La declaratoria de insurgencia de los pueblos amazónicos, que incluía el desconocimiento de Alan García como su presidente, modificada a las 24 horas por intermediación de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, muestra en toda su dimensión la fragilidad social e institucional de nuestro país y el grado de inconciencia en el que se mueve el gobierno y algunos de los miembros más influyentes de su entorno. La insurgencia era una manera de responder a la emergencia y militarización de los territorios indígenas con un todo o nada. Pizango anunciaba que ya no iban a creer en mesas de diálogo y otras mecedoras, y que sólo se allanarían si es que se cumplía el único punto que está en la agenda de la lucha: la derogatoria de los decretos legislativos que afectan los derechos de propiedad sobre la tierra de las comunidades y el entorno natural en el que desarrollan su existencia.
El riesgo era muy alto porque el resto del país que está reaccionando en solidaridad con el reclamo amazónico viene muy atrás de ellos. En primer lugar las poblaciones grandes y medianas de la selva donde la mayoría de las organizaciones, no sólo las de bases, sino las cámaras de comercio, las entidades profesionales y la Iglesia, han expresado no tener duda sobre la justeza de las demandas, pero no se ve que estén apuntando a un disputa más política con el poder. Ni que decir del resto del país y especialmente de la esta Lima bombardeada por la M de Aldo todos los días. Esto debe haber pesado en el ánimo de los dirigentes que decidieron un medio paso hacia atrás y aceptaron los buenos oficios de la defensora.
Pero los dilemas del Estado no eran menos peliagudos. Ciertamente, García es el que determinó la orientación de ignorar la huelga indígena por 35 días, pensando seguramente que su ascenso en las encuestas lo hacía menos vulnerable. Por eso encargó a Simon y a Velásquez Quesquén huevear a Pizango y a los dirigentes de Aidesep, cada vez que vinieran a Lima. Hasta que todo se les escapó de las manos. Habrá que esperar la próxima encuesta nacional para ver que le pasó a García en la selva y otras regiones. Pero lo fundamental es que mientras el presidente y el premier batían tambores de guerra contra los amazónicos insurgentes, otros espacios del Estado, como la Defensoría veían un extremo peligro con final de tragedia, con consecuencias impredecibles. Ahí también ha habido movidas aceleradas, antes que lleguemos a un baño de sangre.
Los márgenes de García son limitados, porque sabe que hoy hay una clara mayoría nacional contra los decretos legislativos y su política de remate de la selva. La sensatez advierte que el camino para no gravar el conflicto es la derogatoria y la disposición para corregir toda la decretocracia del año pasado con la participación de los sectores involucrados que no fueron consultados. Pero al otro lado de la acera también hay voces que reclaman detener a Pizango, despejar las carreteras a tiros, tirarse a Aidesep. El siguiente paso le corresponde a Alan García.
17.05.09
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