Investigar a JDC

A Javier Diez Canseco lo investigan con titulares de primera página y declaraciones de Humberto Lay, por un solo hecho de fondo: ser una socialista que tiene acciones en una empresa capitalista. Todo el debate de la llamada “Comisión de Ética”, está basado en el principio de que cualquiera puede tener las acciones que considere, integrar directorios, o asumir cargos en grandes empresas, a las que se favoreció previamente desde el poder, pero si su filiación es procapitalista no habrá problemas, porque el sistema ha sido hecho para ellos.

Pero las acciones de Diez Canseco (propiamente de su hija y su exesposa) ni siquiera son de las típicas del mercado bursátil, sino una especie de reminiscencia de las acciones laborales nacidas de la Comunidad Laboral creada por Velasco. Estas acciones, ahora llamadas de “inversión”, que han cambiado muchas veces de titulares, son una especie de factor de ahorro que participa de las utilidades anuales de las empresas, sin participación en las decisiones empresariales, entre ellas las de nombrar los directorios o en los procesos de fusiones y ventas de propiedad.

El caso Backus fue todo un modelo ya que en toda la ruta de concentración y venta al exterior de las cervecerías, los representantes de las acciones de tipo A (comunes), que eran tres de los principales grupos económicos del país: Brescia, Romero y Bentín, traspasaron la propiedad con las mayores ganancias para ellos y dejaron, fuera del negocio a las acciones tipo B y las de inversión, que no afectaban el control empresarial.

En el caso de las acciones de inversión, los tenedores principales eran las AFP, que podrían haber ganado un plus para sus ahorristas, pero ni compradores ni vendedores los incluyeron, siendo que las AFP eran de propiedad mayoritaria de los mismos grupos económicos accionistas originales de Backus. Cuando a comienzos del 2006, SAB Miller de Sudáfrica quiso hacerse de las acciones no comunes, surgió una iniciativa en el Congreso para obligar a una valorización técnica independiente.

Pero el gobierno de Toledo, con su primer ministro Kuczynski, devolvió la ley de protección a los pequeños ahorristas “porque podría desalentar la inversión”, creando un vacío que permitió la venta de estas acciones al menor precio, dañando el interés de muchas personas y de los ahorristas de las AFP. Terminado el gobierno, PPK se convirtió en miembro del directorio de SAB Miller y el ex ministro Zavala pasó a una de sus gerencias.

Esta historia de abuso de los grandes sobre los chicos, es la que se encuentra contenida en el proyecto de JDC para que las acciones de inversión se conviertan en comunes, a la equivalencia actual de precios en el mercado, sin beneficio económico para nadie, pero aboliendo la posición de acciones disminuidas cuando de trata de transacciones globales, donde los compradores sólo se interesan en imponer su dominio empresarial.

Lay ha dicho, sin embargo, siguiendo al jefe de la DBA, que el congresista de izquierda quería beneficiarse personalmente con la propuesta de ley. Existen millones de acciones de inversión en el mercado, dentro de las cuales la familia de JDC tiene un capital de ahorro mínimo. Eso no les daría ningún poder de decisión en las empresas, que seguirán en manos de sus socios mayoritarios, ni les permitirá vender más caro sus títulos en el mercado, salvo las fluctuaciones que existen hacia arriba o hacia abajo para todas las acciones. ¿Cuál sería aquí la falta ética?

04.08.12
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