Ahora sí. Las peores sombras se están cerniendo sobre Perupetro y la política sobre el gas natural. No estábamos despistados cuando ya hace más de un mes pusimos a la vista el juego de poder que se dibujaba entre el ente estatal encargado de supervisar los contratos de hidrocarburos y el Consorcio encabezado por Pluspetrol, que aparte de las discutidas ventajas del negocio exportador donde se forzaron las leyes y los principios para favorecerlo, ha estado estafando al país y a la región de Cusco al desviar sus barcos en alta mar y dirigirse a destinos distintos a los declarados dejando de pagar regalías por los mejores precios obtenidos, mientras el ministerio de Energía y Minas era afectado por una extraña neutralidad que le impedía a intervenir en el caso. Como todo eso estaba cruzado en el tiempo con la declaración que el presidente Humala hizo en marzo que “por fin” se había recuperado las reservas embargadas del Lote 88, que ahora se destinarían al mercado nacional, se hizo evidente que la carta de demorar cualquier avance en este punto, era el elemento más fuerte con que contaba el Consorcio para discutir sus diferencias con Perupetro.
Puntualmente exhibimos a todo el país una secuencia de comunicaciones que revelaba como había sido el pulseo entre el consorcio y la supervisora: el 4 de mayo, la gerente general de Perupetro, Isabel Tafur Marín, se dirige al Consorcio Camisea para señalar que una auditoria internacional ha detectado los cambios de destino no declarados que configura incumplimiento del contrato y concluye comunicando: : “su intención de dar por terminado el contrato al término del plazo de sesenta (60) días… salvo que dentro de este plazo el referido incumplimiento sea subsanado …”. Esta carta no es contestada, pero el día 8 de mayo, el Consorcio remite otra misiva a Tafur Marín sobre el tema del Lote 88, para decirle: “…los licenciatarios del lote 88, estarán en posibilidad de realizar la modificación del Contrato de Licencia Lote 88, sujeto a y después de que todos los actores involucrados negocien y celebren las necesarias modificaciones a los contratos de venta de gas que los vinculan con Perú LNG SRL... y los acuerdos que establezcan el compromiso de dedicación de reservas y provisión de gas natural del lote 57, con Repsol Exploración del Perú, …”.
Después de declarada la “recuperación”, Pluspetrol pasa a hablar de la “posibilidad de realizar modificaciones al contrato” y eso en el contexto de una exigencia a pagar lo evadido, a lo que se suma una larga ruta para que los consorciados se pongan de acuerdo entre sí. Ese mismo día (8 de mayo), el Consorcio se reúne con los directivos de Perupetro y deciden dejar sin efecto la primera comunicación (4 de mayo), y trasladar el caso a un Comité de Conciliación. Ahora, en medio del cambio de ministros que no abarca Energía y Minas, parece que el ministro Merino Tafur ha abandonado su falsa neutralidad y ha echado al presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, que en acto casi de despedida ha recordado su controversia con el Consorcio, y dos días después ha reemplazado a la gerente Isabel Tafur que había ocupado el lugar de Ochoa, por la directora de hidrocarburo del MEM, totalmente dependiente del ministro Tafur y de su viceministro de Energía, Luis Ortigas.
¿Y alguien creerá que estas cosas pasan, porque no va a pasar nada, y se va a cobrar al Conosrcio Camisea lo que debe?
31.07.12
http://www.rwiener.blogspot.com/

Raúl Wiener Periodista, Analista Político y Económico peruano. Trabajó en el diario El Observador (1981-1984). Dirigió la revista Amauta (1988-1992), participó del programa Radicales Libres por RBC Televisión en el 2012 y fue director de la revista Miercoles de Política en el 2013. Actualmente es Jefe de la Unidad de Investigación del diario Uno (ex La Primera) desde 2007 y colaborador semanal de la revista Hildebrandt en sus trece.
martes, julio 31, 2012
lunes, julio 30, 2012
La derecha y Humala
Como ocurre cuando se habla de la izquierda y su relación con el régimen
encabezado por Ollanta Humala, que normalmente pasa por la frase de que no hay
una sola izquierda sino varias izquierdas con miradas y proyectos diferentes, unos
que nunca se asociaron con el comandante, otros que hicieron un pacto puramente
electoral y otros (principalmente intelectuales) que lo acompañaron al diseño y
luego fueron dejados de lado; de la misma forma habría que admitir que lo que
llamamos derecha tampoco es un bloque homogéneo, ni sus respuestas a diversos
problemas son equivalentes. O sea hay varias derechas en vez de derecha.
Tal vez lo más obvio sea recordar la escisión que aparece el año 2000,
cuando en el curso de la crisis electoral surge una oposición liberal al
fujimorismo, que no se había manifestado en diez años, salvo voces aisladas, y
se alía con parte de la izquierda para lo que se llamó “transición
democrática”. El producto de este proceso fueron los gobiernos de la primera
década de los 2000, cuyos candidatos fueron derrotados por Humala y Fujimori en
la primera vuelta del 2011. Esa tampoco es una sola derecha, como que hubo tres
candidatos que quisieron expresarla en la última elección y el llamado postrero
de Toledo para unirse con retiros de aspirantes para frenar a lo que parecían
dos extremos, no fue escuchado. En la segunda vuelta, además los supuestos
demócratas se dividieron en dos direcciones, unos que otorgaron la prioridad al
modelo económico y apostaron abiertamente por Keiko y otros que dijeron que
había peligro para la democracia y se agarraron de Humala.
Cualquiera puede recordar que la derecha que venía de romper con Fujimori,
encabezada por Toledo, pero que incluía al APRA, PPC, Castañeda, Andrade,
Olivera y otros, dominó el escenario durante las elecciones del 2001 a través
de la cuales se iniciaba la post-transición, Mientras el fujimorismo casi se
había borrado de la escena y la antigua izquierda estaba tan débil que tuvo que
pedir espacio en listas ajenas. Cinco años después había nacido un nuevo actor
bajo la forma de una izquierda nacionalista encabezada por el comandante en
retiro Ollanta Humala, que se inspiraba en un gesto político de rebelión en
octubre del 2000, con el que señalaba no sólo su oposición a Fujimori y la
prolongación de su poder, sino las negociaciones de los partidos y el gobierno
saliente para darle una fórmula de solución a la crisis. El hermano del rebelde
Locumba, el hermano del sedicioso de Andahuaylas que justificó que se reclamara
la renuncia del presidente Toledo en el año nuevo de 2005, se convirtió en un
fenómeno político nuevo al generar grandes manifestaciones en todo el país
donde la gente iba para conocerlo.
Humala se apoderó de un discurso radical, más a la izquierda que la
izquierda, y promovió un partido y una
corriente social de los de abajo y muy abajo, respaldando sus demandas
inmediatas y generándoles la idea de la aparición de un líder con las supuestas
virtudes del militar: energía, coraje, honestidad, y los sueños del radical
dispuesto a cambiar el mundo. Ese tipo pareció la reencarnación de muchos
miedos de los sectores dominantes peruanos; por un lado Velasco y la pesadilla
de los militares que se tornan izquierdistas, por otro lado Chávez y las nuevas
izquierdas gubernamentales latinoamericanas, que vienen de diversos orígenes,
pero invariablemente de fuera de las estructuras de los partidos tradicionales
y están encabezados por caudillos mesiánicos e inspirados que andan buscando
vías que se suponen alternativas.
Por estas razones, la derecha quebrada el 2000, se tuvo que tragar varios
sapos y juntarse de emergencia seis años después y aceptar que en aras de la
“democracia”, el fujimorismo adquiriera un lugar en el frente “todos contra
Ollanta”, que sirvió para elegir a Alan García. Para algunos la lección era
clara, si en nombre del peligro mayor se habían podido olvidar los pecados de
Alan García, porqué no podían comenzar a diluirse los de Fujimori, e incorporar
a su partido en el nuevo orden de los 2000. Para otros, como se vería más
tarde, el regreso del fujimorismo representaba su negación política. Por eso
las diferencias que volverían a brotar en la disyuntiva del 2011, cuando Humala
se presentó como un mal menor frente al regreso de los hombres y mujeres de la
dictadura. Para unos esto era admisible si el candidato definía compromisos de
continuidad en política y economía, para otros no había garantías suficientes
para entregarle el poder y era mejor volver atrás recordando que no todo el
fujimorismo era malo y que ellos en buena cuenta habían hecho continuismo en
muchos aspectos. Un fujimorismo dentro del juego de partidos ya parecía una
cosa natural, sobre todo después que el APRA los tuvo tan cerca en su segundo
gobierno.
Nadie podrá medir exactamente el significado matemático del endose de
Toledo y Vargas Llosa en el resultado final de la votación nacionalista, pero
es cierto que estas definiciones tuvieron una enorme influencia en el ánimo
general para crear una polaridad política en el sentido de hacer lo posible
para que no regresaran al poder los depredadores de los 90. Es decir hubo una
derecha o centroderecha que puede legítimamente reclamar como propio el
resultado del 5 de junio del 2011, pero que no es precisamente la que más ha
logrado influir en las decisiones posteriores.
HUMALA EN EL PODER
Al comenzar el gobierno de Ollanta Humala todo parecía claro: contaba con
la legitimidad electoral y el apoyo de los principales movimientos sociales
organizados; tenía suscrita una alianza formal con la izquierda al comienzo de
la primera vuelta, y un pacto de cogobierno con el toledismo y sus aliados de
centro derecha en la segunda, así como con diversas fracciones políticas
organizadas en muchas regiones cuyos líderes integraban sus listas
parlamentarias. En conjunto todo este universo configuraba una mayoría política
difícil de discutir. Además tenía los votos para dirigir el Congreso. Una
influencia de la que todos hablaban en un sector de los mandos de las Fuerzas
Armadas, especialmente del Ejército, que
por lo menos era más directa y significativa que la de sus predecesores
inmediatos. Medios estatales que podía orientar de acuerdo a sus objetivos y
una cierta prensa que lo había acompañado en la victoria y que estaba en el apogeo
de su influencia.
Ollanta podía mover masas en Lima y sobre todo en el interior del país,
para hacer sentir su fuerza ante cualquier intento de desestabilizar a su
gobierno. El país había votado un tercio
hacia la izquierda, y unos dos meses después sobre el 50% por un gobierno de
centroizquierda, que a diferencia de otras ocasiones sería más de corte
izquierdizante (no tanto de partidos, como de tendencia ideológica-política)
que de centro, pero obligado a sujetarse a ciertos límites que fueron los que
se definieron en la llamada “Hoja de Ruta. Pero nada de esto fue lo que ocurrió.
Entre junio y julio de 2011, en un juego de silencios y evasivas muchísima
gente se sintió ya parte del nuevo gobierno. Mientras Humala había decidido
armar un muñeco propio, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, pero sí
con algo de cada cosa, donde él ponía el sello final a la mistura. Había
convocado a Salomón Lerner para primer ministro, lo que parecía un gesto amable
hacia los empresarios, tanto por la propia condición de tal del convocado, como
por su don de gentes y espíritu apaciguador.
Pero parece que no fue suficiente o los gremios de la empresa decidieron
probar que tan fuertes eran, porque pasaron a reclamar veto sobre el nombre del
presidente del Banco Central de Reserva y del ministro de Economía. En la
medida que se sintió más presionado el presidente electo se aisló aún más de su
entorno y empezó a cavilar soluciones, donde el centro parecía ser evitarse
confrontaciones con los poderes que reconocía como reales. De esta manera
maduró la idea de mantener en funciones de gobierno a funcionarios del régimen
anterior que dieran confianza a la gran empresa de que por lo menos en economía
no habría modificaciones que pudieran erizar a alguien. Eso ya no era una
alianza con la centroderecha como la germinada en las elecciones, sino
directamente un endose al funcionariado tecno-burocrático, con ligazones con
los organismos financieros internacionales, la banca y la gran empresa, cuyo
tiempo de oro y de poder comenzó con Fujimori y se recicló con los gobiernos
post-fujimoristas. Muchos creían que la era de los técnicos apropiados del
Estado, que sirven a los fines de la derecha, llegaba a su fin. Pero el primer
acto efectivo de Humala para definir su nuevo equipo de gobierno fue anunciar
que el presidente del BCR, hombre de confianza del FMI, mantendría el cargo y
la política monetaria no se modificaría.
