Ahora que veo hasta donde puede llegar el Tribunal Constitucional
en retorcer sus funciones y convertirse en una instancia que puede resolver
sobre todo, especialmente corregir las decisiones de los jueces y avasallar
instituciones, me he puesto a pensar en la calidad intelectual y los méritos
profesionales de algunos de sus miembros.
Así los tres que votaron por imponer a Mateo Castañeda como
fiscal supremo, función que es exclusiva del Consejo de la Magistratura, son
dos oscuros profesores universitarios y un exasesor parlamentario de Jorge del
Castillo, que reflejaban la repartija del gobierno anterior y casi ningún
mérito jurídico. Tampoco el presidente del TC, exfuncionario del principal
banco privado, puede ser tomado como un magistrado por encima de toda sospecha,
sobre todo después de haber impulsado como lo hizo la sentencia sobre el caso
de los bonos agrarios que beneficia a su exempleadora.
A mí ya me ha tocado vivir directamente la prepotencia del
TC, en un caso de amparo que la empresa LAP llevó contra un libro de
investigación sobre el contrato de privatización del Aeropuerto Jorge Chávez, y
que pretendía nada menos que la censura (retiro de circulación y prohibición de
venta o reproducción) y que el Poder Judicial en todas sus instancias rechazó
de plano por improcedente.
En el TC, sin embargo, amigos de los abogados de LAP,
forzaron todos los conceptos para justificar que el caso volviera al juez de
primera instancia y se tomase en serio el pedido de la empresa, pronunciándose
sobre si mi trabajo había lesionado el honor y si cabía una restricción física
a la difusión de mis ideas. Decían en su sentencia que no se estaban
pronunciando sobre el tema de fondo (en realidad, no habían ni leído el libro),
sino sobre el derecho de usar la vía de amparo en los llamados delitos de
prensa.
El caso era muy grave. Pero ningún órgano de protección de la
libertad de expresión se manifestó. Pareció que todos pensaron que no iba a
haber juez capaz de comprarse este asunto, como que no lo hubo. Por lo que la
sentencia del 2009, contra un libro escrito en el 2005, permanece en el aire
cuando estamos en el 2014.
Pero, claro, si se supone que el TC tiene una
responsabilidad doctrinaria y reguladora, lo que han hecho tantas veces sus
miembros es meterse por los vericuetos políticos y sustentar intereses
particulares, manejándose con una arbitrariedad de plomo que está dictada por
esa condición de omnipotencia que les ha concedido, sin que haya base para
ello.
Ya todos saben, como Castañeda o LAP, que si les va mal con
un amparo en la Justicia todavía le queda la instancia del TC para voltear el
partido y recibir en medio de forzamientos conceptuales una razón, que maltrata
la credibilidad institucional, más de lo que está.
03.05.14
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