El descontrol como doctrina

A propósito de la declaración presidencial subrayando que en base al uso del mecanismo de contratación de servicios de selección de postores a través de organismos internacionales, que antes criticaba, se ha acelerado la iniciación de diversos proyectos evitando numerosos controles, que coincidía en el tiempo con reclamos de investigación a gobiernos regionales como el de Ancash que han venido utilizando el mismo procedimiento, un fiscal superior se dirigió por escrito al contralor Fuad Khoury para solicitarle indicar lo que su institución había venido haciendo frente a esta tendencia en la gestión pública.

Unos días después el señor Khoury escribió un artículo en la sección de opinión de El Comercio con el título “Tensión entre autonomía y control” (Organismos internacionales y contrataciones estatales), en el que consigna: “en estos casos la transparencia y los mecanismos de control se ven debilitados con mayor intensidad dado que –a pesar que usan fondos públicos-, ni la contraloría ni otros organismos encargados de la fiscalización y control pueden acceder a parte de los documentos e información fuente que sustentan las transacciones, por los privilegios e inmunidad diplomática…”

El texto concluía indicando que la Contraloría impulsa desde hace años un proyecto de ley para corregir esta situación y que mientras tanto seguirá la duda sobre la corrección de estas operaciones. Cuando el fiscal solicitante insistió en una respuesta oficial a su pedido, el contralor contestó que todo lo que tenía que decir estaba en su artículo de El Comercio. Así se maneja el Estado, actualmente. Pero, por si acaso, lo que dice la ley de Contraloría (Ley 27785, Art. 3, inciso g) es que cuando intervienen entidades privadas o internacionales, quién está obligado a documentar e informar es la entidad pública sujeta a control. Y si no se está haciendo es porque la Contraloría de Khoury no lo exige y si habla de un proyecto de ley es para patear la responsabilidad hacia el Congreso, mientras crece el número de contrataciones sin fiscalización ni control.

Obviamente estamos ante una relación perversa, en la que las entidades no quieren ser controladas y la Contraloría no le interesa controlar salvo dejar constancia que tiene un proyecto de ley al que nadie le hace caso. Y en la que además los que quieren sobrevivir se arriman al diario de la gran concentración. Si está dicho allí para qué responder al Ministerio Público. Si ahora Ancash tiene sus cuentas congeladas porque se supone que hubo una corrupción nunca controlada, y se pide lo mismo para Tumbes y seguramente seguirá haciéndose con otras regiones, no es porque ha surgido un súbito ánimo de moralización sino porque las sospechas están surgiendo por todas partes y no se tiene como responder.

Entonces bien vale una guillotina sobre los gobiernos regionales y no se sabe si caerá sobre otros organismos. Lo importante aquí es que el señor Khoury ya salvó su responsabilidad, léanlo en El Comercio.

30.04.14
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