El dato fue celebrado doblemente no sólo por lo que significaba en sí
mismo, sino porque reinventaba a un Humala, a muchísima distancia del tipo
intransigente que se habían imaginado. Julio Velarde, conspicuo miembro del PPC,
redactor del Plan de Gobierno de Lourdes Flores en el 2006, fue escogido por García
para la presidencia del Banco Central por una mezcla de consideración política
(reconocimiento a la derecha por su apoyo a la victoria) y como garantía de que
no haría lo de veinte años antes de farrearse las reservas. Humala lo ratifica
más como un gesto proempresarial, que político o técnico. Al final deja que las
cosas vayan por donde han venido yendo, con un BCR comprando y vendiendo
dólares en el mercado a su real criterio, para conservar una estabilidad
relativa, pero con sospechas de grupos beneficiados por movidas muchas veces
arbitrarias.
Y, claro que tenían razón, en la CONFIEP y otros gremios empresariales en intuir
que a partir del Velarde ya todo era posible. Y tal parece que Humala ya lo
tenía así decidido, porque muy pronto se confirmaría que el otro puesto cedido
a la gran empresa sería el de ministro de Economía, asignado al último viceministro de Economía del régimen
aprista, el funcionario Miguel castilla, venido de la tecnocracia de los
organismos internacionales directamente a los altos cargos del MEF, donde el
presidente lo preseleccionó, según se dice, después de escucharlo y admitir que
era el primer economista al que le entendía lo que decía. Cualquier duda de que
el mensaje era que la transformación que prometía Ollanta, la hoja de ruta que
se inventó en las elecciones, la inclusión social que apareció como la
palabrita salvadora sobre lo original del nuevo gobierno, cabían con el
crecimiento vía concesiones a la inversión privada que había regido en el Perú
a lo largo de veinte años y que Velarde y Castilla defienden abiertamente porque
está en su ADN económico y político.
Las decisiones de virtual shock político de Humala estuvieron, sin duda, a
punto de frustrar el nonato gabinete Lerner. El exjefe de campaña de Humala
transmitió de inmediato su renuncia al presidente ante el evidente cambio en
política económica que arrastraría impactos en otros sectores. Humala no quiso
ceder y buscó a su asesor Luis Favre para que le ayudara transar con su aún no
juramentado primer ministro. Eso dio base a un compromiso: Lerner iría al
premierato y tendría un paquete de ministros y otros funcionarios (empezó a
administrar la herencia nacionalista-izquierdista de las elecciones que había
quedado bastante mermada), habría unas bancas para el toledismo y otras para
independientes; y a la derecha dentro del gobierno se le impondría
limitaciones: directorio progresista del BCR; futuro equilibrio entre el
proyectado ministerio de la Inclusión Social y el MEF y otras. Las condiciones
referidas a cargos públicos duraron lo que duró el premier, y las de limitación
a la derecha tecno-burocrática quedaron en meras palabras.
En relación al toledismo, Humala siguió el mismo libreto, de
negociar-transar-olvidarse del asunto. A los nombres que le fueron alcanzados
aprobó a los que le parecieron a través de la entrevista, los de menor peso
político. De esa forma si el ala “izquierda” estaba colgada de un Lerner que no
estaba convencido del paso que había dado y que iba perdiendo confianza en su
presidente, tampoco había a su lado un “centro” real con algún tipo de agenda
política y capacidad de negociarla. Al contrario, el general Mora no hizo más
que un deslucido papel de tramitador entre el Ejecutivo y los militares, y
Rudecindo Vega curiosamente decidió jugar a una apertura a los sindicatos, como
si esto interpretara a Humala, que lamentablemente duró poco. Finalmente los
cargos que faltaban se rellenaron de manera desordenada, a punta de presiones
de un lado e inspiraciones. Casos curiosos como el del ministro de Salud,
Tejada, al que le entregaron un sector clave para la llamada “inclusión
social”, pero que no tenía idea de qué hacer con el sector, del que se dice que
hizo migan con Humala por correr juntos en las mañanas en las calles de San
Borja. O el del ministro del Interior, el
que llegaría más tarde a primer ministro, y que estaba vinculado al
presidente por haber sido su instructor en la Escuela Militar.
El gabinete Lerner que algunos recuerdan como de centro-izquierda o como el
de la “incoherencia” por la convivencia de diversos sectores políticos, era en
realidad uno mucho más complejo, de izquierda-centro-derecha-independientes, es
decir una ensalada armada con demasiados ingredientes, sin ninguna orientación
real para poder actuar como equipo. En una parte del gabinete era casi una
adivinanza diaria saber adónde quería Humala llevar el barco y qué se esperaba
de ellos, lo que derivaría en actos fallidos y autorestricciones. Pero en otra
parte el entendimiento era que se les había dejado a cargo de hacer lo que
venía de atrás y no para inventar algo nuevo. Para decirlo de otra manera, la
izquierda tenía un difuso plan de ganar la gracia del presidente, disputar con
la tecnoburocracia y durar en los cargos para no completar su derrota. En tanto
que al otro extremo, se iba armando un núcleo duro preparado para absorber el
mayor poder posible en el menor tiempo posible. La célula Castilla que al
principio tenía al ministro del MEF y al de Vivienda (propuesta del propio
Castilla), se amarró con el titular de Transportes, con el que no había
problemas ideológicos y que ya había sido copado en los viceministerios y
direcciones por personal de gobiernos anteriores, que habían sido actores de
las más notorias privatizaciones en el sector. El ministro Castilla a su vez,
tuvo la perspicacia para detectar que el “pragmatismo” de Valdez iba muy bien
con el continuismo neoliberal y se fueron entendiendo. Todo esto duró hasta
crisis de Conga, cuando se vio que la célula Castilla, ya había creado un petit
cabinet con Humala. El dispositivo que finalmente forzó la salida de Lerner,
dejándolo sin autoridad ante Cajamarca y estaba listo. Y la salida del
contemporizador derechizó totalmente el escenario del poder.
Ciertamente quién había introducido la “incoherencia” en la dirección del
Estado era Humala con su formidable concesión a los empresarios en el BCR y el
MEF. Pero luego, los incoherentes eran los que creían que estaban ahí por representar
todavía alguna alternativa de cambio, más lenta, más tortuosa, pero con la que
Ollanta todavía tenía un compromiso de fondo. Un gobierno que oscilaba entre el
bloque MEF-Interior, y el premier con sus amigos, se desbalanceó completamente
cuando el presidente hizo explícito que se iba con los primeros. El camino de
la crisis política había quedado abierto. Fuese por las razones que fuese, por
ejemplo, simple soberbia, por haber sido desafiado por los cajamarquinos en el
tema de la nueva mina de oro, y luego vapuleado cuando intentó un tardío
retroceso (suspensión del proyecto); o porque realmente había pactado con las
minas al aprobar el llamado “gravamen minero” del que se decía que dependerían las
inversiones sociales; o porque lo “convencieron” que el agua puede coexistir
con el oro, e incluso incrementarse; lo cierto es que en diciembre de 2011,
Ollanta había completado una transición que se inició casi al día siguiente de
la segunda vuelta.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
Pero nadie puede hablar de derechas en el Perú, obviando el enorme poder de
la prensa. Algunos opinan que se trata
de la verdadera derecha y la que está condicionando la política de los últimos
veinte años. El hecho es que en medio de una agonía de las estructuras
partidarias, de un caudillismo acrecentado, de un desprestigio estructural de
la función parlamentaria, de gobernantes que prefieren evadir a aclarar los temas
nacionales, el peso de los medios resulta desproporcionado, sobre todo tomando
en cuenta la altísima concentración de propiedad y por ende de orientación que
caracteriza a la prensa escrita y audiovisual. En realidad estamos hablando,
para Lima, que se entiende de proyección nacional, de cuatro grupos
televisivos; uno solo para la radio; tres grupos propietarios de redes de
diarios (uno de ellos extendido a la televisión) y de algunos diarios
independientes normalmente de menor tiraje. Esta estructura significa que basta
entenderse con cuatro o cinco personas para orientar la prensa nacional
peruana, como quedó inolvidablemente graficado en los videos de Montesinos.
La dictadura comprendió cabalmente que sin control de prensa no tenía
futuro. Por ello los dueños de los medios fueron convocados el día anterior al
golpe del 5 de abril para adelantarles lo que ocurriría y las razones secretas
de la medida. Por lo mismo se creó el sistema de bolsa de publicidad que dura
hasta ahora, que tiene asociado empresas de medición de audiencias y lectorías,
y que subsidia grotescamente a los medios. Y finalmente se les abonó la
sumisión en efectivo cuando los dueños sintieron que les pedían privarse de
ingresos al negarse a publicar propaganda electoral para el año 2000. Pero todo
este sistema generó una prensa sujeta al régimen, aunque en distintos grados,
mucho más notorio en la televisión y más elaborado en los diarios, en donde
hasta cabían opiniones discrepantes. Este esquema, por cierto, se resquebrajó
con la caída del régimen y la velocidad de los acontecimientos. Pero, como
acaba de volver a suceder, a los miedos iniciales y las primeras fugas de
implicados, sobrevinieron negociaciones para no cancelar el sistema y pasar a
un cambio mayor.
Siempre hay palabras para justificar estas conciliaciones, y la de Toledo
fue erigirse en garante de la libertad de prensa, como si recreara al Belaúnde
de los 80, cuando devolvía los medios a sus “legítimos propietarios”, luego de
la dictadura militar de Velasco-Morales Bermúdez, que los expropió; sólo que
esta vez se trataba de ratificar la propiedad en la mayoría de los propietarios
que habían vendido su independencia al poder político, para que el poder
mediático siquiera tal cual. Alguna vez el expresidente Toledo confirmó que esa
decisión la tomó sólo, cuando la mayoría de su Consejo de Ministros opinaba que
había que cancelar las licencias y volverlas a licitar. El hecho es que
quedamos con una inmensa marca en la estructura de medios proveniente del duro
autoritarismo y de la corrupción de los 90, y eso no impidió que ese poder se
hiciera sentir frente a los nuevos gobiernos democráticos. Por irónico que
parezca, como los mecanismos ya estaban armados, siguió funcionando la
conversación con los dueños, que ya dijimos, se cuentan con los dedos de la
mano; la bolsa de publicidad repartida con aparente objetividad y que beneficia
siempre a los mismos; y la combinación exacta de presión con colaboración con
el gobierno.
Lo que ha cambiado, sin embargo, de un período a otro es, sin embargo, la
relación entre poder político y medios. Si bajo Fujimori-Montesinos la prensa
aparece recibiendo instrucciones y hasta lecciones (había una escuelita para
educar a los dueños de la televisión en lo que se quería de ellos, en el SIN),
al año siguiente y una vez despejado el asunto de quienes quedaban en la
cancha, los medios pasaron a ser los que impulsaban, instruían y hasta
“educaban” a los gobernantes. De esta manera el eje poder-prensa siguió siendo
fundamental aunque las formas y los equilibrios se vieran modificados. La
historia de las elecciones y el factor mediático es muy elocuente al respecto.
En 2006, se produjo un fenómeno todavía no conocido en el país: luego de un
alineamiento casi unánime con la candidata que los empresarios habían designado
como su carta y que en una de sus intervenciones iniciales se comprometió a no
mover la Constitución de 1993 en medio de las aclamaciones del dinero, en lo
que parecía una disputa fácil frente al candidato del APRA con 70% de peruanos
declarando que jamás votarían por él, los medios empezaron a alarmarse por la
aparición en las encuestas de un nuevo adversario que venía por la izquierda
captando todos los descontentos. Curiosamente ante este empuje se debilitaba su
candidata que dejaba de crecer y fracasaba en su intento por poner en marcha
una “derecha social”, lo que dio lugar a un primer viraje de campaña centrado
en detener a como diera lugar a Humala. Esta fue una batalla de medios que
podría haber sido épica si no fuera por la inmensa desproporción entre el
ataque de casi todos (en segunda vuelta fue de todos) contra un solo candidato
sin capacidad de responderles. El principal objeto del ataque era sembrar miedo
y aversión hacia el candidato, lo que beneficiaba claramente a García que
dejaba de ser la bestia negra y se convertía en candidato del sistema.
