El narcotráfico y la política en el Perú

¿A García se le pasó la mano en indultar reos de su gobierno y se le filtraron cintos de narcotraficantes de copete por esas cosas que tiene la vida?

¿Fue acaso que sus colaboradores como Facundo Chinguel o Pastor lo indujeron a cometer un error, cuando el buen hombre quería desocupar las cárceles y favorecer algunos paqueteros y burriers de poca monta?

¿O es que estamos ante una alianza entre lo que fue el gobierno aprista y organizaciones del narcotráfico internacional para liberar a sus líderes y operadores más importantes, lo que podría ir mucho más allá que el intercambio de libertades por dinero que sin duda también estuvo presente en el récord mundial de indultos y conmutaciones que se estableció en los cinco del segundo gobierno de Alan García?

Para hablar de narcoestados hay que referirse no a la mera infiltración de los agentes de la droga en determinadas esferas del poder como lo había logrado “el padrino” en la primera mitad de la década de los 80, cuando reclutó a algunos de los jefes policiales encargados de perseguirlo y extendió sus tentáculos hasta el viceministerio del Interior. Fue una audacia increíble que se descubrió de manera fortuita por la explosión de un  laboratorio de cocaína en pleno distrito de San Borja.

El joven presidente Alan García que acababa de jurar al inicio de su primer gobierno tomo un aire de castigador de funcionarios y policías corruptos y de paso quitarse el baldón que todavía recaía sobre el partido aprista por las revelaciones de los nexos de miembros de la cúpula con el narcotraficante Carlos Langberg que había pagado el recate de la casa de Haya de La Torre en Vitarte y costeado otras necesidades económicas de la organización.

El caso de “el Padrino”, salpicó al belaúndismo cuando ya estaba de salida. Como años después el propio García sentiría la pegada por el destape del caso Del Pomar en 1988, en el que el diputado aprista resultó intervenido en Alemania al querer cobrar un cheque de un conocido narcotraficante, Manuel García Montes,  por un monto de 180 mil dólares. García reaccionó de la misma forma en que volvería a hacerlo con Mantilla en 1991 o Rómulo León en el 2008, apabullando a su compañero de partido con insultos y presiones para encarcelarlo y silenciarlo tratando de dar a entender en cada caso que no sólo no tenía que ver con los hechos denunciados sino que los implicados habían actuado así para perjudicarlo.

Montesinos y Fujimori

Al futuro autogolpista lo copó Montesinos en el camino a la segunda vuelta de 1990 y le hizo sentir muy rápidamente que era un habilidoso resolvedor de problemas que es lo que más le gusta a los presidente inexpertos. Cuando todavía era presidente electo, el “chino” empezó a recibir señales que el asesor que había tomado a su servicio era abogado de bandas de narcotraficantes. El presidente del Comando Conjunto, el almirante Panizo le hizo llegar un legajo con las actividades del abogado y capitán en retiro del Ejército, que lo ligaban con la fuga de jefes narcos detenidos entre ellos el famoso capo colombiano Evaristo Porras Ardila al que se le mentaba como enlace de Pablo Escobar y el cartel de Medellín con las mafias peruanas.

La respuesta le llegó al marino el 28 de julio por la mañana cuando Fujimori se alistaba para su juramentación en la forma de una resolución que lo pasaba al retiro. Montesinos había ganado la última batalla antes de convertirse en componente fundamental del gobierno en familia de los años 90. Vladimiro fue también abogado de los policías de alta graduación del caso Rodríguez López, “el padrino”, a los que extrajo del caso con argucias que luego las convertiría en “métodos de inteligencia” cuando se convirtió en todopoderoso.

Durante el gobierno de Fujimori se contaba que los narcos se asociaban con los militares en las zonas de la selva, que también eran áreas en emergencia militar, y que permitían el aterrizaje y despegue de avionetas que recogían la droga para llevarla a Colombia y otros lugares. Una versión nunca desmentida lo suficiente, indicaba que el general Hermoza, jefe del ejército y “general victorioso”, al decir de Fujimori, iba a visitar sus tropas en el Huallaga y en otras zonas cocaleras con una maleta vacía que regresaba llena con el dinero de los cupos. En el juicio que se le siguió por corrupto y asesino, el general aceptó ser coimero en la compra de armamentos pero no narco, para reducir su pena.

En 1996, Demetrio Chávez Peñaherrera “Vaticano”, narcotraficante confeso del distrito de Campanilla en el alto Huallaga, destapó el asunto de los cupos y puso en el centro al asesor Montesinos como el que le enviaba emisarios a cobrar 50 mil dólares mensuales para permitirle operar el aeropuerto desde el que se movía la droga. Los que estaban en la sala de audiencias en que se escucharon sus palabras, creyeron que ese era el fin del poder del Doc y que el gobierno no podría protegerlo. Pero lo protegieron una vez más. A Vaticano lo anularon con una sustancia que eliminó sus reflejos y capacidad de responder ante la justicia, y toda la mancha de las Martha Chávez, Salgado, Nélida Colán y el propio presidente le renovaron su confianza.

El mismo año 96, se descubrieron 170 kilos en el avión presidencial, que se preparaba para iniciar un vuelo secreto a Rusia, y llevaba entre su tripulación a uno de los edecanes de Fujimori. Supuestamente el avión debía llevar motores y equipos bélicos para mantenimiento, pero era aprovechado para un pase de droga. Nunca se supo hasta donde llegaban las responsabilidades. Los oficiales fueron exculpados, nadie aclaró de quién era la mercancía, tampoco el destinatario. Todo se cubrió de misterio. Mucho más porque nunca se supo cuantos de estos vuelos ya se habían realizado, cómo no se aclaró el número de “Vaticanos” que cumplían con su cupo para Montesinos, los jefes militares y la familia Fujimori.

¿Fue el Perú un narcoestado con Fujimori? Esto es algo que nunca terminará de discutirse.  Lo cierto es que los narcos penetraron en alto grado el Estado y que las autoridades se involucraron en el negocio.

Situación actual

Y volvemos al principio para decir que si alguien no puede ser considerado ingenuo o influenciable, ese es García. La tremenda movida hacia el Poder Judicial que en buena cuenta ha prohibido investigarlo y usar sus propias declaraciones auto-incriminatorias para resolver lo que pasó con los narcoindultos y narcoconmutaciones, indica que otra vez estamos ante la orden de no mirar, no indagar, no discutir. Tapar lo ocurrido, hasta que la próxima vez vuelva a aflorar la profunda bolsa de materia descompuesta que está creciendo en el Estado peruano.

 

06.04.14

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