Contraloría y el MEF también deben responder por Ancash

En la saga sobre la corrupción y la violencia en Ancash hay una gran cantidad de fiscales.

Fiscal de la Nación, fiscal jefe del órgano de control interno, presidente de la Junta de Fiscales del del Santa, fiscales provinciales, etc.

Unos que investigaban y otros que obstaculizaban, uno que castigaba a los que habían investigado y otro que mandaba las denuncias hasta el archivo.

Por lo menos es así como se conoce la historia y aparentemente aquí habría estado la clave para entender por qué se llegó tan lejos. Versión de Ricardo Uceda en La República que luego se la ha comprado El Comercio.

Pero hay una pregunta previa. La función del Ministerio Público es actuar sobre el delito, sobre lo que ya ocurrió, mientras hay otras instituciones que existen para evitarlo y sobre ellas se está hablando mucho menos.

Al Ministerio de Economía le corresponde realizar los desembolsos de los recursos del canon que se deducen del impuesto a la renta que pagan las grandes empresas extractivas, y sólo puede hacerlo a partir de la revisión de los expedientes técnicos en sus diversas etapas, certificando la validez de los procedimientos seguidos y aprobando los cronogramas de pagos que manejan según sus disponibilidades y caprichos.

La discrecionalidad del MEF es amplia, como que puede congelar totalmente las entregas de dineros para las obras,  como lo ha hecho en Ancash después  que reventó el escándalo, y lo ha repetido en Cajamarca, Tumbes y otros lugares, en un tipo de reacción a posteriori respecto a los contratos que antes había aprobado.

A su vez, a la Contraloría la definen como la entidad encargada de supervisar “la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos y de los actos de las instituciones sujetas a control” (Constitución de 1993, artículo Nº 82). Esto no quiere decir otra cosa que a partir de su función, los titulares de presupuesto, los operadores de la deuda y los jefes institucionales pueden ser eventualmente intervenidos en cualquier etapa del proceso si la Contraloría observa un acto fuera de la ley.

Pero contrario sensu, si la Contraloría que recibe toda documentación de los supervisados y que puede pedir las ampliaciones que considere conveniente, abrir acciones de control o generar una auditoría externa, no expresa preocupaciones por mucho tiempo, se puede asumir que estaría dando consentimiento y convalidando lo que no cuestionó.

El mismo artículo 82 de la Constitución sostiene en su primera línea que la Contraloría es “una entidad descentralizada”, que implica que en paralelo a la formación de los gobiernos intermedios mandatados constitucionalmente debían instituirse contralorías de región, con el grado suficiente de autonomía para investigar y sancionar a las autoridades de ese nivel.

El artículo 99 indica que la Contraloría General de la república “organiza un sistema de control descentralizado y permanente”. Este es un concepto claramente diferente de las oficinas de control interno (OCI) que actúan en las entidades del Estado central y que están en la categoría de “desconcentradas”, es decir presentes en todos los ámbitos, pero dependiendo directamente del Contralor.

La lógica es que lo descentralizado debe tomar iniciativas y resolver en el sitio, dando luego cuenta a su central, bajo responsabilidad, y que lo desconcentrado se mueve con acuerdo con el mandato de la Contraloría General y antes de tomar cualquier decisión o hacer públicos sus informes los consulta con el Contralor que puede demorarse el tiempo que considere, antes de soltarlos, o incluso desestimarlos.

La idea de la descentralización es la del sistema, que es como operan el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuyas cabezas pueden decir que lo actuado en las regiones no los compromete y que puede aún ser vuelto a revisar en última instancia. Pero una estructura así, parece no haber sido del gusto de los contralores sucesivos Matute y Khoury que no han hecho nada por descentralizarse.

El mecanismo que parece haber estado más a su gusto es el de poder elegir desde Lima la región a investigar y a cuáles dejar tranquila, que es el mismo que aplican a los municipios de cualquier tamaño y a las instituciones públicas. Khoury, por ejemplo, le puso el ojo a Cajamarca a comienzos del 2012, no porque hubiera alguna denuncia de corrupción sino porque fue a buscar las irregularidades, e hizo esta selección porque estaba vivo el asunto de Conga. Entretanto Ancash y Tumbes, por mencionar dos casos, se le pasaron por ha huacha.

