Peritajes sobre peritaje

A primera vista, la insistencia del gobierno en hacer peritajes sobre peritaje, buscándose expertos internacionales que relean las conclusiones del informe oficial EPAF- Instituto de Medicina Legal del año 2001, para lanzar conclusiones distintas a la de sus autores, como si quisieran decir que los investigadores peruanos mintieron o fueron incompetentes, pareciera tener la intención de entregar una satisfacción moral para el Ejército, que sigue esperando el reajuste de remuneraciones mientras el ministro Castilla insiste en su políticas de superávits primarios que paraliza al Estado, para que al menos si no hay dinero tengan el alivio de decir que le limpiaron su única victoria verdadera en el terreno de las armas contra la subversión de los 80 y 90, que venía contaminada con el tema de la ejecución extrajudicial de “Tito” y probablemente de otros emerretistas.

Pero  visto más a fondo el caso da la idea de guardar otros significados. Quizás el más inquietante es que pudiera estar funcionando un círculo militar y de inteligencia en torno al presidente que está logrando influir sobre diversos temas. La cuestión de Chavín de Huántar, en esa lógica, deja de ser banal. Si uno mira la actitud de los principales medios de comprarse al toque los nuevos peritajes que están viviendo en cascada y que el asunto va más allá del episodio de a quién le toca ser ministro (la cosa empezó con Daniel Otárola en Defensa y ha continuado con el autocondecorado José Urquizo, mientras en paralelo hacía lo mismo el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor), sospechará fácilmente que aquí hay una conspiración. Varias veces, este columnista, ha dicho, contra “lo políticamente correcto”, que Chavín de Huántar fue ante todo una operación político-militar concebida y dirigida por los Servicios de Inteligencia, lo que comprometía directamente a Fujimori y Montesinos en su realización. La gente de la época recordará que Hermoza Ríos quiso presentarse poco después como el vencedor de esa jornada y esa fue su perdición.

El hecho es que los nuevos rescatadores del gobierno y la derecha extrema no sólo están favoreciendo a Montesinos y sus amigos, en el juicio concreto sobre “Tito” y los acontecimientos finales que se produjeron tras la intervención de los comandos en la casa del embajador japonés, sino que están reivindicando toda una línea de procedimiento basada en el secreto, los sicosociales y la mentira oficial sostenida, que algunos justifican que se aplique a la subversión, pero que como se vio en el pasado se tiende a extender inevitablemente hacia el resto del manejo de los procesos sociales. Que condenen o no a Montesinos, Hermoza o Huamán, que tienen tantos juicios y sentencias en curso es casi irrelevante, pero que se diga contra la razón científica y el testimonio de varios testigos (se ha dicho hace poco que se quiere enjuiciar a Ogura por “falso testimonio”), que el gobierno de Fujimori no ejecutaba rendidos (que lo hizo a luz pública en Castro Castro en 1992), es no sólo un insulto a la inteligencia, sino un peligrosísimo camino a cambiar la perspectiva para apreciar lo que ocurrió en los años oscuros cuando los derechos humanos fueron tratados como una cojudez.

Por último dejo anotado que el ridículo de los peritajes sobre peritaje hace mucho más daño que ayuda a los militares que nada tuvieron que ver con las ejecuciones de rendidos. El mundo está mirando a un gobierno que quiere echar tierra sobre un crimen con propósitos que todavía no están suficientemente claros.

12.07.12

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