Lo que el gobierno no dice sobre el DL 1090

En un comunicado del gobierno publicado en diversos medios (no en LA PRIMERA) se presenta la posición oficial sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090), cuya derogatoria debe resolverse en el Congreso en esta semana. Al respecto cabe anotar las siguientes observaciones:

1. El gobierno reconoce que los “procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas deben ser mejorados a través de la Mesa de Diálogo Permanente”, lo que supuestamente llevaría a cumplir finalmente lo dispuesto por el Convenio 169. Ocurre sin embargo que todos los decretos que afectan a la selva y los derechos indígenas ya fueron dictados, sin ningún diálogo o consulta, usando el amparo de las facultades especiales otorgadas para la implementación del TLC. Igualmente los cambios que ha podido hacer el Congreso a algunas de esas normas no han tomado en cuenta a las poblaciones afectadas. Y, en el extremo, el gobierno quiso legislar la propia forma de la consulta interfiriendo la democracia comunal (lo que fue derrotado el año anterior). En la actual huelga no se está discutiendo “futuras consultas”, sino el carácter inconsulto e inconstitucional de los decretos, entre ellos del 1090.

2. El DL 1090 no es, bajo ningún punto de vista, una medida aislada Forma parte de un paquete orientado a facilitar el acceso de inversiones privadas a la selva a través de concesiones, y que fue precedido por la serie de artículos de “El Perro del Hortelano”, que sustenta la ideología de esta ofensiva. El hecho que la Comisión de Constitución haya votado por su derogatoria como un primer paso, no significa que el cuestionamiento se reduzca al tema forestal y de fauna, aunque este sea uno de los dispositivos con mayor impacto sobre el medio ambiente y que por tanto debería ser del interés de todos.

3. El Comunicados del gobierno recuerda que en el Perú hay 15 millones de hectáreas protegidas (reservas naturales), pero esconde que la política de este gobierno ha sido la de ir reduciendo sus dimensiones de manera sistemática. Asimismo indica que de los 63 millones de hectáreas de bosques actualmente existentes se garantizaría la conservación de 55 millones, es decir que en el primer tramo el gobierno aspira a entregar 8 millones de hectáreas, como si eso fuera poco.

4. El Comunicado reitera el supuesto constitucional que define la soberanía del Estado sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que en realidad es una argucia para contraponer las concesiones a grandes empresas, principalmente extranjeras, con los derechos de las poblaciones que habitan y trabajan en el lugar de esos recursos. Hacer prevalecer la “soberanía de conceder”, sobre los derechos pre- existentes de los pueblos, es la bases principal del actual conflicto, que el gobierno pretende hacer como que no existe.

5. El ministerio de Ambiente, dirigido por Antonio Brack, que es quién firma el Comunicado, ha devenido como otros organismos del modelo Alan García, en lo contrario de lo que se esperaba de ellos. En vez de representar la defensa y el equilibrio ambiental, y recoger la voz de los que sufren las consecuencias de la contaminación y depredación de la naturaleza, se ha convertido en otro “aliado de la inversión”, como se quiere de la Contraloría y esperarían hacer de la Defensoría y otras instancias.

25.05.09
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