Es verdad que lograron mellar la marcha ascendente del nacionalista y
posiblemente influyeron en la decisión final que se produjo por estrecho
margen. Pero lo fundamental fue cómo se dio el segundo viraje de la misma
campaña, que es cuando se registra un empate técnico entre las candidaturas de
Flores y García, en el segundo lugar de la primera vuelta, no pudiendo
establecerse quién pasaba a competir con Humala. Ahí ocurrió un milagro pocas
veces visto que consistió en que más del 90% de la prensa amaneció lourdista en
la mañana de la votación y se acostó alanista esa misma noche, cuando entendió
que a pesar que no se había definido la cosa, el único candidato con el que
podían lidiar contra “el peligro Humala” era el experimentado e inescrupuloso
Alan García. Así que ejercieron toda su capacidad de presión para forzar a
Lourdes a aceptar su derrota, de igual manera que lo harían para que se lance a
las municipales del 2010 (donde fracasó) y de facto renunciase a sus
aspiraciones para el 2011. Si se ve bien, esos fueron episodios puramente
mediáticos, en el que la intervención de los partidos y otros actores políticos
vino detrás de la campaña que llenaba los titulares de los diarios y las
discusiones de la televisión y la radio.
En el 2006, la gran prensa nacional concluyó que su poder era casi
ilimitado al lograr hacerse parte de la victoria de Alan García sobre Ollanta
Humala en la segunda vuelta. Un manto de olvido recayó sobre lo que pasó en
primera vuelta, el cambalache de Lourdes por Alan, y los duros reparos que los
medios y analistas tenían hacia la anterior gestión del aprista, cuando se
llegó a los más altos índices de inflación y a la más larga recesión de nuestra
historia. Cierto que dentro del triunfo, se incluían divergencias que luego
reaparecerían en las siguientes elecciones: de un lado los que hasta hoy creen
que la lección es que una guerra mediática implacable, bloquea una
candidatura-riesgo, y que la volvieron a aplicar con Susana Villarán para las
elecciones municipales del 2010, y con Humala en el 2011, con resultados que
inicialmente les parecieron mortales a sus promotores; y los que pensaban que
un exceso de contrapropaganda es contraproducente, porque victimiza al que la
recibe y desata sentimientos a su favor que le ayudan a ganar puntos.
Sea como sea, el hecho es que los medios no decidieron los ganadores, pero
si construyeron el clima político de cada elección y contribuyeron enormemente
a la polarización extrema entre las opciones más allá de sus características
reales. Un dato importante es que si en 2006, especialmente en segunda vuelta,
no había un medio que se escapara del libreto, para 2010-2011, se redujo la
unanimidad por la existencia de La Primera, diario cercano a Humala que
acrecentó su influencia política luego de ser considerado “prensa chica”, y por
la posición antifujimorista de La República y Diario 16, que de alguna manera
sacaron la cara por el candidato que les servía para enfrentar a la hija del
dictador. Obviamente esta perforación de la hegemonía al 1005 no variaba la
dura correlación mediática que imponía el resto de los medios. Lo que sin duda
estuvo en el cálculo inicial de Humala que decidió una estrategia distinta a la
de 2006: no enfrentarse con los medios.
Esta fue una decisión fundamental de la asesoría brasileña que recibió el
futuro presidente. La manera de reducir la imagen de dureza y confrontación que
rodeaba a Humala según todos los estudios de opinión pública, era convirtiéndolo
en un silencioso receptor de los ataques que sin duda caerían sobre su persona.
Directiva que Ollanta Humala cumplió al pie de la letra. El primer efecto del
giro fue que la derecha sintió que podía acorralarlo sin resistencia. Las
primeras encuestas lo dieron tan abajo que merecía ser ignorado para que no
suba, obviando su ubicación en la anterior elección. De esta manera Ollanta
desafió la ley de la política que dice que de un candidato se debe hablar bien
o mal, no importa, pero si no se habla, no existe. Esta desaparición fue real
hasta un mes antes de las elecciones, con menciones marginales y tratamiento de
candidato menor. Pero a su vez demoró la andanada que se sabía se vendría en
algún momento y que por cierto iba a perder efectividad mientras más cerca
estuviera el día de la votación.
Lo cierto es que cuando se inició la atropellada humalista a los primeros
días de marzo, la maquinaria respondió casi de inmediato después de una breve
sorpresa y lo hizo en su mejor estilo destructivo, de intento de muerte rápida,
recuperando al paso temas de la campaña anterior e intentando introducir
nuevos, pero fue tarde para evitar que la primera vuelta otorgara una victoria
inicial al candidato que ya creían descartado. Lo que se armó para segunda
vuelta si que fue bueno, incluido el programa especial que le dedicó
semanalmente Jaime Bayly (el escritor y animador televisivo venía de ayudar a
ganar a Susana Villarán, contra la prensa de derecha que ahora lo contrataba
para liquidar a Humala), pero el candidato sobrevivió y pudo llegar a la meta.
Pero la estrategia de no pelearse con los medios no acabó allí, sino que se
convirtió en una de las claves de la nueva presidencia.
A un año del gobierno de Humala, tal vez uno de los paisajes más
sorprendentes, en donde si se percibe una gran transformación, sea en el trato
entre los grupos principales de la prensa de derecha y el ahora presidente
atacado inmisericordemente durante años y apaleado en dos campañas. No es que
sea de abierta simpatía por el gobierno, al que lo han modulado a partir de
fuertísimas presiones para que sea lo que ellos quieren, debilitando varios
ministros y jefes de organismos públicos.
Pero al mismo tiempo poniendo por encima del debate al presidente y su
esposa, que a su vez han retribuido sin contestarles una ofensa, administrando
sus presentaciones y reuniéndose con los propietarios como si fuera lo más
normal del mundo. La prensa, como la tecnoburocracia ha tomado el asunto como
que ellos son parte de lo permanente en el sistema de poder y que no sólo
tienen derecho, sino el deber de batirse porque siga sus mandatos y no el de
los electores. En eso funcionan como los empresarios del mundo de la producción
y del comercio que cree que lo que es bueno para ellos, lo es para el resto del
país. A estas alturas del gobierno
Humala hay un modo de funcionamiento entre la prensa de derecha con el
presidente y el poder ejecutivo, así como lo hay con el funcionariado que pasa
por técnico y los empresarios.
Quizás lo menos acomodado sea la relación con los partidos, pero eso es lo
más normal porque en el fondo aún con el giro derechista de Humala, siguen
siendo opciones competitivas.
TECNOBUROCRACIA Y EMPRESARIOS
Como dice la canción, Castilla fue viendo que podía tener un ministerio (MEF)
y el gobierno resistía, así que decidió pedir uno más (Vivienda). Pasó el
tiempo y sumó Transportes. Derrotó a Burneo en la preferencia presidencial y se
apoderó del novísimo ministerio de la Inclusión que iba a contrapesarlo. Y en
la crisis de diciembre consiguió aumentar otros dos más (Energía y Minas y
Trabajo). En la crisis de abril (caso incursión senderista en la zona de
Camisea) nombró nueva ministra de la Producción que muchos la ligan al grupo de
Economía. Ya serían así siete ministros con lógica castillista, ni que decir
del alto número de viceministros con las mismas características. Casi todos
estos tienen en común una trayectoria larga en puestos del Estado (la excepción
puede ser la ministra de Inclusión Social, a la que más bien la han copado en
las responsabilidades del ministerio con personal del MEF y ella ha consentido
que así sea).
El clan Castilla ha crecido como una
metástasis durante el gobierno de Humala. Nunca el MEF ha llegado a un poder
así. En el pasado podía repartir o restringir dinero, autorizaciones,
licencias, impuestos, concesiones, nombramientos, captaciones de personal de
otras instituciones, para mostrarse mucho más fuerte que otros sectores, aún
que los primeros ministros. Pero este poder descomedido se ha multiplicado con
el control directo de los ministerios de producción y algunos de los más
importantes del sector social. Es como si con Ollanta surgiera un Estado dentro
del Estado. ¿Y cuál es la nota ideológica de este proceso? Es evidente que la
tecnoburocracia lucirá como una identidad de la que está orgullosa, su no
pertenencia a ningún partido político, y su participación en varios gobiernos,
muchas veces en todos los gobiernos desde Fujimori.
Ellos son “técnicos puros”, que saben el “¿cómo se hace?”, para las
decisiones del Estado. Son abogados, economistas, administradores, ingenieros,
comunicadores, etc. Han asimilado eso de que el Estado tiene límites y que el
crecimiento depende de crearle las mejores condiciones a la inversión privada,
mientras más grande mejor. Con esta
filosofía, se acompañan otros conceptos como
el saberse mucho más pagados que el resto de la administración estatal
porque lo merecen; ocupar cargos, directorios y comisiones especiales a la vez
que engruesan sus ingresos; encubrirse en irregularidades y actos de
corrupción; favorecer a grandes empresas de acuerdo a sus exigencias; etc.
Ollanta Humala ha permitido la autonomía extrema de este elemento y su
articulación dentro del gobierno.
Es una derecha no declarada, que responde sin fisuras al credo neoliberal.
Lo impresionante es la incapacidad del presidente para ponerle reglas y alguna
limitación. El resultado es que el gobierno está efectivamente invadido por
esta especie que se considera además calificada para dirigir el Estado y
llamada a hacerlo, más allá de los votos y las formalidades democráticas. De la determinación original de quedarse, han
evolucionado al proyecto de copar lo más ampliamente posible los resortes del
poder político. Lo más interesante es que muy pocos ven el peligro que esto
representa y se pierdan en los títulos académicos y los currículos
aparentemente nutridos de muchos de ellos. Son profesionales serios, se escucha
decir, pero depende de qué clase de seriedad estamos hablando.
Para cerrar este análisis insistamos que el Perú del 2012 ya no es el de
1992, cuando el golpe militar, las privatizaciones y la represión del
terrorismo. En esa etapa el peso de los centros financieros internacionales era
central, al extremo que alguna vez Fujimori se proclamó fondomonetarista y
preguntó desafiante: ¿y qué? Ahora ese papel directriz lo cumplen directamente
los gremios empresariales peruanos mucho más fuertes que hace veinte años, y
mucho menos representantes de “intereses nacionales” por oposición a extranjeros.
Ahora son gremios de la sociedad del gran capital nacional-extranjero y
directos actores de la lucha por el poder. Eso se ve a cada paso. Los
empresarios están atentos al gobierno de turno y a las perspectivas de
alternancia y pagan para tener capacidad de influir en los procesos. Esa es una
realidad latente a la que conviene no cerrar los ojos. Han fallado demasiadas
veces para decirnos quién debe ser el gobierno, pero han tenido éxito en trocar
su derrota en un copamiento de quién sea que represente el nuevo poder.
El caso Humala, a pesar de repetir un diseño conocido, tiene un elemento
nuevo, y ese es la polarización previa de ricos contra pobres, capital
centralista versus provincias descentralistas, ciudad frente a campo, extractivismo en conflicto con economías
tradicionales, etc. Todo este conglomerado que se armó tras Humala no es la
usual suma de votantes dispersos que hacen ganadores de elecciones. El bloque
humalista que se ha quedado sin líder, está activo como lo muestran los
conflictos sociales del último año y lo que se capta entre la gente con mayor
nivel de organización y conciencia. Esa es todavía una minoría, pero la
corriente que se va desencantando va en ascenso. Lo que en última instancia se
puede decir es que Humala no pudo desporalizar el país después de la elección.
El resultado es que el enfrentamiento que el encabezó durante años y llenó de
esperanza electoral, está camino a reconstruirse, con la diferencia que el
antiguo líder ha cambiado de lugar.
Ollanta Humala ha perdido su identidad social, pero es difícil decir si ya
tiene una nueva y si sus socios de hoy le tienen la suficiente confianza que
han tenido con otros presidentes.
Perú Hoy
Julio 2012
Gran Transformación y Conga
Ollanta Humala
acaba de transformar la Gran Transformación en una lista de programas sociales
focalizados en la ayuda a los pobres, es decir “los que no pueden pagar” por
ciertos servicios y que el Estado está tratando de financiar, en un estilo que
es más novedoso en las denominaciones, que en el contenido y en el alcance de
los mismos. Esta es “la Gran Transformación”, dijo, como si estuviera afirmando
una clave de identidad frente a la reiterada “interpretación” de sus antiguos
enemigos y hoy aliados mediáticos en el sentido de que lo que rige ahora es la
llamada “hoja de ruta” y mala suerte los que no se dieron cuenta, pero de la
“transformación” que se trata ahora ya no es la de los planes de gobierno de
2006 y 2011, sino de algo así como algo estamos transformando.
