Gobierno y Congreso manchados de sangre

¿Qué tiene que suceder para que la bancada del APRA reaccione si casi 60 días de huelga amazónica apenas los llevaron a votar una postergación de las decisiones el día jueves, y si más de treinta muertos sólo les lleva a concluir que es “antirreglamentario” pedir una convocatoria de urgencia del pleno para resolver sobre la derogatoria del DL 1090?

Los intereses que el gobierno está defendiendo en los decretos de la selva deben ser sumamente poderosos como para que el presidente y el partido aprista hayan estado dispuestos a pagar un costo atroz para mantenerlos. No hay ninguna duda que García ha tenido en este caso (como en el de Panamericana) la voz cantante. Esto se puede probar en todas las idas y venidas del primer ministro y el presidente del Congreso con el asunto del diálogo, cuando la posición oficial seguía siendo que no había nada que derogar o modificar. Y en la actitud de la ministra del Interior a la que parece que le doblaron finalmente el brazo y la obligaron a reprimir.

Aquí nadie ha sido capaz de detener al autor del “Perro del Hortelano”, y cuando la selva ya estaba cubierta de sangre, lo que hizo el presidente es viajar súbitamente a Olmos, donde se encontraba Yehude Simon, para declarar a su lado soplando la responsabilidad por la violencia a los dirigentes de Aidesep. ¿Qué quiso hacer?, ¿impedir que el ministro hablara por su cuenta? En todo caso este ha sido el capítulo postrero de la penosa participación de Simon en el gobierno aprista. En el plano político hay también una gran cantidad de muertos por contabilizar.

La farsa del diálogo

Antes de la votación del jueves en el Congreso se sabía que formalmente había dos posiciones: los que declaraban la inconstitucionalidad del DL 1090, que eran los nacionalistas, Bloque Popular, UPP, Alianza Parlamentaria y el fujimorismo, y los que ratificaban los decretos (APRA y Unidad Nacional). Aparentemente había una mayoría para derogar y abrir una válvula de escape al alargamiento del conflicto amazónico. Pero lo que estaba en camino era una nueva e irresponsable maniobra oficialista. Ya una semana antes los fujimoristas habían evidenciado que su verdadera intención era no votar, ni a favor ni en contra. Para eso fue la maniobra de levantar la sesión por los “insultos” de Werner Cabrera y la otra que concluyó el día de ayer de postergar la decisión hasta el informe de la mesa de diálogo, ambas apoyadas por la bancada naranja que debe haber recibido alguna ganancia por este compromiso.

La hipocresía del diálogo llegó así a sus extremos. Porque mientras se negaban a resolver el punto planteado por las comunidades, en nombre de que el diálogo llegue a su fin, el gobierno estaba preparando los destacamentos de Dinoes que irían a sembrar la muerte en Bagua y otras localidades, es decir iban a “resolver” el problema a sangre y fuego, de manera de salvar los decretos legislativos. Apristas, fujimoristas y lourdistas son corresponsables de haber llevado a la situación hacia un desenlace sangriento, esto a pesar de que con el peso de los muertos los aliados del gobierno hayan empezado a tomar sus distancias.

Represión

Mientras se masacraba a los nativos y se desataba el caos en la selva, en Lima, el secretario general del APRA, Mauricio Mulder pedía la captura del presidente de Aidesep Alberto Pizango, y Aurelio Pastor comparaba los hechos de Bagua con la toma de la Comisaría de Andahuaylas en el año nuevo del 2005, lo que no era sino una manera provocadora de alentar la persecución contra los dirigentes. Más aún, atrincherados en Lima, los líderes apristas echan dedo contra los nacionalistas y la izquierda.

Pero el que dictó los decretos legislativos que son repudiados por las comunidades, los que han impedido su derogatoria, los que han enviado policía, ejército, helicópteros contra nativos, es el gobierno del APRA encabezado por Alan García. Esto lo sabe toda la selva y los entiende la abrumadora mayoría del país. El gobierno ha querido ahogar en sangre la huelga amazónica. Pero los indígenas no se han rendido. Pobre y triste gobierno con las manos ensangrentadas.


HISTORIA

El 5 de Febrero de Alan García

En 1975, una huelga de policías desató saqueos en Lima, que el gobierno de Velasco reprimió con el ejército provocando más de cien muerto en Lima. Dos lecciones quedaron a la vista: (1) que el APRA aprovechó el escenario de desorden para enfrentar al gobierno y provocar la desestabilización política; (2) que la represión brutal genera un espiral de violencia que no se puede detener simplemente a balazos. Ayer la selva fue testigo de lo que se había dicho muchas veces: que los nativos iban a resistir hasta la muerte antes de ceder al gobierno. Pero no los tomaron en serio. El APRA ahora convertida en Estado quiso imponerse a sangre y fuego y lo que consiguió fue desatar el odio y la desesperación de los que se sentían atropellados, que hicieron realidad la insurgencia y el levantamiento del que tanto se había hablado. Y ahora hay muchos que se sorprenden por lo duro del enfrentamiento. Velasco no sobrevivió 6 meses a los efectos del 5 de febrero. ¿Cuánto tiempo le quedará a Alan García?


El fin de una etapa

El 5 de junio de 2009 quedará en la historia como el día del fin de las ilusiones democráticas que se forjaron con la caída del régimen de Fujimori. Ilusiones que ya estaban muy debilitadas, es cierto, pero que existían bajo la forma de un cierto pacto implícito por el cual los gobiernos reconocían que el origen del régimen era la movilización popular y que los gobiernos no podían intentar aplastar a los movimientos regionales y sociales. Cuando García decidió que los decretos eran más importantes que la conservación de este relativo consenso social, cambió la naturaleza del poder. Ya no puede subsistir a partir de ahora más que con la fuerza. Una fuerza que realmente no tiene. Esa es la grave encrucijada que se vive en el Perú.