimori. Y el tema sigue siendo: si demuestro que el profesor Muñoz y los 9 alumnos que fueron asesinados en julio de 1992, eran terroristas, la sentencia se caerá al suelo, porque se demostrará que estamos llorando por quienes no merecían seguir sin vida. Definitivamente, al director de ese diario le importa un cuerno el dato de que aún se hubiese tratado de posibles culpables de algún delito, el gobierno y sus aparatos de seguridad no tenían ninguna atribución para atentar contra sus vidas, entre otras tantas razones porque el asesinato de una persona indefensa elimina la opción de poder probar nada contra ella al privarla de su derecho a la defensa.

Pero, no importa. Ya Uri Ben Schmuel (director del nuevo diario del chino), ha escrito que a Martin Rivas y su banda habría que condecorarlos. Y ahí lo malo sería que fueran también unos inútiles como sicarios, porque eso iría contra su teoría de que el estratega Fujimori todo los calculaba al milímetro (como su viaje a Chile). Hace apenas dos semanas desempolvaron a un viejo ex profesor de la Universidad de Educación, que súbitamente saltó a la notoriedad con la “denuncia” que los estudiantes asesinados solían andar con el profesor Hugo Muñoz, como un aparente grupo de guardaespaldas (sin exhibir armas o medios de defensa). Nada más. A lo que agregaba el caso de una trabajadora administrativa muerta en 1991 y un dirigente de izquierda asesinado por Sendero en agosto de 1992, sin establecer ninguna conexión entre estos hechos y las víctimas de la masacre, siendo claro que el segundo caso ocurrió después de su muerte. Sin embargo “La Razón” publicó en tono triunfante “Si eran terroristas”

Andar con Muñoz, terminaba todo el debate e invalidaba la sentencia. Pero, como si faltaran argumentos, ayer el diario negro incorpora una nueva y definitiva prueba: un informe reservado de la Dircote ante el Congreso, de los últimos días, elaborado a pedido de misteriosos congresistas que andan tratando de saber la historia de las víctimas y no de los victimarios (¿Núñez?, ¿Giampietri?, ¿Alcorta?), y encargado a los mismos policías que andan buscando relaciones entre las FARC y los dirigentes de la izquierda y el nacionalismo, y que intentaron involucrar a la prensa opositora al gobierno en sus “investigaciones”. De ese documento “La Razón” concluye en su primera página que ya no hay discusión y “los 9 estudiantes y el profesor eliminados por grupo Colina eran miembros de Sendero Luminoso”. “Todos eran terroristas” afirma otra vez victorioso el heredero de la “prensa chicha”, induciendo al lector a creer que efectivamente la Dircote va a presentar la lista de actos de terror en que estaban involucrados “todas” la víctimas de Martin Rivas, “eliminadas” con un tiro en la nuca (¿se acuerdan del debate de Nakasaki sobre que “eliminar” no significa necesariamente asesinar?), quemadas y descuartizadas en Huachipa y posteriormente trasladadas en trozos a Cieneguilla.

Pero ¿qué dice el informe secreto que ahora muestran y con el cual quisieran “eliminar” al juez San Martín? Aquí van las “pruebas” del mismo diario fujimorista: (a) menciona al profesor y ocho estudiantes, y no incluye información de Luis Enrique Ortiz Perea (hermano de Gisela Ortiz), porque no se ha localizado información sobre este último (entonces ¿cómo es que se dice que se trata de “todos”?); (b) indica tener antecedentes de intervenciones sobre el profesor y tres alumnos, y que en otros cinco casos lo que se sabe es que eran miembros de Comité de Internos (habitantes de la vivienda) y que eso los vincula al senderismo (¡!!); (c) los tres estudiantes que sufrieron detenciones, participaron en manifestaciones, donde no hubo actos de violencia, y fueron puestos en libertad por la misma Dircote por no haberse “encontrado… elementos de juicio suficientes que hagan presumir que se encuentre incurso dentro de los alcances de la ley que reprime al terrorismo”; (d) al profesor Muñoz, finalmente, le realizan varias investigaciones que concluyen en que “no hay evidencias ni elementos de juicio que hagan presumir su participación en el delito de terrorismo”.

O sea, “todos eran terroristas”. ¡Qué bestia! Sobre uno no hay datos, sobre cinco sólo se sabe que eran dirigentes de la vivienda y la propia Dircote libera después de investigar a los cuatro restantes y señala no haberles encontrado pruebas, pero Ben Schmuel afirma que esto demuestra que Fujimori, Montesinos y Martin Rivas no erraron al matar a los nueve. Pero quién sabe, si antes del diario negro, los analistas del Colina precisamente evaluaron con el mismo criterio, esas libertades y datos como los del profesor informante, para justamente decidir eliminarlos. Y quieren que la opinión pública se conmueva por el salvador del país que ordenaba matar a medianoche, y que ahora está condenado a 25 años de prisión por su autoría en estos crímenes. ¿No les da pena?

29.04.09
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Nivel

¿Usted volaría en un Boeing 727 piloteado por la Supa? Claro que no. Y tampoco en uno que vaya conducido por Andrés Bedoya Ugarteche o Aldo Mariátegui, entre otras cosas porque el primero de los nombrados demuestra de qué está hecho su cerebro al plantear la pregunta, y el segundo al publicar regularmente sus columnas, cuya única gracia es que cada vez inventa nuevos adjetivos para menospreciar la inteligencia ajena, cuando la suya produce pensamientos de la calidad del que sigue:

“¿Conoce de algún piloto de aerolínea que estuviese dispuesto a manejar un avión fabricado por la Supa?, ¿por qué tenemos nosotros que aguantar sus proyectos de ley?”

Y coincido que aquí el problema no es racial ni educativo. Es que algo le falla en la cabeza a este viejo, porque Hilaria Supa nunca ha palanganeado de piloto o fabricante, y en cambio el ario del Misti, si se considera columnista ilustrado y abogado, y en ambas profesiones, por más venidas a menos que se encuentren, es bien difícil encontrar a alguien que deduzca que para aguantar los proyectos de ley de un congresista este debe probar previamente que sabe fabricar aviones.

Y es que, gracias a una inolvidable carátula de Aldo, lo que no terminamos de discutir es de cuál es el “nivel” desde el que nos sentimos superiores a otras personas. Pero el problema, como ya lo he dicho, es otro. Es que el voto popular, que ya no es controlado por las elites como en el viejo sistema (que permitía que cada provincia fuera representada por sus gamonales y por los abogados de las empresas), da origen a una serie de expresiones desordenadas y diversas que como dice ABU con amargura, va in crescendo y ya nada se puede hacer para detenerlas.

Muchos critican a Ollanta Humala haber sido el vehículo para que arriben al Congreso Hilaria Supa, Sumire, Obregón, así como también los Torres Caro (abogado), Espinoza (policía) y varios otros. ¿Cuál es la parte de la representación que realmente debería preocuparnos?, ¿la de los representantes sociales, que tienen organizaciones de masas detrás, que expresan movimientos emergentes, y que en futuro llevarán al Congreso lideres amazónicos, representaciones barriales y sindicales?, ¿o los oportunistas, con educación y profesión, que se hacen elegir en un lado para sumarse al bando contrario cuando ya tienen el cargo y que Montesinos mostró un alto talento para reconocerlos?

Por las alianzas que hemos visto los últimos tres años y por lo que sostiene el diario “Correo” es más peligrosa la mala ortografía que el voto que se vende al mejor postor.

3.05.09
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