No olvidar que la
transformación a la que apelaba el nacionalismo electoral tenía como ejes el
cambio constitucional para quitarle amarras al Estado y al país, el cambio del
modelo económico para hacerlo menos dependiente del exterior y ampliar su
preocupación social (trabajadores, pequeños productores nacionales, comunidades
rurales y extremo pobres) y enfrentar la corrupción que permanece impune
construyendo un gobierno honesto. Era un cambio de rumbo. Ahora Humala dice que
su transformación es Cuna-más, Beca 18, Pensión 65 y aumento del salario
mínimo. No es que estén de más estos beneficios, pero por eso no era que se
movilizaron millones de personas desde hace por lo menos siete años y se
polarizó al país en dos bloques entre los que reclamaban la urgencia del cambio
y los que se resistían o tenían miedo a cambiar. Hoy, mucha de la gente del
cambio se siente traicionada por el curso tomado por el gobierno, y mucho del
no cambio buscan las justificaciones para que Ollanta esté ahora cerca de
ellos, aunque diga que está haciendo una “gran transformación”. Para los que
esperaban una autocrítica o explicación del viraje de estos meses, decidido por
su cuenta por l pareja Humala-Heredia, el discurso debe ser una frustración
adicional.
El segundo asunto
del discurso que tiene una relevancia política, más allá del dato de beneficiarios, es el que estuvo
deliberadamente ausente, que es el del futuro del proyecto Conga. Impresiona
que los analistas más agudos y algunos otros hayan enfatizado en que “algo
tenía que decir”. Más chabacana Luz Salgado simplificó: total Conga va o no va,
que significa que el presidente debió usar la tribuna de 8 de julio para atizar
la polémica. Pero es evidente que este silencio es casi el programa del
gabinete Jiménez Mayor, que consiste en dilatar la actual “escucha” de los
sacerdotes-facilitadores como mecanismo de distensión mientras se madura alguna
salida al enredo con el compromiso de todas las partes. Todo indica que para
Humala, el lío de Conga no tiene solución a la vista y una fórmula como la del
referéndum cajamarquino son demasiado riesgosas porque el gobierno ha
comprometido su posición con la de la empresa. Entonces lo que quiere decir que
la intención es quitarle prioridad a Conga, mantener la suspensión sin
declararla, producir cambios en la legislación minera-ambiental en los
siguientes meses y esperar los resultados electorales del 2014, para ver cuál
es la correlación de fuerzas.
O sea la cosa no
es que no volvió sobre va o no va, sino lo que quiso decir con su silencio. Y
en Cajamarca creo que muchos van a entenderlo y decidir lo que harán a partir
de ello.
30.07.12
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La salida de Ochoa
Sería una pésima noticia sobre
el futuro del nuevo gabinete, confirmar que la salida de Aurelio Ochoa de la
presidencia de Perupetro haya sido a presión del Consorcio Camisea por intentar
cobrarles las regalías dejadas de pagar mediante el truco de declarar un
destino en los puertos peruanos de salida y cambiar la ruta en alta mar.
Significaría que al nuevo trípode Ollanta-Nadine-Jiménez, lo están bautizando de
mala manera al obligarlo a prescindir de uno de los pocos funcionarios nombrados
por el actual gobierno en posiciones de importancia y en el que había
esperanzas de una cierta resistencia nacionalista a las presiones de las
grandes empresas.
Pero yendo por partes y pedazos
hay algunos elementos a tomar en cuenta: el primero de ellos es que el
reemplazo de Ochoa, sea la economista Isabel Tafur Marín, que ocupaba la
gerencia general antes del cambio, y precisamente desde ese cargo fue la
firmante de las cartas de Perupetro del mes de mayo, en la primera de las
cuales se conmina a pagar las regalías adeudadas y se dicta el primer plazo de 60 días, haciendo
recordar que el tramposo procedimiento para eludir las regalías genera causal
de terminación de contrato. Se dice que en esta carta y en la siguiente en la
que se retrocede y se acepta pasar a un Comité de Conciliación (que
finalmente no ha conseguido instalarse)
estaba la inspiración de Ochoa, sumado al juego de presiones desde el Consorcio
y el propio gobierno, pero la firmante era Tafur Marín. Es difícil creer
entonces que se esté volteando la orientación del ente estatal, aunque es obvio
que se le ha quitado peso a la presidencia.
El segundo punto es que se han
presentado declaraciones de hace unos días del presidente saliente de Perupetro
en relación al cobro de regalías y cancelación del contratos como un detonante
de la crisis que conduce a su salida. Esto también merece una puntualización ya
que no es posible olvidar que la denuncia de los barcos que cambian de puerto
de descarga, engulléndose la mejor parte de las regalía, la acción de control
de Perupetro y los avances y retrocesos en el procedimiento de cobranza, se
hizo pública, en este diario, hace más de un mes, y que el ente estatal nos
contestó con un aviso pagado que confirmaba nuestra denuncia pero no explicaba
porque un incumplimiento mondo y lirondo
se convirtió en una controversia.
Como fuimos los únicos en sacar
el tema a luz y nadie nos siguió, ahora parece que nunca existió la denuncia,
cuando lo que hubo es escasa agudeza para captar la gravedad del caso y de cómo
llegó a rozar la gran cuestión de la recuperación de las reservas del lote 88,
con las que el Consorcio explotador-exportador quiso poner contra la pared a
Perupetro. En estos días se ha escuchado de un Ochoa que amenaza y después lo
sustituyen. Pero si se le puede llamar “amenaza” (dizque “velasquista”, como
dice Du Bois) a cobrar lo que se debe, esta estuvo en negro sobre blanco al
comienzo de mayo. Así también podría decirse que fue Ochoa el que se enteró que
querían sacarlo para lograr algún objetivo con la institución que aún no se
sabe, y el que retomó un tema que sin ser nuevo, la mayoría de medios lo
tomaría como tal.
28.07.12
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Los cambios
La naturaleza errática y la entrega de la economía a
la administración de la tecnoburocracia neoliberal, siguen siendo los rasgos
básicos para comprender el curso del gobierno de Ollanta Humala cuando comienza
la gestión de su tercer gabinete. Pero esto no quiere decir que la salida de
Valdés y el enroque que se ha producido entre ministros y viceministros con
algunos nuevos rostros, carezca de significados. Para empezar el expremier de
la nariz superlativa se ha ido por la puerta falsa cargando el peso de una
etapa fallida en la que se quiso imponer el concepto del orden total, antes que
cualquier diálogo, cuya consecuencia fue un alto número de muerto9s y heridos y
una escalada de enfrentamientos con Cajamarca que parecía no tener salida.
La salida de Valdés es una derrota temporal (subrayo
esto) del ala dura del régimen que aprecia que detrás de los conflictos están
los enemigos que quieren tumbar a Humala. También es una pérdida para el
fujimorismo que tenía un referente en la cabeza del gabinete que literalmente
estaba vendiendo las recetas represivas de los 90 como las maravillas para los
males del gobierno de Ollanta. Así que aunque los amigos cajamarquinos no sean
muy dados a reconocer los logros parciales
de las luchas: suspensión de Conga, concesiones del gobierno y otras, nadie
podrá negar que fue la lucha lo que acabó con el premier de los estados de
emergencia.
Ahora tenemos
el “gabinete del diálogo”, que no es mucho, pero revela una intención de
hacer el movimiento inverso que se
propuso en diciembre. Además desde la entrada de los facilitadores
eclesiásticos, los tiempos de Conga han empezado a cambiar y Jiménez Mayor no
parece muiy preocupado de si el “diálogo” se prolonga más de un año. La entrada
de Pedraza al Interior es además una señal de otro trato en el caso de
conflictos y el cambio del adaptativo Caballero y la desaparición de la Oficina
de Gestión de Conflictos (que era una mata de intereses empresariales), van el
mismo sentido. Entonces algo de cambio se va a a percibir, siempre y cuando el
gobierno se ponga en la camisa de los que protestan, como lo que pasa en la
huelga de los maestros antes de verlos por el lado de la filiación ideológica
de sus dirigentes.
El segundo cambio que se viene parece estar
relacionado con el tema de Chile y el fallo de La Haya. El ministro Cateriano
es un hombre que funciona muy ligado a Vargas Llosa y si Humala ha optado por
seguir los consejos del escritor en este delicado punto, es porque mañana
podría optar por otro. Una voluptibilidad esencial parece estar dominando las
decisiones Ollanta, lo que hace pensar que apuesta cada vez a lo que cree que
va a funcionar, para luego retroceder después de un tiempo ante la evidencia de
lo que no funciona.
En economía nadie esperará alguna variación de
orientación aunque llama la atención que el tema de las regalías por la
exportación del gas de Camisea se haya hecho por fin público (nosotros lo
denunciamos hace un mes) y el jefe de Perupetro haya sacado la cara para decir
que lo que está en juego es la cancelación del contrato del lote 56. Me
pregunto si es un amague o se trata de que el gobierno está decidiéndose a
hacerse respetar.
27.07.12
Caballazo judicial
Lo que ha hecho Villa Stein con su
sentencia corresponde al mecanismo de imposición de hecho consumado, para el
que no hay retroceso, a pesar de su ilegalidad e inmoralidad flagrante, que
Fujimori y Montesino s desarrollaron para rescatar a su principal grupo de
operaciones encubiertas, cuando ya se había hecho visible para todo el mundo. El
punto crítico fue la matanza de 9 estudiantes y un profesor de la “La Cantuta”.
Como había ocurrido con otros hechos como Barrios Altos, las noticias del
horror desaparecían rápidamente del primer plano. O sea que se podía matar y
seguir adelante.
Pero entre 1992 y 1993 ocurrieron
hechos que el gobierno no había calculado: los familiares no se dieron por
vencidos reclamando por los desaparecidos, se descubrió la primera tumba de los
restos de los universitarios en Cieneguilla y que el general Robles dio los
nombres del destacamento responsable de la masacre. El gobierno quiso contar
historias:l autosecuestro y asimilación a Sendero Luminoso de los muertos, y
cuando aparecieron los primeros huesos y la llave del casillero de uno de los
muertos anunciando de quién se trataba, lo que intentaron fue culpar a los
recicladores que llevaron al lugar del entierro, como si se tratara de terrorristas.
Hermoza a su vez respondió a las
investigaciones y a Robles con desfile de tanques, sugiriendo la posibilidad de
un segundo cierre del Congreso y forzando al general denunciante a refugiarse en
el exterior. Esa fue la reacción bruta. Luego vino la más fina. A finales de
1993, Fujimori encarceló al grupo Colina
siguiendo exactamente la lista de Robles. Inmediatamente la Justicia Militar
reclamó el caso y se enfrentó al juez que iniciaba las investigaciones. Sr
planteó una contienda de competencia que debía ser resuelta por la Corte
Suprema, que se entrampó por falta de
mayoría (iba 3 a 2, y necesitaba 4 votos para resolverse), pero todos decían
que el juez que dirimiría llevaría el caso a 3-3, y obligaría a otro
dirimente.
Entonces, un inolvidable 8 de
febrero de 1994, en una sesión más allá de la media noche, el legislador Siura
(que luego sería rehén del MRTA) propuso una ley de urgencia, sin debate,
estudio de comisiones y fundamentación mínima, cambiando el mecanismo de
votación de la Suprema para que la mayoría de tres votos fuera suficiente. El
Grupo Colina pasó al fuero militar y en una farsa de juicio en el que los
acusados no hablaron ni hubo testigos, se les condenó a penas aparentemente
severas a cumplir en un cuartel militar, que fue equipado como u centro de
reposo.
A mediados de 1995, apenas producida
la primera reelección, el gobierno dio otro golpe, aunque tuviera que pagar el
costo de un cierto desgaste: dictó una ley de amnistía para todos los actores
de la guerra sucia, entre ellos por supuesto del grupo Colina. El hecho es que
en tres tiempos Fujimori arregló la
situación de sus asesinos y no temió dejarse ver cerca de ellos. Ahora Villa Stein ha
completado la faena. Como en el medio, la CIDH dejó sin efecto la amnistía por la
naturaleza de “lesa humanidad” de los delitos y exigió nuevos juicios, hemos
llegado hasta el momento culminante en que un expresidente de la Suprema se
juega para alterar la interpretación de la historia y sus responsabilidades. Y
el método es el mismo. Después de conocer el fallo todos inmovilizados buscando
como revertir el brulote. Pero como decía Fujimori: por algo me dicen el rey de
la yuca.
26.07.12
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El gabinete Jiménez
Cayó Valdés. El ministro Conga se fue sin
resolver Conga. ¿Cuántos muertos podíamos habernos ahorrado si esto hubiera
ocurrido antes, por ejemplo después del inolvidable patinazo de Kepashiato?
