Una mafia se saca con otra mafia

En la primera plana de ayer de El Comercio, el colegiado Ernesto Álvarez, que estuvo entre los tres que sacaron la resolución sobre el Ministerio Público, explica la decisión porque existiría una mafia que quiere controlar ese organismo. O sea, abre el juego político y dice que lo que estamos apreciando, y que parece un tema institucional, es en realidad una lucha por el poder. Dice que es contra una mafia, pero queda por saber a favor de quién es.

Por eso lo que habría primero que preguntarse es para quién trabaja Álvarez,  que llegó al TC, como expresión de la repartija de la época, en la cuota del PPC, pero rápidamente evolucionó hacia el APRA, probablemente haciendo cálculos sobre sus aspiraciones para tomar el decanato de Derecho en la Universidad San Martín, que ya sabemos quién maneja, a su salida del Tribunal, que alguna vez tendrá que ocurrir.

Otro de los votantes, es Carlos Mesía, fue asesor parlamentario de Del Castillo y militante inscrito en el APRA, mientras el despistado Eto llegó con el cupo nacionalista pero ha votado generalmente con las corrientes mayoritarias en un organismo que ha cometido cada vez más tropelías. Si estos tres quieren “salvarnos” de las mafias, es casi obvio que lo están haciendo en la dirección de reforzar la presencia tentacular del APRA y García en las instituciones estatales de control.

Después de todo Mateo Castañeda era el que coordinaba fiscales en el caso BTR, cuando desaparecían las pruebas y el que tenía la relación telefónica con Del Castillo y Garrido Lecca, como lo declararon varios testigos ante la corte, para darles cuenta de cómo avanzaban las investigaciones. Si lo que dice la Megacomisión es verdad, el fiscal Castañeda fue parte de una organización que funcionó para el encubrimiento. Y eso no se ha sacado ahora para cerrarle el paso, sino que está en toda la documentación de la época.

Claro que da ganas de reír cuando El Comercio refiere en su nota editorial del sábado que contra Castañeda, al que el CNM no quiso nominar para fiscal supremo, “solo existen denuncias periodísticas”, cuando todos hemos sido testigos que el caso Ramos se basa en lo mismo, con la diferencia que a este último le sacaron cosas cuando estaba postulando a Fiscal de la Nación y las de Castañeda están ahí desde hace mucho tiempo.

Finalmente si hay una entidad familiar que usa el poder de prensa para sacar y colocar autoridades, todos conocemos su nombre. Ayer mismo decían como corolario  de la crisis entre el TC y la CNM, que ya que no hay otra forma de sacar a Ramos del cargo, aún antes de su juramentación, había que esperar que renunciara por vergüenza. Por esa que se debe sentir cuando a uno le bajan el dedo en la calle de La Rifa.  

04.05.15

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