El aeropuerto por donde sale la droga

Hace unos pocos meses se supo que en el aeropuerto Jorge Chávez circulaban policías con fotocheck del año 2008 que les daban acceso a todas las instalaciones restringidas, a pesar que ya no estaban vigentes, y que fueron distribuidos cuando no eran parte del personal de servicio. Estos policías cuya documentación falsa nadie detectaba, eran los que controlaban los documentos de los pasajeros internacionales y tenían los nombres de los burriers con los que debían contactar, a los que luego recibían en sus oficinas para entregarles las maletas con la droga que ellos se encargaban de llevar a los aviones. De ahí vino un primer escándalo y aparecieron nombres y fotos de los policías involucrados.

Cuando todavía no acababa la sorpresa por los policías con fotocheck y oficina para los pases, se destapó un nuevo caso de uniformados que realizaban el intercambio de maletas vacías por llenas, en los baños a la vista y paciencia de las cámaras de seguridad. También hubo capturas y fugas y nuevas preguntas sobre lo que podía estar pasando para que ocurrieran cosas así. Pero ahí vino la tercera denuncia que se refería a los trabajadores de LAP, que intervenían en el movimiento de los equipajes de bodega que sustituían los bultos de pasajeros regulares cambiando sus etiquetas para colocarlos en embalajes con drogas. En el ligar de destino, sus cómplices retiraban las etiquetas y las maletas con droga. Al viajero no le llegaba su maleta por lo que reclamaba, y se la enviaban al día siguiente sin que supiera que había sido involuntario partícipe de una operación delictiva.

Finalmente han aparecido otras modalidades como la que compromete a la empresa logística TALMA, cuyos empleados sellaban con stickers de entidades humanitarias los paquetes de droga para su ingreso a otros países. Una denuncia procedente de Canadá puso al descubierto a los trabajadores narcos que ya habían realizado por lo menos dos envíos de cocaína a ese país por un valor de más de un millón de dólares. En resumen una verdadera feria de narcotráfico en la que la policía, la empresa administradora del aeropuerto y sus empresas auxiliares han quedado recontra embarradas, lo que se refleja en la decisión del juez de incorporar a LAP, TALMA y Transber, como terceros civilmente responsables.

Quizás no esté demás recordar que en el año 2009, LAP lanzó una ofensiva judicial no contra los casos de tráfico de drogas que se habían presentado en relación al aeropuerto, sino contra los periodistas que publicaron sobre estos casos. Lo curioso ahí es que en cada uno de estos procesos, LAP y sus abogados incluyeron a La Primera como tercero civilmente responsable con evidente intención de coactar la libertad de prensa. Cinco años después, han perdido todas sus querellas, pero la situación sobre narcotráfico, como se puede ver, ha empeorado dramáticamente. Si cuatro casos revientan en tres meses, ¿qué más habrá?

28.06.14

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