Pero hasta ahí nomás podemos celebrar el resultado, porque el gabinete que
reemplazará al que se va, esta hecho de una materia que ya es una marca del
gobierno Humala: (a) algún ministro, el del protagonismo de la víspera, se
convierte en el nuevo premier, cuando la gente lo que estaba esperando son
verdaderos cambio; (b) se mantiene la mayor parte de ministros, especialmente
el núcleo tecnoburocrático subordinado a Castilla, que además sigue ganando
espacios; (c) algunos ministros parten y son reemplazados por viceministros que
se suponían eran el staff técnico del titular; (d) entran algunos elementos
nuevos que parecen un salpicón sobre un viejo cuadro, y que generalmente tienen
escasa significación política.
Veamos algo del detalle. Lo que distingue
al nuevo primer ministro Juan Jiménez Mayor, es su reciente papel en colocar en
crisis el proceso por las ejecuciones extrajudiciales durante la operación
Chavín de Huántar, a través de una avalancha de peritos internacionales pagados
por el Estado, con el objeto de limpiarlo como era reclamado por las Fuerzas
Armadas, y seguidamente su oposición abierta a la sentencia de Villa Stein a
favor del grupo Colina, que equivale a poner un límite para no terminar
arrastrados por el juego fujimorista. Este papel que resume el perfil que busca
el gobierno: conceder en derechos humanos, pero no dejar que se le vayan al
cuello, lo encarna Jiménez e indica que este tema va a ser en lo que sigue.
Esto es tanto más evidente si se considera
que en Justicia, el nuevo premier está dejando a su viceministra y en Defensa
está colocando a su “agente especial”
ante la Corte Interamericana en el caso Chavín de Huántar, Pedro Cateriano, que
hace unos días suscribió el tema de los peritos y se convirtió en hombre de
confianza del gobierno. Con estos dos nombramiento se confirma el estilo
gubernamental de constituir núcleos de poder en el gabinete en el que cada
ministro calve tiene sus ministros satélites. Pasó con Valdés hasta que cayeron
sus fichas del Interior y Defensa, y se repite con los ministerios agregados de
Jiménez.
Pero si vamos a hablar de eso, el que no
tiene pierde es Castilla que agrega uno o más ministros en su dominio cada vez
que hay un cambio general. Ya habíamos sumado seis carteras subordinadas al
MEF: Energía y Minas, Vivienda, Transportes, Producción, Inclusión Social y
Trabajo. Ahora suma un sétimo socio con el ingreso de Milton Von Hesse, jefe de Proinversión, ni más ni menos que el
Agricultura. Tómese nota que ninguno de
los hombres y mujeres de Castilla ha variado a lo largo del gobierno, lo que
indica que para algunos debe ser un buen negocio asociarse con él. Agricultura
en manos de Proinversión y bajo influencia del MEF es una pésima noticia, tal
una de las peores de la noche.
Otros nombramientos van a dejar la
interrogante de lo nuevo: no se sabe qué podrá hacer un otrora respetable
exjefe del Inpe en la función de Defensa en medio de la crisis de seguridad
existente. A su vez, falta información en relación a la nueva ministra de
Salud, pero es difícil imaginar que alguien pueda hacerlo pero que lo hizo
Tejas que ahora podrá volver a ser árbitro. De veras no hay mucho más que decir
del cambio producido.
24.07.12
martes, julio 24, 2012
La concesión de los puertos
Leí, no sin sorpresa, que la conclusión del grupo de trabajo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, sobre el proceso de concesión de los terminales portuarios de Paita y el Callao, establece que: “existen indicios razonables que el exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez, el exministro de Defensa Jaime Thorne León y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Frank Boyle Alvarado habrían incurrido en infracción constitucional”
Y sigue afirmando que en el caso específico del proceso de concesión del Puerto Paita: “funcionarios del Poder Ejecutivo, Proinversión y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) habrían actuado favoreciendo a la empresa terminales Portuarios Euroandinos (TPE)” Y se mencionan las variaciones en las bases que alteraron y desnaturalizaron el concurso, incluyendo prórrogas para que el consorcio peruano-portugués que finalmente ganó la licitación pudiera cumplir con los requisitos señalados.
Estos hechos se repiten para la concesión del muelle norte del Callao a APM Terminals, con el agravante de que la oferta inicial de los holandeses por un monto de inversión de $ 1, 939 millones de transformó en el contrato final en una cifra de $ 749 millones de inversión para 30 años de concesión. El grupo de Trabajo que emite el informe lo integran Rogelio Canches, Roberto Angulo, Enrique Wong y Carlos Tubino, ninguno de los cuales pasaría a estas alturas por radical, antiaprista o antimilitarista.
En otras palabras, deben ser muy groseras las faltas producidas en el proceso de las concesiones portuarias para que aún fuera de la Megacomisión de Sergio Tejada, se haya llegado a establecer que hubo afán de imponer ganadores de las concesiones y de forzar las normas y las bases para que resultaran en el control de los puertos y en las condiciones más favorables para ellos. Hace unos años, esta denuncia era desde el punto de vista político, sostenida exclusivamente por la bancada nacionalista y el entonces candidato Ollanta Humala. Y, claro, el gobierno de García condenaba estas críticas por extremistas y estatistas como se vuelve a hacer en estos días.
Pero fíjense en la segunda contradicción: los denunciados de este caso son las principales autoridades del ministerio de Transportes, APN y Proinversión. ¿Y ustedes creen que este gobierno entró a limpiar estas entidades donde se arman las concesiones más sabrosas? Nada que ver hay un enjambre de técnicos concesionistas en el ministerio de Breña y en la entidad que busca vender el país, que siguen en sus puestos y en sus prácticas tradicionales. El caso de Proinversión es aún más rochoso, ya que de esta supuesta “isla de excelencia” ya han salido tres ministros de Humala y quién sabe cuantos viceministros, como si este fuera el cerebro (privatista) del Estado.
Finalmente está el señor Boyle, el mismo que me tiene enjuiciado por haber recogido elementos de denuncias sobre la actuación de la APN en la concesión de Paita, favoreciendo al consorcio ganador, donde existen intereses chilenos, y que por eso mismo ha sido ratificado en el cargo por tres gobiernos. Este almirante enojón dice que yo lo quiero difamar porque no sé qué odio que le tengo. ¿Qué dirá ahora del informe de la Comisión de Transportes?
Y sigue afirmando que en el caso específico del proceso de concesión del Puerto Paita: “funcionarios del Poder Ejecutivo, Proinversión y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) habrían actuado favoreciendo a la empresa terminales Portuarios Euroandinos (TPE)” Y se mencionan las variaciones en las bases que alteraron y desnaturalizaron el concurso, incluyendo prórrogas para que el consorcio peruano-portugués que finalmente ganó la licitación pudiera cumplir con los requisitos señalados.
Estos hechos se repiten para la concesión del muelle norte del Callao a APM Terminals, con el agravante de que la oferta inicial de los holandeses por un monto de inversión de $ 1, 939 millones de transformó en el contrato final en una cifra de $ 749 millones de inversión para 30 años de concesión. El grupo de Trabajo que emite el informe lo integran Rogelio Canches, Roberto Angulo, Enrique Wong y Carlos Tubino, ninguno de los cuales pasaría a estas alturas por radical, antiaprista o antimilitarista.
En otras palabras, deben ser muy groseras las faltas producidas en el proceso de las concesiones portuarias para que aún fuera de la Megacomisión de Sergio Tejada, se haya llegado a establecer que hubo afán de imponer ganadores de las concesiones y de forzar las normas y las bases para que resultaran en el control de los puertos y en las condiciones más favorables para ellos. Hace unos años, esta denuncia era desde el punto de vista político, sostenida exclusivamente por la bancada nacionalista y el entonces candidato Ollanta Humala. Y, claro, el gobierno de García condenaba estas críticas por extremistas y estatistas como se vuelve a hacer en estos días.
Pero fíjense en la segunda contradicción: los denunciados de este caso son las principales autoridades del ministerio de Transportes, APN y Proinversión. ¿Y ustedes creen que este gobierno entró a limpiar estas entidades donde se arman las concesiones más sabrosas? Nada que ver hay un enjambre de técnicos concesionistas en el ministerio de Breña y en la entidad que busca vender el país, que siguen en sus puestos y en sus prácticas tradicionales. El caso de Proinversión es aún más rochoso, ya que de esta supuesta “isla de excelencia” ya han salido tres ministros de Humala y quién sabe cuantos viceministros, como si este fuera el cerebro (privatista) del Estado.
Finalmente está el señor Boyle, el mismo que me tiene enjuiciado por haber recogido elementos de denuncias sobre la actuación de la APN en la concesión de Paita, favoreciendo al consorcio ganador, donde existen intereses chilenos, y que por eso mismo ha sido ratificado en el cargo por tres gobiernos. Este almirante enojón dice que yo lo quiero difamar porque no sé qué odio que le tengo. ¿Qué dirá ahora del informe de la Comisión de Transportes?
domingo, julio 22, 2012
Chilenos realizarán obras de ingeniería de Conga
Hemos tenido acceso a la copia certificada del Acta de la Sesión de Comité Ejecutivo de Yanacocha, celebrada el 26 de agosto de 2011. Este documento que recién fue inscrito el 30 de mayo del 2012, ratifica diversos actos de los funcionarios de la empresa, entre los cuales, en el acápite 1.2., se señala lo siguiente:
“El presidente continuó informando que como era de conocimiento de los señores miembros del Comité Ejecutivo, se había acordado proceder con la ejecución del proyecto Conga por lo que con fecha 10 de agosto del 2011 los señores Carlos Santa Cruz Bendezú y Apolinar Guzmán Jr., suscribieron en nombre y representación de la Sociedad, las siguiente órdenes de ejecución (Full Notice to Proceed)
a) Carta MYCFL-442/11GEN1076 de fecha 19 de agosto de 2011, dirigida a la empresa Fluor Chile Ingeniería y Construcción S.A. (FCIC), a efectos que procedan con la ejecución del proyecto en los términos establecidos por el Contrato Nº GEN0176 suscrito entre la Sociedad y FCIC) y hasta por la suma de US$ 555,075,900 (quinientos cincuenta y cinco millones sesenta y cinco mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América).
b) Carta MYCFL-441/11GEN1075 de fecha 19 de agosto de 2011, dirigida a la empresa Servicios Minería INC. Sucursal del Perú (SMISDP) a efectos que procedan con la ejecución del proyecto en los términos establecidos por el Contrato Nº GEN01075, suscrito entre la Sociedad y SMISDP y hasta por la suma de US 2,168,149,100 (dos mil ciento sesenta y ocho millones ciento cuarenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos).
Asimismo el presidente informó que las referidas Full Notice to Proceed fueron aceptadas por FCIC y SMISDP respectivamente el 24 de agosto de 24 de agosto de 2011”
La secuencia de los hechos se aclara aún más:
1. En octubre de 2010, a presión del presidente García se aprueba a el Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Minero Conga, en mucho menor tiempo que se ha hecho para otros proyectos.
2. Nueve meses después, el 27 de julio de 2011, en vísperas de la juramentación de presidente Humala, el directorio de Newmont de los Estados Unidos aprueba ejecutar y buscar el financiamiento para el proyecto.
3. El 10 de agosto del 2011 ya estaban hechos los contratos para una empresa constructora chilena y otra empresa de arquitectura registrada como “sucursal en el Perú” por un monto de 2 mil 700 millones de dólares.
4. El 26 de agosto el Comité Ejecutivo de Yanacocha presidido por don Alberto Benavides de la Quintana ratificó esos contratos y entregó poderes a los funcionarios encargados de representarlos.
5. El 16 de noviembre de 2011, el presidente Ollanta Humala hizo su célebre declaración: “Conga va, no aceptó ultimátums de nadie”.
En otras palabras al momento que el conflicto estalla y se rompen los puentes entre el gobierno de Lima y el de Cajamarca, el proyecto había caminado sigilosamente asumiendo compromisos por cifras económicas significativas. Una manera de confirmar esto es verificar la secuencia de inversión de Yanacocha los últimos cinco años:
- 2007: US$ 284,262,000
- 2008: US$ 273,468,000
- 2009: US$ 155,455,000
- 2010: US$ 385,122,000
- 2011: US$ 1,139,225,404
La inversión registrada para el 2011, equivale al 26% de toda la inversión de Yanacocha en 19 años. Esto no puede ser sino el comienzo del proyecto Conga (Yanacocha ya está en fase de cierre) lo cual puede indicar adelantos a los constructores, avales y maquinaria.
