Bobadas de una democracia no boba

Sólo en el Perú, uno tiene que estar explicando cómo es que nunca tuvo una cercanía con Sendero Luminoso, que escribió tantas veces contra sus métodos y su utopía autoritaria, y debió asistir a la ominosa tarea de ir a reconocer el cadáver de un amigo y camarada, dirigente textil, asesinado, con un cartel sobre el cuerpo indicándolo como “soplón”, cuando lo que hacía era lucha ideológica dentro de su sindicato contra la fracción senderista, y todo esto para poder decir por qué es que creo que el Estado peruano comete una completa arbitrariedad al no liberar a Osmán Morote después de haber cumplido 25 años en la cárcel que fue la pena que le extendieron los jueces sobre su condena original de 15 años, y al volver a detener a Alfredo Crespo abogado de Abimael Guzmán, que cumplió trece años de prisión por ese motivo.

Son arbitrariedades, cualquiera sea la opinión que tengamos sobre el Sendero Luminoso histórico, derrotado hace muchos años, con el que el fujimorismo negoció un “acuerdo de paz” en 1994, lo que dio lugar a una presentación por televisión de sus principales líderes elogiando a la dictadura que los había vencido. Como se sabe, la “nueva gran decisión” la adoptaron Guzmán e Iparraguirre en la Base Naval del Callao en un proceso supervisado por Montesinos y sus operadores más importantes, bajo órdenes de Fujimori, y luego fue refrendada por la dirigencia en prisión que fue trasladada a reunirse con su jefes y extendida a la organización, dentro y fuera de los penales, lo que fue resistido por un sector dando origen a la disidencia de “Feliciano” y los hermanos Quispe Palomino que es de donde deriva el foco que aún actúa en el VRAEM.

¿Cuál era el intercambio entre el gobierno y sus prisioneros a mediados de los 90? No sabemos con exactitud, pero es obvio que los reconocimientos senderistas al enemigo, no eran gratuitos, y que las razones del gobierno y del asesor no podían haber estado apuntando solamente a un acto de propaganda sobre la “rendición” de los insurrectos, aunque al final no se pasara de eso. Todo lo que ocurrió después y que lleva a la fundación del Movadef en el 2009, tiene que ver con esta aproximación al poder fujimorista desde la prisión que se produce algún tiempo después de la captura de Guzmán cuando éste comprende que ya no puede seguir la guerra. Que el régimen de los 90 y el partido naranja que lo continúa, no se acuerden de esto, no debe extrañar ya que uno de sus activos claves es disfrazarse de intransigentes con el terror, con el que dicen que nunca negociaron, y al que volverían a derrotar tantas veces como fuera necesario si volvieran al poder.

En el Perú se ha negado como si se tratara de un asunto de vida o muerte, la definición del conflicto armado 80-90, como una guerra interna, y se ha insistido hasta el cansancio que los crímenes de Sendero no eran políticos. Sin embargo, el Estado les dio un tratamiento de guerra con la creación de los comandos políticos militares de las zonas de emergencia, la intervención de las Fuerzas Armadas, los jueces militares y las prisiones en establecimientos castrenses, así como en la aplicación de reglamentos de combate y normas especiales para una situación excepcional de riesgo para la seguridad nacional. Ha transcurrido más de dos décadas desde que la fracción de Guzmán dejó de combatir en forma violenta y todavía no tenemos una percepción clara de si esa “excepcionalidad” que cubría muchos de los excesos de la represión legal, ha concluido.

La redada contra el Movadef, que no se veía desde los días de Morales Bermúdez y no ocurrió ni siquiera en los peores momentos de la violencia política, indica bien a las claras que subjetivamente nos hemos anclado en el tiempo. Y, por eso, se puede leer, en gente inteligente, afirmaciones como “no hay que esperar que se produzca el primer muerto antes de intervenirlos”, o “no repitamos el error de decir que son abigeos cuando son terroristas”, o que “la democracia no debe ser boba”. Todas irreflexivas y fuera de contexto: porque a nadie que ha cumplido una condena y ha salido de la prisión, se le puede volver a encerrar presumiendo que así se evitan futuros actos delictivos o muertes, sin ninguna prueba; o que haya alguna equivalencia entre levantarse en armas y crear un movimiento pro-amnistía; o, finalmente, que la democracia no boba sea una represiva que vaya más allá de sus propias leyes.

El caso Crespo puede verse como un buen ejemplo de lo que decimos. En 1992, despachaba junto con Jorge Cartagena en un estudio del centro de Lima, como parte de los “abogados democráticos” que se asociaban con la defensa de los presos de Sendero Luminoso y que justamente por esta labor evitaban cualquier cosa que los conectara con los que operaban en la clandestinidad. A la detención de Guzmán, asumió su defensa y estuvo presente en el juicio militar, con jueces sin rostro, que se llevó adelante en la isla de San Lorenzo. A los pocos días de dictada la sentencia de cadena perpetua, Crespo fue detenido y acusado con pruebas fabricadas que le habían sembrado en su estudio dos practicantes de derecho que en realidad eran agentes de inteligencia. Era un atentado contra el derecho de defensa y una farsa legal, pero fue tan lejos como para llevar a la cárcel a los infiltrados que después de varios años tras las rejas denunciaron el caso, clamando que eran policías que habían cumplido una misión, pero no fueron escuchados.

Crespo tiene las ideas que todos conocen. A mí me tocó polemizar dos veces con él, en tiempos en que la izquierda trataba de enfrentar ideológicamente a Sendero Luminoso en las universidades. Pero que se sepa, jamás participó en actos de sangre. Igual cosa se puede decir de Manuel Fajardo, del que ni siquiera se puede afirmar que haya tenido participación en la época más dura de la violencia. El músico Walter Humala, ya fue absuelto años atrás al comprobarse que no había hecho nada que se parezca a “terrorismo” y mucho menos podría haberlo realizado en los últimos años, cuando no hubo acciones de este tipo de parte de los seguidores de Guzmán. Hay detenidos de 25 y 22 años, que no habían nacido o eran muy niños cuando Abimael fue capturado, por tanto nunca participaron de la guerra o el terrorismo, como quieran llamarle, y su culpa es afiliarse a una organización que las autoridades llaman terrorista aunque no haga acciones de este tipo.

Ya lo he dicho. Creo que Humala ha recurrido a un reflejo fujimorista, de esos que le quedan un montón al Estado peruano y que consiste en buscarse una victoria fácil, derrotando a los ya derrotados, y a partir de eso manipular la conciencia de un país todavía poblado de miedos y marcado por la desesperanza. Si García, Álvarez y otros permanecen impunes, bien vale una redada contra el Movadef que están a la mano porque dieron sus direcciones al JNE.

19.04.14

Publicado en Hildebrandt en sus Trece, con el título “Movadef: cuando la democracia deja de serlo”