Auténtica crisis institucional

En el Perú la primera dama sustituye al presidente; el Tribunal Constitucional usurpa las funciones del Consejo de la Magistratura de nombrar y destituir fiscales supremos; el Congreso fracasa mil veces en nombrar los miembros de reemplazo del Tribunal Constitucional y su presidente decide retirar al candidato más cercano al gobierno, entregando este decisivo organismo a sus opositores, para que Otárola pueda decir que hizo el milagro de recomponer el organismo; el Contralor admite que no controló nada de los escándalos de corrupción de las regiones que van saliendo y al MEF se le ocurre cortar los fondos de los gobiernos subnacionales paralizando sus actividades; el nuevo Fiscal de la Nación ya está elegido después de un enredado proceso, pero para el grupo periodístico  más poderoso del país, esa elección es un “asalto” porque ellos le exigieron que se abstuviera; el Poder Judicial lleva paralizado dos meses y los gobernantes no parecen alarmados porque esto suceda.

¿Cómo se llama la película? Crisis institucional. Por lo menos eso es lo que dicen los analistas más sesudos; el país tiene una crisis de todas sus instituciones. Pero nadie explica de dónde viene tamaño desarreglo. Es como decir, nada funciona bien, porque nada funciona bien. Los gobernantes, parlamentarios y magistrados, no son los que deberían ser, pero están donde están porque la gente que vota no sabe escoger. ¿Será verdad?, ¿y dónde están las alternativas?, ¿no fue que para darle un castigo al sistema muchos votaron por Humala y este se convirtió al repudiado sistema apenas elegido?, ¿dejará de haber crisis institucional si se realizan “reformas” como las que se discuten en el Congreso en la comisión de constitución que irónicamente dirige el señor Chehade: bicameralidad, no reelección de presidentes regionales y alcaldes, mayores vallas para formar partidos y mantener sus inscripciones, etc.?   

Según lo veo, el primer ingrediente de la crisis institucional no es Nadine, ni el fiscal Ramos, ni el congresista que usa una plaza remunerada del Congreso para pagar al empleado de su hotel en Cusco, ni el poder paralelo del que tanto se habla se reduce al papel de la esposa del presidente. Lo que atraganta la institucionalidad del Perú es en primer lugar esa separación brutal entre economía y política que es como la marca distintiva del neoliberalismo. La fórmula que se usa es decir que tenemos una “buena economía” y una “mala política”; es decir, crecemos económicamente en un mundo turbulento, pero nos ahogamos en peleas entre diversos sectores políticos cuyas diferencias se reducen a que aspiran a controlar todo el poder con las peores artes y son sospechosos de diversas formas de corrupción. La solución: que todos dialoguen y se abracen. Eso que el país ha bautizado con el filudo nombre de “repartija”. Y todo para que la economía no se desarregle, que es lo que realmente interesa.  

Según el esquema que viene de la época de Fujimori, la política económica es el dominio de una tecnocracia, relativamente homogénea, que lleva muchísimos años instalada en el Estado en entidades como el MEF, el BCR y otras, que está vinculada con los organismos financieros internacionales y que se han ido consolidando como intermediarios con el mundo de las grandes empresas que actúan en el país. Como la finalidad de este tipo de economía, es que las inversiones lleguen atraídas por las mayores facilidades, y permanezcan el mayor tiempo posible, lo que después se debe reflejar en cifras de crecimiento, el sistema consiste en conservar su confianza. Y esa confianza es cada vez más exigente en cuanto a sacarle concesiones y beneficios para el capital a los gobernantes.

La política sin economía y que, como se ha visto con Humala, está cada vez más arrinconada, ya que siempre van en aumento los campos que se están tecnocratizando (educación, salud, programas sociales, son ahora cotos del señor Castilla), carece en sustancia de cosas que ofrecer a la sociedad que está siendo orientada a creer que el sistema no permite ningún cambio. La política sin ideas, sin sueños y sin coraje, se ahoga en la mediocridad. ¿Para qué sirve el poder? Para escalar económica y socialmente, como todos esos expresidentes, exalcaldes y otros, que son ahora millonarios y antes no tenían donde caerse muertos. Los partidos nacen de la ambición, la compadrería y de las emprendurías que están en ascenso. Y, claro, la gente que se prepara para el poder como si organizara un negocio, termina llegando al gobierno local, regional o nacional para durar el mayor tiempo posible y salir con la vida cambiada, convertido en alguien de poder que se codea con empresarios con los que hizo migas e intercambió beneficios cuando tuvo en sus manos la manija.

Que todo esto está sustentado en la Constitución de Fujimori, que todo el establishment actual, incluido Humala, no quiere cambiar, es la pura verdad, aunque usted no lo crea. En primer lugar porque el hecho que se pretenda que el documento que pretende refundar el Estado y el orden socio-económico del Perú tenga la legitimidad de un golpe militar urdido por Fujimori-Montesinos, marca definitivamente el sistema político peruano y contamina todas instituciones, como estamos viendo. La Constitución del 93, está hecha como el límite para cualquier cambio progresista, como lo son también los TLC y otros compromisos internacionales que nos obligan a no movernos, o fue la Hoja de Ruta que firmó Humala. Son la consagración de la parálisis. Lo que no quiere decir que sus progenitores no puedan violarla como lo hizo Fujimori en la re-reelección, o García con los narcoindultos, o lo hace el TC con su existencia fuera de plazo y sus decisiones escandalosas.

La constitución fujimorista existe para que el presidente tenga el poder decir una cosa en las elecciones y hacer otra cuando sale electo sin que nadie pueda hacer algo al respecto; para que los contratos más corruptos se hagan intocables; para que un partido hegemónico como era el fujimorismo en los 90, cope las instituciones y las dirija con mano férrea, de acuerdo a sus intereses; y que cuando eso no ocurre como pasó después de la dictadura, cuando se fragmentó el escenario político, la única forma de resolver que quede a la mano sea la repartija. Como decía Keiko en campaña, la Constitución de su papi, es su programa y no necesitan más. Lo irónico es que esa también es la Constitución de los demás partidos y del país. Y todos vacilan en darla por cancelada y dar el pasó a una reconstitucionalización. ¿Qué pasaría con las inversiones?, declaran aterrados Lourdes Flores, García, Toledo y ahora Humala, también.

La crisis institucional tiene muchos componentes, pero el central está en el hibrido de democracia con dictadura que emergió de la fallida transición de los 2000 y del poder que los grupos económicos que medraron con Fujimori mantuvieron después que este huyó del país, en nombre del crecimiento. Hemos sacrificado la política en aras de la economía de los grandes negocios, que ya está sacando la lengua por inadecuación a los nuevos tiempos. Pero mientras tanto, seguimos preguntando qué hacer con la crisis institucional y la verdad es que sin un movimiento regenerador potente y masivo, el Perú no tiene mayores esperanzas. Miren los candidatos que tienen mayores chances para los próximos años, para que vean hasta donde se puede caer.

12.05.14

Publicado en Hildebrandt en sus Trece