El significado más importante de todo esto es que los socios de la minera decidieron arriesgar, apenas comenzado el nuevo gobierno, probablemente porque se sintieron con alguna seguridad de que el proyecto saldría adelante. Esto puede estar relacionado fácilmente con la negociación del llamado autogravamen minero. Y sus silencios actuales pueden deberse no sólo a sus expectativas de ganancias (que deben ser muy altas), sino a los compromisos que creían ya seguros y que se han ido modificando con el tiempo.
Algo así como que no sólo los campesinos cajamarquinos se sienten engañado por el candidato que se hizo presidentes, sino que los grandes mineros quieren ver si el presidente les asegura la inversión que iba viento en popa hace un año.
22.07.12
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“El presidente continuó informando que como era de conocimiento de los señores miembros del Comité Ejecutivo, se había acordado proceder con la ejecución del proyecto Conga por lo que con fecha 10 de agosto del 2011 los señores Carlos Santa Cruz Bendezú y Apolinar Guzmán Jr., suscribieron en nombre y representación de la Sociedad, las siguiente órdenes de ejecución (Full Notice to Proceed)
a) Carta MYCFL-442/11GEN1076 de fecha 19 de agosto de 2011, dirigida a la empresa Fluor Chile Ingeniería y Construcción S.A. (FCIC), a efectos que procedan con la ejecución del proyecto en los términos establecidos por el Contrato Nº GEN0176 suscrito entre la Sociedad y FCIC) y hasta por la suma de US$ 555,075,900 (quinientos cincuenta y cinco millones sesenta y cinco mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América).
b) Carta MYCFL-441/11GEN1075 de fecha 19 de agosto de 2011, dirigida a la empresa Servicios Minería INC. Sucursal del Perú (SMISDP) a efectos que procedan con la ejecución del proyecto en los términos establecidos por el Contrato Nº GEN01075, suscrito entre la Sociedad y SMISDP y hasta por la suma de US 2,168,149,100 (dos mil ciento sesenta y ocho millones ciento cuarenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos).
Asimismo el presidente informó que las referidas Full Notice to Proceed fueron aceptadas por FCIC y SMISDP respectivamente el 24 de agosto de 24 de agosto de 2011”
La secuencia de los hechos se aclara aún más:
1. En octubre de 2010, a presión del presidente García se aprueba a el Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Minero Conga, en mucho menor tiempo que se ha hecho para otros proyectos.
2. Nueve meses después, el 27 de julio de 2011, en vísperas de la juramentación de presidente Humala, el directorio de Newmont de los Estados Unidos aprueba ejecutar y buscar el financiamiento para el proyecto.
3. El 10 de agosto del 2011 ya estaban hechos los contratos para una empresa constructora chilena y otra empresa de arquitectura registrada como “sucursal en el Perú” por un monto de 2 mil 700 millones de dólares.
4. El 26 de agosto el Comité Ejecutivo de Yanacocha presidido por don Alberto Benavides de la Quintana ratificó esos contratos y entregó poderes a los funcionarios encargados de representarlos.
5. El 16 de noviembre de 2011, el presidente Ollanta Humala hizo su célebre declaración: “Conga va, no aceptó ultimátums de nadie”.
En otras palabras al momento que el conflicto estalla y se rompen los puentes entre el gobierno de Lima y el de Cajamarca, el proyecto había caminado sigilosamente asumiendo compromisos por cifras económicas significativas. Una manera de confirmar esto es verificar la secuencia de inversión de Yanacocha los últimos cinco años:
- 2007: US$ 284,262,000
- 2008: US$ 273,468,000
- 2009: US$ 155,455,000
- 2010: US$ 385,122,000
- 2011: US$ 1,139,225,404
La inversión registrada para el 2011, equivale al 26% de toda la inversión de Yanacocha en 19 años. Esto no puede ser sino el comienzo del proyecto Conga (Yanacocha ya está en fase de cierre) lo cual puede indicar adelantos a los constructores, avales y maquinaria.
El significado más importante de todo esto es que los socios de la minera decidieron arriesgar, apenas comenzado el nuevo gobierno, probablemente porque se sintieron con alguna seguridad de que el proyecto saldría adelante. Esto puede estar relacionado fácilmente con la negociación del llamado autogravamen minero. Y sus silencios actuales pueden deberse no sólo a sus expectativas de ganancias (que deben ser muy altas), sino a los compromisos que creían ya seguros y que se han ido modificando con el tiempo.
Algo así como que no sólo los campesinos cajamarquinos se sienten engañado por el candidato que se hizo presidentes, sino que los grandes mineros quieren ver si el presidente les asegura la inversión que iba viento en popa hace un año.
22.07.12
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Colina camino a ser reivindicado
En la mañana del viernes publiqué una nota a propósito del enésimo peritaje sobre el caso Chavín de Huántar en dónde hacia la siguiente pregunta: “¿No estarán también en camino la revisión de la cadena de masacres que se produjeron por el lado militar y policial en el período de la guerra?” Y Villa Stein me dio la respuesta en las siguientes horas rebajando la pena a al Grupo Colina por el caso de Barrios Altos, negando que la banda fuese una banda y que los crímenes de lesa humanidad tampoco lo fueran. Como diría Martín Santibañez esta semana en “Correo”: ¿acaso es lo mismo Tarata que La Cantuta? ¡No me vengan!
Ahora Ollanta, parece que está indignado con el fallo de la Corte Suprema contra el que no puede hacer nada, y ojalá que reflexiones sobre la parte de responsabilidad que le cabe al gobierno al gobierno es este clima de montesinización que estamos viviendo desde hace algún tiempo y al que lo empuja una parte de su entorno con el argumento de que esos métodos son los que se funcionan. La historia de los peritos que lo saben todo apenas revisan una foto, ya era una descalificación de las investigaciones anteriores que precisaban la naturaleza de los crímenes de la época de Fujimori. Y los que están procesados por el caso de la ejecución de “Tito” son Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio. ¿No hay una impudicia que ya se instaló en el ambiente y que ha salpicado al gobierno?
Villa Stein, por su lado, se sacó todas las máscaras: o sea no hay una banda en un grupo que actuó continuada y sistemáticamente en Barrios Altos, Cantuta, El Santa, Huaura y quién sabe más lugares, y en todos los lugares fueron los mismos y con el mismo método. Eso no es una “organización para delinquir. ¿Entonces qué es?, ¿acaso el encuentro casual de un grupo de soldados aficionados a matar? Y a los pobrecitos además les han dilatado el juicio, cuando han pasado por el encubrimiento, tanques de por medio, de Hermoza Ríos, la amnistía de Fujimori de 1995, la captura en los años 2000 de uno tras otro de estos asesinos, y las jugadas legales para evitar la sentencia. ¿Puede haber una Corte Suprema más ciega y sorda?
Pero en lo que está más consciente, el Dr. Villa Stein, es en que está disparando en el centro de la sentencia del caso Fujimori cuyo principal autor es el actual presidente de la Suprema y el que lo reemplazó en el cargo, el Dr. César San Martín, que lamentablemente ha ido perdiendo puntos en los últimos meses por las denuncias que lo vinculan a una entidad bancaria, que aparentemente lo han hecho mucho más concesivo a las presiones del gobierno. La cuestión es que si el Grupo Colina no hubiese existido (no era una organización criminal) entonces de qué se acusaría al expresidente que autorizó que se les proveyera de medios para sus operaciones, que se les tratara como grupo especial y los felicitó por sus eficientes labores.
Obviamente toda la historia queda de cabeza. Sin querer queriendo el supremo Villa Stein ha confirmado que un paso a la revisión histórica apoyado en leguleyadas o trampas de peritos, empuja hacia la revisión total. El pasado no vuelve, con toda su nausea.
22.07.12
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Recuerdos del paro del 19 de julio
Han pasado 35 años y como dicen por ahí, el Perú de la marca Perú, ya no es el mismo. El movimiento sindical y popular tampoco es como el de 1977. Y nadie ha vuelto a ver una paralización nacional de la envergadura de las que nos tocó vivir aquel año, en pleno estado de emergencia, toque de queda y asesinatos nocturnos de ciudadanos que andaban por las calles. Todo puede ser diferente pero ¿cómo sería el Perú sin el paro del 19 de julio de 1977?
Veamos algunos datos para comprender el contexto: el 30 de junio de 1976, el premier y comandante general del Ejército, Jorge Fernández Maldonado, fue prácticamente obligado a leer un discurso frente a las cámaras de la televisión anunciando el más fuerte paquete de medidas de ajuste que se había dictado hasta esa fecha, con el fin de tratar de equilibrar las finanzas públicas. Las medidas incluían el aumento de los combustibles y de los productos de primera necesidad que estaban controlados.
Al día siguiente estalló una huelga de choferes que sembró el caos en Lima y otras ciudades. Una masiva marcha se desplazó por los distritos del cono norte y la policía sólo pudo contenerla a la altura del Puente del Ejército en medio de un gran enfrentamiento. Había acabado la ilusión de que la segunda fase del gobierno militar sería la “profundización del proceso”. Fernández Maldonado renunciaría dos semanas después. Y Morales Bermúdez se abrazó a los empresarios y al ala dura de los militares, y juntos impusieron la más brutal de los estados de emergencia que se recuerden.
Las protestas espontáneas del 1 de julio de 1976, habían servido de pretexto para militarizar el país lo que el dictador veía como el único camino posible para iniciar la contrarreforma e imponer el grado de control social que era requerido para el nuevo esquema de alianzas del poder. Muy rápidamente el gobierno que hasta hacía poco había estado coqueteando con las masas, pasó a la guerra contra su propio pueblo, sin que existieran organizaciones armadas desafiando poder o grandes movimiento sociales. Los asesinatos nocturnos a personas cuyo único “delito” era que se les había pasado la hora, eran un mensaje sistemático para que el país entendiera quién mandaba.
La teoría de que no hay ajuste sin miedo, había entrado en la sangre de los peruanos que empezamos a ver que los salarios perdían valor de manera continua pero nadie podía oponerse a una política económica que empobrecía a la gente y subsidiaba a las empresas. Todo siguió este curso hasta que el gobierno decidió lanzarse a la primera privatización de lo que se suponía iba a ser una cascada de traspasos de propiedad hasta desmontar el Estado empresario del velasquismo, y esta fue la venta de la flota de Pesca Perú ue por entonces tenía el monopolio de la extracción de especies para la harina de pescado y de su procesamiento industrial. La decisión del gobierno, en plena emergencia, dio lugar a una larguísima huelga de los hombres del mar que resistieron a pie firme la detención de uno tras otro de los equipos dirigentes que se armaron para reemplazar a los que estaban en la cárcel.
La huelga de los pescadores cambió al país. El miedo empezó a aflojar. Los huelguistas le habían abierto un boquete al estado de emergencia y ya no habría quién pudiera cerrar la brecha. A comienzos de julio, el gobierno anunció un nuevo paquete, llamado el “baruazo” (por el ministro de economía el empresario Barúa, y que fue mucho más fuerte que el del año anterior. Varias organizaciones sindicales empezaron a discutir entonces si se debía responder con una medida de lucha nacional. Las opiniones estaban divididas porque algunos dirigentes creían que no habían condiciones para enfrentarse al gobierno y que lo que podía resultar era una gran derrota para los trabajadores.
Es en esas circunstancias que se forma el Comando Unitario de Lucha (CUL) con la participación de un pequeño grupo de federaciones sindicales llamadas independientes: Gráficos, Seguros, Luz y Fuerza, CCP, que hizo un llamamiento al paro nacional para el 19 de julio, que como un bando fue pegado en las calles ya que ningún medio recogió la noticia. El debate sobre la condiciones para la acción de lucha había acabado. Con la fecha marcada en el calendario, todos caminamos al gran día. Y de pronto no había un automóvil que circulara en Lima. Las avenidas estaban vacías y muchos jóvenes las convirtieron en canchas de fulbito.
En los conos, entonces llamados “pueblos jóvenes” hubo recios enfrentamientos y varios muertos. Aún hoy, en Coma, se conmemora la fecha para el recurso de las víctimas. En todo el país había habido una respuesta unánime y por única vez en la historia se podía ver paro en los barrios de clase media y en los populares. Hacia las cinco de la tarde se arrojó una edición del diario “Ultima Hora” (todos los diarios eran del gobierno) que llevaba como titular “el paro fue parcial”.
Morales respondió con un decreto increíble que autorizaba a las empresas a despedirá los trabajadores que considerara que habían participado en el paro. Ni siquiera se atrevió a hacerlo él mismo. Hubo 5 mil despidos, incluyendo a casi toda la vanguardia del movimiento sindical. No faltaron los que dijeron que ya lo habían advertido, que el paro nos llevaría a la derrota.