Los intocables

Mientras el tema de Ancash ha sido una materia política en medio de la intensa presión de la concentración mediática por decidir quién sería el nuevo Fiscal de la Nación y a Peláez le ha caído duro por su papel evitando investigaciones en esa región (obviando todo lo que ha hecho por guardar en archivo las denuncias sobre Alan García y el APRA) y a Ramos por no priorizar el tema de “la centralita”, lo que ha devenido en una Fiscalía aún más medrosa que la anterior que va a pedir la opinión de Yanacocha sobre lo que hay que hacer con Santos; a Castilla nadie le ha preguntado nada por su falta de prolijidad con Ancash y si hubo alguna indicación del presidente para que no dificultara el giro de casi 2000 millones los últimos tres años para obras que se ahora se dicen que son totalmente corruptas.

Por su parte el contralor Khoury se ha excusado con el asunto de que Álvarez había recurrido a organismos internacionales para burlar la supervisión nacional y como su mejor escudo afirmó que el ya tenía hace años un proyecto de ley para poder actuar también en estos casos. Escogió, por supuesto, la página de opinión de El Comercio para consignarlo y creyó que con esto ya estaba librado de toda culpa.

Pero la ley de Contraloría Nº 27785, no hace excepciones en la responsabilidad del contralor respecto a todas las instituciones públicas e incluye además a la entidades internacionales que intervienen en la gestión de recursos públicos, como serían las supervisoras.

En una carta de Caretas del 29 de mayo de 1014, el Director para el Perú de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), indicó: “se han mandado casi 100 invitaciones para todos los procesos desarrollados en estos años a la Contraloría para que participe en todas fases de los procesos”.

Donde se concluye que don Fuad intentó desviar el debate con su historia de los blindajes internacionales que le impedían controlar.

Además, está escrito en el artículo 22 de la Ley de Contraloría que la institución tiene acceso “en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aún cuando sean secretos, así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades…

Aquí por tanto, más allá de anunciar un fracaso que no ayudó a evitar (lo que debió hacer cumpliendo su función preventiva), o de excusarse con que habían supervisoras internacionales, el contralor debería darnos respuestas precisas sobre lo que hizo en los siguientes campos:

-       Pronunciamientos de la Contraloría tanto en sentido orientador o vinculante, respecto a lo que se iba sabiendo que ocurría en Ancash y otras regiones, que pudiera decirse que no fueron tomados en cuenta;

-       Denuncias recibidas ante su despacho sobre estos hechos y acciones que se ordenaron para esclarecerlas;

-       Audiencias públicas en Ancash para aclarar con participación de la institución los temas que se estaban presentando, como manda la ley;

-       Análisis que la Contraloría haya hecho sobre el cumplimiento de las metas contenidos en los planes anuales de la región Ancash y sobre la ejecución del presupuesto;

-       Explicación de cómo los informes que la Contraloría emitió sobre Ancash, y que no advirtieron hechos graves de corrupción, pasaron de la condición de definitivos a “sin efecto por deficiencias técnicas”, para poder emitir nuevas resoluciones, vulnerando la seguridad jurídica;

Si el señor Khoury Zarzar no puede responder a estas sencillas cuestiones, entonces también podría decirse que su organismo fracasó ante la prueba regional. En otras palabras que los 350 millones de soles anuales que maneja para sólo cumplir la función de controlar, no le permitieron adelantarse al que se dice ha sido el más grande caso de corrupción regional de nuestra historia.

Todavía no está claro además el trasfondo político del fracaso, si hubo protección interesada de Álvarez; si habían implicados, que aún no sabemos; si la oposición de Ancash que hacía las denuncias no mereció credibilidad porque todos parecían relacionados, hasta que aparecieron los muertos; si estaban obsesionados con Cajamarca y se olvidaron de Ancash; etc.

Todo esto llegará clarificarse a condición de que la investigación baje el tono pasional-mediático que ahora la envuelve y cada pieza de la maquinaria que operó para desnaturalizar la regionalización y la conquista de los pueblos de una mayor cuota de participación en los ingresos por empresas extractivas, sea desmontada y señalada en sus verdaderas responsabilidades. Pero el gobierno, los partidos políticos y los medios: ¿están realmente interesados en ello.

23.06.14

Publicado en Hildebrandt en sus Trece