La disputa de la selva

García debe creer que en el Perú nadie se da cuenta. Por eso es que puede decir muy suelto de carnes que no gobierna para intereses corporativos, refiriéndose, por supuesto, a los pueblos indígenas de la selva, para los que efectivamente no gobierna. Porque si hablamos de interés corporativo seguramente no nos estamos refiriendo al de los banqueros a los que el presidente ofrece garantías de estabilidad y continuidad política para su inversión, o al de los empresarios mineros y petroleros a los que defiende contra los reclamos de las comunidades, o a la Doe Run de La Oroya para la que intercede buscándole financiamiento mientras no la castiga por incumplir el PAMA, o la CONFIEP de la que ya parece presidente honorario.

Pero García va más lejos, y es por ello que en vez de ir a explicar ante Plus Petrol, Hunt Oil y demás petroleras de la selva, las mineras del Cenepa, los industriales de la madera, cómo su gobierno está sacando la cara por ellos, se dirige a los barrios pobres y periféricos de Lima a inaugurar obras a cambio de aplausos, y es ahí en medio de portátiles y necesidades donde plantea que la selva no es de los amazónicos, sino de todos los peruanos, específicamente de esa gente sin agua y sin pista que habita en Huaycán. ¿Es eso verdad? ¿Algo del derecho de todos, y de los pobres urbanos, está siendo afectado por los reclamos de los pueblos que vivieron mil años entre los ríos y los bosques del Oriente? Todos sabemos que no, y que la fórmula las comunidades son dueñas del suelo, y la nación del subsuelo, es un eufemismo, porque la única “nación” por la que se está batiendo García es la de las trasnacionales.

La Constitución del 93, que sigue vigente en gran medida por la traición de Alan García a sus promesas electorales, definió esa esquizofrenia de “los dos niveles”, que en buena cuenta quiere indicar que como no se puede sacar de la tierra a los que están sobre ella, se entrega derechos sobre lo que está debajo, que terminarán en enormes tajos (Majaz), en pozos contaminantes, cadenas de tubos, campamentos de operaciones, que llevarán a la contaminación desertificación, alteración de las condiciones de vida, cumpliendo finalmente con expulsar a los que estaban sobrando. Más aún la Constitución fujimorista priva al Estado de participación empresarial en estas explotaciones, por tanto está definiendo que esto es asunto de capitales privados, principalmente extranjeros, en propiedad del supuesto derecho de “todos los peruanos”, versus comunidades preexistentes y en riesgo de ser despojados.

Digámoslo de una manera más directa: hay un marco constitucional de protección de la tierra y los derechos comunales, y otras normas del mismo rango que los entregan a la voracidad de las grandes empresas extranjeras. Lo que está garantizado allí es un conflicto, que está tendiendo a resolverse a favor del gran capital por el papel que viene jugando el Estado, por lo menos desde 1990. La rebelión amazónica indica como está creciendo la conciencia social sobre lo que está en juego. García lo sabe. Por eso lanzó la tesis del perro del hortelano. Estaba preparándose para una guerra, que ya ha comenzado.

18.05.09
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