El 28 de julio Morales Bermúdez leyó su discurso de fiestas patrias para anunciar que el estado de emergencia (que ya era casi un fantasma) se levantaba, se convocaba a una Asamblea Constituyente y elecciones para el año 1980. El paro nacional había cambiado el curso d ela historia.
22.07.12
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Veamos algunos datos para comprender el contexto: el 30 de junio de 1976, el premier y comandante general del Ejército, Jorge Fernández Maldonado, fue prácticamente obligado a leer un discurso frente a las cámaras de la televisión anunciando el más fuerte paquete de medidas de ajuste que se había dictado hasta esa fecha, con el fin de tratar de equilibrar las finanzas públicas. Las medidas incluían el aumento de los combustibles y de los productos de primera necesidad que estaban controlados.
Al día siguiente estalló una huelga de choferes que sembró el caos en Lima y otras ciudades. Una masiva marcha se desplazó por los distritos del cono norte y la policía sólo pudo contenerla a la altura del Puente del Ejército en medio de un gran enfrentamiento. Había acabado la ilusión de que la segunda fase del gobierno militar sería la “profundización del proceso”. Fernández Maldonado renunciaría dos semanas después. Y Morales Bermúdez se abrazó a los empresarios y al ala dura de los militares, y juntos impusieron la más brutal de los estados de emergencia que se recuerden.
Las protestas espontáneas del 1 de julio de 1976, habían servido de pretexto para militarizar el país lo que el dictador veía como el único camino posible para iniciar la contrarreforma e imponer el grado de control social que era requerido para el nuevo esquema de alianzas del poder. Muy rápidamente el gobierno que hasta hacía poco había estado coqueteando con las masas, pasó a la guerra contra su propio pueblo, sin que existieran organizaciones armadas desafiando poder o grandes movimiento sociales. Los asesinatos nocturnos a personas cuyo único “delito” era que se les había pasado la hora, eran un mensaje sistemático para que el país entendiera quién mandaba.
La teoría de que no hay ajuste sin miedo, había entrado en la sangre de los peruanos que empezamos a ver que los salarios perdían valor de manera continua pero nadie podía oponerse a una política económica que empobrecía a la gente y subsidiaba a las empresas. Todo siguió este curso hasta que el gobierno decidió lanzarse a la primera privatización de lo que se suponía iba a ser una cascada de traspasos de propiedad hasta desmontar el Estado empresario del velasquismo, y esta fue la venta de la flota de Pesca Perú ue por entonces tenía el monopolio de la extracción de especies para la harina de pescado y de su procesamiento industrial. La decisión del gobierno, en plena emergencia, dio lugar a una larguísima huelga de los hombres del mar que resistieron a pie firme la detención de uno tras otro de los equipos dirigentes que se armaron para reemplazar a los que estaban en la cárcel.
La huelga de los pescadores cambió al país. El miedo empezó a aflojar. Los huelguistas le habían abierto un boquete al estado de emergencia y ya no habría quién pudiera cerrar la brecha. A comienzos de julio, el gobierno anunció un nuevo paquete, llamado el “baruazo” (por el ministro de economía el empresario Barúa, y que fue mucho más fuerte que el del año anterior. Varias organizaciones sindicales empezaron a discutir entonces si se debía responder con una medida de lucha nacional. Las opiniones estaban divididas porque algunos dirigentes creían que no habían condiciones para enfrentarse al gobierno y que lo que podía resultar era una gran derrota para los trabajadores.
Es en esas circunstancias que se forma el Comando Unitario de Lucha (CUL) con la participación de un pequeño grupo de federaciones sindicales llamadas independientes: Gráficos, Seguros, Luz y Fuerza, CCP, que hizo un llamamiento al paro nacional para el 19 de julio, que como un bando fue pegado en las calles ya que ningún medio recogió la noticia. El debate sobre la condiciones para la acción de lucha había acabado. Con la fecha marcada en el calendario, todos caminamos al gran día. Y de pronto no había un automóvil que circulara en Lima. Las avenidas estaban vacías y muchos jóvenes las convirtieron en canchas de fulbito.
En los conos, entonces llamados “pueblos jóvenes” hubo recios enfrentamientos y varios muertos. Aún hoy, en Coma, se conmemora la fecha para el recurso de las víctimas. En todo el país había habido una respuesta unánime y por única vez en la historia se podía ver paro en los barrios de clase media y en los populares. Hacia las cinco de la tarde se arrojó una edición del diario “Ultima Hora” (todos los diarios eran del gobierno) que llevaba como titular “el paro fue parcial”.
Morales respondió con un decreto increíble que autorizaba a las empresas a despedirá los trabajadores que considerara que habían participado en el paro. Ni siquiera se atrevió a hacerlo él mismo. Hubo 5 mil despidos, incluyendo a casi toda la vanguardia del movimiento sindical. No faltaron los que dijeron que ya lo habían advertido, que el paro nos llevaría a la derrota.
El 28 de julio Morales Bermúdez leyó su discurso de fiestas patrias para anunciar que el estado de emergencia (que ya era casi un fantasma) se levantaba, se convocaba a una Asamblea Constituyente y elecciones para el año 1980. El paro nacional había cambiado el curso d ela historia.
22.07.12
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sábado, julio 21, 2012
El mucamo
¡Qué buena! O sea, Marco Tulio hablaba estupideces todas ellas referidas a dinero para despistar al enemigo, para que cuando lo detectaran dijera: cayeron, porque yo sembré toda esta historia, que sin duda es más increíble que el millón de firmas de febrero o que la revocatoria fracasó por el juego de las fechas si nunca estuvieron siquiera cerca de las 400 mil a que estaban obligados.
José Luna ha dicho que él nunca pagó los gastos de la revocatoria que como se desliza del diálogo interceptado tenían que ver con pagarle a los firmantes, a los que llevaban los planillones y al propio grupo dirigente donde Marco Tulio cobra fuerte. Todo el mundo dice que Luna, Castañeda o cualquier otro podían haber dicho que aportaban al fondo para sacar a la alcaldesa, pero todos lo niegan, lo que explica porque una especie de banda se hizo cargo de la tarea, de ahí que se traicionaran entre ellos.
Castañeda, ya sabemos, no habla. Pero ha estado mandando a sus válidos para que negocien puestos para Solidaridad Nacional en el gobierno de Humala, ya que el sueño de volver a Lima se les ha hecho más complicado.
Aldo M sigue diciendo que el problema es la RENIEC, porque la revocatoria se hacía sola o a pesar de Marco Tulio y por qué los caviares no condenan los audios que han desenmascarado la farsa de la revocatoria y el triste papel de los políticos que esconden la mano, cuando si se los hicieran a ellos... él aplaudiría.
Dice Marco Tulio que los políticos que tienen organización, y se refiere directamente al “Lucho” que ya sabemos, tratan a gente como ellos: Gutiérrez, Vidal y otros como sus mucamos. Es decir los que le tienden la cama para que lleguen a la alcaldía y la presidencia. Y, como es obvio, no hay solidaridad ideológica normalmente entre la servidumbre y el que parte la torta. De ahí la reiteración del tema del dinero. No es Villarán, no es Lima, no son los fantasmas del cándido M, lo que cuenta, sino medio millón de soles, todos juntos.
Ah, y de paso el turbio Marco Tulio nos “siembra” un dato que es una delicia: cuando Lucho vuelva a guardar silencio en condición de alcalde de Lima, al buen Marco Tulio lo volverá a llamar para asesorar al Municipio de Lima por 77,500 soles mensuales. ¿Alguien cree que dijo esto para sorprender a sus escuchas o por el contrario lo que hizo es demostrar qué clase de lazos lo ligan a Solidaridad Nacional y como se manejan las cosas en el partido amarillo.
Si quieren averiguar por qué cosa Marco Tulio recibía un estipendio que haría temblar de envidia a la jefa de la SUNAT y al contralor Khoury, puedo dar un dato. Es el caso de la ordenanza de diciembre del 2009, cuando el castañedismo estaba a días de su salida y decidió “formalizar” las actividades económicas –incluidas las industriales y contaminantes-, en zonas en las que las normas originales no lo permitían. En otras palabras primero vino la ocupación ilegal y luego la Municipalidad le dio carta de ciudadanía, cubriéndose con que esto ayudaba a los pequeño y microempresario, pero que como ocurre en la zona de Huachipa abarca grandes actividades industriales que descargan químicos en los ríos y afectan el carácter residencial, agrario y turístico del lugar.
Marco Tulio fue asesor de la gente de Huachipa para defenderse de estas empresas depredadoras. Pero luego elaboró la ordenanza para favorecer a las industrias. Por eso recibía 77,500 soles.
21.07.12
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José Luna ha dicho que él nunca pagó los gastos de la revocatoria que como se desliza del diálogo interceptado tenían que ver con pagarle a los firmantes, a los que llevaban los planillones y al propio grupo dirigente donde Marco Tulio cobra fuerte. Todo el mundo dice que Luna, Castañeda o cualquier otro podían haber dicho que aportaban al fondo para sacar a la alcaldesa, pero todos lo niegan, lo que explica porque una especie de banda se hizo cargo de la tarea, de ahí que se traicionaran entre ellos.
Castañeda, ya sabemos, no habla. Pero ha estado mandando a sus válidos para que negocien puestos para Solidaridad Nacional en el gobierno de Humala, ya que el sueño de volver a Lima se les ha hecho más complicado.
Aldo M sigue diciendo que el problema es la RENIEC, porque la revocatoria se hacía sola o a pesar de Marco Tulio y por qué los caviares no condenan los audios que han desenmascarado la farsa de la revocatoria y el triste papel de los políticos que esconden la mano, cuando si se los hicieran a ellos... él aplaudiría.
Dice Marco Tulio que los políticos que tienen organización, y se refiere directamente al “Lucho” que ya sabemos, tratan a gente como ellos: Gutiérrez, Vidal y otros como sus mucamos. Es decir los que le tienden la cama para que lleguen a la alcaldía y la presidencia. Y, como es obvio, no hay solidaridad ideológica normalmente entre la servidumbre y el que parte la torta. De ahí la reiteración del tema del dinero. No es Villarán, no es Lima, no son los fantasmas del cándido M, lo que cuenta, sino medio millón de soles, todos juntos.
Ah, y de paso el turbio Marco Tulio nos “siembra” un dato que es una delicia: cuando Lucho vuelva a guardar silencio en condición de alcalde de Lima, al buen Marco Tulio lo volverá a llamar para asesorar al Municipio de Lima por 77,500 soles mensuales. ¿Alguien cree que dijo esto para sorprender a sus escuchas o por el contrario lo que hizo es demostrar qué clase de lazos lo ligan a Solidaridad Nacional y como se manejan las cosas en el partido amarillo.
Si quieren averiguar por qué cosa Marco Tulio recibía un estipendio que haría temblar de envidia a la jefa de la SUNAT y al contralor Khoury, puedo dar un dato. Es el caso de la ordenanza de diciembre del 2009, cuando el castañedismo estaba a días de su salida y decidió “formalizar” las actividades económicas –incluidas las industriales y contaminantes-, en zonas en las que las normas originales no lo permitían. En otras palabras primero vino la ocupación ilegal y luego la Municipalidad le dio carta de ciudadanía, cubriéndose con que esto ayudaba a los pequeño y microempresario, pero que como ocurre en la zona de Huachipa abarca grandes actividades industriales que descargan químicos en los ríos y afectan el carácter residencial, agrario y turístico del lugar.
Marco Tulio fue asesor de la gente de Huachipa para defenderse de estas empresas depredadoras. Pero luego elaboró la ordenanza para favorecer a las industrias. Por eso recibía 77,500 soles.
21.07.12
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viernes, julio 20, 2012
La bala
Si no se esperaban, ahí tienen el cuarto peritaje sobre la bala que
nadie vio cuando se hizo la autopsia física del cadáver de “Tito”, y que ahora
un perito internacional descubrió revisando una foto. Ahora sí está totalmente
probado que no hubo ejecución extrajudicial ha dicho con ese tono de
superioridad que tienen a los que les pagan muy bien, el señor Cateriano que
sabe que lo que pretende rebatir es la opinión oficial del gobierno peruano
desde comienzos de la década anterior y sustituirla por una nueva que
corresponde a los intereses de la cúpula
militar y de carambola del fujimorismo.
