En enero de
2012 vivíamos bajo el impacto del estado de emergencia que había aparentemente
controlado el conflicto de Conga. El “éxito” de hacer fracasar a negociación de
comienzos de diciembre, seguida por la decisión de fuerza, había sido imputado
a la “firmeza” del ministro Oscar Valdés que por ese mérito se convirtió en
primer ministro con el encargo de aplicar el mismo método a las convulsiones
sociales que siguieran en la lista. De
esta forma entramos al nuevo año en un estado de “paz social”, lo que se
reflejó en las encuestas de ese mes donde Ollanta Humala empezó a remontar una
tendencia a la baja de los tres meses anteriores.
La idea de que
el gobierno que ya se había encarrilado en una línea de continuidad del modelo
económico basado en grandes inversiones en proyectos extractivos, le sumaba
ahora la mano dura en la relación con las comunidades y regiones que se
resistían a ser invadidos por las mineras, petroleras y otras afectando el
medio ambiente y las reservas de agua, era la marca de una nueva etapa que iba
a durar poco más de siete meses y costarle la vida a 23 personas, según datos
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pero Valdés era una caja de otras sorpresas.
Una de ellas su declaración sobre sus simpatías hacia el gobierno de Fujimori,
contra el que se alzó Ollanta y la que hizo descalificando el programa de la
gran transformación. La ruta a la que apuntaba el gobierno no podía ser más
oscura.
En febrero, el
hecho relevante fue la captura de Artemio en el Huallaga, que el gobierno quiso
creer que señalaba el inicio de una etapa de triunfos antiterroristas, que se
despintaría en los meses siguientes. Este fue el mes de la marcha del agua que
trajo manifestantes de todo el país e impactó la moral del presidente, porque
señalaba el fin de muchas viejas amistades. Marzo fue, por su parte, el mes de
los anuncios gasíferos, comenzando con la sorpresiva declaración en pleno
campamento de Camisea, con las tropas movilizadas como si fueran a tomar los
pozos, de que en ese momento se estaban recuperando las reservas embargadas del
Lote 88; y días más tarde la del inminente inicio del gasoducto andino y el
proyecto petroquímico que debería revolucionar la realidad del sur.
Ni uno, ni otro
anuncio, se hizo realidad. El lote 88 nunca fue recuperado a plenitud hasta el
día de hoy para el mercado interno, porque sigue sin haber acuerdo entre los
integrantes del Consorcio Camisea, y el gobierno no se ha dado mecanismos para
superar el impasse. Respecto al gasoducto ha habido cambios sucesivos de planes
respondiendo a las variaciones en las alianzas empresariales y los responsables
de la política energética del gobierno, al punto que ahora nadie sabe que es lo
que realmente saldrá de todo esto, qué empresa privada ejecutará las obras y
con cuanto gas se contará para ello.
Entre marzo y
abril el gobierno aplicó el estilo Valdés en Paita, Sechura y Madre de Dios,
repitiendo el esquema de declaración de estado de emergencia, represión,
muertos, heridos y detenidos, e invitación final a un “diálogo” bajo
condiciones de fuerza. Pero abril fue también el de la crisis de Kepashiato,
cuyo primer acto fue el secuestro de trabajadores de mantenimiento del
gasoducto, y que llevó al gobierno a una increíble cadena de errores que tumbó
dos ministros y el conjunto de la política antisubversiva del gobierno.
Mayo fue el mes
de la crisis de Espinar y junio el de Conga. En resumen 3 muertos en las
alturas de Cusco y 5 en Cajamarca. Por esas fechas las encuestas ya
evidenciaban que el método Valdés estaba agotada. En todos los sondeos se
marcaba la idea de que a Ollanta se le desaprobaba por su “mal manejo de los
conflictos sociales. En julio, el presidente empezó a dar muestra de que cedía
en el asunto Conga. Anunció una comisión de facilitadores de la iglesia y
declaró que la prioridad de su gobierno era el agua sobre la riqueza minera. A
fin de ese mes, Valdés hizo sus maletas para irse y Jiménez se convirtió en
nuevo primer ministro inaugurado con una declaración de que el proyecto Conga se
encontraba suspendido.
En julio, se
vivió la primera experiencia de “rescate” de niños de la Zona del VRAE, sin que
se pudiera aclarar si los llegados a Lima eran hijos de los senderistas,
apartados de sus padres o como decía el gobierno “secuestrados por los
terroristas”. Meses depués un segundo “rescate” concluiría en un terrible
epílogo cuando se supo que los niños traídos a Lima habían sido arrebatados a
su madre y que su hermanita de 9 años había sido acribillada por la
intervención militar.
De agosto a
diciembre, ha estado en operaciones el gabinete Jiménez que ha enfrentado una
etapa de grandes huelgas (maestros, médicos, personal penitenciario, poder
judicial y otras), pero que ha mostrado una mayor prudencia en el uso de la
fuerza. El premier definió por su cuenta
su período como el del diálogo, con obvia intención de diferenciarse de su
predecesor. Pero diálogo no es precisamente lo que ha habido, sino una especie
de calma chicha derivada probablemente del desgaste de la primera mitad del
año, el cambio de naturaleza de los movimientos sociales en el segundo semestre
y el afán de sobrevivencia del ministro y buena parte de su gabinete.
Jiménez puede
parecer a primera vista el premier ideal para Humala: bajo perfil, disposición
a comerse sapos (por ejemplo caso Villena), adversión a los escándalos, etc.,
sobretodo después del derrumbe de los gabinetes Lerner y Valdés. Pero si se
mira bien, es probable que la conclusión sea que el premier durará lo que tarde
el gobierno de enfrentar una resistencia social más o menos sostenida y de
volver a caer en las encuestas. La idea de un gobierno por tanteo está muy
arraigada al parecer en el presidente. Es lo que quiere decir cuando dice ser
pragmático que significa que va donde lo lleva el viento.
30-12-12
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