La concesión de los puertos

Leí, no sin sorpresa, que la conclusión del grupo de trabajo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, sobre el proceso de concesión de los terminales portuarios de Paita y el Callao, establece que: “existen indicios razonables que el exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez, el exministro de Defensa Jaime Thorne León y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Frank Boyle Alvarado habrían incurrido en infracción constitucional”

Y sigue afirmando que en el caso específico del proceso de concesión del Puerto Paita: “funcionarios del Poder Ejecutivo, Proinversión y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) habrían actuado favoreciendo a la empresa terminales Portuarios Euroandinos (TPE)” Y se mencionan las variaciones en las bases que alteraron y desnaturalizaron el concurso, incluyendo prórrogas para que el consorcio peruano-portugués que finalmente ganó la licitación pudiera cumplir con los requisitos señalados.

Estos hechos se repiten para la concesión del muelle norte del Callao a APM Terminals, con el agravante de que la oferta inicial de los holandeses por un monto de inversión de $ 1, 939 millones de transformó en el contrato final en una cifra de $ 749 millones de inversión para 30 años de concesión. El grupo de Trabajo que emite el informe lo integran Rogelio Canches, Roberto Angulo, Enrique Wong y Carlos Tubino, ninguno de los cuales pasaría a estas alturas por radical, antiaprista o antimilitarista.

En otras palabras, deben ser muy groseras las faltas producidas en el proceso de las concesiones portuarias para que aún fuera de la Megacomisión de Sergio Tejada, se haya llegado a establecer que hubo afán de imponer ganadores de las concesiones y de forzar las normas y las bases para que resultaran en el control de los puertos y en las condiciones más favorables para ellos. Hace unos años, esta denuncia era desde el punto de vista político, sostenida exclusivamente por la bancada nacionalista y el entonces candidato Ollanta Humala. Y, claro, el gobierno de García condenaba estas críticas por extremistas y estatistas como se vuelve a hacer en estos días.

Pero fíjense en la segunda contradicción: los denunciados de este caso son las principales autoridades del ministerio de Transportes, APN y Proinversión. ¿Y ustedes creen que este gobierno entró a limpiar estas entidades donde se arman las concesiones más sabrosas? Nada que ver hay un enjambre de técnicos concesionistas en el ministerio de Breña y en la entidad que busca vender el país, que siguen en sus puestos y en sus prácticas tradicionales. El caso de Proinversión es aún más rochoso, ya que de esta supuesta “isla de excelencia” ya han salido tres ministros de Humala y quién sabe cuantos viceministros, como si este fuera el cerebro (privatista) del Estado.

Finalmente está el señor Boyle, el mismo que me tiene enjuiciado por haber recogido elementos de denuncias sobre la actuación de la APN en la concesión de Paita, favoreciendo al consorcio ganador, donde existen intereses chilenos, y que por eso mismo ha sido ratificado en el cargo por tres gobiernos. Este almirante enojón dice que yo lo quiero difamar porque no sé qué odio que le tengo. ¿Qué dirá ahora del informe de la Comisión de Transportes?