A Cateriano también habría que hacerle un peritaje de fotos con su
imagen de libertario del FREDEMO, opositor del golpe del 5 de abril y demócrata
de los cuatro suyos, para contrastarla con el que Jiménez Mayor ha
contratado para que empiece una revisión
histórica que nadie sabe cuándo acabará. ¿No estarán también en camino la
revisión de la cadena de masacres que se
produjeron por el lado militar y policial en el período de la guerra? Y todo
con el método del perito que vía contrato y pago recio buscará una nueva
lectura de todo lo que pueda volver a leerse. Pero la pregunta más aguda es a
título de qué, con qué derecho, digámoslo así, el Ejecutivo revisa la acusación
del Ministerio Público y los informes de las investigaciones iniciales, que
concluyeron en que había habido por lo menos un emerretista asesinado fuera de
combate. Para eso además hay tres o cuatro testigos y lo que está tentando el
gobierno es enjuiciarlos a ellos.
Es decir hay un descaro, pocas veces visto, para enmascararse en la
popularidad de los comandos y la operación “Chavín de Huántar”, para construir
una mentira. Y el problema es saber si
es por este caso nomás, con eso de “dejen tranquilos a los héroes” (aunque
ningún comando está enjuiciado), o si estamos ante un método que se está
construyendo, o reconstruyendo para ser más exactos. La cosa me parece de
extrema gravedad porque, para ser claros, nos quieren engañar groseramente con el
asunto de que los actuales peritos son supuestamente superiores a los
anteriores, por eso es que se les aparecen balas, o la trayectoria de ingreso
del proyectil no existe y si fue más arriba o más bajo de la nuca no responde
al patrón de ejecuciones extrajudiciales, cuando dos policía aseguran haber
capturado vivo a “Tito”, no se sabe si herido, o con alguna bala alojada desde
el pasado, un rehén japonés afirma haberlo visto con vida y como ha aclarado
Baraybar hasta hubo un ministro rehén que dijo que se había sorprendido de que
todos estuvieran muertos cuando él había visto varios prisioneros, para después
callarse en todas las lenguas.
Ya lo he dicho otra vez. En este punto nos estamos jugando el grado en
que el entorno militar y de inteligencia de Ollanta Humala va a influir a lo
largo de su gobierno. Jiménez Mayor por cierto no es más que un operador de un
propósito que está más allá de sus intereses, que por el momento se reducen a
no dejar el gabinete y de ser posible reemplazar a Valdés sin que nadie se
moleste. Pero Ollanta se está metiendo en una ruta temeraria. Porque los
militares no lo dejarán retroceder adonde ha llegado separándose de otro de sus
discursos electorales: el de los Derechos Humanos y la CVR. De ahí para
adelante ¿seguirá cediendo como hizo en economía? Hagan sus apuestas.
20.07.12
jueves, julio 19, 2012
Feria de primeros ministros
Todos los medios están llenos de titulares y notas especulando sobre el nombre de próximo presidente del Consejo de Ministros que reemplazará a Oscar Valdés. Y a medida que se acerca el 28 de julio los rumores van ir inevitablemente en aumento, sobre todo si los que han generado la confusión ahora declaran que se cambiarán ministros en “el momento adecuado” y que lo único que me interesa es pasar una buenas fiestas patrias, ustedes interpreten.
Por cierto, sería
un grave error pensar que la abundancia de nombres para presidir un eventual
tercer gabinete de Ollanta Humala, sea un indicador de fortaleza del régimen.
Eso de que cualquiera puede ser, es la confirmación de que el que iba a ser un
gobierno popular progresista que iba a reducir las diferencias sociales se ha
convertido en un espacio vacío que se puede llenar con cualquier cosa, con tal
que contribuya a mantener al grupo que ejerce el poder.
Y las respuestas
dizque misteriosas de Humala y Valdés tampoco reflejan control de la situación
sino apenas un afán evasivo en medio de una colosal indefinición. Si me
preguntan mi opinión les diré que Ollanta todavía no ha decidido el destino de
su premier con la nariz a lo Camet y con 17 muertos en la alforja, que quiere
divertirse después de ocho meses de disparar contra manifestantes desarmados y
después del gran fracaso de Kepashiato donde los que matan en otros lugares
fueron acribillados por elementos armados que hasta ahora no han sufrido
ninguna baja ni han sido capturados. Pero para pasarla bien lo puede hacer con
fajín o sin fajín, que es lo que nos ha querido decir.
Tampoco
seguramente está convencido del tipo de cambio de dirección que debe imprimir a
su gobierno. Por eso se mueve desde una baraja de sus actuales ministros, con
lo que lanzaría el mensaje básico de continuismo, con algunas variaciones en
los acentos. Así si designara a Castilla la tecnoburocracia gestada dentro del
Estado se haría de todo el poder y tendríamos algo muy parecido a lo que
ofrecía PPK. Si se fuera por Cornejo sería algo parecido, quizás con mayor
cintura política y financiera, y si lo hiciera por Pulgar Vidal indicaría que
eligió un gabinete bombero de los conflictos. Jiménez Mayor produciría casi un
símil del gabinete Salas del año 2000, por la adaptabilidad del personaje. Y
así.
De otro lado, la
tentación de recurrir a presidentes regionales que ha rondado la cabeza del
gobierno y ha sido deliberadamente difundida a los medios recordaría
inmediatamente la figura del abrazo del oso. ¿Porque qué cosa sería una premier
procedente de una presidencia regional en una escenario en el que el Ejecutivo
está peleado con otro presidente? Tal vez una mente de inteligencia ha dicho
que esta sería la jugada maestra, pero hasta ahora los aludidos han declinado
la invitación para mantenerse en sus puestos. Toledo, por su parte, viene
sugiriendo que el premierato debe recaer en una figura independiente de
prestigio, y junto con Álvaro Vargas Llosa ha insistido en el nombre de Beatriz
Merino, que siempre ha tenido buenos promotores.
Lo que ahora
domina sin embargo es la desorientación. La misma que invade el proceso de
escucha sobre Conga donde nadie se atreve a hablar al otro porque no tiene nada
que ofrecer. En general estamos ante un gobierno que trata de explotar la
ambigüedad que es lo único que le queda. Por eso el “momento adecuado” es
cualquier momento. O sea ninguno.
19.07.12
www.rwiener.blogspot.com miércoles, julio 18, 2012
Tarata y La Cantuta
Hace veinte años ocurrieron dos crímenes de lesa humanidad (no uno solo): en medio de una escalada Sendero Luminoso hizo explotar un coche bomba en el centro de Miraflores causando 20 muertos, muchos heridos y gran destrucción. Antier se han hecho las conmemoraciones recordando este terrible acontecimiento. Pero, apenas unas horas después del bombazo, el Grupo Colina entraba a la Universidad de Educación bajo la cobertura del toque de queda y secuestraba a nueve alumnos y un profesor, para asesinarlos al filo de la madrugada en la carretera Ramiro Prialé. Era el vuelto del gobierno Fujimori por el golpe recibido Para los servicios de inteligencia algunos de los estudiantes de La Cantuta eran cercanos a Sendero Luminoso y utilizaban los aparatos logísticos de la casa de estudios para la alimentación, hospedaje y refugio de sus cuadros. Habrá que esperar ciertamente ver los diarios de hoy para ver si todos los muertos injustos son tratados de la misma manera.
Pero a propósito de esto, el perseguido político más notorio de las redes sociales, acaba de inventar otro capítulo de la saga la “derecha calumniada”. En resumen, y para variar, son los caviares los que crearon la versión tan repetida según la cual Lima recién tomó nota del terrorismo con el atentado de Tarata. Bueno, eso es una mentira de mitómano, porque los que confesaron este sentimiento fueron políticos, empresarios, periodistas y otros que nunca habían sentido la muerte cerca en doce años de guerra por vivir en barrios que parecían invulnerables. Claro, el cándido de la revocatoria es diferente, a él, como lo cuenta en varios artículos lo buscaban las bombas por vivir cerca a embajadas o por hacer de cuidante de sus amigos que hacían el amor en un parque de San Isidro. Entonces él se dio cuenta del peligro y se las picó para España.
Pero hoy mismo cuando se hace el recuento de dos décadas, las expresiones siguen siendo que con Tarata el Estado reaccionó y se decidió a acabar con Sendero (Guzmán fue detenido en septiembre de ese año), lo que implica decir que la subversión había desafiado el centro del poder burgués y había que acabar con él. O sea decenas de atentados en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, Ate y otros distritos populares, no terminaron de conmover al poder, como si lo hizo Tarata. Por supuesto para qué hablar de Ayacucho y otras regiones que perdieron un alto porcentaje de sus miembros. Aunque le duela, al que duele, hay un desdén implícito por el sufrimiento de los pobres que se repite en muchos otros aspectos de la vida.
En el curso de la guerra yo tuve que confirmar que el hombre acribillado en una calle de Vitarte era el dirigente textil Castilla, miembro del Comité Central del PUM. Estuve en riesgo en muchos vi ajes al interior, tanto por la represión como por los senderistas. Tuve que contar amigos muertos. En noviembre del 89, la izquierda marchó sola contra el paro armado de Sendero Luminoso que paralizó Lima. Pero de lo que más enorgullezco es de la serie de artículos polémicos que intercambiamos entra la revista Amauta que yo dirigía y el Diario de Sendero, que luego se reunieron en el libro “Guerra e Ideología”• (año 1990), que es como entendemos hasta hoy la “lucha ideológica”. De eso y de nunca haber perdido de vista que al lado de Tarata existió La Cantuta, que otros olvidan.
18.07.12
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Amnistías
Yo tenía 18 años cuando ingresé a la universidad, en tiempo de alta politización del movimiento estudiantil, y una de las primeras cosas que ganó mi atención fue la campaña por la amnistía para los presos políticos, que estaba dirigida a lograr la liberta de los guerrilleros de 1965 y de otros dirigentes de izquierda que estaban en la cárcel, entre ellos Hugo Blanco. Rápidamente nos identificamos con la idea sencilla de que los que estaban presos por razones políticas debían ser liberados, aunque nada parecía indicar que eso ocurriría durante el primer gobierno de Belaúnde, contra el cual se había levantado la guerrilla de Luis de la Puente y Guillermo Lobatón.
Por esa época circulaba un folleto denominado “Las guerrillas en el Perú y su represión” (El libro Blanco), elaborado por el Ejército que en cada página descargaba las peores denuncias contra los hombres que estuvieron en la guerrilla y su supuesto entorno conformado por abogados, sindicalistas y otros que habían intervenido en momentos en que estaba vigente la pena de muerte para los insurrectos, la que nunca se aplicó. El hecho es que muchos leímos ese documento, que en mi caso lo encontré en la sala e mi casa, y por supuesto no llegué a conocer a nadie que se sintiera tocado por sus denuncias. Y no sólo se trataba de la opinión militar, sino que la totalidad de medios arrancó a avisar que el radicalismo que se percibía en las universidades y campañas como la amnistía era el comienzo de una nueva etapa de violencia que vendría más adelante.
En octubre de 1968, Fernando Belaúnde fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general Velasco y en diciembre de 1970, los propios militares dictaron una amnistía amplia que estaba asociada a las reformas y nacionalizaciones de ese período. A mí, el general Jorge Fernández Maldonado me dijo en los años 90, que los coroneles decidieron hacer una revolución para evitar que hubiese más enfrentamientos entre peruanos y la Fuerza Armada fuera obligada a matar campesinos. Ya sabemos que la historia fue mucho más compleja, que Morales Bermúdez traicionó a Velasco, se alió a la derecha y se enfrentó a las masas. Ese fue el prolegómeno del levantamiento senderista que se insertó en las frustraciones de la sociedad y generó una etapa de violencia mucho más traumática que lo anterior.
Ahora lo que me pregunto es que está pasando con los jóvenes del MOVADEF. Todo el mundo dice que lo que se tiene que hacer con ellos es hacerles ver videos de la guerra, revisar fotos y escribirles libros de historia para secundaria. Pero me temo que para quienes nacieron después de esa época aciaga eso va a ser como el libro blanco de los militares de hace casi 50 años. Un columnista (creo que era Godoy) contó en estos días una anécdota sobre un debate que Sendero venía boicoteando desde sus posiciones en la parte alta del auditorio. Ante esta situación el maestro de ceremonias invitó a alguien, de los que gritaban, pasara al frente y sustentara sus ideas. La intervención fue tan deficiente que el grupo senderista se retiró sigilosamente. ¿Se imaginan a Gonzalo Portocarrero enfrentado con Alfredo Crespo en el estrado? Porque lucha ideológica no es el retrato eterno de Tarata. Sobre todo si el Estado con el que se los enfrenta tiene la responsabilidad actual de muertos, heridos y otros crímenes que están a la vista.
17.07.12
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